La lucha contra la pobreza entra en campaña electoral

Montserrat Muñoz (IU), Percival Manglano (PP) y Delia Blanco (PSOE) han respondido a las preguntas de la Alianza Española contra la Pobreza -formada por sindicatos, ONGD y organizaciones ecologistas, de jóvenes, mujeres, colectivos y movimientos ciudadanos, que representan a más de 1.000 organizaciones sociales- y han expuesto las propuestas recogidas en sus respectivos programas electorales.

Las reivindicaciones y preguntas de la Alianza han girado en torno a los compromisos políticos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la necesidad de mejorar y aumentar la Ayuda Oficial al Desarrollo, acabar con la deuda externa, la defensa de los derechos laborales y la lucha por alcanzar un sistema justo de comercio para todos los países.

La Alianza Española contra la Pobreza considera necesaria la incorporación de los principios suscritos en la Declaración de Paris para mejorar la eficacia de la ayuda al desarrollo a través, por ejemplo, de la armonización y coordinación con otros actores de la cooperación.

En este punto, los tres partidos han coincidido en señalar la próxima legislatura como el periodo clave en el que trabajar para mejorar la calidad de la ayuda, una vez alcanzado el tan ansiado compromiso de destinar el 0,7% de PIB a ayuda oficial al desarrollo.

La Alianza también ha planteado su preocupación y reclama medidas concretas al respecto para paliar la falta de coherencia entre las políticas europeas en materia de migraciones y de comercio internacional, contradictorias con los principios del desarrollo equitativo, sostenible y humano. En concreto, iniciativas como los Acuerdos de Asociación Económica, promovidos desde la UE y rechazados por los países africanos en la pasada cumbre de Lisboa.

En plena campaña electoral todos los partidos parecen preocupados por ofrecer un escenario de crecimiento continuado del PIB. El actual modelo de crecimiento económico implica, inevitablemente, más consumo de energía, emisiones contaminantes y esquilmar recursos naturales no renovables, y, por lo tanto, parece que el análisis político olvida que el crecimiento continuo conlleva la crisis ambiental en la que ya vivimos, que disminuye la calidad de vida de cada vez más amplias capas sociales en todo el mundo. Mientras para PSOE e IU el desarrollo debe reconducirse hacia parámetros sostenibles social y medioambientalmente, el PP ha puesto como ejemplo el desarrollo producido en los últimos años en los países asiáticos basado en la apertura de mercados.

Otra de las preocupaciones centrales de la Alianza es la deuda externa que asciende actualmente a 9.583,66 millones de euros. Uno de los compromisos incumplidos durante esta legislatura ha sido la reforma de los mecanismos actuales de generación de deuda, Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD) y Créditos Comerciales fallidos con garantía del Estado (CESCE). Igualmente necesario es saber si se establecerán auditorias sobre la deuda externa para cancelar las deudas ilegítimas e injustas que hipotecan el futuro de los pueblos (concedidas a gobiernos dictatoriales o corruptos, destinadas a proyectos nocivos no sociales, etc.).

En este caso el debate se ha centrado en los créditos FAD, sobre lo que los tres representantes se han mostrado partidarios de su reforma. Para IU es una de sus prioridades legislativas en materia de cooperación. El PSOE planteó que este instrumento dejara de formar parte de la ayuda al desarrollo. El PP propuso avanzar en otros instrumentos como el canje de deuda por inversión social en educación.

Durante el debate la Alianza remarcó la impunidad con la que se actúa en los paraísos fiscales, y la poca presión de los gobiernos y organismos internacionales por acabar con esta situación; y además señaló la necesidad de una nueva justicia fiscal global apoyada en conceptos como la creación de impuestos globales. Solamente IU ha manifestado su apoyo a esta última medida.

Por ultimo, la Alianza Española contra la Pobreza ha preguntado a los partidos políticos cómo la creación del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas va a contribuir a que las multinacionales españolas respeten el diálogo social y de negociación colectiva fuera de nuestras fronteras, abogando por el trabajo decente y el respeto de los derechos humanos. Todos los partidos han coincido en la importancia normativa de este Consejo. IU considera necesaria además una Ley de Responsabilidad Social Empresarial. Para el representante del PP, las multinacionales no deben ser vistas como enemigas del desarrollo aunque hay que luchar contra los abusos que puedan cometer.