La agenda pendiente de nuestra cooperación

Temática: Cooperacion y Financiación para el Desarrollo.

Autoría: Plataforma 2015 y más

Año de Publicación: 2007

Índice:
Introducción.
Consolidación de las políticas de cooperación para el desarrollo.
La Declaración de París: Mejor Ayuda.
Coherencia de políticas.
Reformas institucionales para el desarrollo.
Participación social para el desarrollo.
Sensibilización y educación para el desarrollo "públicas".

Introducción.
Estamos a pocos meses de finalizar una legislatura especial para la cooperación internacional al desarrollo en España. Especial, porque sin lugar a dudas, en esta legislatura se han realizado en políticas de cooperación más avances que en todas las anteriores juntas. El incremento de fondos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), las reformas de los marcos de financiación y diálogo con las ONG, la creación y puesta en marcha del Plan África, la orientación del Plan Director de cooperación a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y a la lucha contra la pobreza, el incremento de las contribuciones a los organismos multilaterales de cooperación no reembolsable como el PNUD, o la progresiva introducción en la gestión de los criterios sobre calidad y eficacia de la ayuda adoptados internacionalmente en la Declaración de París son algunos de los elementos que han contribuido a mejorar significativamente el concurso de la contribución española al desarrollo internacional. Estas líneas no pretenden examinar o matizar cada uno de estos elementos para ofrecer una opinión valorativa sobre la gestión del gobierno en materia de cooperación. Otros estudios e informes ya se encargan de ello y podrán con mucho más rigor que nosotros establecer cuál ha sido la profundidad y el acierto de todas y cada una de las acciones realizadas. Por nuestra parte, y poniendo la mirada en el largo plazo, creemos que habiendo dado los primeros pasos, de un ciclo de reformas y cambios que servirán para “homologar” y normalizar nuestro sistema respecto a los países donantes de nuestro entorno así como con el marco multilateral y comunitario, lo largo, duro y difícil del proceso iniciado no puede hacernos olvidar que los verdaderos retos empiezan a partir de ahora. Y precisamos aquí algunos de los elementos que la cooperación española deberá abordar sin demora y con acierto para poderse sentir orgullosa de sí misma. No podemos olvidar que el sistema de cooperación española “heredado” por este gobierno se había estado alejando progresivamente de las prácticas, postulados y compromisos establecidos en la comunidad internacional. Teniendo esta perspectiva presente cabe situar esta legislatura como la de la recuperación del tiempo perdido, aunque el futuro exigirá esfuerzos mayores y decisivos.

Consolidación de las políticas de cooperación para el desarrollo.
En primer lugar es preciso hablar de la necesidad de consolidación de los cambios más relevantes, aquellos que procuran que la política de cooperación internacional sea dirigida al desarrollo humano y a la lucha contra la pobreza. El próximo año se emprenderá la elaboración de un Plan Director 2009-2012, que debe profundizar y mejorar en algunos aspectos respecto del anterior. Será el primer test mediante el cual comprobar cuáles son las posibilidades de nuestro sistema de cooperación internacional de caminar hacia las prácticas de algunos países europeos, como los nórdicos, que han sido referentes de la cooperación internacional al desarrollo desde hace años. Aún queda mucho camino por recorrer y los cambios emprendidos no son suficientes ni garantizan por sí mismos la permanencia y coherencia definitiva para nuestro sistema de cooperación. Es muy posible que apenas se haya iniciado un camino en algunos de sus aspectos fundamentales, que deberá ser refrendado y acelerado para que realmente la cooperación internacional para el desarrollo pueda ser considerada como un conjunto de políticas y acciones relevantes para la finalidad que la propia Ley de Cooperación establece: el desarrollo humano y sostenible.

En la Plataforma 2015 y más hemos hecho hincapié desde nuestros inicios en tres aspectos fundamentales que guían nuestra acción y sobre los que insistimos en estas líneas, puesto que consideramos que contienen los retos pendientes más importantes para nuestra cooperación internacional para el desarrollo. Para nosotros, la dimensión política de la cooperación es un aspecto fundamental y que no puede ser obviado, por ello las políticas de cooperación están obligadas a “salir de sí mismas” y a procurar establecer mecanismos que garanticen que las principales políticas públicas gubernamentales sean coherentes con los principios de solidaridad y lucha contra la pobreza. Esta coherencia de políticas exige por lo tanto, aspectos de reforma institucional relevantes, que a la vez que mejoren la calidad de nuestras acciones de cooperación desde aquí, contribuyan a canalizar y favorecer los procesos de reforma institucional en los países en desarrollo. Por último, y también relacionado con lo anterior, consideramos esencial el fortalecimiento de los espacios de participación social y democrática, en el diseño y ejecución de las políticas públicas de lucha contra la pobreza. Estas cuestiones no obvian la necesidad de seguir fortaleciendo y profundizando en los cambios que se han venido produciendo en estos últimos años para consolidarlos en nuestro sistema de cooperación. Sigue siendo particularmente importante mantener y cumplir el compromiso de incremento de la AOD hasta alcanzar el 0,7% descontando del mismo las cuantías provenientes de programas de condonación y conversión de deuda que actualmente inflan estas cantidades. Igual que mantener el incremento, es imprescindible profundizar en la distribución del presupuesto para reforzar definitivamente la orientación de la ayuda española hacia servicios sociales básicos, consolidar la prioridad geográfica destinando mayores recursos a los Países Menos Adelantados (PMA), y realizar una política multilateral más activa y selectiva que acompañe a las aportaciones españolas a los organismos internacionales no financieros. Por último hay que mencionar la necesidad de desechar de nuestra ayuda aquellas prácticas que condicionan las aportaciones a la compra de bienes y servicios españoles. Esta es una meta explícitamente mencionada por la Declaración de París, según la cual la conocida como “ayuda ligada” debe desaparecer para permitir que la AOD sea destinada a los intereses específicos de la cooperación y no sea confundida ni alterada por intereses exportadores españoles.

La Declaración de París: Mejor Ayuda.
La mejora de la calidad y la eficacia de la ayuda al desarrollo no es un reto únicamente español. A pesar de las debilidades obvias por la falta de concreción de algunas metas propuestas para desarrollar la denominada Declaración de París, existen suficientes elementos como para que puedan servir de reorientación de las prácticas habituales de la cooperación internacional al desarrollo, demasiado arbitrarias, imprevisibles y ligadas a intereses de los países donantes tal y como la existencia de la propia declaración pone de manifiesto. En innumerables ocasiones hemos dicho que tan importante (si no más) como el incremento de la inversión en AOD, es la necesidad de mejorar significativamente la calidad de la misma. En el sistema español esta tarea es aún ingente teniendo en cuenta que la dispersión de la ayuda es todavía una característica muy reconocible en el sistema español. El reto en el caso español, ha de abordarse teniendo en cuenta el peso creciente de la cooperación descentralizada española. Los avances en complementariedad de políticas y acciones de cooperación entre las diferentes administraciones deben nutrirse de los principios de la Declaración de París.

Es una expectativa razonable, aunque tendrá que ser corroborada con el tiempo y la experiencia, que el nuevo modelo de financiación para ONGD recién iniciado mediante los convenios, contribuya positivamente al desarrollo del principio de armonización y de alineamiento de la ayuda española, por lo menos en lo que se refiere a las acciones realizadas en el marco de dichos convenios. La aportación que las ONGD pueden realizar en el marco de dicha colaboración habrá de influir necesariamente en la adopción de los principios de la declaración, sirviendo como retroalimentación a las propuestas que en este sentido realiza la administración por sí sola. Sería deseable que este tipo de colaboraciones no escatimen esfuerzos en mecanismos de evaluación crítica que permitan explotar sus potencialidades. La mejora de la rendición de cuentas y la orientación de los trabajos a la obtención de resultados exige un cambio de costumbres y hábitos de planificación y gestión para todos los actores implicados en la cooperación. Las ONGD particularmente pueden aportar relaciones fuertes y específicas con organizaciones sociales de los países en desarrollo, con los que también deberá aplicar principios de alineamiento y fortalecer su capacidad de apropiación, así como una estrecha relación con la opinión pública y la sociedad española en general.

La Declaración de París requiere una interpretación más amplia, que garantice en su aplicación un papel fundamental en el establecimiento de las estrategias de desarrollo y lucha contra la pobreza sobre las que los donantes deberán alinearse, que a menudo la sociedad civil de los países en desarrollo no logra jugar. Por eso la Declaración de París y su posterior desarrollo también nos interpela a las ONG en nuestra función de vigilancia y seguimiento de las políticas públicas gubernamentales. Desde nuestra participación en las acciones de cooperación podemos y debemos trabajar en sintonía con los principios de apropiación, alineamiento y armonización de la ayuda. Compartiendo espacios y experiencias con organizaciones sociales que exigen a sus gobiernos participación social en el diseño de sus estrategias de lucha contra la pobreza y eficacia en la gestión de las mismas. Sirviendo de interlocutores y animadores de los procesos de participación y fortalecimiento de la sociedad civil, con la finalidad de construir sujetos potentes y agentes comprometidos con el desarrollo de sus pueblos.

Coherencia de políticas.
La importancia relativa de la cooperación en términos cuantitativos es muy baja, ya se sabe que apenas alcanza ahora, según las previsiones presupuestarias para el 2008, después de duplicarse en estos años, el 0,5% de nuestra renta. Pero la importancia de la cooperación en términos de influencia política debe ser mucho más relevante. El conjunto de la acción exterior de un país como España, está conformada por innumerables acciones y relaciones, pero debe estar determinada, en todo caso, por la coherencia con los principios y objetivos que las políticas de cooperación señalan explícitamente. Estos principios no son otros que los del desarrollo internacional formulados por las diferentes cumbres y resoluciones: desarrollo humano y sostenible con equidad de género. Por lo tanto es preciso examinar todas las políticas públicas desde estos principios, sobre todo aquellas que influyen de forma determinante en las condiciones y oportunidades de desarrollo de los pueblos. Así, nuestras actuaciones en materia de negociación comercial y financiera, en defensa de los Derechos Humanos, sobre Medio Ambiente y sobre paz y seguridad, en el seno de las instituciones multilaterales, y en el propio marco europeo debe ser una acción comprometida seriamente con la promoción del desarrollo sostenible, humano y equitativo en todo el mundo. La lucha contra la pobreza exige políticas específicas de cooperación internacional para el desarrollo, pero nada tendrán éstas que esperar (y menos que nada, resultados concretos), si el resto de políticas que nuestro país despliega no contribuyen igualmente a abordar las causas de la pobreza. Es preciso transitar de buenas políticas de cooperación hacia auténticas políticas públicas de desarrollo. En este sentido existen cuestiones pendientes de gran calado. Abordaremos someramente las cuestiones referidas a la coherencia interna de las políticas de cooperación (FAD y deuda externa, fundamentalmente), y a las que tienen que ver con la coherencia con el resto de políticas públicas que intervienen en los procesos de desarrollo.

Respecto a la coherencia interna de las políticas de cooperación, aún arrastramos inercias procedentes de un sistema que ha sido bicéfalo en su dirección política, a pesar de que la Ley de Cooperación del año 1998 establecía la dirección única, responsabilidad de Exteriores. Aún la coordinación interna entre las Secretarías de Estado de Cooperación Internacional y la Secretaría de Estado de Comercio no logran establecer acuerdos básicos respecto a la comprometida disminución de los instrumentos de ayuda ligada y de la reforma de los instrumentos que generan deuda externa (FAD y CESCE). La aprobación de la Ley de Deuda Externa hace ahora un año, se puede considerar en algunos aspectos una buena iniciativa, dependiendo de la coherencia con que se desarrollen algunas de sus disposiciones adicionales. No podemos olvidar, que los principales “enemigos” declarados de dicha Ley, y de la anunciada reforma de los instrumentos FAD y CESCE son las asociaciones de empresarios exportadores. Serán precisos todos los esfuerzos y toda la voluntad política, así como todas las presiones por parte de la concienciada sociedad civil para configurar nuevos instrumentos que supongan realmente prácticas más coherentes en el interior del sistema de cooperación.

La coherencia de políticas nos exige situar la mirada en dos planos diferentes. De un lado, en el ámbito de las políticas de las que nuestro gobierno es responsable directo y de otro, aquellas políticas que dependen de espacios multilaterales o comunitarios, y ante las cuales cabe analizar la posición española en los debates sobre su construcción y posterior desarrollo. En este segundo plano hay que mencionar de forma especial por su importancia cuál es la participación española en el espacio político europeo. Entre ambos espacios se definen las políticas españolas de inmigración, de expansión comercial, de medio ambiente y de finanzas públicas. Existen grandes cuestiones por abordar en dichas políticas para que éstas puedan ser contribuyentes claras a los principios y compromisos internacionales de lucha contra la pobreza. Éstas son algunas.

En el ámbito multilateral destaca la escasa influencia española en las instituciones de la denominada arquitectura financiera internacional. Además, teniendo en cuenta la enorme descentralización del poder político internacional, lo que repercute directamente en la dispersión y falta de coordinación en las políticas de ayuda, hay que lamentar que el principio de coherencia de políticas brille por su ausencia en la Declaración de París. A pesar de que ésta logre, con el tiempo y superando muchas dificultades, establecer buenos marcos de coordinación entre donantes y de éstos con receptores, no podemos esperar de su aplicación ninguna aportación relevante en la necesidad de vincular las grandes políticas con los objetivos de desarrollo. Ya durante los debates internos del CAD para alcanzar dicha Declaración, un conjunto de países en desarrollo hicieron propuestas de inclusión del principio de coherencia de políticas, propuestas que no lograron éxito alguno con la justificación de que se estaba tratando de ayuda y no de comercio.

España por su parte debe gran parte de su bienestar económico al entorno europeo al que pertenece, al menos económica y comercialmente. La Unión Europea es un actor muy relevante en el marco de las negociaciones comerciales internacionales, mediante las cuales puede contribuir a generar oportunidades de desarrollo para los países empobrecidos o todo lo contrario. Gran parte de la seriedad que finalmente tenga el compromiso de la Unión Europea con la lucha contra la pobreza, puede medirse en función del modelo de desarrollo que propone mediante sus negociaciones. En el área del comercio internacional agropecuario y pesquero vigente en la Unión Europa persiste un sistema de subvenciones que privilegia a las grandes compañías agroexportadoras perjudicando, no sólo a los productores y productoras de los países empobrecidos, también a las alternativas de producción ecológica y orgánica que cada vez más empresas y unidades familiares emprenden en nuestro territorio en medio de muchas dificultades y poco apoyo. Los compromisos del milenio y los retos del desarrollo sostenible internacional nos exigen transitar sin demora hacia otro modelo de relación con el agua, la energía, la alimentación y el consumo de bienes en general. La posición española en los debates europeos sobre esta materia no está destacando en la defensa de los compromisos acordados internacionalmente ni en su apuesta por un sistema de comercio internacional basado en los estándares laborales sociales y medioambientales que disfrutamos en la UE y la defensa de la soberanía alimentaria, en la soberanía de los recursos naturales y en la promoción de las oportunidades para los países empobrecidos.

Al mismo entorno europeo debemos nuestras políticas de fronteras que son el símbolo más dramático de los límites de la globalización. Las experiencias iniciadas desde la perspectiva del discutido codesarrollo deben ser evaluadas desde los principios de la cooperación. No será fácil “gestionar” el derecho a la movilidad de las personas debido a la gigantesca –y creciente- brecha entre los países europeos y los africanos o latinoamericanos, pero no parece de recibo vincular políticas de restricción a la movilidad con nuestras políticas de ayuda. Para luchar contra las mafias nada mejor que luchar contra el prohibicionismo y establecer políticas para la prevención. La única prevención de las dramáticas consecuencias que la ilegalidad aporta a las migraciones masivas es conceder oportunidades de desarrollo justo a los países empobrecidos. No sirve de mucho abrir oportunidades de emigración a las personas más preparadas y capaces de los países “emisores” como ha declarado recientemente el Presidente de la Comisión Europea. Esta perspectiva basada en el derecho a la movilidad con dignidad debe guiar también el desarrollo de nuestras políticas de fronteras, de inmigración y del mercado laboral, asegurando que todas ellas contribuyen sin ambigüedades al desarrollo social de los países llamados “emisores”. Del mismo modo, el enorme circulante financiero en forma de remesas no puede sustituir a las aportaciones públicas ni privadas que la sociedad española en su conjunto debe realizar en la financiación para el desarrollo. No parece un buen ejemplo que las rentas de nuestro trabajo sean para el consumo y las de los inmigrantes para el desarrollo, puesto que este diferente tratamiento respecto de los “ahorros” según sean de ciudadanos originarios o emigrados vuelve a reproducir las asimetrías existentes entre sociedades. El principio de corresponsabilidad compartida, pero diferenciada debería actuar más bien al revés: más quien más tiene, también más, quién más responsabilidad tiene. En este sentido no es de recibo tratar las remesas como fuente de un nuevo mecanismo de financiación para el desarrollo, al menos sin antes haber logrado establecer un impuesto global sobre la especulación financiera. Tenemos experiencia suficiente para valorar la importancia de nuestros impuestos en la financiación de las políticas sociales y de los mecanismos de redistribución. La financiación al desarrollo internacional precisa establecer mecanismos impositivos de carácter global, especialmente sobre las finanzas especulativas. Las ganancias de las bolsas deben servir para financiar el desarrollo internacional, desde luego antes de detraer porcentajes de las remesas.

Reformas institucionales para el desarrollo.
Hay al menos tres aspectos bien diferenciados sobre los que son precisas reformas institucionales de gran calado en los que la Plataforma 2015 y más ha venido insistiendo. Reforma de las instituciones de “gobierno” mundial, reforma institucional del sistema de cooperación español, y reforma institucional en los países en desarrollo como condición para alcanzar el desarrollo.

Respecto a la primera de las cuestiones, el papel de España en la elaboración y defensa de las propuestas de “democratización” de las instituciones internacionales no es al menos visible. En el marco de las propuestas existentes, casi siempre procedente de voces de la sociedad civil articulada y con cierto marchamo peyorativo de “alternativismo”, no existen suficientes voces gubernamentales claras y definidas que apelen a la necesidad de reforma del sistema de detentación del poder en dichas instituciones. Ni con respecto a las fórmulas de voto ponderado que garantizan que las decisiones más relevantes no se escapen de las manos de los países más desarrollados, ni con respecto a la modificación de las condicionalidades macroeconómicas que los países en desarrollo deben aceptar para acceder al crédito financiero en el sistema. Los límites de la institucionalidad de la llamada arquitectura financiera internacional están claros y se basan en postulados que ya tienen más de 60 años cuando se crearon y se perfilan con claridad para el mantenimiento de fuerzas en la distribución de la renta y del poder vigentes. En ningún caso las instituciones financieras internacionales fueron creadas para financiar el desarrollo desde una perspectiva de problemática global con responsabilidad compartida pero diferenciada de los diferentes actores de la comunidad internacional. Esta tarea se “asignó” (y sigue asignada) al mercado, por lo que el carácter de la financiación internacional para el desarrollo gestionado por estas entidades sigue siendo marcadamente subsidiario. Una ciudadanía global precisa de instituciones globales que la representen y que se responsabilicen de garantizar la extensión de los derechos de forma igualmente global.

En esta línea y de manera más concreta, es preciso mirar con mucho menos recelo las nuevas iniciativas que surgen particularmente en el entorno latinoamericano, que sin poder recibir un apoyo irrestricto y ciego por parte de nadie, no pueden tampoco ser objeto de suspicacia o indiferencia permanentemente. Tanto la iniciativa Alterativa Bolivariana de las Américas (ALBA) como el recién creado Banco del Sur suponen al menos intentos de alternativas que sí contemplan entre sus prioridades el perfil social del desarrollo, medidas para resolver las asimetrías entre los países y la lucha contra la pobreza y por el desarrollo sostenible como problemas regionales/globales que precisan de políticas específicas de regulación para su solución y su gestión.

También el marco de Naciones Unidas precisa de una reforma en profundidad, que aunque inicialmente lanzada por el anterior Secretario General precisa apoyos políticos relevantes de países, especialmente de los países desarrollados. Dichas reformas deben profundizar en la democracia interna y orientarse hacia la construcción de un marco de gobernabilidad mundial con mecanismos vinculantes para los gobiernos y para el sector privado transnacional.

Por otro lado, en el momento de cerrar la elaboración de estas líneas, está a punto de finalizar el anunciado proceso de reforma institucional de la AECI. Las expectativas respecto de esta reforma son enormes por diversas razones: la principal deriva del hecho de que la AECI es por Ley el núcleo articulador de las políticas de cooperación española dirigidas al desarrollo. Además, de consolidarse el incremento de AOD orientándolo a desarrollo humano, será la cooperación bilateral no reembolsable la que en buena lógica debe multiplicarse, y ésta es responsabilidad de la AECI. Además esta reforma, largamente demandada por los agentes sociales de la cooperación, es imprescindible para lograr que muchos de los cambios iniciados recientemente puedan derivar en verdaderas políticas de desarrollo. El sistema legal e institucional español precisa ganar en agilidad y flexibilidad para adaptarse a las funciones específicas que el sistema de cooperación debe realizar. En este sentido podríamos considerar enormemente frustrante una reforma que no superara con claridad los constreñimientos y los límites habituales de la administración española, que jamás se pensó con la mirada puesta en jugar un papel de gran relevancia e influencia en el sector de la cooperación exterior. En el alcance que tenga finalmente esta reforma se juega la capacidad que el sistema de cooperación español tendrá en el futuro de diseñar y ejecutar políticas de cooperación sin que éstas dependan de otros intereses propios del servicio exterior español, espacio tradicionalmente representado por el cuerpo diplomático. Es imprescindible ir construyendo un espacio político independiente y propio para los objetivos e intereses de la cooperación internacional al desarrollo. Tal y como hemos venido haciendo en años anteriores, seguiremos con interés y exigencia crítica el devenir de la reforma, poniendo especial cuidado en lograr una Agencia de desarrollo con capacidad institucional para construir equipos necesariamente multidisciplinares que incorporen a personas , hombres y mujeres, con experiencia y profesionalidad, donde puedan encontrar un espacio laboral digno en el que realizar una carrera profesional al tiempo que contribuyen con su trabajo y experiencia al despegue definitivo de nuestra cooperación.

Por último, aunque no menos importante, nos fijamos en la necesaria vinculación entre reformas institucionales democráticas y desarrollo. Esta relación aunque estrecha, ha demostrado ser enormemente compleja. Desde la perspectiva de las organizaciones sociales sabemos, y de ello nos hacemos eco frecuentemente, de las dificultades que las organizaciones de sociedad civil encuentran en sus países para desarrollar su labor en espacios realmente democráticos y de participación social en los que expresar sus reivindicaciones de derechos y sus propuestas de desarrollo. Desde la búsqueda compartida de una nueva asociación para el desarrollo, las organizaciones sociales no nos conformamos con estrategias de reducción de pobreza que únicamente representen los intereses de las élites y las oligarquías en algunos países. El reto del desarrollo humano y social y el de la participación democrática y los derechos de ciudadanía, están vinculados tan estrechamente que no podemos pensar en avanzar en uno de ellos sin avanzar en los otros. De ahí que nos parezca también muy relevante el necesario apoyo en materia de fortalecimiento institucional y político a todas aquellas iniciativas, que originadas democrática y legalmente, han iniciado procesos constituyentes y reformas institucionales de gran calado. En ellos permaneceremos atentos a que los mecanismos de representación y participación social sean adecuados, así como a que estén orientados a avanzar en la extensión de los derechos de ciudadanía de todas las personas. Deberíamos considerar normal la resistencia de algunos intereses, especialmente del capital transnacional, a estos procesos tal y como podemos observar en países como Bolivia, Ecuador o Venezuela. Son los mismos intereses de quienes detentan y ostentan privilegios desde hace muchísimo tiempo con al apoyo de una institucionalidad creada precisamente con ese fin, en algunos casos hace más de 150 años durante los procesos de independencia.

Participación social para el desarrollo.
Es esencial profundizar en la reestablecida relación con las organizaciones de sociedad civil, elevando el perfil de participación de las mismas en la planificación y la ejecución de los programas de cooperación. Ya hemos dicho que reconocer los vínculos entre participación social democrática y desarrollo es complejo pero evidente. Por ello deben emprenderse medidas concretas para fortalecer la participación social aquí, y apoyar su relación con los movimientos sociales de los países empobrecidos. En definitiva son los movimientos sociales articulados de los países del Sur quienes más pueden aportar con su vigilancia y participación en la eficacia de nuestra ayuda. Deseamos reclamar la importancia de la incidencia política como conjunto de acciones propias de las organizaciones sociales en el Norte y en el Sur, como un vector de profundización democrática de las sociedades que anhelan una construcción más justa y equitativa del desarrollo. En este sentido deben considerarse prioritarias las alianzas sociales articuladas de aquellos países en los que no hay garantías para trabajar por la defensa de los derechos humanos y en los que la participación social encuentra limitaciones como la falta de institucionalidad, la violencia sistemática, o la amenaza de las libertades. Donde la relación bilateral entre estados no puede llegar por “razones diplomáticas”, las organizaciones de solidaridad internacional bien pueden servir como difusores y agentes para el fortalecimiento de la participación social en el desarrollo de sus propios países, a ellos, los que deben ser sus protagonistas. No se trata de recuperar injerencias colonizadoras sino de ser coherentes con el convencimiento habitualmente expresado de que la profundización de la democracia mediante la participación social es un elemento esencial para sentar las bases del desarrollo de los pueblos.

Sensibilización y educación para el desarrollo “públicas”.
Es urgente ampliar la responsabilidad de la cooperación española en materia de sensibilización y educación para el desarrollo. No sólo mediante el incremento de los fondos asignados a estas actividades, sino también mediante la creación de un departamento específico en el sistema de cooperación española. La sensibilización también debe ser una tarea institucional, pero es preciso no confundir la sensibilización con los espacios de publicidad y propaganda porque son finalidades distintas que requieren instrumentos diferentes. La cooperación oficial española debe liderar los trabajos de sensibilización social y educación para el desarrollo, apoyando las iniciativas que desde la sociedad civil surgen, pero yendo más allá. La sensibilización requiere del compromiso serio de los medios de comunicación si queremos con ella influir en la aceptación de los principios y valores de una ciudadanía democrática y cosmopolita en el siglo XXI, como son la equidad, la solidaridad, la sostenibilidad y la justicia social. La sensibilización social que requieren los cambios políticos precisos para erradicar la pobreza no puede depender del “derecho de acceso” de la sociedad civil a los medios públicos o de la generosidad circunstancial de los medios privados. El sistema de cooperación español debe contemplar entre sus prioridades con herramientas, profesionales y presupuesto específico para consolidarse como una voz pública, defensora de los derechos humanos, de la sostenibilidad, de la justicia y la equidad internacionales.

Además la Educación para el Desarrollo requiere un despliegue de medios e influencias que escapan de las actuales posibilidades de la AECI. Como toda propuesta pedagógica orientada al cambio de valores, la Educación para el Desarrollo exige miradas a largo plazo. Es preciso establecer, de forma específica y muy estrecha, relaciones con los responsables y agentes del sistema educativo español, para abordar decididamente la formación en valores de nuestros jóvenes y adultos. La solidaridad debe ser un valor de promoción pública, para no quedarse en el terreno privado de los sentimientos o las intenciones. La sociedad española en su conjunto demuestra sensibilidad, solidaridad y movilización espontáneamente, pero es preciso el concurso de las políticas públicas para que esas demostraciones alcancen a ser “valores predominantes”. Serán precisos entre otros, programas específicos de formación de carácter interinstitucional, dirigidos a profesionales de la enseñanza, y a otros funcionarios públicos con responsabilidades en diferentes áreas de gobierno en cualquier nivel de la administración del Estado.

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