20 medidas para que España enfrente la lucha contra la pobreza en el mundo

Temática: Participación y Ciudadanía.

Autoría: Alianza Española contra la Pobreza Mundial y Plataforma 2015 y más

Año de Publicación: 2005

La Alianza Española contra la Pobreza planteó, en Julio de 2005, veinte medidas para erradicar la pobreza, como programa de acción imprescindible para incrementar el compromiso del Gobierno español con la lucha contra la pobreza.

En este marco, José Luis Rodríguez Zapatero se ha comprometido a recibir a la Alianza el próximo mes de diciembre para valorar los pasos dados por el gobierno español.

AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO (AOD):

Las medidas que con carácter inmediato debe tomar el Gobierno español para orientar la AOD española a la lucha contra la pobreza y al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) son:

Queremos expresar la demanda de que se establezca un calendario garantizado por el Parlamento (junto a las Administraciones Autonómicas y Locales) que sitúe ya la AOD española en el 0,7% del PNB.
Junto al incremento de la AOD es de igual importancia que se eliminen mecanismos que son incoherentes y que pervierten de intereses comerciales los fondos destinados a lucha contra la pobreza: eliminar los créditos FAD del sistema de cooperación española para dejar de incrementar la deuda externa de los países a cuenta de la ayuda, y abandonar la ayuda ligada a compras de bienes y servicios españoles.
Duplicar la aportación española al fondo global del SIDA, la correspondiente a este año 2005 y de la misma forma para los dos próximos años.
Junto a las aportaciones financieras, es importante comprometer la participación y el seguimiento del gobierno en la Iniciativa Vía Rápida de Educación para Todos (Fast Track Iniciative - FTI), asociación mundial entre países donantes y países en desarrollo puesta en marcha en 2002 para lograr la educación universal.
Reforzar la prioridad geográfica de nuestra cooperación hacia los Países Menos Adelantados (PMA), destinando al menos el 0,15% de AOD a África Subsahariana. Esto requiere un plan nuevo y específico hacia esa región, centrado en las necesidades sociales de los respectivos países.
Orientar las prioridades sectoriales de la cooperación hacia Servicios Sociales Básicos (SSB) hasta alcanzar, al menos, un 20% de la AOD tal y como concluyen diversas recomendaciones internacionales.
Generación de nuevos mecanismos de financiación internacional para el desarrollo basado en impuestos globales; más justicia fiscal implica más justicia social. Además, el Gobierno español debe luchar contra la opacidad fiscal impidiendo la cobertura legal a las denominadas "sociedades pantalla".

DEUDA EXTERNA.

Sobre la medida anunciada el viernes pasado por el Gobierno de aumentar en 356 millones de euros la aportación a los países de la Iniciativa HIPC (Highly Indebted Poor Countries), reconocemos la agilidad y el contenido de la medida, pero es necesario que sea gestionada con la máxima transparencia en su ejecución, desvinculándola de condicionalidades macroeconómicas que tienen un elevadísimo costo social para la población y para los sectores estratégicos de la economía de los países deudores. Vemos la necesidad de establecer un calendario de la ejecución real y contable del compromiso anunciado.
Además, dado que la medida anunciada es insuficiente, la Alianza solicita al Gobierno un calendario garantizado para alcanzar la cancelación del 100% de la deuda bilateral española con los 62 países para los cuales los analistas internacionales de deuda consideran imprescindible una inmediata cancelación para conseguir los objetivos del milenio, así como una posición inequívoca a favor de la misma medida en los foros multilaterales.
Hacemos notar la necesidad de implementar sistemas efectivos para controlar la generación de nueva deuda externa, tanto a través de la eliminación de los FAD como instrumento de AOD, como mediante el control efectivo de la Compañía Española de Crédito a la Exportación (CESCE), la no contabilización de la cancelación de su deuda como Ayuda Oficial al Desarrollo, y la desaparición de la exigencia de garantía soberana. Queremos denunciar que CESCE incumple los mínimos de transparencia exigidos por la propia Unión Europea y que no dispone de mecanismos suficientes para el control de la corrupción, de los posibles impactos ambientales, sociales y sobre los derechos humanos de los proyectos que apoya. El Gobierno debe tomar urgentemente la iniciativa para evitar estos problemas.
Igualmente exigimos el compromiso calendarizado del Gobierno de adoptar mecanismos eficaces, participativos y transparentes para determinar y exigir responsabilidades respecto de las deudas ilegítimas, que hayan sido generadas con gobiernos corruptos o que violen los derechos humanos, así como la deuda ecológica contraída por las empresas transnacionales o por los países industrializados. El reconocimiento de la deuda ecológica adquirida con los países empobrecidos es vital e imprescindible para poder establecer mecanismos para su restitución y la aplicación de políticas que eviten una nueva generación, uniendo así desarrollo sostenible y lucha contra la pobreza.
La política de conversión de deuda externa vinculada a la inversión en los Objetivos del Milenio debe centrarse en aquella parte de la deuda que ha sido considerada legítima, y ha de realizarse evitando que sea ligada, y garantizando la participación de la sociedad civil en su conjunto, poniendo especial énfasis en la involucración a participación del sur.
Dado que en la actualidad el Parlamento Español está tramitando la Ley reguladora del tratamiento de la deuda externa, deseamos ver reflejados los puntos expuestos anteriormente en esta nueva ley.

JUSTICIA EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

Exigir a los negociadores del gobierno español que defiendan activamente la posición de excluir los Servicios Públicos del marco de las negociaciones sobre el Acuerdo General del Comercio de Servicios (AGCS) de la OMC, así como la petición de moratoria de las mismas hasta que se lleve a cabo una evaluación independiente y exhaustiva de las repercusiones de los compromisos contraídos hasta ahora y de las propuestas actuales.
Exigir igualmente a los negociadores que defiendan la solicitud de no aplicar a los países más empobrecidos las disposiciones contenidas en el Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) para permitir así el acceso de estas poblaciones a los medicamentos más esenciales e impedir la apropiación por parte de las empresas transnacionales de recursos biológicos y genéticos de estos países mediante prácticas de biopiratería.
Eliminar las subvenciones de todo tipo que permiten exportar a los países empobrecidos los productos de nuestros países a precios por debajo del coste local de producción dañando así directamente el sustento de las poblaciones locales.
España debería destacarse en la defensa de estas posiciones en las Instituciones y ámbitos internacionales (ONU, OMC, etc.) y en particular en el marco de los organismos de la UE.

DEFENSA DE LOS DERECHOS LABORALES.

Velar por la existencia y creación de empleo digno y con derechos, como mecanismo eficaz para luchar contra las desigualdades, erradicar la pobreza y promover la equiparación entre mujeres y hombres.
Exigir a las Empresas Multinacionales españolas que respeten las normas internacionales de trabajo y convenios de la OIT en sus filiales, y los hagan respetar a las empresas proveedoras y subcontratadas, así como mantengan una conducta socialmente responsable que sea verificable en sus cumplimientos.
Introducir el respeto de los Principios y Derechos fundamentales del trabajo (OIT, 1998) en los acuerdos sobre liberalización del Comercio de Cancún (Ronda de Doha, reunión ministerial de Hong Kong, 2005).

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