Crisis e inmigración

Con el inicio de la desaceleración económica se instala en Europa y por tanto también en España la pregunta sobre que va a suceder con el colectivo de trabajadores inmigrantes en una situación económica como la actual. Las respuestas que se pretenden adoptar, en nuestra opinión, no han de ser de naturaleza defensiva.

En el caso de Europa la recientemente aprobada Directiva Europea sobre los "procedimientos y normas en los Estados miembros para el retorno de nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio" sin embargo, son muchos los años que se lleva intentando establecer una política comunitaria en materia de inmigración sin conseguirlo. Se han perdido los años de un cierto crecimiento económico para impulsar un debate imprescindible como es el de cómo avanzar en los procesos para construir un espacio de convivencia y cohesión, donde la diferencia sea considerada como un bien social.

En el caso concreto de España la adopción de las medidas que se pretenden impulsar para el retorno de los inmigrantes a sus países de origen, no siendo regresivas, son poco realistas en su previsión y/o cuantificación desde nuestro punto de vista, o cuando menos nos generan un cierto grado de escepticismo atendiendo a los datos y características no solo del colectivo de trabajadores y trabajadoras inmigrantes en nuestro país, sino también al tipo de mercado laboral que tenemos.

Para explicar esta hipótesis hay que decir que de las 5.418.000 personas nacidas fuera de España, casi un millón tienen nacionalidad española y casi 3.000.000 tienen permiso de residencia (incluidos los comunitarios), el resto más de un millón de personas tienen una situación de irregularidad administrativa.

El crecimiento del PIB real 2001-2007 ha sido del 3,4 % y se crearon, en este mismo periodo 4.3 millones de nuevos empleos netos, la población potencialmente activa autóctona solo creció en 600.000 personas y tampoco creció espectacularmente la tasa de empleo , lo cual implica que ante las necesidades del mercado y de nuestro modelo de producción más de dos millones de empleos han sido cubiertos por inmigrantes.

Según estos datos si queremos seguir creciendo al 1,2 % necesitamos los inmigrantes que tenemos y si queremos crecer al 3 % necesitaremos más personas que trabajen en España.

Por tanto, la primera conclusión a la que podríamos llegar es que crecimiento y retorno parecen incompatibles.

Hay que añadir a esta situación, que las políticas de retorno previstas por el Ministerio de Trabajo e Inmigración van destinadas a los inmigrantes con permiso de residencia y cuyos países tengan convenio de Seguridad Social con España. Si atendemos a las nacionalidades se observa que las personas que podrían acogerse al retorno, son las que tienen un mayor tiempo de estancia y por tanto una posible mayor integración en España que alcanza a sus descendientes, menores en muchos casos ya nacidos aquí. Destacarían aquí el colectivo de marroquíes, de dominicanos, de ecuador, etc. Y, sin embargo, países como Senegal, Argelia y el resto de África subsahariana, entre otros, no tiene convenio de Seguridad Social con lo cual no podrán beneficiarse de esta situación aunque en su proyecto migratorio estuviera contemplado el retorno y es en estas nacionalidades donde se produce un porcentaje significativo de personas en situación de desempleo.

Sin duda habrá personas, familias, que se acogerán a esta medida, porque no han visto cubiertas sus expectativas en la migración o porque la medida les resulta interesante y ven posibilidades de recomenzar en sus países de origen, pero este retorno voluntario se ha venido produciendo como es el caso de 10.000 ecuatorianos el pasado año, pero también es preciso recordar que el Gobierno de Rumania hace pocos meses estableció un procedimiento de retorno para el colectivo de rumanos con garantías de trabajo en su país y el resultado no se puede considerar precisamente de éxito, aún teniendo en cuenta las mejores condiciones sociales de Rumania desde su ingreso en la Unión Europea.

Pero esta medida, que estaremos atentos a su concreción y evolución en el momento en que se ponga en marcha, no soluciona el principal problema que padecen los inmigrantes que es la realización de actividades laborales en la economía sumergida y que supone por ejemplo en la Comunidad de Madrid el 1,3 % del PIB regional.

La irregularidad no es un problema exclusivo de la política de inmigración, sino que es también un problema de la política laboral. La combinación de ambas conlleva sobretodo, explotación laboral, pero existe un porcentaje de personas que tienen una situación de regularidad administrativa trabajando sin ser dados de alta en la Seguridad Social.

Estos trabajadores y trabajadoras no pueden acogerse al programa de retorno previsto, bien por la situación de irregularidad o bien por la ausencia de prestaciones, ya que no han sido generadas en su vida laboral en España. Hay que recordar, además que las empleadas de hogar no tienen derecho a las prestaciones por desempleo.

Por tanto, desde nuestro punto de vista las políticas a llevar a cabo en materia de inmigración, con independencia de la situación económica de España serían a largo plazo las encaminadas a terminar con la economía sumergida y desarrollar medidas para reabsorber el empleo sumergido, esta medida serviría para concretar con claridad las necesidades del mercado y casar la oferta con la demanda.

A medio plazo seria importante establecer el derecho a voto, en las elecciones locales y autonómicas (sin dejar de lado las europeas), así los nuevos ciudadanos también gozarían "del poder del voto" (Ricard Zapata-Barrero) y obligarían a acordar y llevar a cabo políticas de integración, pensando en la inmigración como una situación de permanencia, no temporal y por tanto que esta materia no se convirtiera como ya hemos visto en las pasadas elecciones en un arma arrojadiza.

A corto plazo hay que desarrollar políticas que terminen con las discriminaciones que afectan a todos los colectivos vulnerables, incluidos los trabajadores y trabajadoras inmigrantes, España esta por debajo de la media en la aplicación de la legislación que prohíbe el racismo y la discriminación laboral de este colectivo.

Pero, más allá de los aspectos legislativos, la realidad es que se produce una fuerte discriminación laboral por razón de origen en el mercado laboral, en los salarios, en los tiempos de trabajo, en la modalidad de contratación, en las condiciones de salud laboral, etc. Y esta situación está llevando a propiciar discursos negativos en términos de pérdida, pérdida en general de las condiciones laborales del resto de los trabajadores autóctonos y pérdida en el acceso a los servicios públicos (sanidad, educación, vivienda protegida"). Las diferentes investigaciones demuestran que esto no es cierto. Los trabajadores y trabajadoras inmigrantes no inciden negativamente, no rebajan las condiciones del resto de los trabajadores, acceden a un mercado precarizado, de manera similar ocurre con las mujeres y los jóvenes y de lo que se trata es de evitar un mercado con una "segregación ocupacional por origen" (Walter Actis). De igual manera con relación al gasto público y por poner solo un ejemplo los inmigrantes tienen un gasto per-cápita anual en sanidad de 503 euros frente a los 1.049 de la población autóctona (UAM).

Desde la izquierda política y social no se puede perder un enfoque de progreso y dejar pasar la oportunidad de liderar un cambio en el proceso de la "gestión de la igualdad en la diversidad" , de solidaridad con el conjunto de la ciudadanía y su ampliación de derechos y de oportunidades, sea cual sea su lugar de origen, género, discapacidad, orientación sexual, etc., cerrando, por cierto, el paso al populismo y la demagogia.

Y aquí es donde el sindicalismo ha de jugar un papel determinante enfocando sus actuaciones en diferentes ámbitos y de manera transversal. Hablar de inmigración es hablar de empleo, de política sindical, de mujeres, de jóvenes, de política social, de cooperación para el desarrollo, de participación"

El eje central de la intervención sindical, para el próximo periodo, ha de centrarse en varios aspectos, uno en la eliminación de las discriminaciones por motivo de origen, deberíamos al igual que hacemos con el tema de mujer y aunque no esté recogido en una ley que a lo mejor se debería proponer su elaboración en el contexto del Dialogo Social, establecer en el marco de la negociación colectiva planes de igualdad para los trabajadores inmigrantes. Se debería impulsar, desde la participación institucional, la constitución del observatorio contra el racismo y las discriminaciones como quedaba recogido en la Directivas Europeas (43 y 78 /2000) y cuya transposición a la normativa española quedo diluida y sin concreción. Desarrollar las actuaciones sobre el control sindical de los contratos, actuando también en la contratación en origen, visando también los contratos realizados en terceros países.

Otro de los aspectos a desarrollar es establecer criterios de actuación para combatir las situaciones de irregularidad laboral, actuar de forma conjunta con la inspección de trabajo y al mismo tiempo tener la capacidad de personarnos como acusación particular frente a las empresas que contraten trabajadores de forma irregular. Sería conveniente tratar de establecer cláusulas en los pliegos de condiciones entre las empresas contratistas en las obras públicas y las diferentes administraciones, para que se vele por el cumplimiento por parte de la empresa y la posible cadena de subcontratación la no "contratación" de forma informal.

Potenciar la participación de los hombres y mujeres inmigrantes en el interno del sindicato, fomentar su visibilidad en las estructuras y órganos de dirección y también en la intervención de inmigrantes en los equipos de extensión sindical.

En resumen, extender y ampliar la actuación protectora del sindicato ante los colectivos más vulnerables en una sociedad que avanza hacia la multiculturalidad.