España 2010: el año del "giro anti-social"

1* I. Introducción

Diferentes medidas y datos avalan que el año 2010 ha sido "el año del cambio" en el terreno de lo social, pero de un cambio a peor, económica y socialmente. En efecto, estamos ante un retroceso en todos los frentes de las políticas sociales, con recortes y ataques continuados al Estado de Bienestar. Estas políticas sociales regresivas se han producido no sólo en el ámbito del Gobierno central, sino también en los ámbitos autonómico y local. Además, el Gobierno de España ha decidido abandonar la línea de compromiso con el 0,7% del PIB para la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), comprometido en el Pacto de Estado contra la Pobreza (2008) y que fue una de las "señas de identidad" que hicieron posible la vuelta al Gobierno del PSOE.En lo más álgido de la crisis, con un proceso acelerado de destrucción de empleo en España, de vulnerabilidad y exclusión social en aumento de amplios sectores de la población y de incremento alarmante de la pobreza y de la exclusión social a escala mundial, el Gobierno no ha respondido a las expectativas de la ciudadanía: por una vez, parecía que la crisis económica y financiera la iban a pagar, fundamentalmente, los que la habían provocado, y no sus víctimas. ¡No ha sido así! Este era el discurso no sólo del Gobierno español, sino de otros gobiernos e instituciones internacionales. Al final, los que provocaron la crisis salen de ella gracias al dinero de todos y, con total cinismo, exigen todavía que se recorten más los derechos de los que han pagado sus excesos y errores en los alegres años de una "economía de casino". En este contexto, llaman la atención las recientes declaraciones a la televisión pública del Comisario Europeo Joaquín Almunia, haciendo saber a los ciudadanos que no se puede pretender, que no es realista, que la crisis la paguen "unos pocos", los que la provocaron, si no que tendremos que hacer sacrificios "todos". En Europa, con mayor o menor intensidad, estas reformas se han encontrado con una oposición social importante: es el caso de las movilizaciones en Grecia, en Francia, en Italia, en España, en el Reino Unido, en Irlanda y Portugal, en el marco de una campaña europea liderada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES). Movilizaciones que pretenden hacer ver a los gobernantes de la UE que el cambio que pretenden, abandonando la "Europa Social" con sus políticas antisociales, no dejará de tener un coste político. Las medidas adoptadas para, supuestamente, salir de la crisis, además de ser regresivas socialmente son también ineficaces para la reactivación económica y la creación de empleo, agravando, todavía más, la situación económica de países como España, Portugal, Grecia o Irlanda y las condiciones de vida y trabajo de trabajadores y trabajadoras que convivirán durante años con altas tasas de paro, especialmente de jóvenes y mujeres. Estas políticas, reflejadas en los Presupuestos Generales del Estado de 2010 y 2011, reformas laborales con mayor precariedad y un deterioro del Sistema Público de Pensiones, entre otras medidas, caminan en el sentido contrario de lo que desde otros enfoques de salida de la crisis se recomienda: reforzar, con políticas anti-cíclicas que estimulen la demanda, la recuperación económica y el crecimiento aplicando estímulos fiscales y políticas de integración y cohesión social. Entre éstos estaría incluida la fiscalidad directa (SICAV, Patrimonio"), en lugar de incrementar los impuestos indirectos (como el IVA) que penalizan la demanda interna y la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, perjudicando a los que menos tienen. En efecto, son políticas recomendadas por Joseph Stiglitz, Paul Krugman, Nouriel Roubini o Eric Maskin (Premio Nobel en 2007), que indica, además, que "no es el momento de recortar el Estado de Bienestar" (La Vanguardia, 12 diciembre de 2010).

2* II. La reforma laboral

Como se recordará, en Junio de 2008 el Gobierno inició un proceso de Diálogo Social con CEOE, UGT y CCOO con el objeto de abordar una agenda de reformas consensuadas que dieran respuesta a la crisis económica y al desempleo en la perspectiva de cambio del modelo productivo basado, hasta antes de la crisis, en la construcción y en servicios de bajo valor añadido. Después de dos años de reuniones no se llegó a ningún acuerdo, ni con el Gobierno, ni con la CEOE. Al contrario, el Gobierno, a finales del primer semestre de 2010, en el marco de las políticas de ajuste impuestas por el ECOFIN (UE) del 9 de Mayo, adoptó un paquete de medidas antisociales, entre las que figuraba regulación por decreto de la reforma laboral. El Real Decreto-ley 10/2010 de "medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo" es una "contra-reforma laboral" que vulnera el derecho y la capacidad de los trabajadores y trabajadoras a negociar las condiciones de trabajo en el marco de los Convenios Colectivos; que incrementa la precariedad, especialmente de los jóvenes y las mujeres y que abarata, aún más, el despido. Según los datos de evolución de la contratación y las cifras de paro que recogen continuamente el INEM y el INE, la reforma no está sirviendo para crear empleo, ya que el problema es la falta de actividad económica: difícil acceso al crédito de las PYMES, precio de la energía" y se siguen manteniendo las actuales tasas de desempleo en torno al 20%, el doble que la media de los países de la UE. Como era de esperar: ¿cómo unas medidas que facilitan el despido, el "efecto sustitución", van a crear más empleo? Sin entrar en profundidad en el contenido de esta reforma, se centra en cuatro ejes fundamentales:

• Se facilita todavía más la contratación temporal, que ya alcanza a más del 25 por ciento de todos los contratados, en lugar de favorecer la contratación indefinida. Impulsa la precarización a través de las empresas de trabajo temporal y liberaliza las agencias privadas de colocación.
• Se facilita, abarata y subvenciona el despido obstaculizando y debilitando el control judicial y estableciendo, como causa objetiva de despido procedente, la mera previsión de pérdidas por parte de las empresas.
• Se reduce, de 45 a 33 días por año trabajado, la referencia para el cálculo de la indemnización en caso de despido improcedente en los contratos fijos. Incluso, por este camino, las indemnizaciones anteriores de 45 días por año pueden llegar a reducirse a 20 días.
• Se rompe el sistema de negociación colectiva sectorial permitiendo que trabajadores y empresarios pacten, en determinadas condiciones, la no vinculación al Convenio Colectivo que corresponda a la empresa ("cláusula de descuelgue") y, en caso de no llegar a acuerdo, permitiendo que el empresario imponga su decisión.

Si se pretende crear empleo, como se ve, facilitando el despido y precarizando aún más la relación laboral, los resultados son visibles: al cierre del año el paro sigue aumentando y el Gobierno, la UE, el FMI"implícitamente, están reconociendo el fracaso de esta reforma laboral, cuando prevén que hasta 2012, o más tarde, no se volverá a crear empleo. Contra esta reforma los sindicatos, con el apoyo de gran parte de las organizaciones sociales, convocaron una Huelga General el 29 de Septiembre y continúan en movilización con acciones como la jornada de movilización en Europa (15 de diciembre) y manifestaciones en todo el país el18 de Diciembre, siguiendo una iniciativa de la CES para toda Europa. Además, se presentará ante el Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) avalada por más de 500.000 firmas, rechazando esta reforma laboral, buscando revertir sus aspectos más lesivos y en la defensa del Sistema Público de Pensiones. Los sindicatos y los ciudadanos asisten desesperanzados, que no resignados, ante la incapacidad y falta de voluntad política de las autoridades públicas, nacionales y europeas ante esta nueva ofensiva neoliberal. En el caso de España, la crisis se agrava por la debilidad del modelo productivo. A este respecto, se recuerda que, desde hace años, todavía en periodo de bonanza, los sindicatos venían reclamando, ante la pasividad de los distintos gobiernos nacionales, una política de desarrollo de la economía productiva.

3* III: Los recortes sociales

Esta reforma laboral forma parte de una agenda antisocial más amplia de contrarreforma social, o "plan de austeridad" de 50.000 Millones de Euros que fue oficialmente anunciada en Davos (Suiza) el 2 de enero por el Presidente Rodríguez Zapatero, y concretada por el Gobierno a mediados de mayo con las siguientes medidas:

1. Recorte en las remuneraciones de los empleados públicos en un 5% de media. Esta medida vulnera los Acuerdos alcanzados entre el Gobierno, como empleador, y los sindicatos en representación de estos trabajadores y trabajadoras del sector público. La Audiencia Nacional, ante la que recurrieron esta medida los sindicatos, ha planteado ante el Tribunal Constitucional una cuestión de constitucionalidad, al entender que puede existir una vulneración de la libertad de negociación colectiva o de incumplimiento de obligaciones pactadas.
2. Congelación de las pensiones y otras reformas negativas del Sistema, como ampliar la jubilación hasta los 67 años y la del período de cálculo para tener derecho a una pensión. Ante este anuncio, los sindicatos han reclamado formar parte de este debate, recordando otros compromisos en esta materia incumplidos por el Gobierno, así como que la reforma del Sistema Público de Pensiones debe contemplarse en el marco del Pacto de Toledo.
3. Reducción de los recursos destinados a la Ley de Dependencia. Supone, en opinión de los sindicatos, una vulneración del derecho a la Protección Social en situaciones de dependencia. Igualmente, la eliminación del "cheque-bebé", aplicado sin distinción de nivel de renta desde un principio, justamente, a los hogares con rentas más bajas. En todo caso, esta decisión afecta a una ya de por sí débil política de protección de las familias.
4. Recorte de 6.000 millones de euros de la inversión pública estatal (que ha sido seguida por anuncios en el mismo sentido por parte de comunidades autónomas y ayuntamientos), además de recorte del gasto público (16% de media del gasto de los ministerios). El más afectado por este recorte ha sido el Ministerio de Fomento. Los sindicatos han recordado que esta reducción de la inversión pública va a tener consecuencias directas en la destrucción de empleo. Resulta irónico que esta medida sea adoptada por un gobierno de izquierdas, cuando en los Estados Unidos, por ejemplo, se ha recurrido como medida para dinamizar la economía justamente al aumento de la inversión pública, medida que viene directamente de la era rooseveltiana, por inspiración de Keynes.
5. A estas medidas o recortes debemos añadir otra más, adoptada por el Consejo de Ministros del 3 de diciembre: la eliminación de la ayuda de 415 Euros mensuales a más de 600.000 desempleados, sin ningún ingreso adicional, que acentuará la pobreza y exclusión social de un amplio colectivo en el que no trabaja ningún miembro de la unidad familiar.

A este conjunto de medidas, los sindicatos UGT y CCOO, de manera conjunta, respondieron el 27 de Mayo con el documento "Alternativas y propuestas sindicales ante el recorte social", en el que se proponen otras alternativas a las planteadas por el Gobierno como única opción para salir de la crisis. Los sindicatos parten de la constatación de que la solución de la crisis requiere un cambio en el orden económico internacional, y no meras soluciones de retoque, que es lo que se ha hecho hasta ahora. Para empezar, los recursos financieros tienen que destinarse a la economía productiva y no a la mera especulación sin regulación y control políticos. Se constata la amarga realidad de que en una crisis provocada por bancos y fondos de inversión, dedicados exclusivamente a la especulación, éstos no sólo no van a pagar por ella, si no que son rescatados de la misma con el dinero de todos. Además, los Estados les conceden la capacidad de seguir debilitando las economías reales y, ahora con la excusa de la crisis, seguir incrementando sus beneficios y mejorar sus posiciones ("la presión de los mercados") rebajando, aún más, el nivel de los derechos sociales en todo el mundo. Pero este documento conjunto no se limita a criticar las medidas adoptadas, si no que plantea alternativas, líneas de acción que debe adoptar el Gobierno no sólo para salir de la coyuntura de crisis, si no para asentar el crecimiento económico sobre bases sólidas:

• Adoptar políticas de lucha contra la crisis estimulando el crecimiento económico y la creación de empleo, y no sólo la reducción del déficit. La política de recuperación ha de ser coordinada a escala europea con otro enfoque y tiempos para la reducción del déficit público, y no basarse en actuaciones aisladas.
• Situar al empleo en el centro de un nuevo modelo de desarrollo económico. Esta ha sido y es una reivindicación permanente de las organizaciones sindicales. Una prioridad que, como señala la CES, tiene que ser la clave de las políticas de la UE y nacionales para asegurar, de forma coordinada, la recuperación económica.
• Redefinir o abordar la redefinición del "Pacto Fiscal", actuando no sólo en el ajuste del gasto, si no en el incremento de los ingresos, pero de manera socialmente equilibrada: recuperando los impuestos de patrimonio y sucesiones; incrementando el IRPF a las rentas más altas, y disminuyéndolo a las más bajas; reformando la fiscalidad de las SICAV; combatiendo la economía sumergida y el fraude fiscal y, en línea con la demanda de organizaciones sociales de todo tipo, introduciendo una tasa sobre las transacciones financieras internacionales.
• Reformar el sector financiero para garantizar el acceso al crédito de empresas y familias, limitando los movimientos bancarios especulativos.

En definitiva, es necesaria una reorientación de las políticas económicas y de desarrollo para que no tengan como único o principal objetivo la mera contención del déficit, y que apuesten por un crecimiento productivo no especulativo, que permita mantener y crear puestos de trabajo: de trabajo estables y con derechos, de trabajo decente, según la OIT.

4* IV. El recorte de la Ayuda Oficial al Desarrollo

Completa este panorama social regresivo el recorte de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). En el tiempo en que una crisis mundial y multidimensional (financiero-económica, social y ecológica) castiga a los más desfavorecidos en los países más pobres, el Gobierno recorta los presupuestos de la AOD y parece aplazar sine die la tan necesaria reforma del sistema de cooperación, necesitado, entre otros aspectos, de una mayor eficacia en la gestión de los recursos destinados a la política de cooperación. Se ha optado por la solución fácil: el mero recorte presupuestario. Con los diferentes recortes en AOD en 2010 y 2011 adoptados por el Gobierno nos situamos en el entorno del 0,4% de la RNB, muy lejos de poder alcanzar el 0,7% en 2012, como repetidamente se mantiene en el discurso oficial. Esto ha supuesto, 300 millones de Euros menos en 2010 y más de 900 millones en 2011, con lo que el Gobierno Central recorta la AOD en los presupuestos de 2011 que cae un 17% respecto al año pasado. Las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) constatan, con preocupación, que estas medidas adoptadas por el Gobierno central han tenido un rápido efecto dominó: en diferentes comunidades autónomas y ayuntamientos que, también, se han precipitado a recortar financiación para intervenciones sociales y AOD. Así, las partidas destinadas a AOD se reducirán previsiblemente en la práctica totalidad de las CCAA de media un 12%, quedando en algunas de ellas en niveles inferiores al 0,1% de sus presupuestos, muy alejados del 0,7% demandado por las ONGD[1]. De manera más o menos clara, desafortunadamente, este recorte no parece quedarse aquí ya que esta medida no será una decisión coyuntural. Y es que, en el ámbito territorial y local parece haberse considerado la AOD como una moda que ahora, en tiempo de crisis, no consideran útil o rentable desde el punto de vista de la imagen política. Se alega que la cooperación al desarrollo no es competencia autonómica o local y, por supuesto, que en tiempos de crisis primero hay que asegurar los recursos a los propios ciudadanos. Justo en el sentido contrario de encuestas que indican que el pueblo español es uno de los más solidarios de la UE. Queda, como muestra de que incluso en tiempos de crisis es posible ser solidarios, la actitud de otros gobiernos autonómicos de mantener (ya que no se puede aumentar) el nivel de compromiso de los últimos años. La propia Plataforma 2015 y más, la Coordinadora de ONGD de España, la Alianza Española contra la Pobreza, que agrupa a más de 800 organizaciones, entre ellas UGT Y CCOO, se han manifestado en contra de estos recortes. En diferentes manifiestos y movilizaciones han manifestado que es inaceptable el recorte de la AOD, ya que se incumple el Pacto de Estado contra la Pobreza, compromiso no sólo del Gobierno, si no de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, donde se establecía el objetivo de alcanzar el 0,7% del PIB antes de 2015. Aún más, se denuncia el discurso generalizado de las fuerzas políticas de enfrentar las necesidades de los afectados por la crisis en España con las de 1.400 millones de personas en el umbral de la pobreza, con menos de dos dólares de ingresos diarios en los países más pobres, justo en estos momentos de crisis económica mundial. Además, los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT en línea con la Confederación Sindical Internacional (CSI) se han pronunciado en contra del recorte de la AOD, por entender que la solidaridad no es ni un lujo ni caridad. No es algo que las sociedades desarrolladas se permiten cuando las cosas van bien. La solidaridad con los más desfavorecidos, para los sindicatos, no es caridad, es justicia, comprometiendo el cumplimiento para 2015 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en el año 2000.

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NOTAS:

1. ®Coordinadora de ONGD-España, "Caída alarmante de la solidaridad en 15 de las 17 comunidades autónomas" (comunicado de 30/11/2010).

5* V. Respuesta conjunta

Cabe preguntarse si en este ataque concertado al modelo de Estado Social la crisis económica y financiera son la causa, o simplemente la excusa. Ante este giro anti-social en las políticas públicas, la sociedad civil organizada comienza a manifestarse. Es de destacar la unidad de sindicatos, ONGD y otras organizaciones sociales en la crítica a este conjunto de medidas regresivas e insolidarias, arruinando el patrimonio social construido con el esfuerzo y sacrificio de muchas generaciones. Así, desde que los sindicatos anunciaran la convocatoria de Huelga General para el 29 de Septiembre, se fueron sumando a la misma organizaciones de la sociedad civil de todo tipo: desde asociaciones de vecinos a colectivos de artistas. Destaca el apoyo prestado por las ONGD, que entendieron, en el sentido que se ha señalado, que todas las iniciativas antisociales de las distintas autoridades públicas eran parte de un todo. Como se oyó decir en algún acto conjunto, fue una huelga de los ciudadanos, un acto de defensa de la sociedad civil organizada contra todos aquellos que pretenden crear una sociedad atomizada, sin estructuras que representen democráticamente a los ciudadanos. (Ver Manifiesto de apoyo a la Huelga General del 29-S, en este mismo Anuario). Porque, más allá de los recortes presupuestarios, lo que se viene pretendiendo es acallar a la sociedad civil, a los ciudadanos organizados. Todos, sindicatos, ONGD y organizaciones de la sociedad civil han tenido que sufrir los ataques de una determinada corriente de opinión, que los presenta como meros parásitos y rémoras, anacronismos en una sociedad que necesita ser más competitiva, a la baja, sin importar el precio que haya que pagar por ello. Desde esta perspectiva de los movimientos sociales se exige una política que reactive la economía, ralentizando la reducción del déficit; incrementando los ingresos, y no sólo reduciendo el gasto; retirando la reforma laboral y los ataques a la negociación colectiva; respetando el Sistema Público de Pensiones, elemento esencial del sistema de protección social; que se aborde una reforma fiscal basada en la progresividad de los ingresos y todo tipo de rentas y que se combata el fraude fiscal. Por su parte, la Plataforma 2015 también manifestó formalmente su adhesión a la convocatoria de la Huelga General del 29-S, sumándose al llamamiento a la movilización ciudadana. En línea con su denuncia y crítica al modelo de desarrollo actual, considera inaceptable que sean los trabajadores y trabajadoras los que sufran las consecuencias de una política económica errada, que ha tenido en cuenta exclusivamente los intereses de los poderosos.

6* VI. Conclusión

Tras estas movilizaciones y los cambios en el Gobierno (principios de Noviembre), los sindicatos no consideran la cuestión cerrada: el hecho de que el Decreto de la reforma laboral haya llegado al Parlamento, y se haya aprobado y tomado forma de Ley, no obsta para que se siga manteniendo la crítica y la exigencia de su retirada: la reforma no es aceptable; no va a suponer creación de empleo, si no que va a acelerar la destrucción del mismo. Una ley puede ser cambiada por otra ley, por lo que cabe una reforma que anule la reforma y se conseguirá con la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que los sindicatos ofrecen a la sociedad para que con su apoyo se revierta una reforma errónea y defienda los derechos laborales, los servicios públicos y el sistema de seguridad social que hemos conseguido con el esfuerzo de todos. Esta será la tarea colectiva de los próximos meses. Mientras sigan las mismas políticas de ajuste en España y en a la UE, seguirán sobre la mesa otras alternativas y un periodo de iniciativas y movilizaciones a escala nacional y comunitaria, lideradas por la CES, hasta el próximo mes de marzo de 2011. Al tiempo, los sindicatos siguen apostando por recuperar y mantener el Diálogo Social, haciendo llamamientos, en este sentido, a la CEOE, una vez que renueve su dirección en el mes de diciembre, especialmente para retomar la reforma de la Negociación Colectiva. Si, como avalan los datos hasta el momento, estas políticas antisociales continúan a escala internacional, europea, nacional y autonómica, no cabe duda de que los responsables políticos, a todos los niveles, se encontrarán, como ya ha pasado en España, en Francia, en Italia, en Grecia, en el Reino Unido, en Irlanda, en Portugal" con la respuesta de la gente, en la calle, cada vez de manera más contundente.: