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Participación política de las mujeres en el siglo que comienza.

Temática: Igualdad de género.
Autoría: Vargas, Virginia
Año de Publicación: 2008
La situación de las mujeres, sobre todo de las mujeres peruanas, en el campo de la política para reivindicar sus propias luchas y necesidades es el objeto de este artículo.

0* Presentación.

A fines de los años ochenta, en el contexto de una Latinoamérica que recuperaba la democracia como sistema político, luego de dolorosos años de dictaduras militares, crisis económicas, pobreza, guerras internas, violación a los derechos humanos y desintegración social, los movimientos sociales unían a sus propuestas por mejorar la calidad de las democracias, la noción de igualdad entre hombres y mujeres. Mérito de las distintas vertientes de los movimientos de mujeres y feministas -a las que se sumaron las corrientes progresistas-, que a través de variadas estrategias de alcance nacional y global, lograron instalar esta demanda en la agenda política de la sociedad civil y en los programas gubernamentales. Desde entonces y como nunca antes, la equidad de género y el reconocimiento público de las desigualdades de clase, étnicas, raciales, territoriales, etáreas, de diversidad sexual, etc., complejizaron y enriquecieron el discurso alternativo desde la sociedad civil por la igualdad jurídica y los derechos sociales, económicos y culturales. Feministas y movimientos de mujeres recordaban -insistentemente- que una de las expresiones de la discriminación de género era la limitación objetiva para la participación pública y/o exclusión de las mujeres de las instancias de toma de decisiones y del ejercicio del poder[1]. Las Ong del norte y del sur no escapamos a la advertencia. En este contexto, hacia el año 2001 ALOP se propuso avanzar en perspectiva de equidad de género[2]. A nivel interno, asegurando la representación de mujeres en sus órganos directivos [3], y a nivel de su actoría institucional, aprovechando sus vínculos y espacios de incidencia en escenarios latinoamericanos y con la cooperación europea. Ello se tradujo en el objetivo que desde entonces rige nuestra Asociación: "Transversalizar la perspectiva de género en el quehacer institucional". Como parte del trabajo, en ALOP llevamos a cabo un conjunto de estudios sobre participación política de las mujeres[4], y analizamos la importancia de la adopción de las leyes de cuotas. En esta oportunidad, Gina Vargas nos invita a reflexionar respecto a qué ha significado el ingreso más activo de las mujeres en los espacios de la política formal, y qué otros espacios y perspectivas han surgido en los últimos años en América Latina. Sin duda, una contribución al debate que sobre democracia venimos desarrollando en nuestra Asociación. Patricia Boyco Ch. Punto Focal de Género. Comité Ejecutivo ALOP.
NOTAS:
  1. ®Rico, María Nieves. (1993). Desarrollo y Equidad de Género: una tarea pendiente. Serie Mujer y Desarrollo N° 13. Unidad Mujer y Desarrollo, División de Desarrollo Social, Cepal. Santiago de Chile.
  2. ®Alop, Asociación Latinoamericana de Organismos de Promoción A.C. (2005). Actas Asamblea General, Antigua, Guatemala. Planes Trienales de Género 2002-2005 y 2005-2008, e Informes evaluativos www.alop.or
  3. ®Desde el 2002, no menos del 25% de integrantes del Comité Ejecutivo de Alop deben ser -y son- mujeres.
  4. ®Disponibles en www.alop.or.

1. Introducción y posicionamiento.

¿Qué ha cambiado en estos años, en los contextos y las condiciones para la participación política de las mujeres? ¿Qué ha cambiado con el ingreso más activo de las mujeres a los espacios de política formal? ¿Qué otros espacios y cuáles perspectivas ?además de la más clásica y tradicional? de participación y negociación en los espacios oficiales y con ellos, han surgido en el último período en América Latina? A partir de estos interrogantes, el artículo pretende analizar la participación política de las mujeres en América Latina, no como un dato en sí mismo, sino a la luz de los profundos cambios paradigmáticos que ha experimentado la región (y el mundo) en las últimas décadas, y en su relación con los procesos democráticos. Esta relación con la democracia nos acerca a una de las tensiones más significativas del último periodo: la existente entre las fuerzas de regulación y las fuerzas de emancipación (de Sousa Santos 2006). Me propongo analizar estos procesos, y las formas múltiples de participación política de las mujeres, desde un posicionamiento que coloque al centro la práctica feminista alrededor de la política y la democracia, y las tensiones y pistas que han ido complejizando las formas de percibir y analizar esa participación. El artículo tiene tres secciones. En una primera se explicita el contexto de transformaciones en la región latinoamericana y las tensiones democráticas que han surgido tanto en la relación entre sociedad civil y Estado ?en este caso, entre los "movimientos" y actoras feministas?, como en las mismas formas y sentidos de la participación política de las mujeres. Una segunda parte analiza brevemente el impacto de los cambios sociopolíticos, económicos, culturales y emocionales, en las subjetividades e imaginarios de los actores sociales, hombres y mujeres, y en los nuevos escenarios que generan. Una tercera parte es un acercamiento a nuevas pistas ?inacabadas, en formación, en búsqueda?, aproximación realizada desde la acción y reflexión y que comienza a complejizar el horizonte de sentido de la política y la participación en el momento actual.

2. El contexto y sus cambios paradigmáticos.

En las últimas décadas, las tantas veces mencionadas transformaciones que han tenido lugar en la región latinoamericana no se han limitado a las realidades económicas, sociales, políticas y culturales, sino que han impactado los horizontes subjetivos de las sociedades, dando lugar a nuevas tensiones democráticas. Por un lado, la generalización de la democracia como forma de gobierno y como aspiración de la sociedad ha impulsado nuevos valores y expectativas ciudadanas. Distintas entidades estatales han puesto en marcha, con mayor o menor intensidad, con mayor o menor contenido democrático, profundos procesos de reforma. En todos ellos se busca asentar procesos de gobernabilidad que apunten, al menos teóricamente, a perfilar mejor las funciones del Estado, corregir sus deficiencias históricas y responder a las exigencias de un mundo crecientemente diverso, desigual y globalizado. Por otro lado, sin embargo, muchas veces esas reformas no han logrado impulsar formas de mediación con los intereses y menos) en el mundo occidental (Lechner 1997). El neoliberalismo no destruye la centralidad del Estado, sino que lo reorienta para servir mejor a los intereses del capital. Debilita su rol de mediador de la conflictividad social y modifica el contenido de su accionar democrático[5] y sus ámbitos de incidencia, al restarle capacidad y fuerza tanto para abordar y decidir sobre los asuntos macro, como para atender las preocupaciones vividas como centrales por la ciudadanía en su cotidianidad. Y ello ha generado lo que los analistas denominan democracias de baja intensidad, expresión que ya usó de Sousa Santos en los años noventa en su artículo "Hacia una concepción multicultural de los derechos humanos" (1997). Los partidos políticos, también históricos generadores de sociedad civil e impulsores ?aunque conflictivos y retaceadores[6]? de movimientos sociales, han sufrido una aspiraciones ciudadanas. Formuladas en el marco del modelo capitalista neoliberal hegemónico en la región, que ha consagrado el triunfo del mercado sobre la ciudadanía y de la economía sobre la política, han tendido a reforzar el proceso de privatización de la política y el alejamiento cada vez mayor de los intereses ciudadanos que parecen prevalecer (al creciente debilidad en su capacidad de mediación entre sociedad civil y Estado. Han resistido su propia reforma democrática, a todas luces necesaria, apostando más al aparato que a la renovación. Y en ese proceso han debilitado su interrelación con la ciudadanía, lo que ha impuesto la exigencia de pensar nuevas formas de representación en un momento histórico en que no solo las crisis de los partidos, sino también la fragmentación o diversificación de la vida social, han implicado la fragmentación o diversificación de intereses representables. Este creciente debilitamiento de la orientación social de los Estados, que han desplazado sus responsabilidades en este campo al mundo privado, ha impactado negativamente las condiciones de vida y los derechos ciudadanos de amplias mayorías de la población. El impacto ha sido especialmente grave en las mujeres: la privatización de lo social aumenta su carga de trabajo en lo doméstico puesto que deben suplir los servicios que el Estado ya no realiza, y ello sin lograr el reconocimiento de su aporte al trabajo reproductivo. Así, las mujeres aparecen como parte de la estrategia reguladora del mercado. Y estas dimensiones de su exclusión generalmente son "invisibles" en las políticas gubernamentales. Estos cambios no son, sin embargo, procesos lineales, sino complejos y ambivalentes. Han impactado el orden de género, sustentado previamente en un paradigma específico de producción y relaciones laborales (basado en ocupación a tiempo completo, en una específica división sexual del trabajo, entre otros). Tal orden ha quedado erosionado con la desaparición, como concepto, del salario familiar, y profundamente debilitado ?o modificado? por la falta de estabilidad laboral masculina y la incorporación creciente de las mujeres al mercado de trabajo (Todaro 2002). La misma forma de empleo hoy extendida en amplios sectores de la población, eufemísticamente llamada flexibilidad laboral, al mismo tiempo que produce dramáticas exclusiones, debilita las fronteras entre lo público y lo privado, generando nuevas interrelaciones entre ambas esferas. Las tendencias señaladas han ido acompañadas de lo que Giddens (1996) llama el creciente proceso de de-tradicionalización, que tiende a debilitar costumbres arcaicas y sentidos comunes tradicionales; entre ellos, los relativos a las relaciones entre los sexos (lo que él llama procesos hacia una sexualidad plástica y flexible) y a los valores familiares unívocos (lo que provoca también resistencias fundamentalistas de defensa de estos valores). Ello no implica la desaparición de la tradición, sino más bien un cambio en su estatus: deja de ser considerada como algo incuestionable y se la comienza a ver como abierta a interrogación, es decir, algo sobre lo cual se puede decidir. Y en este campo hay cambios notables en las dimensiones reproductivas y sexuales y en las instituciones que las consagran. Ha habido un creciente debilitamiento de la familia nuclear, un sostenido reconocimiento de las prácticas que generan nuevos tipos de familia, una tendencia creciente a separar la paternidad y maternidad biológica de la social (Guzmán 2001). Ulrich Beck (2002) afirma al respecto que una democratización cultural "está transformando los fundamentos de la familia, las relaciones de género, el amor, la sexualidad, la intimidad". No es poca cosa. Todas estas modificaciones ?las señaladas en el párrafo anterior? son también formas nuevas de resolución de la tensión entre emancipación y regulación, e impactan positivamente a las mujeres. Sin embargo, son difícilmente reconocidos por los espacios de política formal y no llegan, por lo tanto, a expresarse en las políticas estatales.
NOTAS:
  1. ®Y si bien su característica de dominación y control sobre su territorio persiste de múltiples formas, ella también ha sufrido profundas erosiones y debilitamientos, condicionadas por el proceso de globalización. Por un lado, su característica de "nación" queda largamente cuestionada por las crecientes y múltiples afirmaciones y luchas por reconocimiento de identidades étnicas y culturales en sus territorios, las que tienden a sobrepasar las fronteras Por otro, los estados nacionales aparecen muy pequeños para responder a los grandes problemas globales, y demasiado grandes para dar cuenta de las enormes diversidades que albergan y de las demandas ciudadanas que de ellas surgen (de Souza Santos 2002).
  2. ® En "Cuidado con los diccionarios", Tomás Eloy Martínez escribe: "Ciertas palabras avanzan dentro de un contexto, terminan en otro, y a veces no tienen destino en los diccionarios. Es lo que le sucede, por ejemplo, al verbo ?retacear", que se usa sólo en la Argentina e indica que alguien no está recibiendo lo que merece..." (La Nación, 21 de diciembre de 2002, Página 29 | Opinión. Versión digital en http://www.lanacion.com.ar/Archivo/Nota.asp?nota_id=460421 (recuperado de 5 marzo de 2008). [N. de E.]

2.1. Las complejidades en las formas de relación e interacción entre sociedad civil y Estado.

En las últimas décadas, las mujeres organizadas en América Latina han asumido la interacción, presión, diálogo y negociación entre sociedad civil y Estado, como un derecho y una responsabilidad ciudadana. Esta nueva postura se ha sustentado en una mirada más compleja hacia el Estado, nacida del reconocimiento de que éste no es una entidad homogénea, exclusivamente de dominación, sino más bien un conjunto heterogéneo de arenas erráticas y desconectadas, con pluralidad de formas discursivas (Pringle y Watson 1992), históricamente producidas y no estructuralmente dadas. De allí la posibilidad, al menos en la teoría, de encontrar en el Estado espacios más sensibles para ciertas propuestas democráticas, entre ellas algunas de las que levantan las mujeres. No obstante esa posibilidad de apertura, las interacciones con el Estado ?incluso en aquellas de sus arenas que son más sensibles a las demandas ciudadanas? no son neutras. En ellas hay competencia de visiones de construcción ciudadana, son un permanente terreno de disputa entre sociedad civil y Estado sobre contenidos, alcances, sentidos y orientaciones de las acciones impulsadas, así como sobre su mayor o menor contenido e impulso democrático. En el caso de las mujeres hay un dato adicional: las modificaciones de las expresiones más flagrantes de los desbalances de género son percibidas como necesarias y funcionales al avance de las tareas de la inconclusa modernidad en nuestros países, a los procesos de reforma del Estado y gobernabilidad que han caracterizado las últimas décadas en América Latina. Más y más la igualdad entre los géneros comienza a ser un asunto público, político, que debe ser regulado por el Estado a través de propuestas, normatividades y programas implementados por los gobiernos. En este campo heterogéneo, la "igualdad" de género ha sido un terreno permanente de disputa, especialmente en su relación con la democracia. Y esto ha sido compartido por la también heterogénea nueva oleada democrática en América Latina, que convive con una tendencia claramente conservadora en muchos otros gobiernos de la región. Pero también es heterogénea como oleada democrática. En algunos casos, con énfasis claros en su confrontación del modelo neoliberal (Venezuela, Bolivia, eventualmente Ecuador); otros gobiernos más complacientes con él (el de Brasil, el de Chile, que es además el primero que llegó con política paritaria). Algunos con desarrollo más asentado de las reglas de convivencia democrática (como Uruguay), o con democracias con menor desarrollo y mayor riesgo de autoritarismo (Venezuela). Hay gobiernos con democracias débiles pero que han implementado cambios significativos, al ser expresión de participación y gestión política de poblaciones quechuas y aymaras, históricamente excluidas del ejercicio de la política y que por lo mismo, con su sola presencia, la democratizan (Bolivia). Otros con triunfos más acotados pero de gran impacto simbólico, como en México Distrito Federal, que logró consagrar el derecho al matrimonio entre parejas del mismo sexo y la despenalización del aborto. Sin embargo, esta oleada democrática no necesariamente asume los derechos humanos y ciudadanos de las mujeres, ni de las diversidades sexuales. Un ejemplo elocuente es el del Presidente Tavaré Vásquez, de Uruguay ?país históricamente secular y con fuerte institucionalidad democrática?, quien, luego de entrevistarse con la jerarquía eclesiástica, anunció que objetaría la propuesta de ley sobre despenalización del aborto, que ya estuvo a punto de ser aprobada en el anterior gobierno[7]. Lo que nos coloca de lleno frente a varias de las dimensiones menos asumidas por los gobiernos, con oleada o sin oleada democrática: la ampliación de los alcances democráticos a dimensiones privadas de alto contenido político; la urgente modificación del Estado "tutelar" y la defensa del carácter laico de los Estados como condición fundamental de una democracia plural. Existe también una distorsión complaciente de lo que significa una perspectiva democrática, al considerar en esta oleada a gobiernos como el de Daniel Ortega, de Nicaragua, sobre quien pende un juicio por incesto y cuyo gobierno, a poco de llegar al poder, en una alianza abierta con la jerarquía eclesiástica [8] anuló la ley de despenalización del aborto más antigua de la región y ha comenzado una abierta persecución política contra nueve líderes feministas. Pero el itinerario es más amplio. Existe una riesgosa complacencia democrática con gobiernos que confrontan el neoliberalismo y aportan a nuevas formas de integración regional, al mismo tiempo que generan relaciones poco democráticas con la sociedad y con la política. El caso de Venezuela es quizá el más paradigmático, porque su radicalidad política va acompañada por tendencias autoritarias e irrespetuosas de las normas democráticas, al pretender permanencia en el poder y generar dinámicas de organización de la sociedad civil poco autónomas.
NOTAS:
  1. ®Es interesante también ver cómo reacciona la ciudadanía y los mismos frentes partidarios, inaugurando acciones de clara disidencia impulsadas desde la sociedad civil y desde el Parlamento y algunas oficinas gubernamentales, como se verá más adelante.
  2. ®La jerarquía eclesiástica respaldó a Ortega frente al juicio por incesto seguido por su hijastra, Zoila América.

2.2. La participación política de las mujeres en las últimas décadas.

Hay estrategias y temas por los que estamos luchando que apuntan a un reacomodo de lo existente, pero no subvierten la lógica imperante. El contenido de abogacía (...) varía desde visiones profundamente conservadoras y tributarias de las necesidades del actual modelo económico y político hegemónico hasta miradas que recuperan otras dimensiones ("), orientadas hacia las sociedades civiles y los urgentes cambios culturales, con una ciudadanía cada vez más activa en su derecho a negociar intereses e impactar las relaciones de poder entre estado y sociedad. Pero si nos ubicamos en esta última postura, ¿es abogacía lo que estamos haciendo convenciendo a la sociedad de la bondad de las propuestas feministas? ¿O estamos generando prácticas transgresoras de los límites de las democracias realmente existentes y subversivas del actual orden de dominación? Si es así, estamos entonces generando estrategias de contrapoder, donde las estrategias de abogacía se deberían ubicar, ampliando la noción de espacio público más allá de los espacios estatales para colocarlos como construcción pública ciudadana, ampliando la subversión de los códigos de lo importante. (Vargas 2006).Los avances en la participación política de las mujeres en estas últimas décadas han sido impactantes, como lo revelan los diferentes estudios subregionales de ALOP, incluyendo el de Alina Donoso y Teresa Valdés (2007). Los movimientos de mujeres y feministas, que han luchado también activamente por la recuperación de las democracias (a pesar de que este aporte no se ha hecho visible[9]), han sido clave en estos avances. Han sido clave también en su negociación con los gobiernos a escala regional y global, tanto por su incursión en los espacios globales abiertos por las Conferencias Mundiales de la Mujer de Naciones Unidas en la década de los noventa, como por la extensión de la normatividad internacional a través un conjunto de convenciones (Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, CEDAW; Convención de Belém do Pará contra la violencia hacia las mujeres), que han generado un conjunto fundamental de recomendaciones y obligaciones a los gobiernos internacionales y nacionales (la Plataforma de El Cairo y la Plataforma de Beijing son las más sobresalientes en este aspecto y, en el nuevo milenio, la Conferencia de Racismo). En los distintos países de la región, los movimientos de mujeres y feministas han impulsado importantes normatividades, así como Planes de Igualdad, políticas de afirmación positiva, etc. En todo este proceso se ha ido generando una "institucionalidad de género" en el Estado, de alcances nacionales y globales. Destaca a escala regional la Unidad de la Mujer de la Cepal[10]. Hay también avances en la visibilidad cognoscitiva y analítica de las mujeres, al tener estadísticas desagregadas por sexo, datos de género, etc. Y también formas interesantes de organización y participación política a través de acciones de fiscalización, de exigencia de rendición de cuentas, y también de observatorios, mesas de vigilancia, instrumentos de seguimiento como el "Índice de Compromiso Cumplido", etc. La presencia de mujeres liderando, negociando, presionando a los espacios políticos es una estrategia fundamental, porque al hacerse visibles en todos esos espacios antes monolítica y exclusivamente masculinos, se amplían los contenidos democráticos de las sociedades. Esta ganancia es fundamental para la democracia y constituye el piso básico sobre el cual construir la aún esquiva "igualdad". Es también el piso básico a partir del cual ampliar la conciencia del "derecho a tener derechos" en las mujeres, y desde el cual generar espacios para nuevas voces y nuevas dimensiones de emancipación. En esta perspectiva, sin embargo, hay varias entradas desde las que quiero complejizar ?no desechar? las ganancias y estrategias mencionadas. La opción por las estrategias de negociación e interacción con lo público-político colocó a los feminismos en el centro de una de las tensiones históricas de los movimientos sociales: la disyuntiva entre conquistar algunos espacios de poder dentro de las estructuras dominantes, con el riesgo de permanecer subordinados, o sustentar autónomamente una identidad sin negociar, a riesgo de continuar débiles y marginados (Evers 1986 y, en su época, Mary Wollstonecraft, autora de Reivindicación de los derechos de la mujer, de 1792). Esta tensión expresa los contenidos ambivalentes y contradictorios de las estrategias feministas: el orientarse, por un lado, hacia transformaciones que acerquen a las mujeres a la igualdad dentro de las democracias realmente existentes en las que les toca vivir y, al mismo tiempo, pretender subvertir, ampliar y radicalizar esas mismas democracias. Desde diferentes entradas se ha analizado esta tensión. María Luisa Tarrés (1999) la expresa como el difícil equilibrio entre la "ética" y la negociación. Por su parte, Verónica Shild (1998) afirma que las estrategias feministas pueden simultáneamente confrontar y al mismo tiempo (re)producir nociones hegemónicas sobre desarrollo, democracia, ciudadanía, etc., descuidando de esta forma los contenidos de disputa o las "guerras de interpretación" (Slater 1998) a través de las cuales la sociedad civil va perfilando sus propuestas democráticas y va asumiendo una mirada política "siempre atenta a desprogramar lo preconvenido por la ritualización del orden, acercando y exhibiendo frente a ese orden el escándalo de la diferencia, el escándalo de muchas perspectivas" (Sarlo, en Richards 1993: 43). En esta tensión, el riesgo de despolitización de las demandas ha sido una amenaza constante en las estrategias feministas. Muchos factores han influido al respecto, entre ellos el mismo cambio en las dinámicas societales. L as lógicas neoliberales acentuaron el paso desde una dinámica básicamente movimientista hacia otra más institucional[11] y reforzaron la tendencia, señalada por Lechner (2006), hacia la privatización de las conductas sociales, hacia una "cultura del yo" recelosa de involucrarse en compromisos más colectivos. Una expresión de este proceso ha sido el "vaciamiento" político del concepto de género. No solo se ha despolitizando su alcance, al oscurecerse su contenido de relaciones de poder antidemocráticas; la misma categoría "género" también ha explosionado en su contenido binario oposicional entre mujeres y hombres, para abrirse a una perspectiva mucho más compleja y al reconocimiento de múltiples géneros. En este proceso se produjo una cierta "tecnificación" de las agendas feministas, donde los temas más trabajados parecerían ser los que facilitan la negociación con lo público estatal, debilitándose aquellos que avanzan en el fortalecimiento de las sociedades civiles democráticas desde una perspectiva emancipatoria, lo que incidió por momentos en que se asumiera la negociación de lo "posible", y se dejara de nombrar lo "deseable" (Álvarez 1998). Ello explicaría, por ejemplo, por qué temas tan cruciales para las agendas feministas, como los relativos a los derechos sexuales, y dimensiones más radicales de los derechos reproductivos, como el derecho al aborto, se desdibujaron durante largo tiempo y no desarrollaron estrategias hacia y desde las sociedades civiles, presionando a los Estados para su reconocimiento. O por qué en Chile, por ejemplo, aspectos tan centrales a la modernidad y que amplían el piso de maniobra de las mujeres, como el divorcio, en su momento no fueron perseguidos con más fuerza ni por los feminismos ni por la sociedad civil democrática. O por qué un triunfo histórico de la modernidad, como el Estado laico, no fue asumido con la fuerza necesaria en un continente con rasgos tan asombrosamente confesionales como América Latina. Explicaría también por qué las luchas por la ampliación de las ciudadanías femeninas han estado más orientadas a la dimensión civil y política y mucho menos a su dimensión socioeconómica. O por qué sectores importantes de los feminismos en Perú vivieron la tentación de aislar los avances de las ciudadanías de las mujeres, de los riesgos y atropellos que vivía la democracia en la década del gobierno dictatorial de Fujimori. Parecería, como señalan Barrig y Vargas (2000) refiriéndose a Perú, pero con itinerario más general, que un cierto pragmatismo espontáneo ha predominado en las estrategias feministas, y no siempre ha aparecido con nitidez el lugar desde donde las feministas influyen, conciertan o colaboran con los gobiernos. Así, aparentemente sin mediar un tránsito entre la identidad del colectivo feminista y sus apuestas "contra-culturales", las autoras afirman que "se llegó al Estado en un proceso insuficiente de debate. Al parecer, estaríamos ante un estrecho margen de maniobra para tener la capacidad de incidencia en políticas públicas pero, al mismo tiempo, mantener la autonomía para la crítica y la movilización". De allí la importancia de preguntarnos no solo cuánto hemos conquistado para la participación política de las mujeres, sino también cuánto ha cambiado el espacio político con la entrada de las mujeres.
NOTAS:
  1. ®Los ejemplos abundan. Uno reciente es el del gobierno de Tavaré Vásquez en Uruguay. Otro el del gobierno de Toledo en Perú, en el proceso de transición democrática pos-Fujimori, porque desmanteló lo avanzado durante el gobierno de transición de Paniagua en relación con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Humano, dándole finalmente una orientación pro-pobre y no emancipatoria. Y el Ministerio de Salud estuvo a cargo, sucesivamente durante cuatro años, de personajes del Opus Dei, que mantuvieron férrea oposición a los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres.
  2. ®En la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), la Unidad de la Mujer es responsable de los foros de las mujeres de los espacios gubernamentales, de los cuales salen los documentos de "consenso", que son especialmente interesantes porque expresan la creciente complejización de las propuestas de las mujeres. El Consenso de Quito, producto de la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, en 2007, es particularmente importante. Versión electrónica del original español puede encontrarse en http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/29489/dsc1e.pdf (recuperado 6 de marzo de 2008).
  3. ®La llamada "institucionalización" de los feminismos merecería un análisis más complejo y más político. La tensión producida al interior de los feminismos alrededor de las llamadas "institucionalizadas" y "autónomas", al margen de las pasiones y heridas que desató, fue importante para revisar prácticas que comenzaban a despolitizarse. Sin embargo, esta oleada más institucional es muy heterogénea, con énfasis "institucionalizadores" diferentes, algunas más en perspectiva "desarrollista", otras en perspectiva emancipatoria, que han seguido construyendo espacios autónomos de movimiento. Por ello mismo, no es una realidad ni un acercamiento dicotómico al feminismo.

2.3. Participación de las mujeres y cambios en el espacio político.

Para establecer algunas pistas en esta materia, y sin pretender ser exhaustiva, analizaré dos dimensiones: (1) las relaciones entre sociedad civil y Estado desde la generación de alianzas entre mujeres y desde las políticas de afirmación positiva, como las cuotas; y (2) la relación de la ciudadanía de las mujeres con la democracia. Las posibilidades de interconexión y negociación entre sociedad civil y Estado (y, en este caso, entre movimientos feministas, funcionarias estatales y burócratas feministas), han significado un impulso significativo a la capacidad de incidir en el Estado y proponer una normatividad, políticas de acción positiva y mecanismos de género estatales más cercanos a los intereses "emancipatorios" de las mujeres. Es lo que se ha llamado el "triángulo de empoderamiento" (Nijeholt, Vargas y Wieringa 1998), que permitiría generar una "masa crítica" al interior del Estado, importante también para legitimar las acciones de las funcionarias y burócratas en este espacio y generar canales de interacción con las sociedades civiles. Sin embargo, consolidar este "triángulo de poder", más allá de dimensiones coyunturales y puntuales, requiere de un cierto nivel de institucionalidad democrática, con la consiguiente capacidad de permanencia de las burocracias y de las políticas públicas más allá de los cambios de gobierno o de políticas al interior de un mismo gobierno; requiere también de la voluntad política y de solidaridad de género que acompañe a las que van llegando a estos espacios[12]. Hay indudablemente espacios interesantes donde se han gestado "triángulos de poder", algunos más coyunturales, otros más permanentes, a niveles nacionales y regionales. Sin embargo, en la mayoría de los países de la región esta institucionalidad democrática de más largo aliento es aún una realidad claramente deficitaria. A excepción parcial del Cono Sur y unos pocos en otras subregiones de América Latina, lo que caracteriza a los Estados en muchos países es justamente su fragilidad democrática institucional. Y esto no solo debilita el piso democrático, sino que también lesiona la sustentabilidad de procesos democráticos de más largo aliento, porque ?como dice Cansino (2005: 42)? la democracia es sustentable "cuando su marco institucional promueve objetivos normativamente deseables y políticamente deseados, como la erradicación de la violencia arbitraria, la seguridad material, la igualdad y la justicia, y cuando, al mismo tiempo, las instituciones con capaces de enfrentar las crisis que se producen si esos objetivos no llegan a cumplirse". Todo esto dificulta el generar una masa crítica más estable" en los gobiernos. Contribuyen también a esta dificultad los contenidos y orientaciones de algunas políticas de afirmación positiva, como las cuotas. De importancia central para avanzar en "justicia de género", las cuotas son ya un derecho ganado. Su aplicación impacta el horizonte referencial de la sociedad (y del Estado) en relación con la participación política de las mujeres en espacios de política formal, en la medida en que el "ojo" social se acostumbra a ver mujeres allí donde antes no existían, produciéndose así una clara "política de presencia" (Phillips 1995). Sin embargo, no es mucho lo que ha avanzado en política de "ideas", sustento de una masa crítica y del triángulo de poder[13]. De allí que Anne Phillips (1995) plantee la pregunta política sobre si la lucha cuantitativa por la presencia es suficiente, o si la presencia es un medio para un fin: producir cambios en los modos, los lenguajes, las prioridades en la política y, sobre todo, cambios que expresen la ampliación del horizonte democrático. Por ello quizá Ana María Portugal y Carmen Torres, en un estudio de ALOP (2004), afirman que los avances en las cuotas no han tenido su corolario ni en equidad social ni en equidad entre mujeres y hombres. Hay, además, otras dimensiones que ponen sobre el tapete las políticas de cuotas, como el asunto de la "representación". Las cuotas pueden materializar un nivel de representación a partir de la idea de que las mujeres tenemos una identidad compartida, alimentada por situaciones de exclusión y marginación que provocan vivencias y experiencias comunes. Sin embargo, los riesgos de esta concepción, señalados por muchas feministas, son grandes para la democracia. No solo porque ella hace más difícil articular las propuestas de ampliación de las ciudadanías femeninas con las propuestas de ampliación de la democracia. También por los riesgos de corporativismo y esencialismo que contienen, y cuyos efectos van más allá de las mujeres, en la medida en que aluden a "una visión cada vez más dominante en la política, que postula la irreductibilidad radical de las perspectivas particulares, encerrando a los individuos en identidades homogéneas, estáticas, esenciales, negando la posibilidad de realizar un interés común" los chances de una verdadera transformación son nulas si esta no se proyecta en una visión global y equitativa de la vida en común" (Varikas 1996: 75). En este proceso de alimentar triángulos de poder y una masa crítica que asuman una activa politización de la perspectiva de género, el rol de los movimientos y de la sociedad civil es insoslayable. Como dice Virginia Guzmán (2001), en la lógica del Estado una demanda se convierte en política pública no por la gravedad que encierra ni por el grado en que esté ya incorporada en las conciencias subjetivas de las mujeres, sino por la legitimidad que haya logrado en públicos más amplios. Y ello apunta a otros procesos de particular importancia democrática: muchas de las extensiones o nuevos contenidos de las ciudadanías se presionan y consagran a través de impulsos venidos desde abajo, cuando ya en la práctica han comenzado a descubrirse y ejercitarse, cuando ya de alguna forma han entrado a formar parte del horizonte subjetivo de sectores significativos de las ciudadanías realmente existentes. Es a este proceso al que aluden Calderón y Dos Santos (1989) cuando dicen que la ciudadanía es una permanente y nunca acabada construcción sociocultural. Alimentar estos procesos de subjetividad ciudadana, afirmativa de derechos, es uno de los retos de los movimientos sociales y de la cultura política democrática actual. Sin embargo, hay complejidades adicionales que trae la ciudadanía en su relación ?o falta de relación? con la democracia. La ciudadanía también se ha convertido en un espacio de disputa en sus contenidos y alcances democráticos, no solo por el reduccionismo neoliberal ya señalado ? aquel de ponderar el desarrollo ciudadano como capacidad de acceso al mercado y al consumo?, sino también, consecuentemente, por la distorsión que significa priorizar algunas dimensiones del desarrollo de las ciudadanías en desmedro de otras. En estas condiciones, hay momentos y situaciones en las que el énfasis en derechos ciudadanos o en democracia marca la enorme diferencia, y puede modificar profundamente el sentido de las luchas. Así ocurrió en el caso paradigmático de Perú, durante el gobierno dictatorial de Fujimori, cuando lo que tenía apariencia de bueno para las mujeres era nefasto para la democracia: mientras, por un lado, se avanzaba en leyes, en institucionalidad estatal hacia las mujeres y reconocimientos ciudadanos, por el otro esta igualdad se estaba logrando a costa de quitar dignidad a las mujeres, de cambiar el sentido de derechos por la dádiva y la caridad, y ?mucho más concretamente? cambiar el voto por alimentos o dinero. Igualdad formal lograda a costa de minimizar sus umbrales ciudadanos, sin espacios democráticos donde ejercitarla y expandirla. Lo que reveló dramáticamente que no siempre ciudadanía y democracia son procesos simultáneos. Desde esta constatación, fue evidente la necesidad de una permanente revisión de la construcción y ampliación de los derechos de las mujeres, de manera que ellos no fueran vistos como un dato en sí mismo, sino en relación con la calidad de los procesos democráticos. Y es que la democracia representativa, al erigirse como la expresión máxima de la democracia, a pesar de ser su dimensión más primaria, debilita la misma democracia. En estas consideraciones, parecería que la participación "se tornó mucho más funcional para la legitimación de los gobiernos y canalizar los conflictos sociales, que para producir avances efectivos en las políticas públicas y en su efectivización en derechos" (ALOP, 2007). De allí que, a pesar de que se ha creado una institucionalidad participativa, novedosa y rica (presupuestos participativos, planes de desarrollo local participativos, mecanismos de fiscalización, etc.), ella "coexiste (...) con una práctica política empobrecida, autocentrada y autorreferencial, de puertas adentro, incapaz de colocar en debate las restricciones y condicionamientos que la economía capitalista y la inserción de América Latina en la economía global le plantean a la democracia" (Celiberti 2004). Se trata, entonces, de incidir también en el cambio de la lógica de la dominación y la exclusión y en las relaciones sociales que la sustentan. De allí la importancia de un cambio en la mirada y de desarrollar nuevos marcos interpretativos y nuevas estrategias, que permitan transformar los malestares y demandas de las mujeres en propuestas políticas y constitutivas de una agenda democrática, con mujeres incluidas, frente a los retos actuales.
NOTAS:
  1. ®En diálogo con Tarcila Rivera, de la institución indígena Chirapac, en Perú, me decía que muchas de las indígenas que habían accedido al poder local, ya sea como alcaldesas (las menos) o regidoras, no querían repetir la experiencia, porque se habían sentido solas, amedrentadas, utilizadas y, por momentos, manipuladas.
  2. ®Indudablemente hay excepciones. El caso de la Unidad de la Mujer, de Cepal, es expresión de esta "política de ideas" y de las posibilidades de alimentar triángulos de poder en diferentes países, como lo revela el documento "El Consenso de Quito", de la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (Quito, Ecuador, 6 al 9 de agosto de 2007). En http://www.eclac.cl/mujer/noticias/noticias/6/30226/dsc1e.pdf (recuperado 20 de marzo de 2008).

3. Lo político, las nuevas subjetividades - La política significante.

La equiparación de lo político con la gestión estatal y de gobierno, y de la política con el sistema político, contribuye a profundizar la ausencia de diálogo entre los diferentes actores del sistema democrático, e incide cada vez más en el desencanto. Este imaginario restringido de la política (reducida a la gestión del Estado) se evidencia hoy como una de las fragilidades de la democracia. (Celiberti 2004).La nueva coyuntura histórica, según Waterman (2004), no solo ha traído la hegemonía neoliberal; también ha estado acompañada por la desintegración efectiva de la vieja izquierda y su reemplazo por una más plural y diversa, a través de actores progresistas de la sociedad civil en creciente radicalización. Su emancipación no se ha limitado a la relación con el Estado y el capital, a niveles nacionales y globales, sino que también se ha dado respecto de esquemas de interpretación ideológicamente arcaicos. Las profundas transformaciones sociales, globales y nacionales de las últimas décadas han traído, según Lechner (2006), una reorganización social de tal envergadura que ha afectado también a la política; esta no ha logrado adecuarse a los cambios estructurales de nuestras sociedades, persistiendo en una forma de hacer y pensar que no llega a dar cuenta de las actuales complejidades ni de la creciente diversidad de los nuevos intereses y perspectivas. Todo ello genera un clima de creciente incertidumbre, que alimenta un repliegue hacia espacios privados. También de Sousa Santos (2006) recoge esta idea al decir que "expulsada del espacio público, la gente se vuelca a lo privado y lo íntimo". Este proceso impacta las formas conocidas de hacer política, produce el "desencanto" con la política, que tan ampliamente ha sido documentado en los últimos tiempos. Pero, al mismo tiempo, parecería estar abriendo espacios a otras dinámicas. Quizá una de las pistas más interesantes es la levantada por el mismo Lechner (2006): ante la devaluación de los contenidos de lo público por efectos de la lógica del mercado (ante el hecho de que el centro comercial, práctica y simbólicamente, ha reemplazado a la plaza pública), múltiples asuntos que formaban parte del mundo privado salen a la luz pública: la discriminación de género, las identidades étnicas, las sexualidades diversas, etc. En estas circunstancias, la agenda pública se tiñe de experiencias privadas, dice Lechner (1997), haciendo valer la dimensión política de la vida cotidiana y reintroduciendo en la política lo que "ella expulsó como ?irracional": las pasiones y emociones, los afectos y, por cierto, las virtudes". Lo anterior abre posibilidades significativas para pensar la política desde otros marcos de sentido y ofrece nuevos resquicios democráticos que dan cabida a las dimensiones más sobresalientes de la cotidianidad. Se multiplican así los espacios de conflictividad social al extenderla más allá de sus manifestaciones en lo público, recuperando su articulación y continuidad con los avatares de lo privado, sus exclusiones, discriminaciones y abusos de poder. La teoría política feminista contribuyó decisivamente a esta mirada con su reflexión sobre la dimensión política de lo personal, resumida en el eslogan lo personal es político. Esta afirmación fue el impulso más contundente para politizar la cotidianidad y posicionarla, lentamente, en el horizonte referencial de las mujeres y la sociedad. Otros autores en el período actual han aportado también a esta mirada. Para de Sousa Santos (2006), ser sujeto significa ser reconocido en la experiencia subjetiva. Lechner (2006), por su parte, afirma que la sacralización de la lógica del sistema expulsa la subjetividad social. Las emociones, sentimientos de la vida cotidiana, al no tener espacio de expresión, al no tener nombre, no posibilitan la reflexión ni generan una base subjetiva sobre la cual construir la cohesión social. Una política que no se haga cargo de las aspiraciones, miedos, subjetividades en la vida cotidiana, dice L echner, se vuelve una política insignificante. Volver significante la política en el período actual es también "iluminar" los mecanismos más opacos de la exclusión, más impactantes por la naturalidad con que funcionan. Uno de estos mecanismos es la asignación devaluada o denigrante que se adjudica a determinadas características físicas, étnicas, de género, de discapacidad, de orientación sexual. Esta es una exclusión de diferente signo: además de ser, en muchos casos, sistémica, es también una exclusión subjetiva y simbólica, construida a partir de imaginarios culturales y expresada como discriminación, estigma o prejuicio; permanentemente genera nuevas exclusiones (Casaravilla, s/f), al romper la dinámica de reconocimiento mutuo, de sentirse iguales en la diferencia, de aceptar otras formas de vida. Las consecuencias en las autopercepciones sobre exclusión o acceso a derechos y, por lo tanto, en las ciudadanías subjetivas, individuales y colectivas, son enormes, porque tienden a legitimar la misma e xclusión al llevar a las personas a percibirse como sujetos con mayor o menor merecimiento de derechos frente a otros. El impacto, sin embargo, es mayor, al generar un imaginario de doble estándar de derechos para toda la sociedad, donde un sector de la población (generalmente en situación de exclusión en razón de la etnia, el género, la sexualidad) aparece recibiendo no derechos sino, como señalan Fraser y Gordon (1992), un "donativo puro, unilateral" al que el receptor no tiene ningún derecho y al que el donante no está obligado. Esta conciencia débil del "derecho a tener derechos" tiene efectos de más largo aliento en la cultura política de una sociedad: debilita la relación entre democracia y ciudadanía, distorsiona profundamente el sentido de derechos, y normaliza la e xclusión[14]. Superar la subjetividad de la exclusión requiere una cultura de derechos y de diálogo democrático. Todos estos procesos se complejizan más por el insoslayable cruce con otras múltiples exclusiones y realidades de las mujeres, desde una perspectiva de "interseccionalidad". Son muchos los estudios que evidencian cómo, en el contexto globalizado, el género opera a varios niveles en intersección con la clase, raza, etnia, sexualidad, nacionalidad, espacio geográfico, actuando sobre las relaciones sociales y sexuales. Las subjetividades, modificadas desde la afirmación de esta cultura de derechos, pueden impactar las relaciones y roles de género y las prácticas de los actores sociales, reformulando de muchas formas la construcción de la masculinidad y la feminidad. A la vez, abren espacios para articulaciones, negociaciones y disputas entre múltiples actores y movimientos. Todo ello comienza a destruir la lógica de la exclusión y la regulación al generar sujetos y actores sociales en diálogo y con perspectiva emancipatoria.
NOTAS:
  1. ®Un ejemplo dramático de cómo la lógica de inmerecimiento de derechos va más allá de quienes se sienten excluidos, para proyectarse en toda la sociedad, es la de los resultados de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Perú. De los cerca de 70 mil muertos en la década de la guerra interna, el 75 por ciento era de quechua-hablantes o de origen quechua-hablante. La Comisión de la Verdad también recogió algo invisibilizado en los recuentos de los daños de la guerra: la violación sexual sistemática de las mujeres por todos los bandos en conflicto.

4. Pistas para nuevos "derroteros". Reflexiones inacabadas.

Además, uno de los rasgos más valiosos ?a mi juicio? de estos tiempos es que ellos hacen posible una política que muestre su referencia a la vida en común y no solo al poder estatal. Una política que, por tanto, no dependa solo de las acciones del jefe, del caudillo, sino del comportamiento de los actores sociales y los ciudadanos comunes. Una política cuyo lugar sea no solo el Estado, sino la sociedad y lo cotidiano. (Rolando Ames 2000). [Necesitamos] nuevas formas de relacionamiento con el Estado, donde la interlocución sea horizontal y acotada. (Portugal y Torres, ALOP 2004). Para que esta lucha por el reconocimiento tenga espacio es necesario politizar las diferencias "celebrando la conciencia de la igualdad, como vehículo de justicia, y proteger la expresión de las diferencias, como acto de libertad" (Rosemberg 2002).

4.1. Estrategias y agendas feministas.

Estas citas nos dan pistas sobre las múltiples estrategias feministas en relación con el Estado, con la sociedad y sus movimientos, desde un posicionamiento que no restringe las agendas feministas a la inclusión. Las presentan más bien como lo que son: agendas múltiples y pactadas entre un gran espectro de sujetos políticos, donde se articula un conjunto complejo de temáticas concernientes a la transformación global de las formas de vida en sociedad, bajo los ideales de emancipación, justicia social, libertad y no discriminación (Guzmán 2001). Y son agendas diferenciadas en relación con las agendas oficiales, aunque tengan puntos importantes de intersección. El impulso de agendas diferenciadas hecho por las sociedades civiles abre la posibilidad de ir generando corrientes de opinión favorables y alianzas coyunturales o estratégicas con otras expresiones de las sociedades civiles y otros movimientos, que refuercen y posicionen aquellos derechos o significados que aún no están colocados en el horizonte político de los Estados, y tampoco en las estrategias que enfatizan sólo la relación con los Estados. Evita lo que Melucci (1999) llama "la miopía de lo visible", que es aquella mirada que se concentra básicamente en los aspectos mensurables de la acción colectiva ?sus relaciones con los sistemas políticos y sus efectos en las políticas públicas?, ignorando o minimizando todos los aspectos de la acción que consisten en la producción de códigos culturales y la subversión de sentidos. Estas agendas diferenciadas han incorporado algunas nuevas dimensiones: la recuperación de una política cuyo lugar no sea solo el Estado, para hacer énfasis en la sociedad y la cotidianeidad, como sugiere Ames en la cita transcrita. También han desarrollado nuevos énfasis, al trascender el espacio propio para conectarlo con otras fuerzas y movimientos sociales que se orientan al cambio, y disputar contenidos con ellos. Se han abierto hacia interacciones y alianzas más allá del Estado: en conexión con otros actores sociales y otras demandas ciudadanas. Como dice Avtar Brah (2004), no es simplemente articulación. Es un proceso donde la articulación es vista como práctica política relacional y transformadora que permite "no compartimentalizar las opresiones, sino formular estrategias para desafiarlas conjuntamente sobre la base de una comprensión sobre cómo se conectan y articulan". Es en estas nuevas dinámicas y nuevos espacios donde se están encontrando los núcleos de articulación y recuperando la complejidad de las diferencias. Las dimensiones que aparecen constantes son asuntos de justicia económica y redistribución, de reconocimiento de las diversidades existentes y dimensiones fundantes de una mirada política más compleja e inclusiva: el cuerpo como sujeto político, los derechos sexuales y reproductivos, las luchas contra los crecientes fundamentalismos, la democracia de los cuerpos (Portugal y Torres, Alop 2004) son algunas materias que están dando sustento a un nuevo horizonte de sentido en lo global, en lo regional y en los países. Hay también, en un mundo globalizado, una transformación fundamental en las escalas de actuación e incidencia, ante lo cual ya no nos sirven las formas previas de análisis. De allí la importancia de un "cambio de imaginación", como dice Beck (2004), capaz de capturar las actuales dinámicas, pasando desde una centrada en los Estados nación, hacia una imaginación global, cosmopolita, que multiplica los rangos de intervención en la medida en que la mirada global revela dimensiones y escalas que la mirada nacional, sola y en sí misma, cierra. Otras autoras, como Alexander y Mohanty (2004), refieren que la praxis feminista en contextos globales supondría "cambiar la unidad de análisis de la cultura local regional por las relaciones y procesos entre culturas"; es decir, asentar el análisis en praxis feministas locales, particulares, en relación con los procesos trasnacionales, más amplios. Beck (2004) expresa bien esta pluralidad y su articulación global-local: "Los conflictos de género, clase, etnia y homosexualidad tienen ciertamente su origen en el marco nacional, pero ya hace mucho que no se quedan en él, sino que se solapan e interconectan globalmente. También es evidente la cosmopolitización de los movimientos sociales, así como el hecho de que estos se han convertido en trasmisores de nociones, valores, conflictos, reivindicaciones, derechos y deberes globales". Estos nuevos escenarios también han traído una modificación de las estrategias frente a los Estados en lo global. El éxito de las estrategias de incidencia glo-bal en los noventa se sustentó en una estructura de oportunidades con voluntad democrática, desplegada desde el espacio de Naciones Unidas, a partir de la cual se desarrolló la enorme capacidad organizativa y de propuesta de los movimientos feministas, especialmente latinoamericanos. Hoy esa estructura de oportunidades ha desaparecido. Lo que hay es una creciente ola de conservadurismos y fundamentalismos, y una debilidad y casi obsolescencia de las Naciones Unidas como espacio generador de cambios democráticos, consecuencia de la hegemonía neoliberal, la insolente y arbitraria primacía norteamericana, el carácter antidemocrático de sus instancias de poder, como el Consejo de Seguridad, etc. Las estructuras de poder ?como la Organización de las Naciones Unidas? no lograrán impactos significativos solo a partir de acciones de los movimientos de mujeres o feministas, sino por una multiplicidad de alianzas que permita refundarlas o reformarlas radicalmente. Son esas alianzas y conexiones las que hay que alimentar. Lo anterior no implica distanciar las agendas feministas de los procesos de gobernanza global, sino preguntarnos de qué gobernanza hablamos: ¿Hacer más funcionales las relaciones entre Estados y sociedad civiles? ¿A escalas nacionales y global, a partir de los intereses del propio Estado? ¿O, como pregunta Campillo (2005), impulsando una democratización que potencie a la sociedad civil y su capital social para reconstruir el Estado sobre nuevas bases? La meta también es impactar las relaciones de poder entre Estado y sociedad; y eso se logra con políticas transgresoras de los límites de las democracias realmente existentes, con estrategias de contrapoder (los contrapúblicos subalternos[15], de Fraser) que amplían el espacio ciudadano. Indudablemente que los Pactos, Convenciones, la Corte Internacional, la Corte Interamericana, por nombrar algunos, son elementos fundamentales en un mundo globalizado, porque amplían el marco de lo posible en relación con la justicia y permiten ampliar los contenidos integrales e indivisibles de los derechos humanos. Un ejemplo de dramática importancia en el marco de derechos humanos es haber logrado que las violaciones de las mujeres en zonas de conflicto sean consideradas como "crímenes de lesa humanidad". La participación de feministas organizadas autónomamente en algunas instancias del Mercosur ha contribuido también a abrir espacios, aunque queda ampliar la reflexión y discusión sobre los límites y posibilidades de estos espacios de integración y las formas de participación política en ellos, así como qué estrategias alternativas evitarán que se sigan pensando los procesos de interacción regional desde las lógicas nacionales. Es, entonces, una lucha que hay que continuar, pues lo conquistado es aún insuficiente frente a las flagrantes violaciones de los derechos humanos y ciudadanos de las mujeres en todo el mundo. Hoy se requieren dinámicas y espacios que incidan en disputas menos técnicas y reguladoras, para alimentar dimensiones más emancipatorias. Espacios como el Foro Social Mundial generan formas de conexión y participación política novedosas y en algunos casos potentes, como la movilización global de febrero de 2003 en contra de la guerra de Irak; y aunque no se detuvo la guerra, se visibilizó una fuerza política global, movilizada activamente para generar opinión pública democrática, en confrontación con la idea del "fin de la historia". Son espacios de confluencia de múltiples actores y actoras, donde la participación política de las mujeres se potencia en su articulación con otras luchas y otros movimientos. No son espacios idílicos, sino también de disputa, porque las fuerzas democráticas en las sociedades civiles muchas veces arrastran vicios y perversiones antidemocráticas en relación con movimientos como los feminismos y los de diversidad sexual[16]. Muchas e xpresiones feministas están participando activamente en estos nuevos espacios, aportando y disputando visiones de cambios democráticos de largo aliento. Las nuevas miradas de las que hablaba Beck se expresan en estos espacios, generando nuevas estrategias feministas regionales y globales, con remozadas temáticas y perspectivas. Hay estrategias novedosas que van surgiendo, por ejemplo, para ampliar la normatividad global. Una de ellas es la sostenida por la Campaña por una Convención Interamericana de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos[17], que impulsa la movilización de diversos grupos y movimientos para lograr la aprobación de esta nueva Convención Interamericana (la anterior, de 1996, es la de Belém do Pará, Convención contra toda las formas de violencia contra las mujeres). Esta estrategia es diferente a la de negociación con los espacios de Naciones Unidas de la década de los noventa: la iniciativa no viene de ese ente, sino de los feminismos organizados en su empeño por colocar los derechos del cuerpo en la legislación internacional. Es una estrategia de abajo hacia arriba y de procesos múltiples, que genera luchas de sentido, no solo de negociación y abogacía. También la Campaña contra los Fundamentalismos, de la Articulación Feminista Marcosur, en el marco del Foro Social Mundial, es expresiva de otras dinámicas: con muy pocos recursos y mucha imaginación, con la boca como símbolo, la consigna "tu boca fundamental, contra los fundamentalismos" y la producción hasta ahora de dos excelentes videos sobre los fundamentalismos, no pretende tener "grupos" o membresías en los países. No tiene organización fija, sino más bien conexión a través de imágenes, de los videos, eventualmente de algún Boletín. Esta Campaña ha sido asumida por diferentes grupos en América Latina y también a nivel global, en el espacio del Foro Social Mundial. Hay, además, muchos más iniciativas y redes alrededor de asuntos cruciales como el comercio y la economía[18]. Como parte de estos procesos, también han surgido nuevas formas de existencia de los movimientos sociales. En el caso de los feminismos, esas variaciones han significado también una diversificación en presencia e influencia, como dice Sonia Álvarez (1998), al extenderse "en un amplio, heterogéneo, policéntrico, multifacético y polifónico campo discursivo y de actuación/acción. Se multiplican los espacios donde las mujeres que se dicen feministas actúan o pueden actuar (") envueltas no solo en luchas clásicamente políticas (") sino simultáneamente envueltas en disputas por sentidos, por significados, en luchas discursivas, en batallas esencialmente culturales". Y esto trae un enorme cambio en la composición de los feminismos. El movimiento feminista de la segunda oleada surgió básicamente de mujeres de clase media (muchas de ellas militantes de partidos de izquierda de ese momento, o partícipes en las guerras internas, como en Centro América) y fue parte de los esfuerzos por ampliar la inconclusa modernidad de nuestros países, confrontando las ideas prevalecientes ?y jerarquizadas? sobre las contradicciones existentes, sobre la clasificación de las luchas en principales y secundarias. Al hacer este cuestionamiento, y levantar dimensiones "inexistentes" que sin embargo pugnaban por salir (lo que de Sousa Santos [2005] llama la mirada desde la "sociología de las ausencias" y la "sociología de las emergencias"), produjeron lo que muchos analistas, mujeres y hombres, han catalogado como la revolución cultural más importante del siglo XX: su impacto se extendió a la sociedad y a otros sectores y movimientos de mujeres, con los cuales se dieron dinámicas de confluencia pero también de disputa, por diferencias de clase, etnia, edad, orientación sexual. Estos procesos de confluencia y de disputa ocurrieron justamente por el surgimiento de muchas otras expresiones movilizadas de mujeres que articulaban su lucha específica de género con un conjunto de otras exclusiones y contradicciones en razón de las diferencias. Los movimientos de mujeres negras y de mujeres indígenas fueron clave en recuperar un feminismo multicultural y variopinto; los movimientos de orientación sexual confrontaron la inicial hegemonía heterosexual de las expresiones feministas originarias. En suma, las propuestas feministas se volvieron "apropiables", mestizadas, complejizadas, desde otras muchas vertientes y posicionamientos. Esa es su riqueza actual, sobre la cual nadie tiene propiedad ni autoría aislada. Y no importa finalmente quiénes la lanzaron, sino cómo va adquiriendo permanencia en sectores importantes de la sociedad. Pero también han cambiado las condiciones y contenidos de la participación política y la acción colectiva. Ni los movimientos ni los actores sociales se expresan en la extensión y modalidad organizativa del pasado: son otros los parámetros de acción. Existen formas novedosas y diferentes de "actuar" las demandas y convertirlas en hechos visibles y transgresores. Son formas de actuación diferentes, abiertas, coyunturales, más livianas y fugaces, con estructuras horizontales, manifestaciones públicas relacionadas con la cotidianidad y con la recuperación de otros espacios no convencionales, con el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación, etc. Es esta "acción" la que produce el espacio. Y si ubicamos la participación política no solo como representación de intereses, sino básicamente como el terreno de construcción de intereses (Pringle y Watson 1992), múltiples formas de presencia y participación política dan mayores posibilidades para que los misceláneos intereses de las mujeres se perfilen políticamente y pasen a ser parte de la agenda pública, paso indispensable para incorporarse activamente en la agenda oficial.
NOTAS:
  1. ® Fraser (1997) define los contrapúblicos como "espacios discursivos paralelos donde los miembros de los grupos sociales subordinados inventan y hacen circular contradiscursos, para formular interpretaciones oposicionales de sus identidades, intereses y necesidades"). En "Una contribución a la crítica de la democracia actualmente existente" (2001) plantea que "miembros de grupos sociales subordinados ?mujeres, trabajadores, gente de color, y homosexuales y lesbianas? en repetidas ocasiones han encontrado las ventajas de constituir públicos alternativos. Propongo designar a estos con el término de contrapúblicos subalternos para señalar que se trata de escenarios discursivos paralelos en los cuales los miembros de los grupos sociales subordinados crean y circulan contradiscursos para formular interpretaciones oposicionales de sus identidades, intereses y necesidades".
  2. ®En el Foro Social Mundial 2007, en Nairobi, por primera vez hubo una presencia de la derecha religiosa norteamericana, expresada en los grupos Pro Life y antiaborto, que realizaron una "movilización" al interior del Foro en contra del aborto. Esto generó críticas muy contundentes, por su clara violación a la Carta de Principios del Foro.
  3. ®La Campaña por una Convención Interamericana de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos está compuesta por muchas redes y organizaciones feministas de América Latina, que están realizando un sostenido trabajo de diálogo, reflexión colectiva, generación de masa crítica frente a estas dimensiones de las agendas de las mujeres, y está ampliando las alianzas con diferentes grupos de mujeres, indígenas, lesbianas (todo el movimiento LGBTT: lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros y transexuales), trabajadoras del sexo, jóvenes, etc. sobre los contenidos de esta posible Convención.
  4. ®Red de Mujeres Transformando la Economía (RMTE), Red Género y Comercio, el grupo latinoamericano de la Marcha Mundial de Mujeres, además de varias iniciativas nacionales conectadas con otros actores en articulaciones regionales más amplias.

4.2. Dos casos de participación política de mujeres.

Quiero acercarme a estas nuevas forma de impactar lo político y el sentido de la participación política desde un ejemplo ? el blog del aborto en Uruguay? y una "vivencia" con la presencia de jóvenes feministas en el Día de Acción Global, en Lima. Ambos acercamientos expresan cómo la "acción" construye el espacio. El blog del aborto: "De un derecho carente de sujeto relevante, a un sujeto político democrático"[19]Frente al abierto compromiso del Presidente Tavaré Vásquez con la jerarquía eclesiástica en relación con la ley de salud reproductiva que incluía el aborto (y que estuvo a punto de ser aprobada en la legislatura pasada y tiene, en la actual legislatura, un apoyo visible y numeroso), los feminismos desarrollaron múltiples estrategias de confrontación, de cabildeo con los espacios políticos, de formas diversas de comunicación. Sin embargo, el hecho coyuntural que desató una impactante acción política masiva fue un acto de solidaridad frente al procesamiento penal de una mujer por haberse practicado un aborto. En estas circunstancias, se creó un blog en Internet con una sola frase: "Yo he abortado, o he acompañado a alguien a abortar". Esta acción confrontó el implícito "disciplinamiento colectivo" que traía esta acción penal y produjo, en un proceso asombrosamente acelerado, una polinización radical que desafiaba el acto coercitivo del Estado (Sanseviero 2007). Todo este proceso reveló también nuevas formas de articular y expresar ciudadanía[20]. La campaña tuvo su punto máximo al entregar al Vicepresidente de la República 6 mil firmas de "delincuentes autoinculpados" (las 3 mil restantes se sumaron en los siguientes días). Lo interesante que produjo esta campaña fue que muchos de los parlamentarios y parlamentarias que se habían abstenido o votado en contra, cambiaron hacia un voto a favor. El mismo Vicepresidente se comprometió a impulsar la discusión parlamentaria sobre el proyecto de ley en defensa de la salud reproductiva. "Habían trascurrido cuatro semanas (y 6 mil firmas) desde el inicio del blog". Y en ese tiempo, habían logrado modificar la correlación de fuerzas, convirtiendo, como dice el título del artículo analítico de la campaña, un "derecho carente de sujeto relevante, a un sujeto político democrático" (Sanseviero 2007). Jóvenes feministas en el Día de Acción Global, Lima.Este otro ejemplo, que es mucho más acotado, casi simbólico, expresa cómo se ha ido democratizando el espacio público con las apuestas levantadas por los movimientos feministas y de mujeres en todas las décadas anteriores. El Día de Acción Global[21] fue celebrado en Lima en el distrito de Villa El Salvador (reconocido por su capacidad organizativa y sus estrategias alternativas de movilización), con participación de un conjunto de grupos, muchos de ellos gente joven, líderes urbanos, diversidades sexuales, feministas, socialistas. A lo largo del día se "apropiaron" del espacio de diferentes maneras: en manifestaciones culturales, pintura de graffiti, exposición de fotos, materiales, movilizaciones, paneles de discusión. Una de las entusiastas participantes de uno de los colectivos de defensa del agua llevaba una camiseta (luego aparecieron varias más) con el lema "revolución en las plazas, en la casa y en la cama". Esta joven quizá no tiene idea de la consigna histórica ?teórica y política? de las feministas chilenas en su lucha contra Pinochet: "democracia en el país y en la casa". Y eso no importa. Lo significativo es que es ahora "apropiable" en su sentido más amplio y subversivo por nuevas generaciones, que incorporan exigencias nuevas y subvertidoras de los límites de las democracias actuales. En todo esto hay una dimensión de cambio cultural, que se ha alimentado con otras estrategias de participación y acción política: en el blog, la tensión que trae la acción autónoma de los movimientos y lo que consigue; en los jóvenes, hombres y mujeres, formas de movilización y de intervención desde la cultura. Lo que se da es una denuncia política que combina redistribución y reconocimiento, abriendo una gama amplia de sentidos de la acción, desde el posicionamiento anti neoliberal y por justicia económica, hasta la incorporación del cuerpo en el espacio político. Como sucede en épocas de cambios paradigmáticos, generalmente la práctica se adelanta a la teoría. Esta es una pista importante para seguir "capturando" las nuevas dinámicas de participación política que las mujeres están impulsando, desde ellas mismas, con otros actores y actoras, en confluencia y en disputa por alimentar una perspectiva de emancipación.
NOTAS:
  1. ®La documentación de esta experiencia es parte de un proyecto de la Articulación Feminista Marcosur (AFM) sobre "Análisis de las prácticas feministas en el nuevo contexto latinoamericano", realizado en países del Cono Sur.
  2. ®Las instancias de debate colectivo fueron espacios abiertos, sin sentidos únicos, donde la discusión se articuló siempre alrededor del impacto político que el blog producía semana a semana. El movimiento habilitó actores nuevos en el campo de la lucha por la legalización del aborto. No se reprodujeron antiguos ni se generan nuevos liderazgos de tipo tradicional. La vocería se caracterizó por la diversidad de personas y la pluralidad de enfoques para argumentar la adhesión al blog. La acción práctica se apoyó en el voluntariado militante y plural, con una extraordinaria economía de recursos materiales en proporción a los resultados obtenidos. La velocidad de los acontecimientos fue un factor clave; se logró apoyos procedentes de las esferas gubernamentales, políticas, académicas, de comunicadores y de las artes, entre otros. Todo ello evidenció el significado político de la movilización y rompió el cerco de silencio que se pretendió tender sobre el blog.
  3. ®Día de Acción Global, organizado diversos países de todo el mundo, fue una de las estrategias movilizadoras del Foro Social Mundial para 2008, año en que no se celebraría. El siguiente Foro Social Mundial será en 2009 en la Amazonía, en la ciudad de Belém do Pará, Brasil.

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