Mitos y realidades: desmintiendo el análisis de USAID de la ley mordaza

La ley mordaza, o "Política de la Ciudad de México", prohíbe que las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el extranjero que reciben ayuda financiera de EE.UU. para sus programas de planificación familiar, aboguen a favor de los servicios de aborto o presten dichos servicios, aun si lo hacen con sus propios recursos que no proceden de EE.UU[1]. En un reciente informe del Centro de Derechos Reproductivos ?Breaking the Silence: The Global Gag Rule"s Impact on Unsafe Abortion? y en un informe del Proyecto sobre el impacto de la ley mordaza, se revelan los efectos perjudiciales de dicha ley.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que aproximadamente 80 millones de mujeres afrontan embarazos no deseados cada año, y que una cuarta parte de esos embarazos son interrumpidos en condiciones de riesgo. Más del 95% de dichos procedimientos ocurren en países de bajos ingresos. La OMS también calcula que el 13% de todas las muertes relacionadas con el embarazo (es decir, unas 70,000 muertes maternas al año) son atribuibles al aborto inseguro. Incalculables millones más sufren graves lesiones e discapacidades. Según la OMS, "El aborto de alto riesgo es una de las causas más fáciles de evitar y tratar de la mortalidad y morbilidad materna." La mejor forma de abordar este problema es cambiar las leyes de aborto restrictivas y asegurar que el aborto sea practicado en condiciones adecuadas y sea accesible.

USAID reconoce que el aborto de alto riesgo constituye una crisis de salud pública[2]. Sin embargo, la agencia erróneamente afirma en su sitio web que: La Política de la Ciudad de México no tiene un gran impacto en la prestación de servicios de planificación familiar. En muy pocos países donde trabaja USAID se permite el aborto por causales más amplias que las que se permiten bajo la Política de la Ciudad de México, y pocas organizaciones tienen un historial de cabildeo a favor de cambios en el estatus legal del aborto[3].

Los expertos en la salud reproductiva y los derechos de las mujeres han refutado las afirmaciones de USAID respecto al impacto de la ley de la mordaza. Más aún, estas afirmaciones no reconocen que la ley mordaza interfiere con la meta fundamental de la agencia: alentar a la sociedad civil a participar en asegurar un plan de salud pública que dé respuestas a las necesidades del nivel local.

• MITO: "La Política de la Ciudad de México no tiene un gran impacto en la prestación de servicios de planificación familiar."
  
  REALIDAD: Las investigaciones muestran que la ley mordaza está causando un gran deterioro en la prestación de servicios de planificación familiar y de otros servicios de salud afines dirigidos a mujeres en áreas rurales y otras áreas desatendidas.
  
  
  • Para el año 2002, la ley mordaza tuvo como consecuencia la interrupción de los envíos de métodos anticonceptivos donados por USAID a 16 países, y a principales organismos de planificación familiar en otros 13 países.
    
  • En Etiopía y Lesoto, algunas ONGs ya no son capaces de ofrecer servicios de salud integrales e integrados a las usuarias que sufren del VIH/SIDA.
    
  • En Kenia, la ley mordaza forzó a dos de las principales ONGs de planificación familiar a cerrar cinco clínicas, a reducir hasta una tercera parte de su personal y a reducir los servicios prestados en las clínicas restantes. En una de las clínicas cerradas, se había atendido a los habitantes de un barrio pobre y superpoblado en Nairobi desde 1984, proporcionando pruebas para la detección sistemática de infecciones de transmisión sexual (ITS) y tratamiento de las mismas, servicios de planificación familiar, servicios obstétricos pre y postnatales, y cuidados para el bienestar del bebé.
    
  • En Perú, los funcionarios de USAID presionaron a una organización a retirarse de una campaña que apoyaba la anticoncepción de emergencia (AE), a pesar de que la AE ayuda a evitar embarazos no deseados y no es un abortivo.
    
  • En Uganda, la ley de la mordaza llevó a la cancelación de un programa de AE, así como de programas de educación comunitaria sobre los servicios de atención postaborto, los cuales USAID ha identificado como prioridad.
    
  • En Zambia, la organización de planificación familiar más importante del país perdió un 24% de su financiamiento debido a la ley mordaza, y tuvo que reducir sus programas, servicios clínicos y extensión a la comunidad en las áreas rurales desatendidas. Por consiguiente, ya no puede proporcionar los muy necesitados suministros anticonceptivos a ONGs más pequeñas y centros de salud gubernamentales[4].
  
  
  
• MITO: "En muy pocos países donde trabaja USAID se permite el aborto por más causales que las que se permiten bajo la Política de la Ciudad de México.".
  
  REALIDAD: De los 56 países que reciben ayuda financiera de USAID, en 35 se permite el aborto sin restricción en cuanto al motivo, o por causales como defectos fetales, para proteger la salud física o mental de la mujer, o penuria socioeconómica [5]. Estos países son habitados por más de 1.5 mil millones de personas, es decir, cerca de una cuarta parte de la población mundial[6]. Por medio de la ley mordaza, el gobierno de EE.UU. ahora prohíbe que las ONGs locales en estos países que desean recibir ayuda financiera de USAID y que una vez prestaban servicios de aborto, utilicen fondos propios no procedentes de EE.UU. para practicar interrupciones legales del embarazo (ILE) en condiciones adecuadas, para remitir a las usuarias a servicios de aborto seguro, o para proporcionar consejería sobre aborto[7]. Esta restricción impide que los/as profesionales de la salud acaten la ética médica básica: no pueden prestar la gama completa de servicios de salud reproductiva en países donde el aborto es permitido por ley, y tampoco pueden proporcionar información médica completa a sus usuarias.
  
  
• MITO: "Pocas organizaciones tienen una historia de cabildeo a favor de cambios en la situación legal del aborto."
  
  REALIDAD: Varias ONGs en por lo menos 20 países afectados por la ley mordaza recientemente intentaron reformar las leyes de aborto[8]. Durante un estudio realizado por el Centro de Derechos Reproductivos, ONGs locales lamentaron el hecho de que los formuladores de políticas suelen citar la ley mordaza como un obstáculo a su apoyo para las reformas de leyes y políticas dirigidas hacia el aborto de alto riesgo. Ahora que los grupos clave de la sociedad civil han sido silenciados, cualquier progreso hacia la adopción de un plan socialmente responsable que responda a las necesidades locales se verá gravemente impedido:
  
  

  Las complicaciones del aborto son las más fáciles de prevenir. Pero, mientras exista la ley mordaza, no podemos trabajar para su prevención. Ahora, ¿cómo podemos trabajar para evitar el aborto practicado en condiciones de riesgo? Es el mayor contribuyente a la mortalidad materna. ONG, Kenia.
  
  Cuando me entrevista la prensa, debo escoger mis palabras cuidadosamente y limitar los temas sobre los cuales puedo hablar. Incluso cuando hablo acerca de la mortalidad materna a consecuencia de las complicaciones del aborto inseguro, debo tener cuidado de no poner en riesgo el proyecto. Antes éramos líderes en gestoría y defensa de la liberalización del aborto, y ahora ni tan siquiera podemos unirnos a nuestros colegas para firmar una declaración pública sobre la cláusula constitucional respecto al aborto. Nuestro silencio, el hecho de que no firmáramos la declaración pública, sorprendió a los miembros del parlamento. El Obispo pudo hablar con los parlamentarios, pero nosotros no. ONG, Perú

Octubre de 2003.

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NOTAS:

1. ®Memorándum del 28 de marzo de 2001: Restoration of the Mexico City Policy - White House Memorandum for the Acting Administrator of the U.S. Agency for International Development (Revised)," [CIB 01-08 (R)], 66 Fed. Reg. 17,303 (29 de marzo de 2001).
   
   
2. ®Frequently Asked Questions About USAID"s Family Planning and Reproductive Health Services, última vez que fue visitado: 29 de septiembre de 2003. Disponible en el sitio web: http://www.usaid.gov/pop_health/pop/popfaq.html.
   
   
3. ®Id.
   
   
4. ®The Global Gag Rule Impact Project, Access Denied: U.S. Restrictions on International Family Planning (Sept. De 2003), disponible en el sitio web www.globalgagrule.org y Centro de Derechos Reproductivos, Breaking the Silence: The Global Gag Rule"s Impact on Unsafe Abortion (Oct. de 2003), disponible en el sitio web http://www.reproductiverights.org/hill_int_ggr.html.
   
   
5. ®El Centro de Derechos Reproductivos, The Global Gag Rule"s Effects on NGOs in 56 Countries (Junio de 2003, disponible en el sitio web http://www.reproductiverights.org/pub_fac_ggreffects.html. Entre los países figuran: Albania, Armenia, Azerbaiján, Benin, Bolivia, Bulgaria, Burkina Faso, Camboya, Camerún, Eritrea, Etiopía, Georgia, Ghana, Guinea, la India, Jamaica, Kazajstán, la República de Kirguiz, Liberia, Mali, Mozambique, Nepal, Pakistán, Perú, Rumania, Rusia, Ruanda, Serbia y Montenegro, Sudáfrica, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, Uzbekistán, Zambia y Zimbabue. Las únicas excepciones para practicar abortos bajo la ley mordaza son para salvar la vida de la mujer o en casos de violación o incesto; se prohíbe la consejería, salvo en casos muy limitados (véase, Memorándum de la Casa Blanca, supra nota 1).
   
   
6. ®Para datos de población, véase el sitio web del Population Reference Bureau: http://www.prb.org/datafind/datafinder.htm.
   
   
7. ® Supra nota 5.
   
   
8. ®El personal del Centro de Derechos Reproductivos, con sede en Nueva York, y de las oficinas de Ipas, con sede en Carolina del Norte, están familiarizados con esfuerzos recientes por cambiar las leyes de aborto en los siguientes países: Benin, Bolivia, Camboya, Camerún, Colombia, Costa de Marfil, Etiopía, la India, Indonesia, Jamaica, Kenia, Mali, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Perú, Filipinas, Rusia, Sudáfrica, Uganda y Zimbabue.