Democracia y Derechos humanos: La justificación política de la exigencia de los derechos económicos, sociales y medio ambientales (DESCA)

"Me he construido sobre una columna ausente" escribió en un poema Henry Michaux.

En el 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) de las Naciones Unidas de 1948, trataré de cuestionar su evolución en la realidad política internacional y sus perspectivas a futuro. Salta a la vista que se debe resituar el "universalismo" en su aplicación concreta y pensar, si más allá de esta proclama de derechos humanos indivisibles, los económicos, sociales, culturales y medio ambientales (DESCA) tienen todavía posibilidades de ser considerados, en un plazo no muy lejano, como una obligación democrática. En otras palabras si esos derechos proclamados en la DUDH son todavía un horizonte de urgencia política, como lo fueron en su origen.

Los Derechos humanos en su relación con la Democracia (ciudadana) están inscritos, en la tradición revolucionaria de valores occidentales, aunque sea visible como indica Jacques Derrida, filósofo francés, que no hay todavía democracia digna de ese nombre; la democracia esta por venir: por engendrar o por regenerar. Añade: que la democracia delimitada por la justicia, como toda decisión justa, se requiere siempre inmediatamente, no puede ser un futuro lejano sino urgencias presentes, manifestadas aquí y ahora por rostros y cuerpos[1].

¿Cómo explicar entonces que nuestras conocidas democracias políticas permanezcan estancadas o navegando en aguas consumistas, como los barcos coloniales que surcaban los océanos hacia Europa cargados del oro producto del expolio y de esclavos africanos a su retorno? ¿Como entender que los derechos a la salud, a la educación al trabajo, los de la naturaleza que nos permite respirar y nos alimenta estén tan opacados que podamos dudar de su existencia? Las democracias occidentales que se pretenden pioneras en materia de derechos humanos niegan la esencia misma de su existencia cuando priorizan los beneficios financieros y comerciales cubriéndolos con el velo de democracias liberales que impiden la justa exigencia de su integralidad.

Asistimos, impotentes, al retorno de nuevas formas de esclavitud masiva impuestas por un capitalismo acumulativo y en expansión, con prácticas mafiosas incontroladas, como se dan en el tráfico de personas, una de sus más terribles consecuencias. Muchos países que han adoptado un sistema democrático de elecciones libres se encuentran en situación de vulnerabilidad crítica y ven su desarrollo paralizado o en retroceso.

Si estamos frente a una urgencia democrática ¿como construir una comunidad política de valores solidarios con poder para actuar?

La sustentación histórica de los DESC y su evolución en las Naciones Unidas.

En 1985, durante la primera Conferencia de derechos humanos a la que asistí, conocí la existencia de un debate sobre los derechos económicos, sociales y culturales.

Ya desde 1948, por su resolución 217, la Asamblea General de las Naciones Unidas había solicitado la elaboración de un proyecto de Pacto sobre todos los derechos incluidos en la Declaración Universal aunque, dada la fuerte oposición política del Reino Unido y de Estados Unidos, su reclamo desemboco en dos diferenciados , uno para los derechos civiles y políticos, (DCP) los únicos de exigencia inmediata reconocidos por las democracias occidentales como tales y otro "en construcción progresiva"para los DESC. Desde 1976, los primeros dispusieron de un Protocolo de aplicación mientras que hemos tenido que esperar hasta 2008, para que los segundos vean elaborado el suyo y aun de muy bajo perfil, presentado al voto de las Naciones Unidas. Su proceso de ratificación puede durar todavía varios años.

Esa carencia, hizo que se crease en 1985 un Comité de expertos en derechos económicos, sociales y culturales que tuvo su primera sesión en 1987. Desde esa fecha, al participar en el debate de la Comisión de derechos humanos del ECOSOC (Consejo económico y social de las Naciones Unidas) y en muchas sesiones del Comité, he tenido la oportunidad de percibir la solida oposición de los estados dentro de la lógica neoliberal impuesta por Occidente. La discusión ha sido en estos años caótica. Recuerdo mi asombro cuando, en 2002, los Estados Unidos, principal opositor a esos derechos, no resulto elegido miembro pleno de la Comisión mientras amenazaba suprimir su financiamiento a las Naciones Unidas debilitadas por su dependencia.

Estados Unidos nunca ratificó el Pacto de los DESC [2] (Pidesc), pero ha participado en todas sus discusiones importantes bloqueando la posibilidad de un Protocolo , sea directamente , sea utilizando a sus países satélites, como cuando Polonia arguyó en una de sus declaraciones que la realización del derecho a la salud era comunismo.

Los europeos han hecho uso de impedimentos técnicos, el Reino Unido indico en varias ocasiones que suscribir un Protocolo de aplicación al PIDESC seria contrario a su legislación interna. Otros países como Francia o España -que se integró en la discusión en fechas muy recientes - se declaraban favorables y no le ponían mayor interés, dejando su bancada vacía o haciéndose representar por funcionarios mudos. La posición europea, durante años, ha sido un monumento a las ambigüedades.

El GRULA (Grupo latinoamericano) gracias al cabildeo de las ONG en los países más importantes como México, Brasil o Argentina acabo posicionándose a favor. A ese propósito, algunos representantes europeos expresaban, en privado, que a los latinos no les costaba mucho adquirir un nuevo compromiso jurídico, puesto que en ese Continente las leyes no se cumplen nunca. América Central tradicionalmente ha hecho parte de los países satélites de los Estados Unidos. Los africanos mostraron su incomprensión durante muchos años y negaban su responsabilidad en los derechos económicos y sociales, en razón de su dependencia y su imposibilidad de desarrollo.

La Carta Africana recoge a partir de 1981 el derecho al desarrollo como Derecho de los pueblos, este ultimo negado por los Estados Unidos. En cuanto a China, su posición ha sido muy ambigua y la India y Rusia y otros como Pakistán y Egipto contrarios.

En ocasiones el debate fue tan pobre, que algunos expertos de los países miembros del PIDESC rebatían incluso las leyes jurídicas internacionales que se enseñan en todas las universidades del mundo.

La mayoría de las ONG con representación en ese espacio, salvo las integradas en coaliciones jurídicas internacionales y otras raras excepciones, no tuvieron en tiempo intervenciones significativas, mas bien las que no priorizaban las violaciones a los derechos civiles y políticos que eran la gran mayoría, reforzaron la visión tradicional caritativa y humanista del desarrollo dentro de la que se daba la cooperación en África y otros lugares, sin distinguirse en su visión sobre los DESCA. En 2003, se creó una coalición internacional de ONG a favor del Protocolo facultativo que logró coordinar los esfuerzos dispersos. Fue impulsada por las organizaciones feministas norteamericanas, muy influyentes y eficaces. Aun así, hay que reconocer que esa coalición ha sido muy minoritaria, lo que visualiza el poco interés de la sociedad civil participante en ese espacio.

A nivel de los Estados, en la década de 1980/90, el debate estuvo fuertemente marcado por la confrontación Este/Oeste y los DCP. Posteriormente el conflicto Norte/Sur emergió con mucha fuerza. Sin embargo, ese enfrentamiento legitimo de los países pobres en contra de los ricos rara vez abordó la responsabilidad interna de los estados en la redistribución de las riquezas para la realización de los DESC.

La mayoría de los países de todos los continentes se veían unidos en su negativa de permitir una vigilancia ciudadana democrática. El derecho de intervención oral o escrita de las ONG se hizo cada vez mas restringido. Dentro de ese contexto, el Comité DESC fue desde el inicio una excepción al solicitar, e integrar, la opinión de las ONG para sus recomendaciones a los Estados frente a los retrocesos constatados o la falta de avances en la implementación a los DESC, pero dadas sus limitaciones técnicas, el tiempo empleado en interpretar la visión de las victimas ha sido muy limitado. Además dadas sus características técnicas, sus recomendaciones son únicamente indicativas, aun así han representado un apoyo para el trabajo a favor de los DESC en estos años. Debemos reconocer que la relación entre democracia y derechos humanos sigue sin reconocimiento en el debate de las Naciones Unidas.

¿Como extrañarnos si el proyecto de Protocolo, surgido en 2008 de un consenso mínimo, pueda no representar un verdadero progreso?

Los DESC y la Democracia.

En la declaración de derechos humanos la democracia no tiene definición. Apenas se percibe en ella que el ideal democrático, se dirige hacia el pasado colonial, como una antítesis de "racismo y colonialismo". Esa declaración tiene un sentido de Paz. Aun así, entre 1960/1990 el tímido reconocimiento del expolio colonial dio origen al importante movimiento anticolonialista que motivó la cooperación europea de las organizaciones sociales solidarias con el desarrollo. Además la fuerza de una convicción de "soberanía de los pueblos" impulsó los grandes movimientos sociales y revolucionarios que confrontaron las dictaduras para imponer la democracia representativa en América latina y África. También, el movimiento de 1968 supuso una revolución del pensamiento mundial democrático y la igualdad de género. Por eso, no podemos olvidar que la exigencia democrática con justicia tiene un fuerte arraigo histórico del movimiento social progresista en rebeldía contra la opresión y que la lucha por alcanzarla ha representado un enorme sacrificio humano, presente en la historia de liberación de los pueblos del siglo XX. La recuperación de esa lucha por el neoliberalismo vestido de democracia es un fraude a esas legítimas aspiraciones; las democracias que conocemos no tienen una exigencia de justicia social con derechos.

En diciembre 2007, participé en el debate organizado en la Unesco en Paris, con motivo del 60 aniversario de la Declaración de derechos humanos. Karel Vasak, un testigo de la discusión que precedió a la Declaración Universal de 1948 nos transmitió el origen de las divergencias culturales plasmadas en el debate anterior a su promulgación. Divergencias que subsistían en 1948 en la discusión entre Francia y Estados Unidos en relación con sus Declaraciones fundacionales de democracia basadas en derechos humanos. En la americana, los derechos tienen un concepto individual mientras que en la francesa los derechos ciudadanos y colectivos están más presentes.

En 1948, se pudieron superar gracias a la comprensión y la amistad que unía Eleonora Roosevelt, mujer con gran influencia política en Estados Unidos y René Cassin (miembro de la resistencia francesa y Premio nobel de la Paz de 1968) los dos importantes participantes en la Comisión política que empujó la Declaración. Si lo señalo es porque esta divergencia tiene un significado en prácticas todavía presentes. El concepto individual y pragmático americano ha ganado puntos en la práctica democrática actual en detrimento de un universalismo ciudadano utópico, que convendría precisar en sus posibilidades de evolución renovada.

Karel Vasak explicó que el avance de los DESC en la ONU ha padecido también de la divergencia cultural entre Oriente y Occidente, sobre derechos y deberes. De estos últimos, indispensables para los asiáticos, la DUDH no habla. Occidente - dice Karel Vasak - piensa en su tradición los derechos como deberes hacia dios, es decir hacia el individuo, hacia la familia únicos investidos de Dios por la Gracia (noción individual). Esta referencia occidental implícita a dios en su visión de derechos ha tenido y tiene efectos de pasividad frente a un ente superior benefactor que puede ahora asimilarse al Mercado y a su proyecto neoliberal. Para los asiáticos, no es posible hablar de derechos si no se asumen los deberes hacia un colectivo cultural y esa cultura supone una visión diferente de dios que esta presente en sus organizaciones políticas.

La democracia occidental republicana y laica tiene contradicciones con ambos conceptos y , si conviene renovarla, supone un desafío al contenido tradicional cultural de la Declaración Universal. Los DESC están atrapados entre esa necesidad de revolucionar la democracia y el peso cultural tradicional de sus practicas históricas, que permanecen a pesar de la tradición democrática republicana que tiene ya mas de doscientos años de existencia.

Las democracias occidentales representativas, basadas en la aceptación de la dominación legal racional (gobierno), avaladas por las elecciones, no permiten todavía una democracia participativa de propuestas que sean escuchadas en un marco legal permitido fuera del periodo de elecciones. Las elecciones son un momento de consulta pero no pueden ser un cheque en blanco y menos si los gobiernos comprometen los recursos y derechos de las generaciones a venir como en el caso del medio ambiente. La democracia representativa existente crea una brecha política entre legalidad y legitimidad. Los ejemplos son numerosos de gobiernos que son elegidos legalmente pero que carecen de legitimidad política ciudadana reconocida. Muchos mantienen en la práctica una continuidad de comportamientos autoritarios propios de la cultura dictatorial y de las tradiciones que descansan en creencias (religión) y de la dominación carismática que ejerce el valor ejemplar o autoritario de una persona.

Una comunidad política de valores: la autonomía publica como legitimidad democrática.

Si pensamos en una democracia como comunidad política de valores compartidos, los derechos políticos y sociales se justifican si se dirigen a facilitar la autonomía pública, basada en instituciones independientes que garanticen su evolución dentro de ese concepto. La mayoría de los estados llamados democráticos no están interesados en posibilitar la emergencia de esas instituciones o de reforzar las existentes. En América latina, las instituciones son débiles e inoperantes, sin autonomía pública. Sus presupuestos vienen de la voluntad del gobierno elegido y de sus intereses políticos de permanencia en el poder. El ejecutivo nombra a los funcionarios de las instituciones, comprando su fidelidad, o los partidos las intervienen. Hay evoluciones positivas como es el caso en Colombia, de instituciones surgidas de la Constitución de 1991 que han conseguido oponerse a la arbitrariedad de la negación de los DESC, o la tradición institucional en Costa Rica, pero en general las instituciones no son autónomas y los ciudadanos no las defienden.

En el caso de México, donde las organizaciones civiles tuvieron un rol importante en la recuperación democrática, las instituciones siguen controladas por los partidos. En ese país, las legislaciones internacionales tienen obligación constitucional, sin embargo la justicia las ignora. El control por el partido del gobierno llegó a provocar el desprestigio del Consejo supremo electoral por tolerar o facilitar el fraude en las pasadas elecciones, a través de tantas y tan diversas irregularidades que se hizo imposible verificarlas. Se acabó imponiendo un resultado de legalidad formal, que se percibió como ilegitimo en el imaginario social. Ese ejemplo indica que la legitimidad institucional no es solo producto de resultados "legales". El mismo ejemplo se visualiza en lo sucedido con el referéndum por la adopción del TLC en Costa Rica. Se impuso el Si, pero la legitimidad del resultado sigue cuestionada.

Los Pactos sociales serian una forma de adquirir gobernabilidad dentro de una practica de institucionalidad precaria, pero los pactos que se conocen en muchos países han sido solo componendas de partidos para controlar el poder legislativo y la justicia. No son democráticos, ni legítimos. Es el caso del Pacto entre el FSLN (izquierda) con el PLC (extrema derecha) en Nicaragua que controla hasta la Justicia, el Consejo supremo electoral y paraliza la democracia en el país. Las evoluciones positivas en materia de DESC están bloqueadas por esa práctica. Se trata de democracias legales pero ilegitimas por sus prácticas autoritarias.

La sociedad civil también puede carecer de legitimidad. No existe claridad entre sus diferentes componentes de que en realidad hacen parte del proyecto democrático neoliberal. Muchas se satisfacen de los beneficios de su participación en grupos de poder, tal como fue la práctica en periodos dictatoriales. Otras se sitúan en oposición ideológica partidista, pero no proponen cambios estructurales que garanticen la autonomía pública necesaria para proteger y conseguir que los DESC progresen.

Los movimientos sociales del pasado reciente, transformados en ONG, reivindican la legitimidad como consecuencia de su adquirido en las luchas contra las dictaduras, sin considerar que estamos en un contexto histórico distinto y que su práctica ya no tiene las características de valores y de propuestas que las legitimaron. Las organizaciones que lucharon contra las dictaduras opusieron al autoritarismo dictatorial un proyecto de cambios estructurales y adquirieron reconocimiento en su derecho de resistencia contra la opresión e incluso el de rebelión. En muchos países ese adquirido ha sido cooptado por la cooperación internacional. En Nicaragua, la Coordinadora civil reclama al gobierno por sus violaciones a los derechos constitucionales pero esta debilitada, ya que además de los ataques de negación ciudadana del gobierno en su contra, la mayoría de las organizaciones que la componen reciben apoyo de la cooperación europea que tiene objetivos poco claros puesto que responde a un proyecto de democracia neoliberal de intereses comerciales. Tanto la cooperación como el gobierno salido del Pacto FSL/PLC, debilitan la democracia participativa que debiera construir instituciones públicas autónomas de resguardo. Además, el partido en el poder ha creado su propia organización social partidista y dependiente del ejecutivo, solo pensada para reforzar el autoritarismo.

Como la sociedad civil no es autónoma y no se sitúa dentro de una comunidad política de valores compartidos que legitime su lucha, se puede decir razonadamente que no existe, pero eso no quiere decir que no se necesite su emergencia ciudadana o se esta negando la democracia y los valores republicanos que la sustentan. Todo gobierno progresista con perspectiva ciudadana y social equitativa debiera velar a los medios de su supervivencia cuando deje el poder, (razón de estado y no de gobierno) ya que no esta destinado a permanecer en el. La base de la democracia exige alternativa o estaríamos en dictadura. Y la cooperación internacional debiera reflexionar sobre su legitimidad democrática o estará justificando el retorno a autoritarismos de otra época.

Las culturas políticas autoritarias del estado y del mercado afectan a los DESCA en América Latina.

La debilidad democrática actual es el principal impedimento al avance de los DESCA. Se dejaron atrás los métodos brutales represivos, pero no se ha superado la cultura política autoritaria que dio origen a las dictaduras y tampoco la discriminación social y económica, mas bien las elecciones sirven para legitimar en muchos casos esas prácticas y en consecuencia reproducen la desigualdad. Solo la inmigración ha supuesto un escape a situaciones insostenibles.

El autoritarismo en América Latina utiliza ahora los medios de comunicación al servicio de los intereses económicos y el Sistema Judicial se encarga del trabajo sucio. Así la corrupción y las violaciones de los derechos democráticos, económicos y sociales son avaladas por esa Justicia de injusticia que permite la impunidad total, al tiempo que se persigue a opositores políticos invalidándolos con cualquier pretexto jurídico amañado.

Un alto magistrado me dijo en Brasil que aunque los jueces tuviesen la posibilidad de defender los DESCA con conocimientos jurídicos que no tienen, el sistema judicial estaría en la imposibilidad de hacer frente a la montaña de demandas que legítimamente se pudieran generar. Fuera de una capacidad de exigencia, la impunidad se instala.

Uno de los casos más flagrantes de la impunidad que cubre las violaciones de los derechos es Colombia. El conflicto armado interno, se origina en la negación de la ciudadanía como componente del Estado democrático. En los últimos cincuenta años los campesinos han sido expulsados de sus tierras, mientras terratenientes y narco traficantes se las apropiaban. Muchos de los sindicalistas que defendían el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, los defensores de derechos humanos han sido asesinados o están desaparecidos. Se cuentan tres millones de desplazados internos por la violencia, miles de desaparecidos y masacrados en total impunidad, hasta el genocidio político de la Unión Patriótica, que vio también a miles de sus dirigentes asesinados o desaparecer. Sin embargo, la situación colombiana solo se conoce por la práctica inhumana de toma rehenes practicada por la guerrilla, pero no por esas otras prácticas, tan inhumanas, emanación del terror del estado o de su complicidad con los autores de crímenes. ¿Donde quedan los derechos económicos sociales y medioambientales, estos últimos afectados por las fumigaciones masivas y otros desastres cometidos en territorios agrícolas de expulsión? ¿Que pueden esperar los colombianos asesinados o desaparecidos aunque el conflicto gobierno y guerrilla de las FARC muy atravesado por el poder mafioso en ese país se acabe? Pensar los DESCA en el marco colombiano supone un desafío que apela a la conciencia ética de América Latina, de Estados Unidos y de Europa. Y las respuestas que se están dando son graves por su insuficiencia. Democracia con impunidad no es democracia ¿Existe un índice de tolerancia tolerable frente a situaciones graves como la de Colombia? En todo caso no puede dejarse a la arbitrariedad.

Ganar la batalla de los DESCA como exigencia democrática.

La democracia se consolidará sólo si es capaz de dar una respuesta de estructura y de contenidos renovados. Se legitimará sólo si integra los derechos ciudadanos de crítica y control de las instituciones públicas de respaldo con autonomía reconocida. De lo contrario podemos ser pesimistas.

No hay autoritarismos buenos, la historia lo ha probado. La ley del mercado es un autoritarismo ahora globalizado que controla el poder democrático. Las consecuencias de sus abusos están a la vista. Se ha consolidado en base a la acumulación depredadora frente a la debilidad de los estados y de las sociedades humilladas o desencantadas por la anulación de sus sueños de transformación positiva.

Decir que "no hay alternativas" es militar por no encontrarlas. Por el contrario, reafirmar una alternativa política democrática con participación ciudadana para la implementación de derechos humanos integrales e imponerla en su práctica política y medioambiental es necesario y no puede ser imposible o estamos aceptando lo que Marx Weber calificaría de "servidumbre voluntaria".

Esa elección de lucha liberadora supone obligar al mercado y al sector financiero, aún en la globalización, a situarse como parte de una comunicad política de valores, respaldada por instituciones publicas con control social. La "igualdad de oportunidades" preconizada por la democracia neoliberal no puede ir en contra de los derechos integrales que son parte constitutiva de los valores de la democracia que se requiere. Se debe encontrar un equilibrio entre rentabilidad económica y justicia social.

El mercado no es un monstruo incontrolable. Recuerdo haber leído que André Gide dijo "hay pocos monstruos que merezcan el miedo que les tenemos". El neoliberalismo económico y la sobrevivencia de "dinosaurios autoritarios" no merecen nuestro miedo.

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NOTAS:

1. ® Los grandes pensadores de la política de Philippe Corcuff, Ciencia política Alianza editorial pág. 146.
   
   
2. ® Los derechos medioambientales han surgido recientemente, por lo tanto no se consideran en términos históricos en el debate del PIDESC.