Derechos en tiempos de crisis

Este artículo se elabora a mediados de octubre de 2008, en medio de una crisis e incertidumbres mundiales sin precedentes.

Hace 60 años, la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamaba solemnemente que "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos" (artículo 1) y que "Toda persona ( ) tiene derecho ( ) a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad" (artículo 22).

Sin embargo, la obtención del derecho de ?dignidad para todos" continúa siendo una aspiración que no se ha hecho realidad. En 1995, poco después de la caída del muro de Berlín, los líderes mundiales se reunieron en Copenhague y se comprometieron públicamente a "lograr el objetivo de erradicar la pobreza en el mundo mediante una acción enérgica y la cooperación internacional, como un imperativo ético, social, político y económico de la humanidad." Cinco años después, la Cumbre del Milenio de Nueva York convirtió este compromiso en un objetivo acotado por el tiempo: "Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de habitantes del planeta cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por día y el de las personas que padezcan hambre; igualmente, para esa misma fecha, reducir a la mitad el porcentaje de personas que carezcan de acceso a agua potable o que no puedan costearlo." Junto con otros objetivos con límite de tiempo, estos compromisos fueron resumidos por las Naciones Unidas en una lista de ocho puntos que se conoce como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y que desde entonces ha alcanzado aceptación política universal.

Los ODM fueron criticados cuando fueron publicados por primera vez, por ser demasiado modestos. De hecho, como lo reconoció uno de los participantes clave en la formulación técnica de la lista, básicamente se concibieron los diversos objetivos a lograr para 2015 proyectando hacia el futuro los índices de avance de los indicadores sociales que se registraron durante las décadas de 1980 y 1990. No se pedía, en realidad, ningún esfuerzo o aceleración adicionales; mantener el impulso existente sería suficiente para lograr los objetivos.

Sin embargo, el Índice de Capacidades Básicas (ICB) que ha calculado y publicado Social Watch en 2008, como varias otras fuentes oficiales e independientes, reconocen ahora que no será posible alcanzar dichos objetivos si se mantiene la actitud complaciente de "sigamos así".

El Banco Mundial es el único tanteador que conserva el optimismo. A pesar de todas las pruebas acumuladas, en agosto de 2008 su postura oficial era que los ODM, y sobre todo el Objetivo 1 que refiere a la reducción de la pobreza, en el promedio mundial se podría alcanzar para 2015. Esta postura se anunció en un documento titulado El mundo en desarrollo es más pobre de lo que pensábamos pero no menos exitoso en la lucha contra la pobreza. No obstante, los autores del documento (Martin Ravallion, director del Grupo de Investigación del Desarrollo del Banco Mundial, y Shaohua Chen, uno de los principales investigadores en estadística del Banco Mundial) ya habían publicado en mayo de 2008 un estudio llamado China es más pobre de lo que pensábamos pero no menos exitosa en la lucha contra la pobreza.

No se necesita calar muy hondo para llegar a la conclusión de que el desempeño de China repercute fuertemente en los promedios mundiales y resulta obvio que el rápido crecimiento económico de China está reduciendo la pobreza de ingresos en dicho país. Sin embargo, lo que esconde el promedio mundial elaborado por el Banco es que la pobreza y la desigualdad van en aumento en todo el resto del mundo. Además, los datos de 2005 en los que se basa la visión optimista del Banco no toman en cuenta la "crisis alimentaria" (una combinación de escasez de alimentos y precios que se disparan) que comenzó recientemente y que todas las semanas hunde a millones de personas por debajo de la línea de pobreza.

De hecho, durante la última década del siglo XX y los primeros años del siglo actual, el índice de avance de todos los indicadores sociales se ha enlentecido y los objetivos, que parecían fácilmente realizables de haber continuado las tendencias anteriores, son ahora cada vez más difíciles de alcanzar.

¿Qué sucedió a comienzos de la década de 1990 que enlenteció o revirtió los progresos sociales en todo el mundo? La respuesta es sencilla: la desregulación financiera, la privatización de servicios sociales que antes estaban en manos de los gobiernos, la liberalización del comercio internacional, la apertura de las economías nacionales al flujo de capitales e inversiones. En una palabra: la globalización.

La globalización -o por lo menos algunos de sus componentes económicos esenciales, como la desregulación del sector bancario y la eliminación de todas las barreras al flujo de capitales- hoy se identifica como la causa de la crisis que comenzó en el sector financiero de Estados Unidos y que en la actualidad sumerge a economías reales de todo el mundo.

El fracaso de la arquitectura.

Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal (el Banco Central de Estados Unidos) durante 18 años, hasta 2006, dijo ante la Comisión Supervisora de la Cámara de Representantes en octubre del año pasado que su enfoque antirregulatorio había sido "un error" y que pudo haber contribuido a la crisis. "Quienes confiamos en que el propio interés de las instituciones de préstamo protegería el patrimonio de los accionistas, y me incluyo en forma particular, nos encontramos en un estado de incredulidad estupefacta," le dijo Greenspan a los integrantes de la comisión.

Los especialistas aún deliberan acerca de si ello significa que estaba asumiendo por lo menos parte de la culpa. La actitud de decir que "nadie podría haber previsto la crisis", implícita en la "incredulidad estupefacta" de los gurúes neoliberales, fue satirizada por un viñetista: "¿quién podría haber pronosticado que mezclar gasolina y fósforos resultaría en un incendio?" De hecho, el informe de Social Watch de 2006 acerca de la arquitectura financiera mundial afirmaba en la introducción que "la fuga de capitales, la evasión de impuestos, el comercio fraudulento dentro de las compañías y la gobernanza misma de las instituciones financieras internacionales ( ) forman parte de un paquete, de una arquitectura que debe ser rediseñada con urgencia". Social Watch se refirió a la arquitectura financiera como imposible "tanto en el sentido de poco práctica como de intolerable".

El desplome de esta arquitectura -o el momento en que se produjo el desplome- puede haber constituido una sorpresa, pero el impacto negativo de las finanzas globalizadas sobre el bienestar de las personas ya hace dos años era obvio para las coaliciones nacionales que produjeron los informes de Social Watch en 50 países.

A principios de diciembre de 2008 el mundo conmemorará el 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los líderes mundiales se reunirán en Doha (Qatar) para celebrar una Cumbre sobre Financiación para el Desarrollo. Tal coincidencia nos proporciona una oportunidad para estudiar la relación entre los derechos humanos, el desarrollo y la economía globalizada.

¿Es cierto que la desregulación de la industria bancaria, el desmantelamiento de los estados de bienestar, la privatización de los servicios públicos y la apertura de las fronteras al flujo irrestricto de bienes, servicios y capitales ha tenido un efecto positivo sobre los derechos humanos y la democracia, tal como se pronosticó hace dos décadas en momentos en que caía el muro de Berlín? ¿O fue la subida al poder del "fundamentalismo de mercado" (una frase que han usado en las últimas semanas el financista George Soros, el ganador del premio Nobel Paul Krugman e incluso John Williamson, el economista que acuñó la frase "el consenso de Washington") un obstáculo para la consolidación de la democracia, el fortalecimiento de los derechos humanos y la obtención de dignidad para todos?

Cada coalición nacional de Social Watch, observando a su propio país, ha encontrado varias maneras en las que los marcos macroeconómicos han afectado a los derechos humanos. Tales hallazgos constituyen el meollo del informe de Social Watch de 2008 y proporcionan la perspectiva desde abajo hacia arriba que ofrecen las personas que trabajan con y desde las bases populares.

Este informe no fue hecho por encargo. Cada sección nacional de Social Watch está constituida por organizaciones y movimientos que trabajan todo el año en temas de desarrollo social. Sus hallazgos no pretenden ser investigación pura; su intención es llamar la atención de las autoridades sobre temas que preocupan y ayudar, así, a elaborar mejores políticas que favorezcan a los pobres y a las mujeres.

Ante el pedido de estudiar la relación entre los derechos humanos y la economía, cada país decide cuáles son sus prioridades y en qué hacer énfasis. Cada grupo reúne sus propios fondos para llevar adelante el informe y establece de qué manera consultará con las bases para reunir pruebas y convalidar sus hallazgos. No se rehúyen las críticas a las autoridades nacionales, las políticas, las élites o los sistemas de gobernanza cuando se considera que son necesarias. Dar voz a las visiones críticas ayuda a fortalecer los procesos democráticos. Sin embargo, aun cuando los informes encuentran mucho que se puede (y se debe) mejorar internamente, también señalan las restricciones internacionales que no pueden resolverse a nivel de país.

¿DE DÓNDE VIENE CHINA, EN REALIDAD? El Índice de Capacidades Básicas (ICB) 2008, elaborado por Social Watch, incluye a 23 países cuyos valores de ICB actuales conocemos pero de los cuales carecemos de datos para calcular en retrospectiva un valor para 2000 y establecer, así, una tendencia. Uno de estos países es China, por lo que la población total de los países sin datos suficientes es de 1.600 millones de personas. Al mismo tiempo, según los nuevos datos del Banco Mundial, China es el país que reduce las cifras de la pobreza en el mundo, ya que presenta 650 millones de personas en pobreza extrema menos en 2005 que en 1990. Como esos datos también indican que la cantidad total de personas extremadamente pobres en el mundo se redujo en 600 millones, en realidad, según el Banco Mundial, el número absoluto de los extremadamente pobres (pero no su proporción con respecto a la creciente población total) aumentó en el resto del planeta. En rigor, la real evolución de la pobreza en China es incierta ya que, en la actualidad, sólo disponemos de las cifras de pobreza según los ingresos para 2005; los valores anteriores son meras estimaciones. Una de las debilidades conceptuales de las estimaciones de pobreza según los ingresos es que, en la transición hacia una economía de mercado, los ingresos pueden aumentar sin que cambie la forma de vida de las personas. Tomemos el caso del sistema comunitario en el que millones de campesinos eran autosuficientes. Ahora reciben un salario y tienen ingresos pero deben, también, pagar por los alimentos que antes recibían gratis. ¿Debería Social Watch realizar intentos similares para estimar la evolución reciente del ICB de China? Consideramos que no. Por un lado, la confiabilidad de nuestro índice se basa en que los datos se pueden verificar contra datos publicados por fuentes internacionales confiables. Por otro, el índice debe usarse para deducir una tendencia y no al revés. Puede suponerse que el reciente crecimiento económico de China se haya visto acompañado por una mejora similar de las estadísticas de educación y salud. Sin embargo, desde la perspectiva histórica también se puede demostrar lo contrario: el crecimiento económico de China parece haber comenzado DESPUÉS de haberse logrado la mejora básica de la salud y la educación para todos. Deberemos esperar a que se recopilen estadísticas confiables para estar en condiciones de establecer con certeza cuál es la tendencia reciente para China.

En octubre de 2008, cuando la crisis golpeó las instituciones financieras y los mercados de valores de los países miembros de la OCDE, los gobiernos dieron inicio a un programa masivo y sin precedentes de intervenciones gubernamentales, que incluyó la nacionalización de bancos, la inyección de enormes subsidios para instituciones debilitadas y el retorno a la reglamentación de los sectores financieros.

Esta reacción va en directa contraposición con las austeras políticas neoliberales que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los países desarrollados han exigido a los países en desarrollo durante los últimos 30 años. Los gobiernos del Sur, como documenta sobradamente este informe, han sido presionados para liberalizar las barreras comerciales, desregular los mercados financieros y laborales, privatizar las industrias nacionales, abolir los subsidios y reducir el gasto social y económico. El Estado ha experimentado una severa restricción de su papel.

Este doble discurso es inaceptable. El sistema financiero internacional, su arquitectura y sus instituciones, se han visto completamente abrumados por la magnitud de la crisis financiera y económica actual. Se debe rediseñar por completo el sistema financiero, su arquitectura y sus instituciones.

En las últimas semanas, líderes de todo el mundo han reconocido las deficiencias del sistema existente y la necesidad de reunirse para discutir un conjunto más amplio de propuestas para reformar el sistema financiero mundial y sus instituciones. Por supuesto que es fundamental acordar medidas para enfrentar la crisis y se debe priorizar dar respuesta al impacto sobre los empleados y trabajadores comunes, los hogares de bajos ingresos, los jubilados y otros sectores muy vulnerables. No obstante, no es posible que surjan soluciones duraderas y viables de reuniones en las que sólo están representados unos pocos países, celebradas en forma precipitada y sin incluir a todos y que, por lo tanto, no enfrentan la gama total de cambios que son necesarios, ni adjudican las responsabilidades en forma justa.

A pesar de que la crisis se originó en los países del Norte, a medida que crece y se profundiza, el impacto se hace sentir en los países en desarrollo. La crisis hace peligrar todos los esfuerzos de las Naciones Unidas para ayudar a los pobres del mundo, según advirtió el Secretario General, Ban Ki Moon, en una reunión de autoridades de la organización: "Amenaza con socavar todos nuestros logros y progresos," afirmó, "los progresos que hemos logrado en la erradicación de la pobreza y las enfermedades; nuestros esfuerzos en la lucha contra los cambios climáticos y en la promoción del desarrollo; para asegurar que las personas tengan suficientes alimentos ( ) Podría ser el golpe final que signifique que muchos de los más pobres del mundo no puedan sobrevivir."

Los países en desarrollo se han visto afectados por la caída de los precios de sus materias primas de exportación, por la devaluación de sus monedas frente al dólar, por la subida de las tasas de interés sobre sus deudas, por el flujo hacia el exterior de las inversiones y por la falta de crédito. Si el mundo se sumerge en una recesión mundial, el resultado será el desempleo y ello traerá consigo la erosión de los derechos y de los estándares de vida de los trabajadores en todas partes. Se debe recordar también que durante las crisis financieras de hace una década en el sureste asiático y el Cono Sur de América del Sur, las mujeres debieron soportar una carga aún más pesada, se vieron obligadas a aceptar empleos de baja calidad, a compensar el deterioro de los servicios sociales públicos y a sufrir el aumento de la violencia de género. La pobreza aumentó al doble en unas pocas semanas y llevó años recuperar los niveles anteriores a la crisis.

Por lo tanto, es esencial que todos los países puedan hacer sentir su voz en el proceso de cambiar la arquitectura financiera internacional. De reuniones preparadas precipitadamente, que excluyen a muchos países en desarrollo así como a la sociedad civil, no habrán de surgir soluciones igualitarias y sostenibles para la transformación del sistema actual. De hecho, es más probable que tales esfuerzos socaven aún más la confianza pública y priven aún más de voz a países que ya están optando por soluciones regionales en lugar de por un sistema financiero internacional más fuerte, más coherente y más justo.

Sólo una conferencia internacional global, convocada por la ONU para analizar la arquitectura financiera y monetaria internacional, sus instituciones y su gobernanza, puede ser exhaustiva en su alcance, capaz de afrontar la totalidad de los temas e instituciones y transparente en sus procedimientos. Se deberán tratar y acordar muchos asuntos difíciles durante la transición del sistema actual -que ha fomentado la inestabilidad y la inequidad- a un sistema que sea justo, sostenible y responsable, que brinde beneficios para la mayoría de las personas del mundo. En tal sistema, los derechos humanos deben ser el punto de partida y no una meta en un futuro distante, y el principio directriz principal debe ser un enfoque hacia el desarrollo basado en los derechos (con la igualdad de género, el trabajo digno y los derechos humanos en el centro).