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Recelos africanos ante "la Justicia del Norte"

Temática: Derechos Humanos /DESC.
Autoría: Vidal, Martín
Año de Publicación: 2008
El pasado mes de julio, varios sucesos pusieron de relieve las dificultades que tiene la justicia internacional para avanzar. Uno de los principales problemas es la ampliación de la jurisdicción más allá de las fronteras estatales en casos de genocidio o violaciones masivas de los Derechos Humanos. Frente a las demandas y requerimientos de jueces españoles y franceses, el presidente de Ruanda, Paul Kagame, logró un amplio apoyo de la Unión Africana (UA) para que sus miembros no respondan ni acepten ser juzgados por otros países o cortes internacionales.

Al mismo tiempo, ante la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de acusar al presidente de Sudán de promover el genocidio en Darfur, la Unión Africana, la Liga Árabe y la Organización de la Conferencia Islámica cerraron filas acusando a Occidente de injerencia en sus asuntos internos. Por primera vez, varias voces africanas se elevan al unísono contra la rendición de cuentas, sus formas y los agentes que la proveen.

1* Introducción.

Hace catorce años, el genocidio en Ruanda provocó alrededor de 800.000 víctimas mortales y un éxodo masivo de refugiados hacia los países vecinos. Ruandeses de la etnia hutu (granjeros) masacraron a tutsis (ganaderos) y también a hutus que consideraban traidores. Posteriormente, se registraron matanzas de hutus perpetradas por el Frente Patriótico Ruandés (FPR). Poco antes de estos acontecimientos, se había alcanzado la paz entre el gobierno y el FPR tras dos años y medio de guerra. El acuerdo de paz de 1993 llevó al despliegue de una pequeña Misión de Observadores de las Naciones Unidas para Uganda y Ruanda (81 oficiales), al mando del teniente general canadiense Roméo Dallaire. La matanza se organizó y llevó a cabo ante la impotencia de Dallaire. Aunque el teniente general había solicitado al Consejo de Seguridad el despliegue preventivo de 5.000 efectivos, sólo le concedieron 2.500, y sobre el terreno apenas se desplegaron 270. Miles de personas fueron movilizadas para ejecutar el genocidio. Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU no se ocuparon de Ruanda por diversas razones: Estados Unidos no quería tener otro fracaso como el de la intervención en Somalia en 1991 y estaba más concentrado en la guerra de los Balcanes, junto con París y Londres. Por otro lado, China y Rusia eran anti-intervencionistas por principio, y Francia tenía interés en apoyar al gobierno ruandés. Además, África no era una prioridad[1]. Desde aquel estrepitoso error de la comunidad internacional para prevenir un genocidio se han ido utilizando diversos instrumentos judiciales con el fin de evitar la impunidad de aquella masacre. En noviembre de 1994 se creó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) con el fin de "contribuir al proceso de reconciliación nacional en Ruanda y al mantenimiento de la paz en la región."[2] De forma paralela se ha ido construyendo una compleja estructura basada en el principio de complementariedad de jurisdicciones. Esto significa la unión de esfuerzos a nivel nacional e internacional con el fin de evitar la impunidad del mayor número de crímenes posible. De este modo, los tribunales ordinarios ruandeses, los tribunales tradicionales llamados gacaca y el TPIR dividieron las competencias para llevar a cabo la rendición de cuentas, recibiendo éste último severas críticas acerca de su lentitud y el gasto desorbitado de recursos[3]. Pero también recibió valoraciones positivas. Teniendo en cuenta el gran número de personas implicadas en el genocidio y la falta de estructuras legales y medios penitenciarios en Ruanda, cualquier solución exigía una gran voluntad política y creatividad jurídica. El TPIR se ocupó de los casos de los altos responsables por crímenes contra la Humanidad, genocidio y violaciones del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra y del Protocolo Adicional II[4]. En segundo lugar, los tribunales tradicionales gacaca fueron los encargados de juzgar las denominadas categorías 2ª y 3ª, es decir, aquellas personas que cometieron crímenes de sangre (incluso en grado de tentativa) y aquellas que cometieron ataques contra los derechos de propiedad. Además, la ley que regula estos tribunales amplía el período de jurisdicción para estos tribunales con respecto al TPIR, enmarcando la jurisdicción temporal de los gacaca entre el 1 de octubre de 1990 y el 31 de diciembre de 1994, mientras que el TPIR se circunscribe a los crímenes cometidos en el territorio de Ruanda entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 1994[5]. La complejidad de la distribución de competencias se multiplicó al entrar en juego otras jurisdicciones como la Corte Internacional de Justicia (CIJ) -donde ya se han registrado algunas sentencias en relación a Ruanda- y la aplicación del principio de jurisdicción universal, invocado por tribunales de terceros Estados. Países como Bélgica, Francia y recientemente España han buscado en esta vía el enjuiciamiento de crímenes contra la Humanidad que no habían sido juzgados todavía. Este principio está consagrado en numerosos convenios internacionales y, por lo tanto, debería haber sido asumido por las legislaciones nacionales de los países que han ratificado esos acuerdos. La obligación de incorporar este principio a los ordenamientos jurídicos internos se ha realizado de diversos modos, con criterios más o menos restrictivos, según cada Estado[6].
NOTAS:
  1. ® Ver General Roméo Dallaire, Shake Hands with the Devil, Random House, Toronto, 2003.
  2. ® Ver en "About the Tribunal" de la página oficial del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, http://69.94.11.53/default.htm.
  3. ®Stephanie Nieuwoudt, "Slow Progress at Rwanda Tribunal", Global Policy Forum, 2006. http://globalpolicy.igc.org/intljustice/tribunals/rwanda/2006/0727slow.htm4 Viva Rio/ ISER/ FLACSO/ GAPCon, O controle das armas de fogo e muniçoes no Brasil, Rio de Janeiro, Noviembre 2006, http://www.hemisferio.org/armas/boletines/02/05/noticias2/doc_interes_01.pdf.
  4. ®El art. 3 Común de los Convenios de Ginebra de 12 de Agosto de 1949 consagra -en caso de conflicto armado que no sea de índole internacional- la protección de personas que no participen directamente en las hostilidades, de miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, que serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio. Ver el artículo completo en: http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/q_genev2_sp.htm.
  5. ®Ley Orgánica 16/2004 que establece la organización, la competencia y el funcionamiento de los tribunales Gacaca, http://www.inkiko-gacaca.gov.rw/pdf/newlaw1.pdf.
  6. ®Entre ellos, destacan los cuatro Convenios de Ginebra de 1949. Por ejemplo, en el art. 146 del Convenio IV: "Cada una de las Partes Contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves, y deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá también, si lo prefiere, y según las condiciones previstas en la propia legislación, entregarlas para que sean juzgadas por otra Parte Contratante interesada, si ésta ha formulado contra ella cargos suficientes." http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/92_sp.htm .

2* La guerra de los principios: soberanía contra justicia universal.

En este marco internacional, en febrero de 2008 la Audiencia Nacional española aceptó la querella por la que se acordaba procesar a 40 militares del FPR[7]. Desde entonces ha aumentado la tensión que ya existía debido a las causas seguidas en Francia y Bélgica por la aplicación del principio de universalidad. La cúpula del gobierno ruandés, cuya etnia mayoritariamente tutsi fue la principal víctima de este genocidio, se enfrenta ahora a la jurisdicción española por crímenes que también ellos cometieron. Se trata de una querella que no deja indiferente a nadie, ya que está dirigida hacia las consideradas víctimas del genocidio ruandés. La acusación se centra en los crímenes cometidos entre 1990 y 2002 por las fuerzas del FPR. Kagame ha asumido una estrategia multidireccional. En primer lugar, no cuestionó la veracidad de la perpetración de los crímenes atribuidos a sus 40 militares, pero sí acusó de negación del genocidio a aquellos que pretendían enjuiciar los crímenes cometidos por los tutsis. En segundo lugar, emprendió esfuerzos para que el sistema judicial ruandés cumpliera con los requisitos internacionales para, de este modo, poder asumir la mayor parte de casos referidos al genocidio sufrido por los tutsis cuando el TPIR expire su mandato y deba reenviar, por tanto, dichos casos a otras jurisdicciones, nacionales o internacionales. Por último, dio la voz de alarma a la comunidad africana acerca del peligro que significa para el continente que el principio de jurisdicción universal se convierta en una exigencia occidental de uso regular, frecuente y -desde su punto de vista- fraudulenta. En concreto, actualmente pesan órdenes internacionales de arresto que afectan a Djibouti, Senegal y República Democrática del Congo. Durante la Cumbre de la Unión Africana (UA) celebrada el pasado 1 de julio, Kagame planteó la necesidad imperiosa de crear un órgano internacional regulatorio con competencia para revisar "los crecientes abusos del principio de jurisdicción universal por parte de Estados individuales", y evitar de este modo las cada vez más frecuentes interferencias en la soberanía de los Estados africanos así como en sus relaciones internacionales[8]. Además, el presidente ruandés utilizó el argumento anticolonial para atacar la justicia universal, reivindicando la necesidad de una posición fuerte del mundo africano ante Europa y mencionando la tradición europea en África: el tráfico de esclavos, el colonialismo, el apartheid, y la ironía que significa que en la actualidad sean los antiguos dominadores los que "pretenden erigirse en policías del mundo"[9]. En la misma línea, argumentó que la justicia universal funciona en una sola dirección y que, en caso de que fuera un Estado africano el que persiguiera a un líder europeo, éste no aceptaría jamás la orden de arresto. Tanto el presidente como el ministro de justicia ruandés amenazaron -apenas conocido el auto del juez español- con emprender acciones judiciales contra determinados ciudadanos franceses que estuvieron involucrados en el genocidio[10]. Con ese fin, el gobierno de Ruanda creó una Comisión de Investigación en 2004 y le encargó un informe al respecto. Esta Comisión estuvo presidida por el ex-ministro de justicia Jean de Dieu Mucyo[11] y publicó el informe solicitado el 5 de Agosto de 2008[12]. En su presentación, el actual ministro de justicia Tharcisse Karugarama leyó una lista de 33 funcionarios franceses (políticos y militares) y recordó la posibilidad de emprender acciones judiciales.
NOTAS:
  1. ® Auto de procesamiento dictado por el juez Fernando Andreu, del Juzgado Central de Instrucción número 4, Audiencia Nacional. http://www.veritasrwandaforum.org/dosier/resol_auto_esp_06022008.pdf.
  2. ®Sam Ruburika, "African Union Refuses Arrest Warrants Against Rwandans", Focus Media, Kigali, 7 de julio de 2008. http://allafrica.com/stories/200807071845.html.
  3. ®Ibidem, nota 6.
  4. ®Ver entrevista a Paul Kagame realizada por Reuters el 7 de abril de 2007. http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L07654809.Htm.
  5. ®Entrevista a Jean de Dieu Mucyo, presidente de la comisión ruandesa que ha investigado el papel de Francia en el genocidio de 1994, en Congotribune, 22 de diciembre de 2006. http://www.congotribune.com/article.php?id_art=2046.
  6. ®Un resumen en inglés del Informe Mucyo puede encontrarse en http://www.rwandagateway.org/article.php3?id_article=9739.

3* La Unión Africana, Ruanda y Sudán.

Como apoyo al discurso del presidente ruandés[13], la Asamblea de la Unión Africana adoptó ocho resoluciones en la cumbre celebrada en Egipto el 1 de julio de 2008. Además de resaltar que el abuso del principio de jurisdicción universal pone en peligro la ley, el orden y la seguridad internacionales, la UA aceptó varias de las peticiones de Kagame, aseverando el carácter político que ha tomado la ejecución de dicho principio y resaltando la violación de la soberanía que conlleva, en particular para Ruanda. Esta polémica entorno al concepto de soberanía adquiere así una fuerza renovada y causará disputas en el futuro, ya que se opone a la tendencia que en las últimas décadas ha desarrollado la comunidad internacional, dirigida hacia la cesión -por parte de los Estados- de potestades anteriormente soberanas en beneficio de organismos regionales. Esta tendencia se ha experimentado en muchos campos: tanto económico (Comunidad Europea, Euro), como políticos (UE, UA, ONU) como judiciales (TPIR, CPI, CIJ). La Unión Africana fue más lejos y estableció que las órdenes de arresto emitidas desde Estados europeos no serán ejecutadas en los países miembros de la UA y solicitó que los demás -y especialmente aquellos pertenecientes a la UE- impongan una moratoria a estas órdenes. Por último, exigió reuniones urgentes entre los dos organismos regionales, y solicitó a su presidente que llevase la cuestión ante la Asamblea General de la ONU con el fin de considerar las distintas posturas[14]. Egipto, uno de los países con mayor peso específico en la organización africana, ha sido de los que más claramente se ha posicionado en cuestiones de soberanía, como la palestina o la sudanesa, y especialmente en relación a los recientes cargos por los que se acusa al presidente sudanés Omar al-Bashir[15]. El presidente egipcio Hosni Mubarak considera que la actuación de la CPI sólo puede dañar los intentos de paz que se están dando en la región actualmente y, además, entiende que podría afectar a la seguridad nacional egipcia, debido a que comparte 1.200 km de frontera con Sudán[16]. Por esta razón, alrededor del 20% de la misión conjunta de la ONU y la UA en Darfur está integrada por soldados egipcios. Se hace patente por tanto que la regionalización del conflicto de Darfur no sólo afecta a Egipto, sino a varios países más, como Uganda, República Centroafricana y, especialmente, Chad. Las decisiones de la Unión Africana no se han limitado a la situación ruandesa. El 14 de julio de 2008 el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno-Ocampo, acusó formalmente al Presidente de Sudán, Omar Hassan Ahmad al-Bashir, basándose en tener pruebas que le inculpan de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra[17]. El fiscal explicitó del mismo modo las violaciones masivas perpetradas por su ejército como arma de guerra. Un día después del anuncio realizado por el fiscal, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Tanzania, que preside actualmente la UA, calificó de "prematura" dicha actuación, alertando de que este paso "tendrá graves consecuencias negativas para los esfuerzos hacia una solución duradera [del conflicto] y complicará la seguridad en el terreno."[18]. La UA solicitó una moratoria de un año a la Corte para que el Comprehensive Peace Agreement (CPA) pueda ser implementado sin interferencias y dar una oportunidad a la justicia ordinaria sudanesa[19]. Se espera que los jueces de la Corte, que actualmente analizan las pruebas presentadas por Ocampo, se pronuncien al respecto en enero de 2009. Por su lado, el presidente sudanés al-Bashir, negó cualquier acusación y las calificó de "mentiras", afirmando que "en la cultura sudanesa no existe la violación."[20]. La decisión de Moreno-Ocampo ha generado una fuerte polémica. El Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, ha exigido en repetidas ocasiones que se respete la independencia de la Corte. Mientras tanto, en las calles de Jartum se produjeron movilizaciones de apoyo al presidente sudanés[21]. Muchas voces de reconocido prestigio señalaron el peligro que este proceso judicial puede entrañar para la implementación y viabilidad del CPA. Organizaciones como el International Crisis Group (ICG) han expresado serias dudas acerca de la idoneidad de esta acusación en el momento actual, ya que podría poner en peligro las frágiles negociaciones de paz y el despliegue de fuerzas internacionales[22]. Otros han defendido la legalidad y los efectos de la acción, como Human Rights Watch (HRW), pero, al mismo tiempo, han cuestionado el funcionamiento de la Fiscalía de la CPI, la calidad de sus investigaciones y la regularidad de sus procedimientos[23]. Richard Dicker, del programa de justicia internacional de HRW indicó que "Degradar la justicia para obtener otros objetivos no resulta bien. Socaba el Estado de Derecho y supone un desaire para las víctimas de las injusticias. Además, una paz basada en la impunidad es poco probable que dure. El vínculo paz-justicia debe ser examinado cuidadosa y objetivamente porque es una cuestión que resurgirá una y otra vez."[24]. Desde otra perspectiva, Justicia y Paz de Nairobi, la asociación oficial que reúne a las Conferencias Episcopales de ocho países de África Oriental (AMECEA, en inglés) celebró la decisión de Moreno-Ocampo "siempre y cuando las acusaciones que se hacen contra el presidente de Sudán sean ciertas." En cambio, para el Obispo católico de El Obeid, Antonio Menegazzo, esa acusación ha dividido al país, "recibida con satisfacción en Darfur (...), pero en las otras partes de Sudán (...) la reacción general será contraria a la acusación, y las manifestaciones ya han empezado en Jartum", así como en El Obeid[25]. El mundo musulmán se ha posicionado mayoritariamente en contra de la actuación inmediata de la CPI. Paralelamente, China, Irán, Egipto, Rusia y la Liga Árabe también se han manifestado en contra de la decisión del fiscal de la Corte, aunque en estos casos subyacen otros motivos económicos y políticos. Por una parte, Sudán es un gran productor de petróleo; por otra, Moscú y Beijing no quieren sentar precedentes en una intervención provocada por violaciones de Derechos Humanos. Por su lado, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Sudán, Ali al-Sadig, en declaraciones después de conocer las acusaciones del fiscal, dijo: "Nosotros consideramos igualmente la acusación del presidente o la de cualquier ciudadano normal de Sudan -no reconocemos nada que salga de la CPI, para nosotros no existe."[26] Sudán firmó pero no ratificó el Estatuto de la CPI, aunque esto no impediría que la Corte pueda intervenir, dado que se trata del mismo Consejo de Seguridad de la ONU -organización de la cual sí es miembro Sudán- el que, argumentando una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, reclama una investigación al fiscal mediante la resolución 1.593 de 2005, promoviendo además en el párrafo quinto la combinación de las indagaciones judiciales con otras medidas de justicia transicional[27].
NOTAS:
  1. ®Ver la entrevista a Paula Kagame publicada por el Financial Times después de la cumbre en Egipto, 3 de julio de 2008. http://www.ft.com/cms/s/0/598a759c-4932-11dd-9a5f-000077b07658.html.
  2. ®Resoluciones de la Asamblea de la Unión Africana sobre Ruanda, 3 de Julio de 2008. http://www.minaffet.gov.rw/news.php?id_article=13 ; http://www.rwandagateway.org/article.php3?id_article=953313 En Brasil, el coeficiente gini bajó de 58,2 (2003) a 56,7.
  3. ®"Egipto objeta contra la Corte Penal Internacional", Radio Netherland, 11 de noviembre de 2008. http://www.informarn.nl/news/ international/6047148/Egipto-objeta-contra-la-Corte-Penal-Internacional.
  4. ®Ver http://ipsnews.net/africa/nota.asp?idnews=43465.
  5. ®Nota de prensa de la CPI anunciando la acusación de al-Bashir, http://www.icc-cpi.int/press/pressreleases/406.html.
  6. ®"AU urges ICC to give peace process a chance", AU Monitor, http://www.pambazuka.org/aumonitor/comments/1544/.
  7. ®Acuerdo de paz firmado el 9 de enero de 2005 entre el gobierno de Sudán y el Movimiento Popular de Liberación de Sudán (SPLM, en inglés), brazo político rebelde del sur del país, que puso fin a más de dos décadas de conflicto armado.
  8. ®Entrevista de NBC News a Omar Al-Bashir, 20 de mayo de 2007, http://www.msnbc.msn.com/id/17691868/.
  9. ®"Críticas a la medida de Moreno-Ocampo", La Nación, Buenos Aires, 16 de julio de 2008. http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1030556.
  10. ®El despliegue de fuerzas internacionales y la viabilidad de un proceso político de paz fueron analizados en el seminario que FRIDE organizó el 9 de abril de 2008. El informe de esta conferencia puede consultarse en http://www.fride.org/publicacion/416/la-respuesta-internacional-a-la-crisis-de-darfur.
  11. ®Diversos artículos publicados al respecto: Nick Grono, vicepresidente del ICG, "Justice in Sudan Not Same as Peace", en Boston Globe, 16 de julio de 2008. http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5576&l=1; o Sara Darehshori, de HRW, "Sudan, Justice and Peace", en New Statesman Online, 16 de julio de 2008, http://www.newstatesman.com/international-politics/2008/07/sudan-government-darfur; o Param-Preet Singh, de HRW, "ICC Comes Under Sharp Criticism From U.S.-Based Human Rights Watch", en allafrica.com, 12 de julio de 2008. http://allafrica.com/stories/200807140047.html.
  12. ®Richard Dicker, "When Peace Talks Undermine Justice", International Herald Tribune, 5 de julio de 2008. http://www.iht.com/ articles/2008/07/04/opinion/edicker.php.
  13. ®Ver artículo completo en allafrica.com, http://allafrica.com/stories/200807150832.html.
  14. ®"AU Urges ICC to Suspend Bashir Warrant", The Daily Monitor, 15 de julio de 2008 http://allafrica.com/stories/200807160188.html.
  15. ®Resolución 1.593 del Consejo de Seguridad de la ONU, http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/292/76/PDF/N0529276. pdf?OpenElement.

4* La Corte Penal Internacional y el futuro.

Una década después de su creación, la Corte Penal Internacional enfrenta un período muy delicado, especialmente debido al grave fracaso que significó para la Fiscalía que la Sala I decretara el pasado julio la puesta en libertad de Thomas Lubanga, el que fuera líder del movimiento rebelde Unión de Patriotas Congoleños (UPC) acusado de alistar y reclutar menores para su participación activa en el conflicto de la República Democrática del Congo entre septiembre de 2002 y agosto de 2003[28]. La Sala entendió que se estaban contraviniendo los requisitos necesarios para la ejecución de un juicio justo, en concreto, debido a que la Fiscalía había ocultado pruebas del proceso a la defensa por haber sido obtenidas en términos de confidencialidad. Posteriormente, el fiscal recurrió dicha decisión y la Sala de Apelaciones suspendió provisionalmente esa decisión mientras valoraba el contenido de la apelación. Se trata del revés más importante desde el origen de la Corte y ha sido provocado por una negligencia de su Fiscalía. En una aparente huída hacia adelante, el fiscal intentó corregir el incidente emprendiendo una nueva causa 12 días después del pronunciamiento de la Sala I, en este caso contra el presidente sudanés al-Bashir. Aunque Lubanga no quedó en libertad, el proceso ha estado suspendido hasta noviembre de 2008, mes en el que los jueces de la Corte han entendido que los problemas de confidencialidad "han desaparecido", prometiendo una futura explicación en profundidad y la reanudación del proceso para el próximo 26 de enero de 2009[29]. Las críticas y dudas sobre el procedimiento de la CPI benefician al presidente Kagame, así como los reparos acerca del uso del principio de justicia universal que existen en la comunidad internacional, basados principalmente en el ataque que significa contra el principio de soberanía. El principio de justicia universal -que Ruanda y Sudán ratificaron en los Convenios de Ginebra- sustenta tanto los casos extraterritoriales como la CPI. De ahí que varios Estados apoyen al presidente ruandés, que conoce la debilidad de la Corte, por un lado, y, por otro, que el juez español Fernando Andreu no incluyó su nombre entre la lista de 40 militares del FPR procesados debido a su inmunidad como Primer Ministro. Esta inmunidad no existiría si fuera la CPI quien actuara. La función disuasoria que debe tener la CPI funciona positivamente en el caso Kagame. El presidente ruandés sabe que su inmunidad ante tribunales de terceros Estados podría desaparecer y tiene ejemplos cercanos a su alrededor. Una de las grandes críticas que recibió el proceso de justicia ruandés era precisamente su carácter unidireccional, aunque en este caso se argumentaba entre dos planos diversos: no hacía referencia a la misma queja de Kagame - de Europa hacia África- sino a la justicia ejercida por los tutsis hacia los hutus. Por otra parte, si bien es cierto que en su auto el juez español debió hacer más hincapié en el genocidio sufrido por los tutsis en 1994, eso no justifica acusar al juez de denegación de la masacre[30]. El Ministro de Justicia ruandés Tharcisse Karagurama llegó incluso a afirmar la existencia de una "conspiración" entre el juez francés y el español. La cuestión ruandesa tiene también otro punto de vinculación con la crisis sudanesa. Kagame ha lamentado que, por decisiones políticas occidentales, no se haya renovado el contrato del General Karenzi Karake, comandante adjunto de la Fuerza Híbrida UA-ONU para el Mantenimiento de la Paz en Darfur (UNAMID). Jordi Palou-Loverdos, abogado que interpuso la querella ante la Audiencia Nacional española, hizo público que Karake está procesado por el juez Andreu, al igual que otros cuatro militares ruandeses que en ese momento pertenecían a distintas misiones de paz[31]. En algunos análisis, ha surgido la idea del doble genocidio en Ruanda. Si bien es posible que en el futuro existan condenas para ambos bandos por crímenes de genocidio y lesa Humanidad, esto no implica desconsiderar el número de criminales encausados en cada parte, así como -y especialmente- el número de víctimas mortales que dejaron cada uno de los dos genocidios y la dimensión total del conflicto ruandés. El gran genocidio fue sufrido por la etnia tutsi, sin olvidar por ello a todas las víctimas hutus al asumir esta afirmación. Por ello, adquiere mucha relevancia que el gobierno ruandés prosiga con la investigación de los hechos, incluidas las averiguaciones respecto a la implicación francesa en la masacre sufrida por los tutsis, para que se establezca la verdad en Ruanda. Con el fin de luchar contra la impunidad de una manera eficaz y ejemplar, todas aquellas personas involucradas en uno u otro genocidio deberán ser juzgadas acorde al Derecho y cumplir sus condenas por los crímenes cometidos. Teniendo en cuenta la historia del continente africano y la desigualdad que existe cuando se juzgan personas del Norte o del Sur, la comunidad internacional debe apoyar todos los esfuerzos dirigidos al esclarecimiento de los hechos, con mayor motivo si los involucrados son europeos. En línea con sus afirmaciones, Kagame mostró su apoyo al presidente sudanés acusando al mismo tiempo a la CPI de "institución fraudulenta"[32]. Al tomar partido, la Unión Africana ha asumido una posición que pone en una situación incómoda a 30 de sus países miembros que ratificaron los convenios de Ginebra y el Estatuto de Roma de 1998. Así mismo, tendrá que plantearse caminos alternativos en caso de que Europa exija el cumplimiento de los tratados internacionales a los países africanos, a pesar del riesgo de que se deteriore la relación con la UE. El pasado noviembre, el Ministro de Asuntos Exteriores etíope, Seyoum Mesfin, y el enviado de la UE para Sudán, Torven Brylle, discutieron acerca de la solución del conflicto en Darfur y del despliegue de las fuerzas de paz. Ambos, Etiopía y la Unión Europea, son actores importantes en la búsqueda de posibles soluciones. El país africano aporta 3.000 soldados y apoyo civil profesional, mientras que la UE es uno de los grandes proveedores de fondos para la construcción de la paz, junto con Estados Unidos[33]. Por otro lado, el presidente francés Sarkozy ya ha amenazado a al-Bashir con el aislamiento en caso de que éste no tome medidas a favor de la paz en Darfur[34]. En cuanto a la CPI, aunque en estos diez años ha puesto grandes esfuerzos en el logro del máximo número posible de ratificaciones para el Estatuto de Roma, es necesaria una importante revisión de los procedimientos que sigue la Fiscalía con el fin de evitar errores de procedimiento -como el cometido en el caso Lubanga- y cumplir con las normas de juicio justo. Su organización y funcionamiento deberán ser reforzados, salvando las lagunas que se han demostrado. A su vez, es importante que el criterio geográfico se expanda y efectivamente se emprendan acciones en otros continentes. Algunos países en los que se empieza a centrar la atención son Colombia, Afganistán y, recientemente, Georgia. También sería adecuado reforzar la independencia de la Fiscalía para que este órgano, en cuanto disponga de las pruebas suficientes acerca de la comisión de genocidio y crímenes contra la Humanidad, pueda actuar sin presiones. La discusión entre justicia y paz encuentra su solución en un trabajo armónico y paralelo en ambas cuestiones[35]. El Consejo de Seguridad, la Asamblea y el Secretario General de la ONU tienen el papel principal de garantizar a la Corte su independencia. Del mismo modo, y siguiendo los tratados internacionales y los ordenamientos jurídicos nacionales, en caso de existir un abuso del principio de jurisdicción universal por motivos políticos, éste deberá ser puesto de manifiesto, demostrado y probado ante las Salas de Apelación correspondientes. De no ser así, carecerá de justificación el incumplimiento de los acuerdos convenidos bilateral o multilateralmente. En el caso de Sudán, una vez que el fiscal de la CPI hizo pública la acusación -y a la espera de la decisión de los jueces- la comunidad internacional debe ponerse a trabajar. Aquellas organizaciones que tienen personal destacado deberán reforzar sus posiciones y protegerlas, tarea en la que las autoridades nacionales desempeñan un papel esencial. En este sentido, es importante que China haya enviado más de 300 ingenieros a Sudán, cuyo trabajo permitirá logísticamente un mayor despliegue de cascos azules en la zona. Ya suman 8.000 gracias a esta ayuda y, después de una reunión entre la ONU, la UA y el gobierno sudanés a mediados de noviembre, se ha acordado que a final de año se pueda llegar hasta el 60% de fuerzas desplegadas de los 26.000 soldados acordados. Para marzo de 2009 se espera que ese porcentaje haya ascendido hasta el 80%. La UA, la ONU y la UE deben trabajar conjuntamente por la paz del país y la integridad de toda la población civil y del personal de ayuda humanitaria. Pero la gran responsabilidad en este momento recae en el propio gobierno sudanés, llamado a trabajar por el cese de la violencia, a colaborar por completo con la justicia internacional y a no provocar un incremento de las hostilidades en Darfur, sabiendo que cualquier ataque a civiles o al personal humanitario constituye crimen de guerra por el que, en el caso probado de trasgresión, también tendrá que responder. En esta línea, el 12 de noviembre al-Bashir hizo un llamamiento al alto el fuego que fue rechazado automáticamente por los rebeldes del Movimiento por la Justicia y la Igualdad, argumentando que no cesarán su lucha hasta que no perciban que el gobierno toma medidas concretas dirigidas a un reparto equitativo de poder y riqueza en la región[36]. En aras de lograr legitimidad y construir confianza entre la población hacia las medidas que se toman para Sudán, es importante que todas se tomen conjuntamente entre la comunidad internacional y las autoridades y organizaciones nacionales, en todas las esferas. Así, las decisiones políticas necesitarán del mismo consenso que las judiciales. En paralelismo con el proceso de rendición de cuentas vivido en la ex-Yugoslavia, la población depositó su confianza en sus propias instituciones judiciales una vez reformadas con la ayuda de jueces internacionales, antes que en el "extranjero" Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia (TPIY). La comunidad internacional tiene la obligación de promover y apoyar el estamento judicial nacional que, según experiencias pasadas, será el único capaz de llevar a cabo un proceso de rendición de cuentas a largo plazo. El apoyo técnico externo a corto y medio plazo será fundamental para que la reconstrucción del sistema judicial sea efectiva y cumpla con los estándares internacionales. Al mismo tiempo, mientras esa reconstrucción se lleva a cabo, la comunidad internacional tiene el deber de respaldar política y económicamente todo intento dirigido al logro de la paz, sin que ello signifique dejar de lado los instrumentos necesarios para combatir la impunidad. La actuación de la CPI, por tanto, no tiene porqué ser opuesta a la implementación del Acuerdo de Paz en Sudán, siempre y cuando en los dos ámbitos se incluya a toda la población: enjuiciamientos de autoridades y de rebeldes; inclusión de todas las partes afectadas en las negociaciones de paz y en condiciones de igualdad. Esta uniformidad provocará que crezca la credibilidad de la población hacia los esfuerzos políticos y judiciales en favor de una reconciliación global, y no parcial, de una sociedad en situación de post-conflicto. Por esta razón era importante que Moreno-Ocampo, como anunció recientemente, abriera también una causa contra los dirigentes rebeldes[37]. Este es el tercer caso que incoa el fiscal de la CPI en relación a Sudán. En cambio, en la reunión que mantuvo el Consejo de Paz y Seguridad de la UA el 24 de noviembre no se menciona la CPI ni las justicias nacionales europeas. Se centra únicamente en la implementación del CPA, valorando sus avances y destacando la necesidad de acelerar el proceso. En referencia a la comunidad internacional, recalca la importancia de las contribuciones económicas y pide la cancelación de la deuda externa de Sudán, con el fin de apoyar la implementación del Acuerdo de Paz. El Sur y el Norte deben trabajar conjuntamente en la lucha contra la impunidad. La necesidad de llevar a cabo procesos paralelos de desarrollo incluye también un sistema de rendición de cuentas cuyo fin, a medio y largo plazo, sea la reconciliación y el fomento de la convivencia. En cifras de la ONU, se trata de alrededor de 300.000 personas muertas y de 2 millones y medio de desplazadas directamente afectadas por la guerra en Sudán. En Ruanda, se calcula que murieron entre 800.000 y 1 millón de personas en total y que hasta 2 millones y medio se elevó el número de desplazados. Tanto las familias como las víctimas indirectas de estos dos conflictos tardarán en reponerse del horror de la guerra, no lo olvidarán nunca. Con el fin de paliar las consecuencias, la comunidad internacional y las autoridades nacionales tienen la obligación moral conjunta de poner rápidamente a su disposición todos los medios necesarios, esclarecer la verdad y tratar de, en la medida de lo posible, restituir tanto material como moralmente todos los derechos ultrajados.
NOTAS:
  1. ® Ver una síntesis de la evolución del caso en http://www.icc-cpi.int/cases/RDC/c0106.html.
  2. ®Nota de prensa de la CPI al respecto, 18 de noviembre de 2008, http://www.icc-cpi.int/pressrelease_details&id=445&l=en.html.
  3. ®Aunque podría haber profundizado más en los antecedentes, en la página 150 del Auto del juez Andreu se alude directamente al "tremendo exterminio sufrido por los ruandeses de la etnia tutsi, tan criminalmente deplorable como los hechos aquí enjuiciados", http://www.veritasrwandaforum.org/dosier/resol_auto_esp_06022008.pdf.
  4. ®El abogado Jordi Palou-Loverdos, del Fórum Internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos, en una entrevista para La Vanguardia concedida el pasado 26 de mayo, decía: "Uno de ellos es segundo comandante de las fuerzas de mantenimiento de la paz en el genocidio de Sudán, lugar clave en la lucha geoestratégica entre Estados Unidos y China" http://www.lavanguardia.es/free/ edicionimpresa/res/20080526/53468393086.html.
  5. ®"Kagame tells why he is against ICC charging Bashir", Sunday Nation, 3 de agosto de 2008, http://www.nation.co.ke/News/africa/- /1066/446426/-/14anpctz/-/index.html.
  6. ®Ver "Ethiopian FM, EU envoy discuss Darfur peace process", Sudan Tribune, 22 de noviembre de 2008. http://www.sudantribune. com/spip.php?article29344.
  7. ®Ver "French president says clock ticking for Sudan"s Bashir", Sudan Tribune, 9 de diciembre de 2008. http://www.sudantribune.com/spip.php?article29527.
  8. ®De otra opinión es Mo Bleeker del Departamento Federal de Asuntos Exteriores Suizo, que defiende la necesidad de un acuerdo de paz previo antes del comienzo de implementación de medidas de justicia transicional "(") y tan pronto como los acuerdos hayan sido firmados, comienza el difícil trabajo de implementación con los esfuerzos necesarios para garantizar que no se repetirán los errores del pasado. Todo pasa a ser urgente: reconstrucción, desarrollo económico, medidas de justicia transicional, reforma de las estructuras que hicieron posibles las violaciones, eliminando las causas que originaron el conflicto, etcétera." Mo Bleeker, "Challenges to the implementation of transitional justice", Dealing with the past and transitional justice: creating conditions for peace, Human Rights and the Rule of Law, Conference Paper 1/2006, publicado por Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza, 2006, p. 158. http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/Conference_Paper/PA4ConferencePaper01-2006.pdf.
  9. ®Ver http://www.iol.co.za/index.php?click_id=68&set_id=1&art_id=vn20081113053020714C819014.
  10. ®Tres comandantes rebeldes están acusados de crímenes de guerra contra las fuerzas de mantenimiento de la paz de la Unión Africana. El 10 de diciembre de 2008, la Sala de Instrucción (Pre-Trial Chamber) ha solicitado más información a la Oficina del fiscal antes del 26 de enero de 2009, con el fin de determinar la procedencia o no de una orden de arresto. Nota de prensa de la CPI al respecto: http://www.icc-cpi.int/press/pressreleases/455.html.
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