Justicia universal y lucha contra la impunidad

1* Fundamentos de nuestro posicionanimento y compromiso.

Los abusos a los derechos humanos que prevalecen en los conflictos internos, son hoy en día los más atroces que se producen en el mundo. Ayer Chile, Argentina, o Guatemala; hoy Yugoslavia, Ruanda, Guinea o Chechenia... por citar sólo unos pocos. Frente a esto y a lo largo del tiempo vemos como se han producido situaciones que podemos enmarcar en dos tendencias contrapuestas: Una, orientada por una manifiesta propensión a mantener la impunidad de los genocidas y terroristas de Estado, para lo cual se promulgaron leyes de amnistía e indultos que, en aras de una supuesta "reconciliación nacional" buscaron el Olvido y rechazaron la Memoria, arrebatando a las víctimas de las atrocidades cometidas su derecho a pedir justicia. Otra, tendente a profundizar la investigación de las gravísimas violaciones de derechos humanos cometidos desde la implantación de ese terrorismo de Estado y a alcanzar la verdad Esta tendencia ha sido encabezada, impulsada e implementada por y desde los movimientos sociales, empeñados en demostrar que la verdadera paz social, el único camino de reconciliación sólo puede venir de la mano de una política firmemente comprometida con la justicia y la verdad. En el reciente quinquenio, se han producido en el plano internacional algunos sucesos que han servido para robustecer la creencia de que efectivamente la jurisdicción y el derecho penal pueden desempeñar un papel en la recuperación de la memoria histórica. Así la aprobación de convenciones, pactos y acuerdos han permitido dar una definición precisa a los delitos de lesa humanidad y han establecido métodos para determinar la responsabilidad y el enjuiciamiento de sus autores, aún antes de que pudiera ponerse en funcionamiento el propio Tribunal Penal Internacional cuya finalidad es juzgar este tipo de crímenes. En este contexto se han adoptado decisiones jurisdiccionales que comenzaron a señalar el camino para poner en práctica el principio de extensión de la jurisdicción o de justicia universal con el fin de aprehender y castigar a los autores de los delitos de lesa humanidad en cualquier lugar del mundo.

2* Antecedentes a nuestra acción.

En esta dirección debe subrayarse que España ha contribuido muy especialmente a fomentar esta nueva cultura de la jurisdicción. De una jurisdicción que se manifiesta cada vez más solidaria con el principio de justicia universal y que se orienta a rasgar el velo de impunidad que ha estado cubriendo la responsabilidad de tantos genocidas y torturadores. Justo es decir que para que sea posible la aplicación de la jurisdicción universal, se hace necesario defender la independencia de los jueces y evitar las presiones del poder político. Que esas presiones existen, es una realidad, que no necesita acreditación. Basta recordar las reiteradas manifestaciones del Fiscal General del Estado Español y de los fiscales de la Audiencia Nacional que desconocen permanentemente los pronunciamientos judiciales aplicando la jurisdicción universal. Debemos invocar y los magistrados aplicar, por encima de cualquier otra consideración, los tratados internacionales de derechos humanos que aseguran el acceso a la justicia idónea, imparcial e independiente. Y si no lo hacen y tampoco lo hacen las instancias llamadas superiores, entonces, debemos recurrir a las instancias internacionales. Se debe poner en evidencia las responsabilidades de los Estados que se obligan en tratados internacionales a introducir en sus legislaciones internas, normas para la prevención y sanción de delitos contra la humanidad, pero luego hacen caso omiso de sus obligaciones de adecuar sus legislaciones internas a los compromisos internacionales. Desde nuestra perspectiva, como ONG, es importante rescatar el papel activo y protagonista que desempeñó la sociedad civil, articulada en plataformas de acción unitaria, como fue el Comité contra la impunidad constituido por unas cuarenta entidades (partidos políticos, sindicatos, ONG como Amnistía, APDHE, etc.) que dieron soporte sistemática a las acciones judiciales e incidieron en la toma de posición de las instituciones políticas y gobernantes.

3* El nuevo contexto.

Porque España fue pionera en estos aspectos, nos preocupa cuanto más el neto retroceso que observamos: Están parados los procedimientos relativos al enjuiciamiento y condena de los delitos de lesa humanidad cometidos por las dictaduras de Chile y Argentina, dándose incluso un intento de carpetazo al nítido caso de Carmelo Soria por razones peregrinas... Tampoco avanza la denuncia por genocidio de Guatemala cuya vista está suspendida sin señales de una clara voluntad de avanzar en la toma en consideración de los hechos. Mientras que se están acumulando frente a la pasividad del gobierno español, todo tipo de gravísimas agresiones y flagrantes vulneraciones de derechos y libertades fundamentales en Guinea Ecuatorial, nuestra ex - colonia a la que nos debe unir un compromiso moral de apoyo a su desarrollo y democratización. Asimismo, y en otro orden de cosas, estamos viviendo en países tales como Argentina un fenómeno que no es nuevo; pero que cobra renovado vigor: la judicialización del conflicto social. El sistema de exclusión que han sufrido los países hoy sub-desarrollados, sólo pudo imponerse y sólo puede mantenerse con represión. La persecución a los luchadores sociales se torna sistemática. No debemos olvidar que la corrupción de los gobiernos ha sido una herramienta necesaria para el abuso de los poderes económicos en el proceso de globalización de la economía.

4* En defensa del TPI frente a la "Guerra contra el terrorismo mundial".

En un contexto de post-guerra fría y secuelas traumáticas del 11 de septiembre, en el que la propia naturaleza de los conflictos está cambiando, ni siquiera logramos poner correcta y plenamente en marcha el Tribunal Penal Internacional de recién entrada en vigor. El Estatuto de Roma (1998) que creó este Tribunal Penal Internacional, lo definió como un tribunal independiente, y permanente relacionado con el sistema de Naciones Unidas; un tribunal con jurisdicción sobre los crímenes más graves que afectan a la Comunidad Internacional en su conjunto, de modo que dichos crímenes no queden impunes y su persecución efectiva quede asegurada por medidas estatales internas y por el reforzamiento de la cooperación internacional. Los Estados Partes en el Estatuto declaran en su preámbulo que están "decididos" a garantizar que la justicia internacional sea respetada y puesta en práctica de forma duradera. Esto pone negro sobre blanco que ningún Estado, por muy poderoso que sea, puede permitirse "pervertir" el objetivo último de este tribunal: romper con la vulnerabilidad y el silenciamiento de las víctimas y acabar con la impunidad de los grandes criminales internacionales responsables de las mayores atrocidades contra la humanidad, estén donde estén y procedan de donde procedan. Por ello como sociedad civil debemos manifestarnos rotundamente en contra de las maniobras de Estados Unidos, bajo la presidencia de G.W.Bush que conducen a una clara y peligrosa deslegitimación del Derecho Internacional con el pretexto de defender sus intereses "vitales" y estratégicos coyunturales, basándose para ello en una interpretación inadmisible del art.98 (2) del Estatuto de Roma. Su presión está incluso logrando la benevolencia de países miembros de la Unión Europea como Italia y el Reino Unido, poniendo en entredicho la unidad de acción exterior de la UE. Ante esto es necesario decir bien claro que nuestro interés como ciudadanos europeos es que el Estatuto de Roma se aplique lo más universalmente posible y que todos los estados europeos sigan una postura unitaria frente a Estados Unidos en rechazo a los acuerdos bilaterales de exclusión que éste preconiza. Eso mismo es también el interés de la Comunidad Internacional que nosotros defendemos y que está por encima de los intereses particulares de cualquier Estado; mucho más de uno que rechaza la misma idea del Tribunal Penal y su profundo sentido para el progreso del Derecho Internacional. Nosotros, ciudadanos europeos, soportamos en nuestra memoria histórica el recuerdo de todos los holocaustos del siglo XX, de Armenia a Sarajevo, y de todas las guerras civiles fraticidas del continente, de Finlandia a Grecia. En siglos anteriores nos tocó el triste aunque digno recorrido de aprehender progresivamente el sentido universal de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos aboliendo la esclavitud, y descolonizando nuestros imperios y además nosotros, como españoles, a mediados del pasado siglo, supimos, por fin, poner término a la Santa Inquisición y a la intolerancia frente a lo diferente. Reconstruidas en una perspectiva moderna y autocrítica, nace de estas experiencias en las que anclar la defensa universal de los derechos humanos, de las libertades fundamentales y de la autodeterminación de los pueblos, nuestra convicción y consiguiente compromiso para impulsar vías y caminos en el proceso de humanización del mundo. La batalla moral que hoy los europeos debemos y podemos dar en honor a esa memoria histórica, es la defensa a ultranza del único instrumento hoy disponible que al fin pueda permitir abordar de manera sistemática y con mayor amparo las situaciones extremas de vulneración de derechos en una interpretación amplia del precepto de justicia internacional. Que acabe la impunidad, que las voces de las víctimas no se queden en las páginas en blanco de los libros de historia, que suene la verdad y se haga justicia, estos son nuestros objetivos y que sólo el funcionamiento efectivo de un Tribunal Penal Internacional verdaderamente universal puede satisfacer. Por todo ello las organizaciones cívicas de la Plataforma 2015 incorporamos plenamente a nuestra tarea de solidaridad y cooperación internacional, en contra de las políticas económicas, financieras, militares y de intereses estratégicos estrechos y vulneradores de derechos una agenda capaz de crear una voluntad política irreversible en defensa de los derechos humanos y del derecho internacional para poner en el corazón mismo de toda acción política y como única legitima medida de su eficacia y eficiencia: el bienestar y la dignidad de todo ser humano sin exclusión.

5* Nuestros compromisos.

Difundir la recuperación de la Memoria Histórica y la lucha contra el Olvido como único camino para el respeto de los derechos humanos y la profundización de la democracia en cualquier país del mundo. Promover, en su caso, campañas para la derogación de las Leyes de Amnistía e Indultos de los responsables de crímenes contra la humanidad. Impulsar la aplicación de la Justicia Universal y la extensión de la jurisdicción penal como parte del proceso de globalización en el que estamos inmersos. Denunciar a los Fiscales españoles que se empeñen en resistirse al reconocimiento del derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos a que se haga justicia en el marco de una jurisdicción de carácter universal. Luchar por la independencia del poder judicial que se ve amenazada constantemente por la intervención de los poderes públicos y, en particular, por la política implementada desde el gobierno. Organizar foros de debate para el logro del reconocimiento de los Derechos Sociales como parte de los derechos humanos. Denunciar todas las formas de Corrupción, y en particular el uso de la misma como herramienta de las multinacionales para obtener beneficios económicos que incrementan la pobreza en detrimento de los derechos sociales Fomentar la incorporación de la justicia universal en las legislaciones internas de los estados nacionales en particular para poder superar las restricciones que marcan el campo de intervención del TPI (no-retroactividad, derechos económicos y sociales etc.) Denunciar las derivas de la "guerra contra el terrorismo mundial" llevada al extremo por el gobierno del presidente G.W.Bush, en particular las presiones para conseguir el "vasallaje" de los estados miembros de la UE. Generar conciencia sobre la necesidad de defender el Estatuto del TPI en su más amplia interpretación universalista, comprometiéndonos a seguir luchando con la sociedad civil por la correcta y amplia aplicación del Estatuto de Roma.

6* Acciones inmediatas.

Debemos movilizar a la opinión pública española para presionar y aplicar a la acción concreta los principios antes definidos en relación a casos abiertos en nuestros tribunales, tales como:

• La reconsideración del "carpetazo" para el caso Carmelo Soria.
• La fijación sin más delación de la vista del recurso por la denuncia de genocidio en Guatemala.
• El apoyo al recurso contencioso-administrativo planteado para solicitar del Gobierno español que actúe con el fin de lograr, entre otras acciones, la nulidad del juicio celebrado en Malabo (Guinea).
• Impulsar y apoyar cualquier otra acción judicial, como denuncia por torturas, con el fin de impedir queden impunes los crímenes de lesa humanidad cometidos en Guinea.