Migración y desarrollo: Enfoques integrados

Temática: Derechos Humanos /DESC.

Autoría: Plataforma 2015 y más

Año de Publicación: 2005

Un enfoque coherente e integrado entre las migraciones y el desarrollo debe también abordarse. El codesarrollo no puede convertirse en una fórmula para ordenar los flujos migratorios, frenarlos o como alternativa para resolver la lucha contra la pobreza de la población inmigrante, con el riesgo de instrumentalizar las políticas de cooperación o de adoptar medidas de presión en las negociaciones políticas entre países. Las migraciones son potencialmente un factor de desarrollo en las comunidades y países receptores de emigrantes y, a su vez, pueden potenciar el papel de las personas inmigradas como agentes de cambio en su comunidad. Pero también debe tenerse en cuenta que se está descapitalizando a los países empobrecidos y que, por ejemplo, la feminización de la migración está creando consecuencias inaceptables, al desintegrar las familias y quedar atrás niños y niñas en condiciones de grave riesgo de explotación y marginación en ausencia de sus padres.

En consecuencia, como ya señalábamos en el capítulo 1, para avanzar y alcanzar la consecución efectiva de los ODM se requieren dos condiciones de partida:

Los países del Norte deben cumplir las exigencias del objetivo 8 con la máxima urgencia. Frente al 2015, es preciso insistir en que el aumento de la ayuda no ligada, las prioridades de erradicación de la pobreza y de sostenibilidad medioambiental, el acceso a las tecnologías, la conversión efectiva de la deuda externa en desarrollo, la apertura comercial para los productos de los países pobres y el fin del proteccionismo, que hunde las exportaciones de los países empobrecidos, son exigencias inaplazables que afectan al conjunto de las políticas actuales de los países ricos. Tales condiciones, de elemental justicia, son la primera barrera que se encuentran los países del Sur que pretenden alcanzar los otros siete Objetivos de Desarrollo del Milenio.
En los países empobrecidos, la democracia, la transparencia, el control y la participación social son exigencias igualmente importantes. Siguiendo a Amartya Sen, cada vez es más obvia la necesidad de que las instituciones políticas cumplan unos requisitos básicos. La democracia y el respeto a los derechos humanos universales civiles y políticos son la base sobre la que garantizar también el resto de derechos humanos de carácter económico, social y medioambiental, incluido el derecho al desarrollo.

Por ello, la presión de las ONG y de las opiniones públicas debe poner el acento en esas condiciones tan básicas y elementales que parecen obvias. Y que permitirán que la humanidad cumpla el compromiso histórico de pobreza cero.

Para ello, nos comprometemos a defender, como "Plataforma 2015 y más", en nuestro trabajo de cooperación internacional, en nuestras actividades de sensibilización y movilización y en nuestro trabajo en red, los siguientes puntos:

Exigir el incremento de la cantidad y calidad de la ayuda oficial al desarrollo en el ámbito de la UE y, en especial, en nuestro país.

Como señala nuestro Informe, el coste estimado para conseguir los objetivos es totalmente asequible y no excede en absoluto las promesas del 0,7 por ciento reiteradas en Monterrey y en Johannesburgo. La necesaria duplicación de la ayuda oficial anual para el desarrollo palidece, si se la compara con la riqueza de los países de altos ingresos y con el presupuesto militar mundial.

Pero la media efectiva de la ayuda, tanto simple como ponderada en función del volumen, se encuentra muy por debajo del objetivo del 0,7 por ciento acordado desde 1969, y experimenta una tendencia decreciente. En el 2004 España se situaba claramente entre los países alejados del objetivo, donde sólo Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, Grecia y, en los últimos años, Italia o Japón, ofrecen panoramas más negativos en el conjunto de los años observados.

La ayuda de los países de la UE, como porcentaje del PNB acumulado, ha venido decreciendo a lo largo de los noventa. El compromiso del comisario Michel de alcanzar la media colectiva del 0,56 por ciento para el 2010 (cuando las organizaciones europeas reclamamos el 0,7 por ciento para dicha fecha), tiene que reflejarse necesariamente en las perspectivas financieras para el 2007-2013. Es importante la existencia de un calendario determinado que comprometa alcanzar el objetivo del 0,7 por ciento fijado por Naciones Unidas.

Recientemente, en el ámbito de la UE, España (2012), Bélgica (2010), Finlandia, Francia (2012) y Gran Bretaña (2013) se han comprometido a cumplir el objetivo del 0,7 por ciento a medio plazo. En el pasado Consejo de Ministros, de 24 de mayo, los Estados miembros han acordado alcanzar para el 2010 el 0,56 por ciento, con el objetivo de alcanzar el 0,7 por ciento en el 2015. Pero todavía más de la mitad de los países que integran el Comité de Ayuda para el Desarrollo de la OCDE no han asumido en firme, con un calendario definido, su obligación de cumplir el compromiso contraído.

Alcanzar los Objetivos del Milenio implica transferir recursos netos reales hacia los países más pobres. Las políticas sobre deuda y las iniciativas internacionales para establecer nuevos mecanismos de financiación internacional para el desarrollo deben fijarse como un mecanismo adicional de recursos financieros disponibles, sin que esto sea una estrategia para detraer la atención sobre el compromiso cuantificable del 0,7 por ciento.

Las reglas del CAD sobre cómputo de la AOD deben orientarse a asegurar las transferencias de recursos netos reales de los países desarrollados hacia los más pobres. El cómputo de los gastos de atención a los refugiados en el país receptor, las becas de estudio o el de determinados gastos militares de intervención en zonas de conflicto no son, en absoluto, prácticas adecuadas en relación a las transferencias de recursos necesarios para la inversión en desarrollo.
Continuar exigiendo la condonación de la deuda externa.

Existe un amplio consenso en que la insostenible carga de la deuda externa es, para buena parte de los países empobrecidos, el primer obstáculo para avanzar en el cumplimiento de los ODM. La capacidad de los países para cumplir con las metas del milenio debe ser un indicador, por el que se mida la carga y sostenibilidad de la deuda contraída, en coherencia con la capacidad de disponer de recursos públicos suficientes para alcanzar dichas metas previamente fijadas. Como se ha señalado, el valor de la deuda acumulada supone cerca del 20 por ciento del PNB del mundo en desarrollo. Muchos países pobres de África y algunos de Latinoamérica gastan anualmente mucho más en pagar los intereses de la deuda contraída que lo que invierten conjuntamente en los objetivos de salud o educación.

Muchos países pobres altamente endeudados deberían llegar al 2015 con el cien por cien de su deuda totalmente condonada, y sin haber generado nuevas cargas. Se trata de propuestas que deben ser aplicadas:
- Una política de tratamiento de la deuda que se evalúe en función del cumplimiento nacional de los ODM.
- Canjes de deuda dirigidos al apoyo de los sectores sociales básicos como la salud y la educación.
- Nuevas reglas del juego para el funcionamiento del sistema internacional del crédito, para la financiación de la reducción multilateral de la deuda y respecto de las condiciones macroeconómicas de las instituciones financieras multilaterales.
- La política de gestión de deuda bilateral debe computarse adicionalmente a los recursos destinados a la AOD. Una ley orientada a los objetivos anteriormente expuestos debe ser aplicada en nuestro país.
El alineamiento, la armonización y la coherencia de la ayuda, junto con su incremento hasta los niveles comprometidos, es el gran reto de las políticas de desarrollo del siglo XXI. Esto implica definir códigos de buenas prácticas (contratos de asociación), de acuerdo con las necesidades de los países receptores, aproximando las actuaciones hacia los servicios sociales básicos y la integración de las poblaciones más vulnerables. Una mejor gestión de la ayuda permite incrementar sus flujos y la capacidad para utilizarlos adecuadamente.
Proponer políticas de desarrollo social y participadas en los países receptores de la ayuda.

La elaboración de nuevos planes de reducción de la pobreza por parte de los países receptores, orientados a los Objetivos del Milenio y no en función de objetivos macroeconómicos de ajuste estructural, es un elemento fundamental para generar un diálogo constructivo entre la diversidad de agentes implicados.
Poner en marcha estrategias comunes comprometidas con el cambio social y político y caracterizadas por:
1. La construcción de un verdadero acuerdo social, un contrato de asociación entre países donantes y receptores, incluyendo la gestión transparente y legítima de los recursos destinados a la erradicación de la pobreza.
2. El impulso de la capacidad de liderazgo y de participación de la sociedad civil con enfoque de género, de derechos humanos universales e indivisibles y de justicia social.
3. Considerar a la sociedad civil como agente de desarrollo político y social en los países con los que cooperamos significa una nueva lógica de alianzas, que en la "Plataforma 2015 y más" debemos desarrollar y que pueden ser agrupadas en las siguientes intervenciones:
  - Una lectura compartida sobre los procesos y contextos nacionales y locales en los que desarrollar nuestras alianzas.
  - Un análisis para determinar los intereses recíprocos que nos permiten articular dichas alianzas.
  - Profundizar en nuestros criterios de asociación y de trabajo con nuestras contrapartes, respetando las competencias y autonomía de cada una de las organizaciones parte, respetando el momento institucional de las mismas y evaluando las acciones, en función de nuestras mutuas capacidades.
  - Mantener una responsabilidad compartida en la financiación de las acciones, evitando competir con nuestros socios en el acceso a las fuentes de financiación correspondientes.
  - Generando espacios de intercambio y encuentro con las organizaciones que forman parte de las alianzas correspondientes.
4. Al mismo tiempo, trabajar para obtener el reconocimiento de un rol global para las ONGD y exigir participar organizadamente en las discusiones que se realizan en el marco de las instituciones gubernamentales y financieras multilaterales, así como en las instituciones del sistema de Naciones Unidas reformado.
5. La inversión en desarrollo humano, el apoyo a la seguridad y soberanía alimentaria en las comunidades campesinas, la generación de infraestructuras y servicios sociales en el ámbito de lo público y especialmente en el desarrollo local.
6. La consolidación de políticas de habitabilidad básica, con el compromiso de mejorar las condiciones de vida de un millón de pobres, hasta conseguir en el 2015, mediante dicho esfuerzo conjunto realizado desde nuestro país, un 1 por ciento de la meta 11 de los Objetivos del Milenio. Una estrategia que abarca, además de un lugar para vivir, el abastecimiento de agua potable, el saneamiento y eliminación de desechos, los servicios sociales y culturales, de salud, de educación y de promoción, entre otras, de unidades productivas básicas.
7. Asegurando en todo momento la transversalidad de los derechos humanos universales en la dimensión que éstos suponen como patrimonio irrenunciable. No se puede dejar de insistir en su efectivo cumplimiento, de observar las situaciones y políticas tácitas de violación, por grupos de poder e instituciones, cuando poblaciones no sólo excluidas sino despojadas son victimizadas. Los derechos humanos hacen parte, deben hacer parte, de la cooperación. Es nuestro reto de justicia social.

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