Una respuesta a la crisis financiera y económica desde los derechos humanos

1* Introducción

Lo que comenzó, en el verano de 2007, como una crisis en el sector de créditos hipotecarios de alto riesgo (sub-prime) en Estados Unidos se convirtió en una crisis económica de dimensiones mundiales que ha sido llamada la peor crisis desde la Gran Depresión. La magnitud de la crisis arroja una luz totalmente nueva sobre las consecuencias del enfoque tradicional de los derechos humanos y la regulación de las finanzas. Bajo este paradigma, se ha dicho a los defensores de los derechos humanos que los temas de la regulación financiera son estrictamente técnicos y deben dejarse en manos de los expertos, mientras que las políticas y preocupaciones sobre derechos humanos deberían ser abordadas independientemente de las cuestiones reguladoras financieras o, simplemente, circunscritas al enfoque que decidan darle los expertos financieros. Sin embargo, la crisis ha revelado las carencias de esta estrategia y fortalece una crítica a la regulación financiera, basada en los derechos humanos. Aunque hubo muchas explicaciones sobre los orígenes de la crisis, hay amplio acuerdo respecto a la importancia de varios fracasos debidos a la laxa regulación y supervisión de los mercados financieros, sus operadores y los instrumentos que utilizan[1]. Al mismo tiempo, no es difícil encontrar apoyo a la noción de que, en todas partes, el goce de los derechos humanos se verá considerablemente afectado por la crisis. Por ejemplo, la drástica disminución de la demanda acumulada a nivel mundial provocó un desempleo generalizado y, para muchos, la destrucción de sus medios de vida. Tras años de decreciente desempleo, según pronósticos de la OIT[2] habrá cerca de 20 millones más de desempleados en 2009 que en 2007. Aproximadamente 50 millones de personas podrían quedar desempleadas si la crisis alcanza la magnitud de desempleo de los años 1990[3]. Estas cifras generales esconden los mayores impactos que sufren las mujeres, la infancia, los pobres, los indígenas, las minorías étnicas y los trabajadores migrantes. Junto al desempleo creciente, la protección social - en muchos países condicionada a tener un trabajo - está disminuyendo. Para aquellos que todavía tienen un trabajo, más desempleo se traduce en una mayor presión sobre sus salarios y su cobertura social. La seguridad social para los adultos mayores también padece los efectos de la crisis: los fondos de pensiones registran pérdidas, en algunos casos, cercanas al 50%[4]. El pasaje a menos sistemas de pensiones financiados por el Estado de las últimas décadas amplía estos impactos. Por su parte, las rentas públicas que debían reforzar el apoyo necesario a la cobertura social y jubilatoria tuvieron una caída considerable, lo que acotó las opciones del Gobierno. Se espera que la pobreza aumente en 53 millones de personas en todo el mundo[5]. Pero incluso esta cifra podría pecar de optimista, ya que se basa en la definición de pobreza ampliamente cuestionada del Banco Mundial y probablemente subestime la cantidad real de pobres[6]. El empeoramiento del estado nutricional y de salud de los niños y niñas, que sufren deficiencias en el consumo de alimentos (por menor cantidad o peor calidad), puede ser irreversible. Las estimaciones sugieren que la crisis alimentaria ya aumentó en 44 millones el número de personas que padecen desnutrición[7]. Es probable que los efectos de la crisis también lleven a un aumento de la desigualdad. La brecha entre los hogares ricos y pobres, que se venía ensanchando desde los años 1990, se hará aún más grande. De acuerdo a una muestra de países investigados en un informe de la OIT de 2008, la brecha de ingresos entre el 10% con salarios más altos y el 10% con salarios más bajos había aumentado en 70%[8]. Si el malestar social y las expresiones de desesperación y frustración públicas chocan con la represión violenta de las fuerzas del gobierno, como ya ha sucedido en algunos países, entonces los derechos civiles y políticos también se verán amenazados por la crisis económica. El aumento de las manifestaciones xenofóbicas u otro tipo de sentimientos discriminatorios que están teniendo lugar en varios sitios también podrían poner en peligro los derechos de los trabajadores migrantes y los grupos minoritarios, que son los más vulnerables a la discriminación. En vista de estos impactos, y de acuerdo con el consenso sobre los orígenes de la crisis, es preciso concluir que las decisiones tomadas en cuanto a la regulación financiera tienen consecuencias tangibles para el goce de los derechos. Lo contrario también es cierto: un enfoque que procure mantener estándares de derechos humanos sin abordar los impactos de las políticas financieras y las opciones reguladoras resultará lastimosamente insuficiente e ineficaz.Sin embargo, las evidencias generadas en esta crisis no son diferentes de las que surgieron de otras crisis financieras que, en el siglo pasado, golpearon periódicamente diferentes lugares del mundo - en particular en Asia Oriental a fines de los años 1990. Todas ellas conllevan privaciones y graves sufrimientos a los ciudadanos comunes, sobre todo a los más vulnerables y marginados, mientras que los que se lucraron con la especulación financiera no rinden cuentas por sus acciones. Por ejemplo, en los últimos años no sólo ha continuado la tendencia creciente en la desigualdad de ingresos sino también en el volumen de riqueza controlado por los "super ricos"[9]. Este fenómeno ha sido posible por estrategias de inversión agresivas - léase, especulación - facilitadas por flujos de capital sin restricciones[10]. Sin embargo, serán los grupos de ingresos bajos, y no los que lucraron con el auge previo a la crisis, los que se verán desproporcionadamente afectados por la recesión posterior a la crisis. En este aspecto, la crisis financiera también cuestiona la creencia de que la riqueza generada por los mercados se "derramaría" hacia el resto de la población. Recientemente, el premio Nóbel de economía Joseph Stiglitz declaró que los mercados financieros - y, de hecho, el crecimiento del PIB tal como se mide actualmente - no son un fin en sí mismo sino que existen para servir al bienestar de las personas. Lo que es bueno solamente para las finanzas o para el crecimiento del PIB, no es necesariamente bueno para el bienestar económico de todos. Este colapso sistémico es un llamado para que los gobiernos nacionales asuman un nuevo papel en la elaboración de las políticas económicas - tanto a nivel nacional como, cada vez más, a nivel internacional.

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NOTAS:

1. ® Para una revisión detallada de las principales fuentes oficiales (FMI, Banco de Asentamientos Internacionales, Foro de Estabilidad Financiera), que muestran las notables semejanzas en la comprensión de las causas próximas de la crisis financiera, ver Caliari (2009), "Assessing Global Regulatory Impacts of the U.S. Subprime Mortgage Meltdown: International Banking Supervision and the Regulation of Credit Rating Agencies", Documento preparado para el simposio sobre Mercado financiero y riesgo sistémico: la repercusión global del derrumbe de los créditos hipotecarios sub-prime, co-organizado por el Journal of Transnational Law and Contemporary Problems en el colegio de Leyes de la Universidad de Iowa y el Centro para las Finanzas Internacionales y el Desarrollo de la Universidad de Iowa.
2. ® OIT. "The Financial and Economic Crisis: A Decent Work Response". Documento de discusión GB.304/ESP/2, 2009.
3. ® Ibid.
4. ® Banco Mundial. The Financial Crisis and Mandatory Pension Systems for Developing Countries. Washington DC: Banco Mundial.
5. ® World Bank News, 12 de febrero de 2009.
6. ® La clasificación arbitraria del Banco Mundial en la que las personas que viven con menos de USD 2 por día son pobres y los que viven con menos de USD 1 por día son extremadamente pobres ha sido criticada reiteradamente porque no captura la realidad de la pobreza en los distintos países, con umbrales de pobreza nacional muy diferentes, y la canasta de bienes que estos ingresos podrían comprar en países diferentes. En 2008, el Banco actualizó su cálculo de la paridad de poder adquisitivo (PPP) ya muy desactualizada; sobre esta base, el número de personas que el Banco define como extremadamente pobres (que viven con menos de USD 1,25 al día) fue recalculado hacia arriba en 1.400 millones, casi 50% más que la estimación anterior de 1.000 millones (ver el Informe 2009 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU: 4-7).
7. ® Banco Mundial (2009). Swimming Against the Tide: How Developing Countries Are Coping with the Global Crisis. Washington DC: Banco Mundial.
8. ® OIT. World of Work Report 2008: Income Inequalities in the Age of Financial Globalization. Ginebra: OIT.
9. ® Según un estudio de 2007 de Merill Lynch y Capgemini, "El número de personas con USD 1 millón o más para invertir creció en 8% a 9,5 millones el año pasado, y la riqueza que controlan se amplió a USD 37,2 billones. Aproximadamente el 35% está en manos de apenas 95.000 personas con activos de más de USD 30 millones". Ver Thal Larsen, P. "Superrich Widen Wealth Gap by Taking More Risks". Financial Times, 28 de junio de 2007.
10. ® Thal Larsen, ibid, citando al ejecutivo de Merill Lynch que dijo que la diferencia entre los ricos y los super ricos reflejaba "la voluntad del muy rico de asumir mayores riesgos".

2* Una respuesta de derechos humanos: los principios

Una respuesta a la recesión financiera y económica que coloque las normas de derechos humanos en su centro no es sólo necesaria por una cuestión de justicia; también hará que las reformas del sistema financiero y económico sean más sustentables y resistentes a futuras crisis. Una respuesta política basada en los derechos humanos no presupone un determinado tipo de sistema económico. No obstante, toma como punto de partida un marco claro y universalmente reconocido - un conjunto de estándares fundados en los instrumentos centrales de la ley internacional de derechos humanos - para guiar el diseño y la realización de políticas y programas económicos para resolver la crisis. Los derechos humanos no solo ponen límites a la opresión y el autoritarismo; también imponen obligaciones positivas a los Estados para defender los derechos económicos, sociales y culturales. Los Estados tienen el deber de respetar y proteger los derechos humanos en todo momento, así como de cumplir con ellos, y más en tiempos de crisis. Los gobiernos tienen el deber de asegurar niveles esenciales mínimos de goce de los derechos sociales y económicos como cuestión prioritaria, y tienen la obligación específica y constante de trabajar con toda la prontitud y eficacia que les sea posible hacia su plena implementación. Los estándares de derechos humanos exigen que los gobiernos no tomen ninguna medida deliberadamente regresiva - por ejemplo, la eliminación de programas esenciales - a menos que esto sea absolutamente justificado en cuanto a la totalidad de los derechos asegurados en los principales tratados de derechos humanos y en el contexto del uso pleno del máximo de los recursos disponibles. Incluso con ingresos públicos limitados, los Estados deben reunir el máximo de recursos disponibles para asegurar que los derechos económicos y sociales se implementen plenamente en forma progresiva en el corto y largo plazo. Además, el principio de no discriminación requiere que los Estados aseguren que todas las medidas adoptadas en respuesta a la crisis no tengan efectos desproporcionados y que se establezcan medidas deliberadas y orientadas a asegurar una igualdad sustancial en el acceso a los servicios básicos de los países y los grupos demográficos. Los miembros desfavorecidos de la sociedad deben ser protegidos en forma prioritaria, incluso cuando haya una limitación severa de recursos. Aunque las obligaciones primarias de derechos humanos de los Estados cae dentro de sus jurisdicciones, también se requiere que - en el espíritu de la Carta de la ONU y las leyes internacionales aplicables - contribuyan con la cooperación internacional para la plena realización de los derechos humanos. Al actuar en los foros intergubernamentales como la ONU, el Banco Mundial y las reuniones ad hoc del Grupo de los 20 (G-20), los Estados deben garantizar que sus políticas sean consecuentes y conducentes a la realización de los derechos humanos. En este sentido, los Estados que han disfrutado de una posición más poderosa en la toma de decisiones sobre políticas económicas globales tienen una mayor responsabilidad por haber causado, a través de sus acciones y omisiones, este colapso mundial. Por tanto, también significa que tienen la mayor responsabilidad de mitigar las consecuencias y tomar las medidas necesarias para asegurar una salida justa y sustentable. Conforme a la ley internacional, los gobiernos también deben asegurar que los estándares de derechos humanos son antepuestos sobre los compromisos comerciales, de inversiones o financieros. Los principios de derechos humanos básicos incluyen la participación social, la transparencia, el acceso a la información, la protección jurídica y la rendición de cuentas. La gente debe poder participar en la vida pública e interactuar significativamente con el proceso de toma de decisiones que los afecta, lo que permite la posibilidad de impugnación de los procesos que afectan sus vidas. Además, los Estados deben asegurar que nadie está por encima de la ley. Las personas cuyos derechos fueron afectados deben disponer de soluciones accesibles y eficaces para exigir reparación. Los responsables de los perjuicios, incluso si son actores privados, deben ser llevados a la justicia, y deben prohibirse futuras actividades que afecten los derechos humanos.

3* Reforma del proceso decisorio de las políticas económicas

La crisis que enfrentamos hoy brinda una oportunidad histórica y, en efecto, una responsabilidad generacional de repensar la manera en la que se han tomado las decisiones sobre políticas económicas hasta ahora. Un enfoque de derechos humanos exige la reforma de las estructuras de gobernanza para asegurar que toda la política económica a nivel nacional e internacional se lleve a cabo de acuerdo con el contenido legal que ofrece el régimen de derechos humanos. Demasiado a menudo, las decisiones oficiales sobre la regulación de los flujos de capitales financieros, por ejemplo - o la necesidad de prescindir de ellos - son tomadas por unos pocos "expertos", que generalmente incluyen a los propios representantes de las industrias del sector privado. En esencia, este proceso cierra caminos para la participación pública en discusiones políticas y legales fundamentales que afectan a todos, con impactos en los más vulnerables y marginalizados en particular. Una respuesta política basada en los derechos humanos transformaría este proceso, asegurando la participación en todos los niveles y sometiendo las decisiones al escru- tinio público, la transparencia y la rendición de cuentas en cada paso. La rendición de cuentas y la participación en la política económica también se ven perjudicadas cuando se exigen condiciones políticas invasivas por parte de las instituciones financieras internacionales y los donantes o a través de reglas inflexibles contenidas en los acuerdos de inversión y comercio. Los Estados deberían tener el poder de asegurar que sus obligaciones respecto a los derechos humanos tengan prioridad por sobre los compromisos económicos o los derechos de los inversionistas. Estos mismos principios de derechos humanos deben ser infundidos a nivel internacional, donde la cooperación para su realización es una obligación de todos los Estados, en particular de los responsables de los daños. A pesar de las consecuencias de gran alcance de las medidas de políticas financieras, los organismos intergubernamentales que establecen la agenda y diseñan las reformas financieras, como el Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria, el Foro de Estabilidad Financiera y el G-20, limitan la participación de la mayoría de los países. Por su parte, el FMI y el Banco Mundial siguen estando gobernados por principios sobre toma de decisiones que marginan la participación de los países en desarrollo y limitan la transparencia. Igualmente importante: en estos foros se excluye a otras organizaciones internacionales que tienen el mandato expreso de proteger los derechos humanos del diseño de respuestas políticas. La ONU, como guardián del marco legal internacional, es el foro más apropiado y legítimo para discutir las reformas necesarias para reestructurar el sistema económico y financiero internacional teniendo como fundamento los derechos humanos. Su papel se vería enormemente reforzado si se estableciera un Consejo de Coordinación Económica Mundial, como lo recomendó la Comisión de Expertos de la ONU[11]. Dicho organismo, que funcionaría bajo el principio de representación constitutiva y en un nivel igual a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad, podría brindar una mayor eficacia, representación y transparencia a la elaboración de políticas para abordar las políticas económicas cuando se relacionan con las prioridades de desarrollo, más allá del limitado alcance de los ministerios de finanzas o de economía.

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NOTAS:

11. ® Asamblea General de las Naciones Unidas. "Recomendaciones de la Comisión de Expertos del Presidente de la Asamblea General sobre las Reformas del Sistema Monetario y Financiero Internacional". A/63/838, 29 de abril de 2009.

4* Regulación del sector bancario y financiero

Un aspecto llamativo de la crisis es cuánto lograron las entidades financieras transferir la carga de su irresponsable asunción de riesgos a los más vulnerables de la sociedad; y fueron las políticas específicas del Gobierno, diseñadas para desregular el sistema financiero en su conjunto, las que permitieron esto. Por lo tanto, los gobiernos - a nivel nacional y de acuerdo con otros - deben adoptar medidas para proteger los derechos humanos de sus pueblos a través de una sólida regulación del sector bancario y financiero. También deben fortalecer la responsabilidad y el estado de derecho mediante el control estricto del comportamiento delictivo. Aunque actualmente ciertos actos no son vistos como delitos (por ejemplo, la "evasión fiscal" en algunos países) o como ofensas que conllevan responsabilidad legal, deben ser aprobadas leyes adecuadas al respecto y hacerlas cumplir. Más aún, los gobiernos deben actuar con seriedad para asegurar que las personas y los países afectados que no han tenido culpa o responsabilidad obtengan resarcimiento. De todas las entidades del sector financiero los bancos son los más regulados. No obstante, su conducta está cada vez más gobernada por principios de supervisión que dependen de sus propios mecanismos internos de gestión de riesgos, en vez de estarlo por estándares desarrollados externamente por una entidad supervisora nacional. En respuesta a la presión de los países industrializados, muchos países pobres han adoptado progresivamente estos mismos principios, en parte cautivados por la posibilidad de atraer bancos internacionales. También accedieron, por la misma razón, a que esos bancos movieran capital sin restricciones. Sin embargo, la desregulación para atraer a los bancos extranjeros no siempre produjo la rentabilidad deseada. Las pruebas empíricas demuestran que no existe vínculo alguno entre las cuentas de capital liberalizadas y el au- mento del crecimiento económico. El acceso al crédito, sobre todo de los grupos más marginados, no mejoró mucho, mientras los grandes bancos internacionales tienden a eliminar el sector bancario doméstico del cual dependen los más necesitados. Hoy día los países que están expuestos y dependen de los bancos extranjeros son los más afectados por la crisis financiera, porque estas instituciones se están retirando a sus países de origen y se niegan a conceder préstamos en las frágiles economías actuales. Las reformas del sector bancario deberían incluir espacios para que los gobiernos nacionales puedan regular los servicios brindados por los bancos a fin de asegurar un amplio acceso al crédito y otras funciones sociales claves. Si se considera que los servicios brindados por los bancos públicos son una mejor opción para garantizar los derechos, deberían ser respaldados plenamente.

"Los afroamericanos y los indígenas tienen una historia común de explotación y conquista y están sufriendo los impactos de la crisis de manera desproporcionada. Nuestro imperio estadounidense actual se construyó sobre el llamado sueño estadounidense, pero vemos que también se usó tierra robada y trabajo robado para construir este país, el más rico que el mundo haya visto jamás. Desde el principio, las instituciones financieras ayudaron e instigaron a los especuladores que procuraban construir el imperio por cualquier medio a su alcance. Debemos rechazar la teología neoliberal y construir teorías teológicas más progresistas." Jean Rice (Picture the Homeless, Nueva York).

Los fondos de inversión libre (hedge funds), los fondos de capital privado y las agencias de calificación crediticia tienen sus propios esquemas de autorregulación. En muchos países, se ha permitido que los hedge funds se conviertan en el mecanismo principal para que los ciudadanos comunes depositen sus ahorros, lo que pone en riesgo el acceso de los ciudadanos a la seguridad social. Los hedge funds y los fondos de capital privado también han provocado desempleo repentino y otras violaciones de los derechos laborales por su influencia excesiva en los procesos decisorios de la reestructuración de empresas en todo el mundo. También se obtuvieron ganancias extraordinarias mediante estrategias de apalancamiento dependientes de exenciones fiscales sobre la financiación de las deudas, poniendo de esta manera en riesgo las fuentes de ingresos públicos. Esto limita las posibilidades de expansión fiscal de muchos gobiernos justo cuando más lo necesitan para estimular la creación de empleos y fortalecer las medidas de protección social. Reconociendo que las actividades de estos actores financieros tienen impactos profundos y medibles sobre los derechos humanos, el Estado no debe abdicar de su deber de proteger. Los gobiernos deberían trabajar juntos en la adopción de las medidas necesarias para evitar que los hedge funds, los fondos de capital privado, los instrumentos derivados y las agencias de calificación crediticia afecten negativamente sobre los derechos humanos. La liberalización del capital y la creación de paraísos fiscales impenetrables hizo más difícil aplicar impuestos progresivos a los flujos de capital y erosionó aún más la base impositiva en países tanto del Norte como del Sur al facilitar el traslado de las ganancias, desde donde se obtuvieron a otros lugares con regímenes impositivos poco o nada rigurosos. Esto tiene consecuencias negativas sobre los ingresos públicos, cruciales para que los gobiernos puedan cumplir con sus obligaciones de derechos humanos. Los gobiernos deben estar a la altura de sus deberes para con la ciudadanía y proteger los ingresos públicos de un modo transparente y responsable, cerrando los paraísos fiscales y tomando medidas apropiadas para controlar el movimiento del capital y reforzar las cuentas fiscales. A su vez, los bancos centrales son agencias públicas y, como parte del gobierno, tienen obligaciones de derechos humanos. El principio de la "independencia del banco central" a menudo significaba independencia de intereses sociales y de derechos humanos. Sin embargo, no significa estar libre de la interferencia de los grupos de presión financieros privados. Los bancos centrales deben reconocer que la independencia no significa ausencia de responsabilidad para servir a los intereses de la sociedad en su conjunto. Deben equilibrar la necesidad de lograr una inflación baja y estable con sus obligaciones de combatir la desigualdad de ingresos y estabilizar el empleo y los medios de vida de la población a través de diversos instrumentos de crédito y supervisión.

5* La crisis y los derechos humanos en el Sur

El grado al cual la crisis compromete el logro de los compromisos de derechos humanos se expone más dramáticamente en el Sur. Por mucho tiempo se les dijo a los países en desarrollo que debían confiar en el crecimiento orientado a las exportaciones y en las políticas de libre mercado. Pero ahora son los que más sufren debido a la caída de la demanda externa provocada por la crisis. A estos países deberían permitirles una flexibilidad para que puedan cumplir plenamente con sus obligaciones de derechos humanos al tiempo que desarrollan políticas comerciales para lidiar con la crisis y prevenir vulnerabilidades relacionadas con la exportación en el futuro. El perfil y la estrategia de exportación elegida por un país, y su equilibrio entre las exportaciones y las necesidades del mercado interno, deberían guiarse cuidadosamente por sus obligaciones de derechos humanos, en particular por la necesidad de asegurar la no discriminación y la realización progresiva de los derechos. Los niveles de la deuda también están a punto de elevarse en los países en desarrollo. La crisis no sólo empeorará sus situaciones comerciales y financieras, provocando la necesidad de solicitar más préstamos; es probable, también, que una respuesta eficaz a la crisis que no recurra a gastos deficitarios para acelerar la recuperación socave los niveles básicos mínimos de bienestar. Sin embargo, no pueden ignorarse las consecuencias e impactos para los derechos humanos de los préstamos futuros. Parte del aumento de la deuda se debe a la proliferación de líneas rápidas de crédito facilitadas por las instituciones de finanzas multilaterales, como el Banco Mundial, que supuestamente ayudan a los países en desarrollo a enfrentar la crisis. Estas líneas de crédito desembolsan cantidades de dinero enormes con poca o ninguna oportunidad de control ciudadano y responsabilidad pública y, verdaderamente, se corre el riesgo de que eludan completamente las salvaguardias sociales y ambientales. Parte del aumento de los niveles de endeudamiento se relaciona con la necesidad de refinanciar la deuda en mercados de capital privado con problemas donde los fondos son escasos, donde los países en desarrollo intentan en vano competir con los países industrializados para componer sus sectores bancarios deficitarios e implementar planes de estímulo. Mientras en el corto plazo estas líneas de crédito pueden ser necesarias para permitir que los gobiernos estabilicen gastos, los principios de derechos humanos son críticos para determinar: (1) el mínimo estrictamente necesario de préstamos que deben solicitarse, (2) las demandas que deberían satisfacerse a través de financiación concesionaria en lugar de préstamos, y (3) los principios de rendición de cuentas y transparencia que asegurarán que los nuevos préstamos se realizan de un modo responsable, con el control social apropiado, para prevenir la generación de más deudas ilegítimas que las futuras generaciones se verán obligadas a pagar. Algunos predicen que los recortes presupuestarios provocados por la crisis, y el traslado de fondos a los paquetes de estímulo fiscal, llevarán a los países donantes a reducir su ayuda al desarrollo. Pero el goce de los derechos humanos de muchísimas personas está en juego debido a la crisis financiera, y los gobiernos donantes de ningún modo deben echarse atrás respecto de sus obligaciones de ayuda internacional cortando la ayuda al desarrollo.

6* Paquetes de estímulo económico orientados a los derechos humanos

Los lineamientos de un enfoque de la crisis basado en los derechos humanos no estaría completo sin hacer referencia al papel muy particular que los estándares de derechos humanos deberían jugar en los paquetes de estímulo económico nacionales. Son particularmente relevantes en este aspecto los principios ya mencionados de no discriminación, transparencia, rendición de cuentas y participación. Los paquetes de estímulo económico no deben discriminar de ningún modo. Los Gobiernos deberían evaluar las consecuencias en cuanto a su distribución de los paquetes a la sociedad para asegurar que los beneficios son equitativos en cuanto a género, etnicidad, orientación sexual y clase. Quizá se necesiten medidas extra para promover una igualdad sustancial para los grupos históricamente marginados y especialmente vulnerables. Las políticas sensibles al género, por ejemplo, requieren la participación femenina en el diseño y la implementación de los paquetes de estímulo. Durante la duración del paquete estímulo las decisiones también deben estar abiertas a los cuestionamientos y estar basadas en la participación y la transparencia para fortalecer la rendición de cuentas pública. Un área prioritaria particular para los gobiernos en sus paquetes de estímulo fiscal debería ser la estabilización y el fortalecimiento de los sistemas de protección social para toda la ciudadanía, y especialmente para los más vulnerables. El derecho a la seguridad social está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en numerosos tratados de derechos humanos internacionales, y todos los Estados tienen la obligación de establecer inmediatamente un sistema de protección social básico y ampliarlo progresivamente según los recursos disponibles. El fortalecimiento de esos sistemas cumple con el deber a corto plazo de proteger a las personas de un declive económico así como con la prioridad económica a más largo plazo de invertir en la gente. Sin embargo, en la actualidad no todos los países tienen la capacidad de invocar paquetes de estímulo económico para evitar medidas regresivas para el cumplimiento de los derechos e impulsar sus economías nacionales. En tanto garantizan que dichos paquetes cumplen con los estándares de derechos humanos básicos internamente, los Gobiernos deberían igualmente mantener sus obligaciones con la cooperación internacional cerrando la brecha financiera del Sur global. Es importante que, en un esfuerzo por estabilizar el empleo y los medios de vida, los paquetes de estímulo no amplíen la demanda en cuanto a patrones de consumo anticuados e insostenibles tanto en los países ricos como en los pobres. Mantener una economía con alto consumo de carbono, que merma los recursos de la Tierra y aumenta las emisiones de gas de efecto invernadero, sólo multiplicará los desafíos que muchos países ya enfrentan a la hora de defender los estándares de derechos humanos.

7* Comentarios finales

Deberíamos esperar una herencia sombría de la crisis financiera en curso, más que la de cualquier otra crisis que la generación actual haya visto. Pero junto a esto, hay una herencia de ideas importantes que ya no pueden ser desdeñadas y que deberían ser el núcleo de la reestructuración del sistema económico mundial. Una de ellas es la importancia indiscutible que, para las diferentes opciones de políticas económicas y financieras, tienen los compromisos de derechos humanos que la comunidad internacional ha respaldado desde 1948. La humanidad haría bien en no olvidar a qué precio se forjaron los modernos instrumentos de derechos humanos.