El ámbito ético de las entidades no lucrativas y de las empresas en el contexto de sus relaciones con los países más pobres

En los últimos años se ha producido un notable incremento tanto en el número de organizaciones no gubernamentales en el Estado español, como desde la perspectiva del auge e importancia de su papel y protagonismo en la sociedad. Como recogía un reciente documento de la Coordinadora de ONGD de España (CONGDE), en los años 90 se instaló en nuestro lenguaje la palabra "solidaridad". Tragedias como la de Ruanda, Zaire, Bosnia, o los ecos de la ya mítica acampada de la Plataforma 0,7%, contribuyeron en España a sensibilizar a la sociedad en favor de los sectores más desprotegidos. Como actores privilegiados de esta nueva cultura, las ONGD se han venido manifestando como importantes agentes de la sociedad civil capaces de detectar, denunciar y vehicular los deseos de construcción de un mundo más justo y solidario.

Sin embargo, junto a este proceso de crecimiento también se ha debilitado su propia legitimidad, en parte alimentada por la presencia mediática de un determinado número de ONGD que ha unido solidaridad a entretenimiento y, también, porque en estos años algunas ONGD han carecido de criterios de transparencia y eficacia para explicar cuál es su misión, qué criterios siguen para la gestión de su entidad y de los fondos públicos y/o privados que manejan y, sobre todo, para explicar qué están haciendo para promover el desarrollo y erradicar la pobreza.

Muchas y diversas organizaciones han ido surgiendo al amparo de una sociedad que, según los estudiosos, se ha definido a sí misma como "solidaria".

Según el barómetro de mayo de 2001 del CIS, la sociedad española valoraba muy positivamente la labor de las ONG (30"7% muy bien y 48% bien) y consideraban que esta tendencia seguiría al alza (CIS, 2001). Eso sí, con una marcada tendencia hacia la solidaridad cómoda y sin grandes compromisos, una solidaridad de emergencia o, como alguien la ha calificado, de "espasmos solidarios" [1]. Según el profesor Díaz Salazar, la conciencia solidaria de los españoles, definida como "lo que están dispuestos a realizar por la solidaridad", puede dividirse en los siguientes tipos (Díaz-Salazar, 1995):

1. Una gran mayoría, el 66%, está dispuesta a dar dinero (la media en la UE es del 45%).
   
   
2. Alrededor de la mitad (45%) está dispuesta a dar su tiempo para una acción concreta a favor de los países más pobres.
   
   
3. Un 18% está dispuesto a comprometerse más a fondo y participar de forma permanente en campañas y actividades de carácter solidario.

Sin embargo, y a pesar de que nadie pone en duda el papel de estas organizaciones en la erradicación de la pobreza en el mundo y en la consecución de un mundo más justo para todos, como ha reflejado Carlos Gómez Gil [2] en varios artículos, su evolución y complejidad lleva a demandar unas nuevas pautas éticas en sus actuaciones que les otorguen una mayor legitimidad moral frente a la sociedad y al Estado. Para dicho profesor "la supervivencia económica de las ONG no puede ser un fin en sí mismo" ni mucho menos su fin último, como en ocasiones podría pensarse.

La creciente tendencia a la privatización de "lo social" a que nos tiene acostumbrados el modelo neoliberal que progresivamente impera en nuestro mundo, no es ajena a la situación de las fuentes de recursos monetarios que obtienen las ONG y las entidades sin ánimo de lucro para la realización de sus programas o proyectos. Efectivamente, en un entorno en el que los fondos oficiales destinados por los países de la OCDE a la ayuda disminuyeron en un 30% durante la década de los noventa [3], el porcentaje de fondos privados se acerca ya al 48%, provenientes tanto de empresas como de particulares. La mitad de ellos corresponden a fondos obtenidos por tan sólo cinco organizaciones [4].

Si bien la consecución de una base social amplia y diversa es una de las mejores garantías de independencia, quizás estemos asistiendo actualmente a un traslado de dependencia desde los recursos públicos a los privados, empezando así una especie de carrera y competencia por la captación de fondos que, en ocasiones, puede ir en contra de los objetivos de transformación social y denuncia e incluso, a veces, a la de la pérdida del respeto y consideración de las poblaciones beneficiarias, utilizadas como reclamos comerciales fáciles, lastimeros y que mueven a la sensiblería.

En este sentido, se han venido realizando a menudo denuncias o cuestionamiento de ciertas prácticas por incumplimiento de los códigos éticos. En el año 1997, la Coordinadora de ONGD aprobó [5] su Código de Conducta y vinculó la adhesión de este código a la pertenencia de las ONGD a dicha coordinadora. En él se dedica un especial apartado a las pautas comunicativas en publicidad y al uso de imágenes. Por su parte, el Comité de Enlace de ONGD en Europa publicó en 1989 un documento sobre Imágenes y mensajes a propósito del Tercer Mundo. Desde esta perspectiva, conviene destacar que la comunicación para las ONGD debe ser, fundamentalmente, un instrumento de sensibilización y educación que debe, por una parte, promover la toma de conciencia de los problemas del desarrollo y de sus soluciones y, por otro, aumentar la voluntad de participación de los ciudadanos en los procesos de cooperación, luchando por cambiar las estructuras vigentes (Almansa, 1999).

Pese a ello, algunos de los anuncios de cierto número organizaciones parecen tener un claro componente recaudatorio y de petición de ayuda asistencial que, en ciertos casos, pueden trabajar en sentido contrario del principal fin sensibilizador. La carga emocional de algunas imágenes y la utilización de determinados recursos publicitarios han supuesto la recaudación de grandes sumas de dinero que habrán permitido indudablemente salvar un mayor número de vidas. Sin embargo, también han influido en la percepción y la imagen que los ciudadanos de los países del Norte tienen acerca de los problemas del Sur y de sus soluciones. Ciertos mensajes o imágenes difundidos publicitariamente pueden suponer un perjuicio a largo plazo para los objetivos de la cooperación al desarrollo.

La razón de ser de las organizaciones altruistas se encuentra precisamente en la iniciativa privada de satisfacer las necesidades de otros, de cooperar gratuitamente a la consecución del bien común. Para algunos incluso son "uno de los últimos reductos para que la ciudadanía desarrolle y ponga en práctica de forma continuada sus sentimientos solidarios, a través del diálogo, las ideas y la acción positiva" (García Izquierdo, 2001). De hecho, mientras que las entidades mercantiles se dedican a la venta de productos determinados y el Estado emplea unos impuestos recaudados en procurar a los ciudadanos la provisión de bienes colectivos, las organizaciones no lucrativas proporcionan unos bienes que acrecientan la confianza y el bienestar del ciudadano. Por ello, sus cauces de financiación provienen de la misma sociedad quien, por medio de donaciones directas o indirectas [6], facilitan la continuidad en la realización de estas tareas.

Sin embargo, y precisamente por esta oferta de confianza a la sociedad a cambio de su dinero, parece ser cada vez más necesario demostrar que la organización es transparente, que tiene un comportamiento ético y que ofrece a la sociedad un modelo de gestión y comportamiento adecuado a los principios que acompañan a su misión. La cantidad de fondos canalizados a través del sector no lucrativo, ya sea mediante ayuda oficial al desarrollo o mediante programas de colaboración entre empresas, aunque sigue siendo alta en valor absoluto, en los últimos tiempos parece decrecer. La sociedad da dinero a fondo perdido a cambio de que se le garantice que esa transferencia va a tener el fin a que se le quiere destinar y no va a servir para el negocio del precisamente llamado sector "sin ánimo de lucro". Ejemplos no faltan de entidades que, amparándose en ese carácter asistencial, se han enriquecido a costa de la buena voluntad de la sociedad.

Así, recientemente ha aparecido algún instrumento que trata de medir la transparencia, la eficacia y la eficiencia en los servicios y proyectos de las organizaciones no lucrativas (ONL). Requerimientos, por otra parte, similares a los que la sociedad demanda a las empresas, sin que los criterios se hayan adaptado a la misión específica de estas organizaciones en la sociedad.

Las principales iniciativas en este sentido son:

• La sistemática basada en las normas ISO 9001:2000, nacidas de AENOR, que permiten a la organización mejorar su gestión y realizar todos los requerimientos que una certificación oficial requiere.
  
  
• La Guía para la transparencia y buenas prácticas, de la Fundación Lealtad, que establece nueve principios de transparencia en la gestión de las ONL. A saber:
  
  
  1. Funcionamiento y regulación del órgano de gobierno.
     
     
  2. Planificación y seguimiento de la actividad.
     
     
  3. Continuidad e imagen fiel en la información.
     
     
  4. Pluralidad y transparencia en la financiación.
     
     
  5. Control en la utilización de los fondos.
     
     
  6. Presentación de cuentas y cumplimiento de obligaciones fiscales.
     
     
  7. Elaboración y liquidación presupuestaria anual.
     
     
  8. Promoción del voluntariado.

Esta Guía es de aplicación voluntaria y en su primera edición, en el año 2002, más de 30 organizaciones se sometieron a la evaluación de la misma, desde grandes ONGD como Intermón Oxfam, a entidades de acción social como el Secretariado General Gitano, pasando por ONG de diferentes características tamaño y ámbito como la Fundación Intervida, Anesvad, y algunas de las ONGD que forman parte de la "Plataforma 2015 y más" (como CEAR, MPDL, Paz y Tercer Mundo, Acsur-Las Segovias) o la asociación Proyecto Hombre. Según resalta la citada Fundación con motivo de la presentación de su segunda edición en 2003 [7], las altas cifras de cumplimiento de los principios evaluados han hecho que importantes empresas se hayan comprometido, mediante la firma de un acuerdo, a colaborar con las organizaciones de la Guía. Empresas como Bankinter, BBVA, DKV Seguros, Eat-Out (antiguo Servifood), El Corte Inglés, Fundación Aguirre Newman, Fundación Solidaridad Carrefour, Fundación Telefónica, Grupo Cortefiel, Grupo Ferrovial, Grupo Santander, Inditex, Repsol YPF, Seur y Sol Meliá. han firmado este convenio. En el año 2002 el INTRESS [8] editó una Guía para la implantación de la norma ONG con calidad que, a través de siete pasos, trata de implantar un programa de mejora de la calidad. Estos pasos serían [9]: comprometerse, organizarse, formarse, adaptarse, mejorar, auditarse internamente, y auditarse externamente.

Es necesario citar aquí otras iniciativas en el campo de la certificación de la calidad y la ética en las ONL, como el modelo europeo conocido por las siglas EFQM (European Foundation for Quality Management) o la reciente propuesta de formulación de un plan estratégico de gestión de la calidad en las ONG propuesto por la organización Sector3 [10], en la que los criterios de calidad se equiparan a la transparencia, eficacia y eficiencia en los servicios y proyectos de las ONG. El objetivo que Sector3 persigue con esta iniciativa es ofrecer a las ONL la implantación de un plan estratégico de gestión de la calidad basado en la sistemática ISO 9001:2000, que permita a la organización mejorar su gestión y realizar todos los requerimientos que una certificación oficial requiere.

Todas estas propuestas no estarían completas si no se hace referencia a otro tipo de certificaciones e iniciativas sobre la gestión ética/responsabilidad social corporativa de las empresas. No es intención de estas páginas entrar en este tema a fondo, dada la amplia literatura existente [11]. Sólo ha parecido conveniente hacer referencia a la reciente aparición del "Primer sello de solidaridad y ética para empresas ?comprometidas"" promovido por la Fundación Punto Siete, que se concederá a las compañías que integren en su gestión los principios de responsabilidad social del Pacto Mundial de la ONU y destinen un 0,7% de sus recursos a fines humanitarios. El objetivo de esta iniciativa es impulsar la cooperación entre empresas y ONG, creando un nuevo canal de comunicación que garantice a estas últimas una estabilidad de recursos y a las compañías distinguirse y ser premiadas por el ciudadano. Para ello, la Fundación firma un contrato de un año, prorrogable, con la empresa interesada en obtener el sello, que asume un doble compromiso: "ético", al integrar en su gestión los nueve principios del Global Compact de la ONU, y "solidario", al destinar el 0,7% de su beneficio a financiar proyectos humanitarios. El sello de Punto Siete aspira a ser el equivalente "solidario" de certificados como ISO o Aenor en materia de calidad, o el logotipo que distingue a los embalajes ecológicos. "Es un logotipo solidario que reconocerá el compromiso de las empresas", señalan sus promotores. La donación de la empresa puede realizarse a través de la Fundación o financiando directamente proyectos de ONG que cumplan con los requisitos establecidos en el contrato de colaboración. En este segundo caso, Punto Siete recibe el 20% del total de la donación para "el adecuado desarrollo de sus fines fundacionales". Se echa en falta, en cualquier caso, la necesidad evidente de otros requisitos, como los referentes a la condicionalidad de la ayuda, al porcentaje a destinar a los más pobres, la efectiva aplicación de los convenios de la OIT ratificados por España o los mecanismos de control sobre el cumplimiento de los principios del Global Compact.

En los demás casos, el 95% de los recursos se destina a financiar proyectos humanitarios, estudios, asesorar a entidades colaboradoras y realizar campañas de sensibilización. El 5% restante se dedica a la dotación de la Fundación. En virtud del contrato, la Fundación se compromete también a verificar el destino de los fondos entregados por las empresas, lo que supone que las ONG con las que trabaje deben cumplir una serie de requisitos de "legalidad y transparencia". Para la empresa, el sello tiene "importantes beneficios": podrá usar el logotipo en todas sus comunicaciones, mejorar su tratamiento fiscal y su imagen con clientes y empleados y reforzar su posición en el mercado.

La proliferación de principios sobre comportamiento responsable o de compromisos voluntarios sobre la incorporación de buenas prácticas en la conducta de las empresas (p.e.: Global Compact de NN.UU., normas de la OIT, Guías de la OCDE), no deja de ser el establecimiento de procedimientos mínimos y difícilmente mensurables mientras sean las propias empresas las que voluntariamente los incorporan en sus políticas, y no sólo eso, mientras no se establezcan los mecanismos adecuados de control, o se refuercen los existentes como los aplicables a las normas OIT. Si se pretende acreditar la calificación de socialmente responsable, se requiere el establecimiento de líneas directrices, a las que los correspondientes informes sociales deben referirse: los trabajadores tienen que poder contar con información relevante sobre los impactos de multinacionales y empresas y sus productos en los derechos humanos, la sociedad y el medio ambiente. En cualquier caso, estos sólo serán controles puntuales, es necesario un seguimiento permanente que sólo estarían en disposición de hacer los sindicatos dentro de las empresas. Ello requiere una labor de formación y de sensibilización de los trabajadores que les permita realizar el control. Por ello, cualquier sello de solidaridad y ética que se precie debe incorporar los compromisos de la empresa hacia los sindicatos o los órganos representativos de los trabajadores.

Conclusiones.

• El incremento de códigos de cumplimiento obligatorio o voluntario por parte de empresas u otro tipo de actores empieza a confundir a la sociedad más que contribuir a la maximización de los beneficios sociales que reporta este tipo de comportamientos.
  
  
• Deberá impulsarse una acción internacional sobre la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). No debe estar separada del resto de la Agenda política, dado que los objetivos internacionalmente acordados en Cumbres como la de Kioto, Johannesburgo o Río, trabajan en sentido opuesto al de la reducción de los estándares laborales o medioambientales y a la desregulación.
  
  
• Debemos considerar la presión que el propio Estado y cualquier institución pública debe ejercer respecto de aquellas empresas o entidades privadas que gestionan o reciben ayudas del sector público. Las empresas que licitan para obras o servicios públicos, las empresas que gestionan créditos FAD, deben vincularse obligatoriamente a dichos principios de la RSC. Los principios internacionalmente acordados.
  
  
• La sustitución de un modelo de financiación público por modelos privados, acreditados por la existencia de sellos o certificaciones también de índole privada, relega a un segundo plano la función redistributiva del Estado en la adjudicación de fondos para las acciones de cooperación.
  
  
• Las discusiones y reclamaciones sobre la cantidad y la calidad de la AOD pierden peso cuando alguna de las organizaciones que discute las orientaciones de nuestra política de cooperación para el desarrollo no cuestiona asimismo el comportamiento de sus nuevos donantes privados, aceptando el mismo juego en un campo diferente. El trabajo de la Comisión de Seguimiento del Código de Conducta de la CONGDE y la iniciativa de la Coordinadora de ONGD de España, de incorporar a su Código de Conducta la parte dispositiva del documento acordado sobre las relaciones ONGD-Empresas es un paso importante en este sentido [12].

Bibliografía.

• COMITÉ DE ENLACE DE ONGD EN EUROPA (1989): Imágenes y mensajes a propósito del tercer mundo.
  
  
• CONGD (1998): Código de Conducta, Coordinadora de ONGD.
  
  
• DE LA CUESTA, M. Y VALOR, C. (2003): "Responsabilidad social de la empresa. Concepto, medición y desarrollo en España", Boletín Económico de ICE, nº 2755, enero. Sus autoras son coordinadoras del área de RSC de Economistas sin Fronteras. www.revistasice.com .
  
  
• DE LA CUESTA, M. ET AL (2003): La responsabilidad social corporativa. Una aplicación a España, UNED.
  
  
• FANJUL G. (2003): La realidad de la ayuda 2003-2004, Intermon Oxfam, Madrid.
  
  
• FUNDACIÓN LEALTAD (2003): II Guía de la transparencia y buenas prácticas de las ONG.
  
  
• GÓMEZ GIL, C. (1999): "El debate sobre el papel de las ONG", Página Abierta, nº 99, noviembre, pp. 12-16.
  
  
• GÓMEZ GIL, C. (2000): "ONG", Viento Sur, nº 50, junio, pp. 99-101.
  
  
• ROA, F.J. (coord.) (1999): Etica del Marketing, Unión Editorial, Madrid.
  
  
• RUIZ DE OLABUENAGA, J. I., (coord.) (2000): El sector no lucrativo en España, Fundación BBV, Bilbao.
  
  
• SICHAR, G., (coord.) (2003): La empresa socialmente responsable. Ética y empresa, CIDEAL, Madrid.
  
  
• SOCIAL INVESTMENT FORUM (1999): Report on responsible investing trends in the United States.
  
  
• SOCIAL INVESTMENT FORUM (2000): Socially responsible fund continue to get top marks in 2000.
  
  
• VV. AA. (1988): El patrocinio como herramienta de comunicación (Documentación de seminario), F & R Gestión de Seminarios, Madrid.

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NOTAS:

1. ® El Prof. García Izquierdo en la presentación del Directorio de ONGD 2000. Fuente: www.canalsolidario.org, 16/05/2000.
   
   
2. ® Gómez Gil, C. (1999) y (2000).
   
   
3. ® Fanjul G. (2003).
   
   
4. ® Fundación Lealtad (2003). www.fundacionlealatd.org, consulta realizada el 13/01/2004.
   
   
5. ® Aprobado en la Asamblea General Extraordinaria de 25 de octubre de 1997 y modificado en la Asamblea General Ordinaria de 28 de marzo de 1998.
   
   
6. ® Indirectas mediante impuestos que se convierten en subvenciones de actividades de interés general. En este caso el Estado traslada su responsabilidad a otras entidades para que ellas hagan, en su nombre, lo que le corresponde, en el ámbito de una política pública.
   
   
7. ® En la actualidad la Guía II incorpora a 68 organizaciones, habiéndose ampliado a algunas otras ONGD de la Plataforma 2015 (como ISCOD-UGT y Solidaridad Internacional) no incluidas en dicha primera edición. Por otra parte, se han excluido de esta última edición, algunas otras organizaciones que, como Intervida o Anesvad, habían aparecido reflejadas con algunos principios y subprincipios incumplidos en la Guía1.
   
   
8. ® Instituto de Treball Social i Serveis Socials.
   
   
9. ® Puede encontrarse más información en www.ongconcalidad.org .
   
   
10. ® Para más información véase http://www.sector3.net/portal1/calidad.asp .
    
    
11. ® Cabe citar, con carácter divulgativo, el artículo de De la Cuesta, M. y Valor, C. (2003), coordinadoras del área de RSC de Economistas sin Fronteras.
    
    
12. ® Véase el documento correspondiente en www.congde.org (documentos de interés).