Conclusiones y compromisos de la "Plataforma 2015 y más"

1. Nuevas reglas de comercio mundial más equitativo.

Los países más pobres no podrán alcanzar en el año 2015 los ODM si los países ricos no ponen en práctica las políticas necesarias para alcanzar un sistema mundial de comercio abierto, regulado, previsible y no discriminatorio. A pesar de que tan sólo el 2 por ciento del PIB de los países ricos provenga de la agricultura, las reglas internacionales de este mercado se dictan desde los propios países desarrollados, basadas fundamentalmente en subsidios y subvenciones a sus grandes productores. Los países del Norte exportan sus productos agrarios muy por debajo de sus costes de producción, de tal forma que los países en desarrollo ven cómo disminuye su cuota de mercado y sus mercados se llenan de productos foráneos. Mientras que los países pobres reciben productos procedentes de los países ricos, estos últimos cierran sus fronteras a los productos originarios de los países pobres. Como ya se menciona en nuestro informe sobre el estado de los ODM, frente a la llamada libertad comercial, algunas voces claman por un orden inverso al actualmente dominante: son los mercados del Norte los que deben abrirse y los productos y productores del Sur los que deben protegerse. Recuerdan que los países hoy ricos basaron buena parte de su despegue en fases dominantemente proteccionistas, pretendiendo ahora quitar la escalera utilizada, para que no puedan ascender los que vienen detrás. Deben abordarse nuevas medidas preferenciales como parte integrante de las reglas de comercio internacional, para posibilitar que millones de personas que dependen de la agricultura en los países pobres puedan salvaguardar su seguridad alimentaria, afrontar su desarrollo rural y sus formas de vida campesina.

2. Sostenibilidad medioambiental y corresponsablidad de los países ricos.

Las causas y consecuencias del impacto sobre el cambio climático y la sobreexplotación de fuentes tradicionales de energía están minando las posibilidades de reducción de la pobreza en los países en desarrollo y deben adoptarse compromisos más activos en este ámbito en relación con los ODM. El apoyo a las víctimas de los desastres naturales y su compensación, mediante medidas de prevención eficaces, no puede ser una cuestión que afecte en exclusiva a la ayuda humanitaria de emergencia, sino que debe formar parte de una política de desarrollo internacional que, al incorporar el principio de responsabilidad asumida por la contaminación producida, incluya la deuda ecológica generada por los países industrializados, y ayude a fomentar la sostenibilidad medioambiental y la implantación de tecnologías eficaces para el uso de energías renovables en los países pobres.

3. Gobernabilidad mundial, democracia global, derechos humanos, prevención de conflictos y construcción de la paz.

Sin democratizar el denominado Gobierno mundial, el cumplimiento de los ODM resultará imposible en la práctica. Las instituciones de la comunidad internacional deben incorporar la perspectiva de género y la cláusula social y ambiental, y estar fundamentadas en los derechos humanos, la construcción de la paz y la seguridad humana. El peso dominante que, en el proceso de toma de decisiones, actualmente ostentan las instituciones financieras multilaterales como el FMI y el Banco Mundial, o en el seno de la OMC, debe ser considerablemente reducido en favor de la relevancia del sistema de voto de los países en desarrollo, en función de sus prioridades nacionales ?con control parlamentario y de la sociedad civil en dichos procesos?, así como en favor de que los mecanismos para la obtención de créditos sean efectivamente orientados a los objetivos de reducción de la pobreza en cada país y al cumplimiento de los ODM. No puede, por ejemplo, consentirse la aprobación silente de una candidatura uninominal y poco transparente, como la de Wolfowitz al mando del Banco Mundial, a cambio de una candidatura en el FMI pactada con similares mecanismos de escasa transparencia y control democráticos. Se deben establecer reglas claras y democráticas para la elección de sus dirigentes y los países que forman parte de dichas instituciones deben fortalecer los mecanismos de control sobre sus actividades. Sus orientaciones y políticas deberían estar sometidas al escrutinio del parlamento europeo y de los parlamentos nacionales. La sociedad civil organizada debe participar en dichas instituciones.

4. Responsablidad social corporativa: la actividad empresarial no es ajena a los límites y objetivos del desarrollo humano y sostenible.

Entre las medidas del llamado buen gobierno debe también incluirse, al menos, la exigencia a los administradores de las empresas multinacionales de adoptar las medidas necesarias relativas a los impactos negativos sociales, medioambientales o económicos que puedan generar, y evidentemente generan, sus actividades, permitiendo que grupos de interés y la sociedad en general, puedan exigir responsabilidades por el abierto o simulado incumplimiento. Se trataría, por tanto, de que la legislación sobre transparencia exigida a las empresas establezca, asimismo, la responsabilidad de los administradores ante los grupos de interés. Con la obligatoriedad de que las empresas ?y especialmente las que cotizan en bolsa? informen sobre su gestión de riesgos sociales y medioambientales. Y que se establezca la fiscalización adecuada en aquellos emplazamientos donde las empresas obtienen sus beneficios y no en paraísos fiscales. No se nos escapan las denuncias existentes sobre explotación laboral, infantil, desplazamientos de población para apropiación y rapiña de territorios antes colectivos o comunitarios. Cuestiones relativas al medio ambiente o a la salud, aspectos relevantes de la responsabilidad social corporativa, no son excluibles al gestionarse en manos privadas, sino que entran en el terreno de los bienes públicos. Resulta incoherente que el Estado prescinda de toda función o responsabilidad, en cuanto al impacto social y ambiental de las empresas. Es por ello que, frente al cuestionamiento de la legitimidad del Observatorio español de RSC, en el que participan activamente algunas de las ONGD que forman parte de la "Plataforma 2015 y más", afirmemos que, ya que las empresas se plantean vincular su imagen a las de las ONGD en sus políticas de acción social, también es lógico que las ONGD queramos intervenir activamente en la regulación y divulgación de estas prácticas, al trabajar junto con las sociedades del Sur y tener presencia en los mismos países en los que dichas empresas operan.

5. La lucha por el trabajo digno, mecanismo clave para conseguir la erradicación de la pobreza y aclcanzar la igualdad entre mujeres y hombres.

Cuestiones relativas a la promoción de políticas de empleo y al establecimiento de medidas para acceder a un trabajo realizado en condiciones dignas ?incluidos los derechos de asociación sindical?, deben asegurarse en el proceso de revisión de los ODM+5, a realizar en Nueva York en septiembre de 2005. El objetivo de reducir la pobreza a la mitad en el 2015 requiere algo más que incrementar rápidamente el PNB de los países pobres. Dado que más de 530 millones de trabajadores pobres en el mundo ganan menos de un dólar diario, es urgente la necesidad de adoptar políticas dirigidas a la reducción de las desigualdades y conseguir un crecimiento sostenido del empleo digno en condiciones de igualdad para mujeres y hombres. De ahí que nos sumemos a la reivindicación de que las estrategias de reducción de la pobreza en los países socios de la cooperación internacional incluyan medidas activas para promover el empleo productivo y digno, integrando este objetivo en las políticas macroeconómicas adoptadas en el ámbito nacional e internacional.

6. Reforma pendiente del sistema de organización de las Naciones Unidas.

Debería ser real la democratización de los mecanismos de toma de decisiones, especialmente en el Consejo de Seguridad, pero no lo es. Debemos insistir para que lo sea y que los derechos humanos sean un paradigma asumido que, junto con la cláusula social y ambiental, rijan los acuerdos económicos internacionales, incluidos los compromisos que se derivan de la Plataforma de Acción de Beijing y la resolución 1325 sobre Mujeres, Paz y Seguridad humana. También queremos impulsar las reformas orientadas a conseguir la efectiva coordinación del sistema de Naciones Unidas y de sus distintas agencias, fondos y programas. Debe reforzarse el papel del ECOSOC para integrar y coordinar la aplicación y revisión de los compromisos adoptados en las diferentes Conferencias y Tratados de Naciones Unidas.

7. Incapacidad de la comunidad internacional para abordar la seguridad humana y su interdependencia con la pobreza y el mal gobierno.

De los 34 países que están lejos de alcanzar los ODM, 22 pertenecen a zonas en conflicto. La violencia de género es también uno de los mayores desafíos que hacen del hogar el lugar más peligroso para las mujeres en todo el mundo. La lucha contra la degradación ambiental, contra el sida, la consecución de los derechos sexuales y reproductivos, la perspectiva de género y el respeto de los derechos fundamentales deben ser incorporados si queremos un mundo más seguro y próspero. Los conflictos armados deben ser abordados desde una estrategia específica para la construcción de la paz basada en la justicia social. Uno de los logros a implementar para el objetivo de la seguridad humana global es el Tratado Internacional contra el Comercio Internacional de Armas en el Mundo, apenas un instrumento en la senda de esta necesidad.

8. Migración y desarrollo: Enfoques integrados.

Un enfoque coherente e integrado entre las migraciones y el desarrollo debe también abordarse. El codesarrollo no puede convertirse en una fórmula para ordenar los flujos migratorios, frenarlos o como alternativa para resolver la lucha contra la pobreza de la población inmigrante, con el riesgo de instrumentalizar las políticas de cooperación o de adoptar medidas de presión en las negociaciones políticas entre países. Las migraciones son potencialmente un factor de desarrollo en las comunidades y países receptores de emigrantes y, a su vez, pueden potenciar el papel de las personas inmigradas como agentes de cambio en su comunidad. Pero también debe tenerse en cuenta que se está descapitalizando a los países empobrecidos y que, por ejemplo, la feminización de la migración está creando consecuencias inaceptables, al desintegrar las familias y quedar atrás niños y niñas en condiciones de grave riesgo de explotación y marginación en ausencia de sus padres. En consecuencia, como ya señalábamos en el capítulo 1, para avanzar y alcanzar la consecución efectiva de los ODM se requieren dos condiciones de partida:

1. Los países del Norte deben cumplir las exigencias del objetivo 8 con la máxima urgencia. Frente al 2015, es preciso insistir en que el aumento de la ayuda no ligada, las prioridades de erradicación de la pobreza y de sostenibilidad medioambiental, el acceso a las tecnologías, la conversión efectiva de la deuda externa en desarrollo, la apertura comercial para los productos de los países pobres y el fin del proteccionismo, que hunde las exportaciones de los países empobrecidos, son exigencias inaplazables que afectan al conjunto de las políticas actuales de los países ricos. Tales condiciones, de elemental justicia, son la primera barrera que se encuentran los países del Sur que pretenden alcanzar los otros siete Objetivos de Desarrollo del Milenio.
2. En los países empobrecidos, la democracia, la transparencia, el control y la participación social son exigencias igualmente importantes. Siguiendo a Amartya Sen, cada vez es más obvia la necesidad de que las instituciones políticas cumplan unos requisitos básicos. La democracia y el respeto a los derechos humanos universales civiles y políticos son la base sobre la que garantizar también el resto de derechos humanos de carácter económico, social y medioambiental, incluido el derecho al desarrollo.

Por ello, la presión de las ONG y de las opiniones públicas debe poner el acento en esas condiciones tan básicas y elementales que parecen obvias. Y que permitirán que la humanidad cumpla el compromiso histórico de pobreza cero. Para ello, nos comprometemos a defender, como "Plataforma 2015 y más", en nuestro trabajo de cooperación internacional, en nuestras actividades de sensibilización y movilización y en nuestro trabajo en red, los siguientes puntos:

1. Exigir el incremento de la cantidad y calidad de la ayuda oficial al desarrollo en el ámbito de la UE y, en especial, en nuestro país.Como señala nuestro Informe, el coste estimado para conseguir los objetivos es totalmente asequible y no excede en absoluto las promesas del 0,7 por ciento reiteradas en Monterrey y en Johannesburgo. La necesaria duplicación de la ayuda oficial anual para el desarrollo palidece, si se la compara con la riqueza de los países de altos ingresos y con el presupuesto militar mundial. Pero la media efectiva de la ayuda, tanto simple como ponderada en función del volumen, se encuentra muy por debajo del objetivo del 0,7 por ciento acordado desde 1969, y experimenta una tendencia decreciente. En el 2004 España se situaba claramente entre los países alejados del objetivo, donde sólo Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, Grecia y, en los últimos años, Italia o Japón, ofrecen panoramas más negativos en el conjunto de los años observados. La ayuda de los países de la UE, como porcentaje del PNB acumulado, ha venido decreciendo a lo largo de los noventa. El compromiso del comisario Michel de alcanzar la media colectiva del 0,56 por ciento para el 2010 (cuando las organizaciones europeas reclamamos el 0,7 por ciento para dicha fecha), tiene que reflejarse necesariamente en las perspectivas financieras para el 2007-2013. Es importante la existencia de un calendario determinado que comprometa alcanzar el objetivo del 0,7 por ciento fijado por Naciones Unidas. Recientemente, en el ámbito de la UE, España (2012), Bélgica (2010), Finlandia, Francia (2012) y Gran Bretaña (2013) se han comprometido a cumplir el objetivo del 0,7 por ciento a medio plazo. En el pasado Consejo de Ministros, de 24 de mayo, los Estados miembros han acordado alcanzar para el 2010 el 0,56 por ciento, con el objetivo de alcanzar el 0,7 por ciento en el 2015. Pero todavía más de la mitad de los países que integran el Comité de Ayuda para el Desarrollo de la OCDE no han asumido en firme, con un calendario definido, su obligación de cumplir el compromiso contraído. Alcanzar los Objetivos del Milenio implica transferir recursos netos reales hacia los países más pobres. Las políticas sobre deuda y las iniciativas internacionales para establecer nuevos mecanismos de financiación internacional para el desarrollo deben fijarse como un mecanismo adicional de recursos financieros disponibles, sin que esto sea una estrategia para detraer la atención sobre el compromiso cuantificable del 0,7 por ciento. Las reglas del CAD sobre cómputo de la AOD deben orientarse a asegurar las transferencias de recursos netos reales de los países desarrollados hacia los más pobres. El cómputo de los gastos de atención a los refugiados en el país receptor, las becas de estudio o el de determinados gastos militares de intervención en zonas de conflicto no son, en absoluto, prácticas adecuadas en relación a las transferencias de recursos necesarios para la inversión en desarrollo.
2. Continuar exigiendo la condonación de la deuda externa.Existe un amplio consenso en que la insostenible carga de la deuda externa es, para buena parte de los países empobrecidos, el primer obstáculo para avanzar en el cumplimiento de los ODM. La capacidad de los países para cumplir con las metas del milenio debe ser un indicador, por el que se mida la carga y sostenibilidad de la deuda contraída, en coherencia con la capacidad de disponer de recursos públicos suficientes para alcanzar dichas metas previamente fijadas. Como se ha señalado, el valor de la deuda acumulada supone cerca del 20 por ciento del PNB del mundo en desarrollo. Muchos países pobres de África y algunos de Latinoamérica gastan anualmente mucho más en pagar los intereses de la deuda contraída que lo que invierten conjuntamente en los objetivos de salud o educación. Muchos países pobres altamente endeudados deberían llegar al 2015 con el cien por cien de su deuda totalmente condonada, y sin haber generado nuevas cargas. Se trata de propuestas que deben ser aplicadas:
   • Una política de tratamiento de la deuda que se evalúe en función del cumplimiento nacional de los ODM.
   • Canjes de deuda dirigidos al apoyo de los sectores sociales básicos como la salud y la educación.
   • Nuevas reglas del juego para el funcionamiento del sistema internacional del crédito, para la financiación de la reducción multilateral de la deuda y respecto de las condiciones macroeconómicas de las instituciones financieras multilaterales.
   • La política de gestión de deuda bilateral debe computarse adicionalmente a los recursos destinados a la AOD. Una ley orientada a los objetivos anteriormente expuestos debe ser aplicada en nuestro país.
   El alineamiento, la armonización y la coherencia de la ayuda, junto con su incremento hasta los niveles comprometidos, es el gran reto de las políticas de desarrollo del siglo XXI. Esto implica definir códigos de buenas prácticas (contratos de asociación), de acuerdo con las necesidades de los países receptores, aproximando las actuaciones hacia los servicios sociales básicos y la integración de las poblaciones más vulnerables. Una mejor gestión de la ayuda permite incrementar sus flujos y la capacidad para utilizarlos adecuadamente.
3. Proponer políticas de desarrollo social y participadas en los países receptores de la ayuda.La elaboración de nuevos planes de reducción de la pobreza por parte de los países receptores, orientados a los Objetivos del Milenio y no en función de objetivos macroeconómicos de ajuste estructural, es un elemento fundamental para generar un diálogo constructivo entre la diversidad de agentes implicados.
4. Poner en marcha estrategias comunes comprometidas con el cambio social y político y caracterizadas por:
   1. La construcción de un verdadero acuerdo social, un contrato de asociación entre países donantes y receptores, incluyendo la gestión transparente y legítima de los recursos destinados a la erradicación de la pobreza.
   2. El impulso de la capacidad de liderazgo y de participación de la sociedad civil con enfoque de género, de derechos humanos universales e indivisibles y de justicia social.
   3. Considerar a la sociedad civil como agente de desarrollo político y social en los países con los que cooperamos significa una nueva lógica de alianzas, que en la "Plataforma 2015 y más" debemos desarrollar y que pueden ser agrupadas en las siguientes intervenciones:
      • Una lectura compartida sobre los procesos y contextos nacionales y locales en los que desarrollar nuestras alianzas.
      • Un análisis para determinar los intereses recíprocos que nos permiten articular dichas alianzas.
      • Profundizar en nuestros criterios de asociación y de trabajo con nuestras contrapartes, respetando las competencias y autonomía de cada una de las organizaciones parte, respetando el momento institucional de las mismas y evaluando las acciones, en función de nuestras mutuas capacidades.
      • Mantener una responsabilidad compartida en la financiación de las acciones, evitando competir con nuestros socios en el acceso a las fuentes de financiación correspondientes.
      • Generando espacios de intercambio y encuentro con las organizaciones que forman parte de las alianzas correspondientes.
   4. Al mismo tiempo, trabajar para obtener el reconocimiento de un rol global para las ONGD y exigir participar organizadamente en las discusiones que se realizan en el marco de las instituciones gubernamentales y financieras multilaterales, así como en las instituciones del sistema de Naciones Unidas reformado.
   5. La inversión en desarrollo humano, el apoyo a la seguridad y soberanía alimentaria en las comunidades campesinas, la generación de infraestructuras y servicios sociales en el ámbito de lo público y especialmente en el desarrollo local.
   6. La consolidación de políticas de habitabilidad básica, con el compromiso de mejorar las condiciones de vida de un millón de pobres, hasta conseguir en el 2015, mediante dicho esfuerzo conjunto realizado desde nuestro país, un 1 por ciento de la meta 11 de los Objetivos del Milenio. Una estrategia que abarca, además de un lugar para vivir, el abastecimiento de agua potable, el saneamiento y eliminación de desechos, los servicios sociales y culturales, de salud, de educación y de promoción, entre otras, de unidades productivas básicas.
   7. Asegurando en todo momento la transversalidad de los derechos humanos universales en la dimensión que éstos suponen como patrimonio irrenunciable. No se puede dejar de insistir en su efectivo cumplimiento, de observar las situaciones y políticas tácitas de violación, por grupos de poder e instituciones, cuando poblaciones no sólo excluidas sino despojadas son victimizadas. Los derechos humanos hacen parte, deben hacer parte, de la cooperación. Es nuestro reto de justicia social.