Respuesta europea a la crisis económica y financiera mundial

1* Introducción

Desde el inicio de la crisis económica y financiera, la Unión Europea invariablemente se ha presentado a sí misma como un actor clave en la respuesta global a la crisis y para cualquier reforma de la arquitectura financiera mundial. Los líderes europeos citan los logros de la UE de los últimos 50 años y sus compromisos para con la justicia social y la solidaridad a fin de justificar su posición de liderazgo en el escenario mundial. Como afirmara el premier británico Gordon Brown en el Parlamento Europeo el 24 de marzo de 2009, la UE se encuentra "en una posición única" para liderar la "construcción de una sociedad realmente global, sustentable para todos, segura para todos y justa para todos". Otros líderes, haciéndose eco de esas palabras, reconocen que la crisis financiera mundial tiene impactos sociales y humanos en todas partes del mundo, en particular en los países en desarrollo. Sus respuestas, dicen, reconocerán plenamente las necesidades y realidades de los países en desarrollo. Qué es lo que realmente significa esto en la práctica ya se está percibiendo en la forma en que la UE y sus Estados Miembro están abordando la crisis y sus impactos. A pesar de que son obvias las fallas sistémicas de los abordajes actuales para promover el desarrollo equitativo y sustentable, hasta ahora no hay mayores señales de compromiso en favor de un cambio real.

2* La posición europea frente a la arquitectura financiera mundial

Los líderes europeos reconocen de buena gana que ha habido fallas en el sistema financiero global. Sin embargo, parece que las medidas que prevén para combatir esas fallas están muy lejos de comportar una transformación radical del sistema. Aunque no todos los líderes europeos integran el G-20, existe una amplia aceptación del liderazgo del G-20 en la respuesta a la crisis. Las medidas adoptadas en la Cumbre del G-20 de Londres en abril de 2009 reflejan el enfoque europeo del abordaje de la crisis económica y la reforma del sistema financiero mundial para prevenir futuras crisis. Estas medidas incluyen la recomendación de inyectar fondos adicionales en las instituciones financieras internacionales (IFIs) por USD 1,1 billones, de los cuales apenas una pequeña proporción (USD 50.000 millones) se destina a "garantizar el desarrollo de los países de bajos ingresos". Los USD 1,1 billones se reparten en USD 750.000 millones para el FMI, USD 100.000 millones para el Banco Mundial y USD 250.000 millones para apuntalar el comercio mundial. Los líderes europeos, junto con los demás líderes del G-20, acordaron inyectar cerca de USD 5 billones para fines de 2010 para impulsar sus economías y proteger el empleo. La posición de la UE ciertamente incluye el compromiso de fortalecer la supervisión y regulación financiera, con varios niveles de apoyo para mejorar el monitoreo de las agencias de evaluación de créditos, el establecimiento de estándares regulatorios para poner fin a los paraísos fiscales y el secreto bancario, la necesidad de nuevas normas de contabilidad para colocar los bonos bajo contralor. Si bien algunas de estas medidas son bienvenidas - en tanto sean suficientemente amplias - de todos modos no reflejan un compromiso de transformar la arquitectura financiera mundial. Por el contrario, reflejan la determinación de mantener intactas las estructuras y enfoques actuales, y de restaurar la estabilidad a través de una mejor gestión de los actuales modelos económicos y financieros globales. Es una respuesta que busca asegurar que el control sobre cualquier cambio se mantenga en manos de los principales actores económicos mudiales, entre los que se encuentra Europa. Debido a que el G-20 está integrado por países que se beneficiaron sustancialmente del sistema global vigente, existen muy pocos incentivos reales para una verdadera transformación. Y, ya que la arquitectura financiera mundial no sólo fracasó en eliminar las desigualdades sino que a menudo las aumentó, no es para nada seguro que mantener el modelo actual haya de traer los resultados que Gordon Brown y otros líderes europeos proclaman. Para que la respuesta a la crisis sea verdaderamente global y efectiva debe involucrar no solo a las principales potencias y a las grandes economías emergentes, sino a toda la comunidad mundial, incluyendo a todos los países en desarrollo. La Comisión de expertos sobre las reformas al sistema monetario y financiero internacional, presidida por el economista Joseph Stiglitz, argumenta que "el bienestar de los países desarrollados y en desarrollo es mutuamente interdependiente en una economía cada vez más integrada". Por lo tanto, "sin una respuesta verdaderamente inclusiva, que reconozca la importancia de todos los países en el proceso de reformas, no es posible restaurar la estabilidad económica mundial, por lo que tanto el crecimiento económico como la reducción de la pobreza se verán amenazados en todo el mundo".[1]La falta de voluntad de Europa de incluir efectivamente a los países en desarrollo en el esfuerzo global para abordar la crisis se evidencia en su compromiso con el proceso del G-20, más que con otros foros internacionales, especialmente la ONU. En general, el enfoque de Europa ha sido confinar el rol de la ONU al abordaje de los impactos de la crisis en los países en desarrollo. Para los gobiernos europeos, el G-20 es el foro en el que cualquier modificación al sistema global reflejará mejor sus intereses. La mayoría de ellos no demostró interés alguno en la Conferencia de la ONU sobre la Crisis Económica Mundial y sus Impactos sobre el Desarrollo. Esta preferencia también queda de manifiesto en la falta de compromiso real de los líderes europeos en favor de aumentar la representación de los países en desarrollo en las estructuras de las IFIs. A pesar de haber acordado, en el marco del G-20, asignar USD 750.000 millones al FMI para apoyar a los países afectados por la crisis, esto no se vio acompañado por un compromiso fuerte para transformar el sistema de gobernanza de las IFIs a fin de resolver su déficit democrático. El comunicado del G-20 hizo un llamado a reformar "los mandatos, el alcance y la gobernanza [de las IFIs] para reflejar los cambios en la economía mundial y los nuevos desafíos de la globalización", y añadió que "las economías emergentes y en desarrollo, incluyendo las más pobres, deberían tener más voz y representación". Los miembros del G-20 reiteraron su compromiso con la implementación de un paquete de reformas relativas a la voz, acordado por el directorio del FMI en abril de 2008, y acordaron que "las principales autoridades" de las IFIs deberían designarse mediante un "proceso de selección abierto, transparente y en base a méritos". No obstante, esto está muy lejos de comportar un compromiso para cambiar las instituciones en favor de una mayor representación y participación, en la toma de decisiones, de los países en desarrollo. Muchas de las propuestas y comentarios públicos sobre la reforma de la gobernanza del FMI fueron planteados por gobiernos que provienen de regiones del mundo que tienen muy poca representación real. Los líderes europeos han venido argumentando a favor del status quo. En una entrevista para Reuters, el Ministro de Finanzas belga Didier Reynders declaró que, "de momento, la representación en la mesa de discusión es atractiva. Los países europeos están financiando muy significativamente al Fondo, así que tenemos que tomar en consideración el tamaño de la participación de cada país en el Fondo". En otras palabras, debe mantenerse el principio de que los derechos de voto tienen que reflejar las contribuciones financieras. Los cambios en la gobernanza solo deben reflejar los cambios en la riqueza global: si las economías emergentes realizan una contribución financiera pueden opinar. Los pobres seguirán siendo excluidos. La posición europea respecto a la gobernanza del FMI y el papel de la ONU indica con claridad el deseo de mantener la arquitectura del sistema financiero mundial prácticamente intocada. Por supuesto, los gobiernos están aprovechando la oportunidad para implementar cambios que fortalezcan la posición respectiva de sus propias economías dentro del sistema financiero, como los que tienen que ver con los paraísos fiscales o el secreto bancario, lo cual, al mismo tiempo, les permite evitar cambios más abarcadores.

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NOTAS:

1. ® Comisión de expertos sobre las reformas al sistema monetario y financiero internacional. Recomendaciones, 19 de marzo de 2009. Disponible en: <www.un.org/ga/president/63/letters/recommendationExperts200309.pdf>.

3* Impactos sociales de la crisis en Europa

Desde su creación en 1957, la Comunidad Económica Europea (CEE) ha traído mayor prosperidad y mejorado las condiciones de vida de la mayoría de sus ciudadanos. Fundada con uno de sus objetivos centrales en la integración de las economías de sus Estados Miembro, ha evolucionado gradualmente hacia un mercado común europeo, que implica el libre movimiento de bienes, servicios y personas[2]. En paralelo con el crecimiento de la economía de mercado, la CEE buscó disminuir las desigualdades económicas entre las regiones a través de subsidios y otras formas de ayuda, para promover la justicia social y la solidaridad. En general, los países europeos comparten una visión común sobre cómo mejorar el bienestar de sus ciudadanos; esta visión, que se conoce como el "Modelo Social Europeo", implica la promoción del pleno empleo, trabajo decente, igualdad de oportunidades, y protección social e inclusión social universales. En los últimos años, la creciente desregulación financiera y las privatizaciones pusieron en riesgo el Modelo Social Europeo. En el nuevo paradigma, el bienestar de los ciudadanos queda a cargo, cada vez más, del mercado, lo que resulta en un progresivo retroceso del Estado de diversas esferas sociales y económicas. Y aunque la economía de mercado contribuyó con éxito a mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos europeos, también trajo problemas. Esto queda bien ilustrado con la desregulación y privatización de los sistemas de pensiones. Con el fin de solucionar el agobio creciente del sistema público de pensiones, muchos Estados europeos recurrieron a la privatización y liberalización. Se alentó a la ciudadanía a confiar cada vez más en los fondos de pensiones privados que, a su vez, dependen de las vicisitudes del mercado. Antes de la crisis, los fondos de pensiones gozaban de buena salud porque el valor de sus activos crecía constantemente. En forma colectiva, los fondos de pensiones se convirtieron en actores sustanciales del mercado de valores. Sin embargo, la crisis económica y financiera actual redujo significativamente el valor de muchos fondos de pensiones, poniendo en riesgo las jubilaciones futuras de muchos europeos. La recesión económica resultante de la crisis amenaza aun más el enfoque europeo del bienestar social. La UE pronostica una recesión del 4% en 2009 en la eurozona y, según algunas estimaciones, 8,5 millones de personas perderán sus empleos en Europa entre 2009 y 2010. Esto se traduce en una tasa de desempleo de 11,5% en 2010, su nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial. La crisis también tiene un fuerte impacto en los presupuestos. Se espera que el déficit público en la eurozona alcance 5,3% en 2009 y 6,5% en 2010[3]. ¿Cuál es la respuesta de Europa? Desde el comienzo de la crisis la Comisión Europea y sus Estados Miembro han tomado una serie de medidas para contrarrestar los efectos del declive económico, principalmente mediante planes de recuperación y paquetes de rescate que, en su mayor parte, se enfocaron en el sector financiero. En abril de 2009 la UE indicó que el costo de las medidas aprobadas por la Comisión para apoyar a las instituciones financieras asciende a un estimado de EUR 3 billones. Esta cifra comprende el monto total de las garantías (hasta EUR 2,3 billones), planes de recapitalización (EUR 300.000 millones) y apoyo para el rescate y la reestructura de bancos individuales e instituciones financieras (cerca de EUR 400.000 millones)[4]. La lógica del apoyo al sector financiero es que las garantías y recapitalizaciones estatales permitirán que los bancos puedan disponer del dinero necesario para conceder más préstamos y estimular así un aumento de las inversiones, que se espera que creen y mantengan más empleos. Sin embargo, no está nada claro que la asignación de esas enormes cantidades de recursos públicos para apoyar al sistema bancario sirva para atender las necesidades de la mayoría de los ciudadanos. Hay muchas razones para el escepticismo. Primero, la financiación y el apoyo a los bancos provienen de los aportes de los contribuyentes, quienes a su vez se encuentran en una situación más insegura debido a la recesión económica. Segundo, la mayoría de las medidas tienden a aumentar la disponibilidad de crédito, a través de la prestación de EUR 2,3 billones en garantías estatales. Con el mismo objetivo, el Banco Central Europeo bajó las tasas de interés a menos de 1%, un nivel históricamente bajo. No obstante, fueron precisamente las laxas políticas de crédito las que contribuyeron a crear las condiciones para el colapso financiero. Es irónico que los contribuyentes, muchos de los cuales están sufriendo severamente la crisis, estén proporcionando dinero a esas instituciones en problemas - y a muchos de sus directores - que contribuyeron al colapso del sistema. La creciente crisis de desempleo sugiere que los impactos sociales de la crisis exigen ser abordados con mayor energía. Son necesarias diversas medidas para integrar a aquellos que se encuentran excluidos del mercado de trabajo, invertir en servicios sociales y de salud y mejorar los sistemas de protección social. Pero el tamaño de los paquetes de estímulo financiados desde el Estado y el importante aumento de los déficits presupuestarios de los gobiernos europeos reducen severamente su capacidad de financiar planes de bienestar social e inversiones en servicios sociales, no solo en el corto plazo sino en el futuro previsible. Víctima de la crisis fue la sesión extraordinaria del Consejo Europeo sobre empleo que hubiera congregado a los ministros de trabajo de todos los Estados Miembro de la UE. En su lugar, se celebró una reunión de la llamada "troika social" (España, República Checa y Suecia), el CE y actores sociales. Esta "degradación" de la cumbre sobre el empleo no fue vista con buenos ojos por los que han perdido sus trabajos como consecuencia directa de la crisis. Según John Monks, presidente de la Confederación Europea de Sindicatos, esta renuncia "da la impresión de que los políticos de Europa no están demasiado preocupados por el tema del desempleo".[5]La crisis provocó reacciones inesperadas entre los políticos europeos. Los que antes de la crisis promovían políticas desenfrenadas de libre mercado ahora trabajan sin descanso para asegurar los rescates estatales. El Comisario de Competencias Neelie Kroes, conocido como un ferviente promotor de las políticas de libre mercado, dijo que "los últimos seis meses mostraron que el control de la ayuda por parte del Estado desempeña un papel clave en el abordaje de los desafíos de la crisis económica de forma coordinada a través de Europa! Ahora le toca al sector financiero la responsabilidad de ordenar sus cuentas y reestructurar para asegurar un futuro viable"[6]. En este marco, la intervención estatal ya no se considera un obstáculo para el desarrollo y el crecimiento económico. Por el contrario, en general hay acuerdo en que los Estados tienen la responsabilidad de afrontar la recesión actual mediante la activa intervención en el mercado. Este cambio de paradigma sugiere que, cuando los beneficios y el crecimiento están asegurados, se alienta al Estado a retirarse, mientras que durante las recesiones se impulsa la intervención estatal como la solución imprescindible. En otras palabras, las ganancias siguen siendo privadas y las pérdidas se socializan. Esto es una clara contradicción con los principios de justicia social y solidaridad que se basan en la idea de que las ganancias y pérdidas deben repartirse por igual. En otro nivel, la crisis puede haber disparado un aumento del "europeísmo". Una encuesta de opinión de la CE realizada entre mediados de enero y mediados de febrero de 2009 señala que cerca de dos tercios de la población de la UE cree que los europeos estarían mejor protegidos si los Estados Miembro adoptaran un enfoque coordinado, mientras que sólo un 39% cree la coordinación existente es suficiente[7]. Esto sugiere un amplio acuerdo en la necesidad de cooperación a nivel europeo para abordar la crisis financiera. Los recientes resultados electorales en Islandia sugieren que el creciente sentimiento de europeísmo no se limita a los ciudadanos de la UE. Después de que el país quedó al borde de la bancarrota, los islandeses eligieron por amplio margen un presidente que está a favor de la integración a la UE. El presidente de la Comisión, Sr. Barroso, argumenta que los países que actúan por su cuenta, como Irlanda, Reino Unido, Francia o Alemania, tienen muchas menos herramientas para combatir la crisis que si actuaran en conjunto: "Creo que, de existir algún impacto de la crisis en la actitud hacia el Tratado de Lisboa, probablemente sería a favor del tratado"[8].

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NOTAS:

2. ® La CEE se creó en 1957 para llegar a la integración económica (incluyendo un mercado único) entre Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. Más tarde se amplió para incluir a otros seis países y, a partir de 1967, sus instituciones también pasaron a gobernar la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA) y la Comunidad Europea de Energía Atómica (CEEA o Euratom) bajo el nombre de Comunidades Europeas. Cuando se creó la Unión Europea (UE) en 1993, la CEE se transformó en la Comunidad Europea, uno de los tres pilares de la UE; las instituciones de la CEE continuaron como instituciones de la UE.
3. ® Comisión Europea. Economic forecasts Spring 2009. Disponible en: .
4. ® Comisión Europea (2009). State Aid Scoreboard - Spring 2009 update. Disponible en: .
5. ® Anon. "Exit le sommet sur l"emploi". Le Soir. 21-22 de marzo de 2009, p. 17.
6. ® Comisión Europea (2009). State aid: latest Scoreboard reviews Member States" action to fight economic crisis. Disponible en: .
7. ® Parlamento Europeo (2009). European Parliament Eurobarometer hears calls for coordinated EU action in fight against financial crisis. Disponible en: <www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/042-54004-110-04-17-907-20090420IPR54003-20-04-2009-2009-false/default_en.htm>.
8. ® Smyth, J. "Crisis likely to favour Lisbon Yes - Barroso". The Irish Times, 8 de mayo de 2009. Disponible en: <www.irishtimes.com/newspaper/world/2009/0508/1224246132086.html>.

4* El papel de Europa en la promoción del desarrollo

La UE también reclama un papel protagónico en los esfuerzos para aliviar los efectos sociales de la crisis en los países en desarrollo. Según el presidente de la CE Barroso, "Europa ha asumido el liderazgo para asegurar que el G-20 siente las bases para la recuperación justa y sustentable de todos, incluyendo los países en desarrollo"[9]. Sin embargo, existe una asimetría entre las medidas de la CE para abordar los efectos de la crisis a nivel interno y las que se establecen para ayudar a los países en desarrollo, como lo demuestran los fondos inyectados en las economías europeas comparados con los fondos disponibles para ayudar a los países en desarrollo. Esta asimetría también se puede ver en su apoyo al FMI, que ha impuesto condicionalidades muy duras para los préstamos a países pobres, lo que les impide implementar políticas económicas anticíclicas para lidiar con la crisis. Con la brusca caída de los ingresos de las exportaciones, flujos de inversión extranjera y remesas, países en desarrollo se ven duramente afectados por la crisis económica y financiera mundial. El Banco Mundial estima que estos países deberán enfrentar una brecha financiera de entre USD 270.000 millones y USD 700.000 millones, y que aproximadamente 53 millones de personas caerán en la pobreza en 2009[10]. El presidente del Banco, Robert Zoellick, dijo en Londres en la víspera de la reunión del G-20 que aproximadamente "200.000 a 400.000 recién nacidos morirán este año debido a la caída del crecimiento"[11]. La ONU estima que la financiación necesaria para mitigar los efectos de la crisis pueda alcanzar USD 1 billón. Muchos países en desarrollo tienen un espacio fiscal muy limitado para reaccionar frente a la crisis y necesitan urgentemente de apoyo externo. Aunque Europa reconoce que los países en desarrollo enfrentarán una paralizante brecha financiera, la ayuda oficial para desarrollo (AOD) comprometida sigue siendo insuficiente. Casi EUR 50.000 millones se desembolsaron en 2008, pero los volúmenes de la ayuda son exiguos comparados con los recursos inyectados en las economías euro con EUR 3 billones para apoyar las instituciones financieras a través de garantías o ingresos en efectivo. Si se puede disponer tan rápidamente de ese volumen de financiamiento para apoyar a las instituciones financieras, es muy difícil entender por qué los gobiernos europeos no pueden aumentar el presupuesto de la ayuda. En mayo de 2009, los Estados Miembro de la UE confirmaron su intención de cumplir su promesa colectiva de asignar 0,56% del PNB europeo en 2010 y 0,70% del INB europeo en 2015 para AOD[12]. No obstante Italia, Irlanda, Letonia y Estonia ya recortaron sus presupuestos de ayuda como resultado de la crisis. Al mismo tiempo, la CE propuso acelerar el envío de ayuda mediante el adelanto de una porción significativa de las transferencias financieras a los países en desarrollo, por un monto de EUR 4.300 millones en 2009. Esto incluye EUR 3.000 millones correspondientes al apoyo presupuestario, EUR 800 millones para las necesidades alimentarias y EUR 500 millones a través de un mecanismo FLEX ad hoc diseñado para ayudar a los países más vulnerables. Sin embargo, no se trata de nueva financiación; si los países acuerdan recibirla ahora, habría menos fondos disponibles en los próximos años. Además, los Estados Miembro que tendrán que proporcionar los recursos ya están dando señales de resistencia. Paralelamente con sus compromisos de ayuda, los países europeos contribuyeron con cerca de USD 100.000 millones a los USD 1,1 billones de dinero extra para las IFIs. Los USD 50.000 millones previstos para apoyar el desarrollo en los países de bajos ingresos no parecen verse acompañados de una mayor flexibilidad de las políticas fiscales y monetarias para acceder a los préstamos del FMI. A pesar de la reciente "modernización" de las políticas de condicionalidades del FMI, se siguen aplicando las mismas viejas recetas de estricta disciplina fiscal y recortes de los gastos del gobierno. En este contexto, la posibilidad de invertir en el sector social sigue siendo reducida[13] . Una vez más, hay una clara contradicción entre las políticas anticíclicas aplicadas dentro de Europa y las restricciones fiscales que se imponen a los países en desarrollo[14]. Si los europeos piensan que las políticas peas para rescatar a los bancos e impulsar el crecimiento. En abril de 2009, los gobiernos de la UE se comprometieron financieras y monetarias expansivas son el camino para salir de la crisis, ¿por qué promueven exactamente lo opuesto en los países más pobres?

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NOTAS:

9. ® Comisión Europea (2009). Commission first to act on G20 with strategy to support developing countries. Disponible en: .
10. ®World Bank News, 12 de febrero de 2009.
11. ®SEurodad (2009). Not much on offer for poor countries to counter the crisis. Disponible en: <www.eurodad.org/whatsnew/articles.aspx?id=3599& LangType=1036>.
12. ®Consejo de la Unión Europea. Comunicado de Prensa, 18-19 de mayo de 2009. Disponible en: <www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/gena/107921.pdf>.
13. ®Ibid.
14. ®Aunque los países en transición como Letonia y Rumania también se ven obligados a solicitar préstamos del FMI, están en major posición para hacerlo porque la CE ha recolectado un fondo de EUR 50.000 millones para ayudar a los países europeos que están fuera de la eurozona con sus obligaciones de balanza de pagos.

5* La crisis: ¿un medio para promover los intereses europeos?

Otro impacto de la crisis sobre la relación de Europa con los países en desarrollo parece ser el impulso de medidas controversiales como el apoyo presupuestario y la conclusión de los Acuerdos de Asociación Económica (AAE). Apoyo presupuestario.En reconocimiento de que las economías más pobres necesitan urgentemente financiación externa como resultado de la crisis, las propuestas de adelantos de la CE prevén un aumento del uso del apoyo presupuestario que incluye cerca de EUR 500 millones del 10º Fondo Europeo de Desarrollo para apoyar a aquellos países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) más golpeados por la crisis. La CE también señaló que revisaría las operaciones en curso de apoyo presupuestario en los países más vulnerables a fin de evaluar las posibilidades de desembolsos por adelantado. El argumento de la CE en favor del apoyo presupuestario se basa en que se trata de un instrumento de impacto rápido que permite una financiación predecible a largo plazo para los gastos del gobierno, incluyendo los sectores sociales como salud y educación. Sin embargo, el apoyo presupuestario plantea una serie de preocupaciones. Primero, la mayoría de los países no dispone de capacidad interna y oportunidades para monitorear la asignación de los recursos del presupuesto, que es un tema crucial para la rendición de cuentas democrática. El empleo de empresas de contabilidad internacionales para monitorear la implementación tiende a mejorar la imagen del gobierno en el exterior en relación a la implementación del presupuesto, pero socava la "apropiación" interna y la rendición de cuentas democrática frente al parlamento nacional. Segundo, la CE identificó una serie de condiciones que deberían cumplirse antes de que se considere el apoyo presupuestario, por ejemplo, democracia y respeto por los derechos humanos. Sin embargo, en diversos estudios sobre varios acuerdos de apoyo presupuestario no se encontró evidencia ninguna de que se realizaran evaluaciones exhaustivas para comprobar que se cumplieran esas condiciones[15]. Finalmente, la CE incluye el apoyo presupuestario en sus cálculos para cumplir con el requerimiento legal establecido por el Parlamento Europeo de que se debe usar el 20% de la ayuda para salud y educación básicas, aunque incluso el CAD de la OCDE, que maneja el sistema de clasificación de la ayuda al desarrollo, considera que el apoyo presupuestario debería clasificarse independientemente de las asignaciones a los sectores de la salud y la educación. EPAs.El establecimiento de los Acuerdos de Sociedad Económica (EPAs, por su sigla en inglés), que crean un régimen de libre comercio entre la UE y los países ACP, es uno de los elementos más polémicos del Acuerdo de Cotonou. La intención de los EPAs es suplantar los acuerdos de comercio preferencial de la Convención de Lomé, porque éstos se consideran incompatibles con las reglas de la OMC sobre barreras comerciales. En un principio, se esperaba que los EPAs hubieran sido establecidos para comienzos de 2008, pero a mediados de 2009 siguen siendo centro de acalorados debates[16]. La CE siempre ha presentado a los EPAs como acuerdos de desarrollo, pero sus términos contradicen tal afirmación. Primero, es probable que tengan como resultado una pérdida importante de tarifas aduaneras para muchos países ACP, para los cuales la UE es a menudo su principal socio comercial. Segundo, los países ACP carecen de la infraestructura necesaria para competir en una economía de mercado abierto. Como un agregado al paquete financiero original provisto por la CE, se proyecta una ayuda de adaptación al EPA "ayuda por comercio", pero algunos análisis indican que la mayoría de esa ayuda no será adicional. Tercero, con la inclusión de áreas de comercio en donde no hay acuerdo, tales como servicios y adquisiciones, se dejan abiertas partes de la economía de los países ACP a las empresas europeas. A pesar de estas preocupaciones, la CE sostiene que, en la crisis actual, los AAE contribuirán a promover el crecimiento económico y el desarrollo en los países socios. João Aguiar Machado, uno de los principales negociadores de la CE sobre los AAE, explica que los acuerdos apoyarán al desarrollo al crear un ambiente comercial predecible que, a su vez, impulsará las inversiones y creará empleos. A fin de apaciguar a los desconfiados gobiernos de los ACP, la Comisaria de Comercio Catherine Ashton reconoció la necesidad de dar mayor flexibilidad a las negociaciones y prometió que la negociación de una EPA total reflejará y respetará las particularidades regionales de las partes del acuerdo. Sin embargo, en su discurso ante la Asamblea Parlamentaria Conjunta en Praga en abril de 2009, expresó su deseo de llegar rápidamente a un acuerdo aceptable para todas las partes y que todos los AAE provisorios fueran firmados antes del fin del mandato de la actual Comisión en octubre de 2009. Las negociaciones por los AAE estuvieron estancadas por largo tiempo, pero parece que la urgencia por abordar los efectos de la crisis financiera y económica se está usando como excusa para acelerar el proceso y aumentar la presión sobre los gobiernos ACP para que se den por vencidos.

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NOTAS:

15. ® Alliance2015. "The EU?s contribution to the Millennium Development Goals Poverty Eradication: From Rhetoric to Results?" Ed. EEPA, Bruselas, septiembre de 2008.
16. ® A junio de 2009, sólo los países de CARIFORUM (15 países en el Caribe) habían firmado un AAE completo, y sólo Botswana, Camerún, Costa de Marfil, Lesotho y Swazilandia habían firmado un AAE provisorio.