Deuda externa: Fuente de pobreza

La deuda externa de los países del Tercer Mundo constituye uno de los principales obstáculos a su desarrollo y, por lo tanto, una de las principales causas de la pobreza en el contexto del actual proceso de mundialización o globalización, el cual se caracteriza principalmente por centrarse en el mundo financiero a gran escala (grandes bancos privados y empresas transnacionales) y en unas relaciones de mercado notoriamente injustas y desequilibradas. Por este motivo, la desigualdad económica y social aumenta en todos los ámbitos, incluso en los países más ricos, y sus principales perdedores son los individuos y grupos más vulnerables y desfavorecidos, tal y como se refleja en los informes sobre desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otros. Aun así, los Estados de los países más ricos, a través de las instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), insisten en la estricta aplicación de rígidas políticas económicas denominadas de ajuste estructural, posteriormente rebautizadas con el sugerente nombre de estrategias de lucha contra la pobreza, en los países pobres fuertemente endeudados y con escasos recursos financieros. Dichas políticas de ajuste plantean como objetivo principal el efectuar los pagos correspondientes al reembolso de la "deuda externa", la cual en numerosos casos se trata de deuda odiosa o ilegítima, e incluso formalmente nula[1]. De este modo, el reembolso de la deuda externa por parte del Tercer Mundo se convierte en un instrumento para perpetuar su dominación económica y política junto a un intercambio comercial enormemente desequilibrado, desigual e injusto[2].

Esta deuda externa consiste principalmente en la deuda contraída con motivo de los préstamos e inversiones recibidos desde los países más ricos e industrializados para financiar proyectos de "desarrollo", generalmente dirigidos por grandes empresas y bancos transnacionales. Dicha deuda genera unos intereses que deben ser asimismo reembolsados junto con el capital prestado y la suma de ambos constituye lo que se denomina como servicio de la deuda. El comienzo de la actual crisis de la deuda externa se sitúa en 1979 con la modificación unilateral de la política monetaria de EE.UU., que se materializó en una continua subida de los tipos de interés de su Reserva Federal, lo cual provocó que la cuantía de los reembolsos de la deuda se fuera incrementando enormemente en perjuicio de los países del Tercer Mundo. Además, a las variaciones al alza de los tipos de interés aplicables al servicio de la deuda, hubo que añadir el deterioro de los términos del intercambio comercial provocado por la caída y persistencia de los precios bajos de los productos exportados por los países del Tercer Mundo, así como las múltiples barreras proteccionistas frente a estos productos existentes en los países más industrializados[3].

Más recientemente, estos factores negativos se han suavizado, aunque ello no ha supuesto, salvo excepciones, un cambio en las políticas de los gobiernos de los países del Tercer Mundo para favorecer a sus pueblos, debido a que dichos gobiernos representan en la mayoría de los casos exclusivamente a las élites locales. En efecto, en los últimos años se ha asistido a un aumento del precio de determinadas materias primas, principalmente del petróleo, así como de algunos productos agrícolas, lo cual ha originado una mejora en los términos de intercambio en favor de los países exportadores de dichas materias primas y productos agrícolas y, consiguientemente, un aumento notable de sus reservas de divisas[4]. Sin embargo, éstas se destinan preferente y paradójicamente a prestar dinero a EE.UU. y a países de Europa occidental mediante la compra de sus bonos del Tesoro, lo cual confirma una vez más que los países "en desarrollo" son exportadores netos de capitales, en particular a EE.UU. [5], en vez de utilizarlos para su propio desarrollo y beneficio, por ejemplo, para financiar gastos de inversión como educación y salud. Esto prueba, asimismo, la falsedad del argumento utilizado para justificar el endeudamiento externo de los países del Tercer Mundo, es decir, su carencia o insuficiencia de capitales. Además, desde el punto de vista meramente contable, también resulta absurdo este comportamiento, dado que la remuneración de las reservas de divisas colocadas en bonos del Tesoro de EE.UU. suele ser notablemente inferior al interés pagado por el reembolso del servicio de la deuda externa. Este reembolso sirve fundamentalmente para financiar los enormes déficits de la economía de EE.UU. y así mantener su supremacía militar, comercial y financiera.

Los programas de ajuste estructural (PAE), sistematizados en el denominado Consenso de Washington[6], consisten en una serie de medidas de carácter económico, cuya aplicación las mencionadas instituciones financieras exigen a los Estados de los países receptores de sus préstamos, principalmente países del tercer mundo fuertemente endeudados, a partir del decenio de los ochenta. Dichas medidas, de claro tinte "neoliberal", es decir, fundamentalmente recortes de los presupuestos asignados a los servicios públicos para los sectores más necesitados (las personas con escasos recursos económicos), como la enseñanza y la sanidad públicas, y su privatización, así como eliminar las subvenciones a los productos que satisfacen las necesidades básicas de dichos sectores [7].

El desprestigio de tales medidas por su alto coste social y humano, cebándose en los sectores más pobres y vulnerables, en beneficio de las capas más privilegiadas económica, política y socialmente, condujo a las mencionadas instituciones financieras internacionales a introducir algunas modificaciones en los programas de ajuste, pero que básicamente son de fachada, pasando a ser denominados estrategias de lucha contra la pobreza. En efecto, su contenido continúa siendo básicamente el mismo en lo que se refiere al rigor y la dureza de su aplicación, que sigue centrándose en los sectores más pobres y vulnerables, con algunas exigencias de mayor atención a los sectores de la salud y la educación públicas, que apenas contrarrestan las nefastas consecuencias de su aplicación en los ámbitos social y económico, lo cual se traduce en un aumento continuo de la pobreza y las desigualdades económicas y sociales allí donde se aplican dichos programas o estrategias. Sin embargo, las instituciones financieras internacionales y las fuerzas hegemónicas que las sustentan siguen sin estar dispuestas a renunciar en lo más mínimo a exigir la aplicación rigurosa de las medidas contenidas en tales programas o estrategias. Ante la dificultad de lograr resultados satisfactorios para el conjunto de las sociedades afectadas, y no sólo para los más privilegiados, dichas fuerzas encabezadas por las instituciones financieras internacionales decidieron achacar la responsabilidad de tales resultados a los fracasos en la aplicación de dichos programas o estrategias por parte de los Estados receptores de los préstamos, concretamente por sus "carencias institucionales" y su mala o nula "gobernanza"[8].

El objetivo real de los programas de ajuste o de las estrategias contra la pobreza se encamina más bien hacia la liberalización total del mercado a nivel mundial, con el propósito de que los grandes capitales procedentes del mundo industrializado puedan circular sin trabas a escala internacional. Es decir, invertir donde más les convenga desde el mero punto de vista de la máxima rentabilidad a corto plazo y poder apropiarse, con menos trabas si cabe, de los beneficios así obtenidos. En esto consistía precisamente el Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), elaborado secretamente ("a puerta cerrada", en términos oficiales) por los dirigentes de los países más industrializados en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en París, que al menos formalmente no salió adelante ante la fuerte oposición de la opinión pública internacional tras su divulgación por Internet [9]. Sin embargo, poco a poco la subordinación y dependencia actual de los países del Tercer Mundo es tal que los objetivos del AMI se están consiguiendo en la práctica sin la formalización de dicho acuerdo, principalmente a través de las negociaciones multilaterales en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC)[10]., así como en el FMI, donde los gobiernos de los Estados más industrializados, bajo la batuta de las grandes corporaciones transnacionales, gozan de una posición privilegiada frente a los países más pobres y donde la opacidad y falta de transparencia e información debidas es hábito corriente[11].

Como se ha dicho, el pago del servicio de la deuda externa (capital + intereses) permite que la transferencia de capitales y de recursos humanos sea, hoy en día, predominantemente del Sur o Periferia, cada vez más pobre y endeudado, hacia el Norte o Centro, rico e industrializado, y no al revés, como debería suceder si se quiere hacer realidad el desarrollo del Tercer Mundo. Se calcula que entre el año 1980 y el 2006 la cantidad transferida desde los países "en desarrollo" a los países "desarrollados" en concepto del servicio de la deuda externa se eleva a 7.673,7 miles de millones de dólares, lo que no ha impedido que el saldo de dicha deuda haya aumentado de 617,8 miles de millones de dólares en 1980 a 3.150,6 miles de millones en 2006, según el Fondo Monetario Internacional, y se espera que aumente hasta 3.350 miles de millones en 2007[12].Particularmente sangrante es el caso de África, donde el grado de empobrecimiento alcanza sus mayores cotas, pues en el mismo período (1980 2006) dicho continente "exportó" capitales por valor de 675,3 miles de millones de dólares en concepto de reembolso del servicio de la deuda.

Con el propósito de paliar esta situación, las denominadas estrategias para acabar con la pobreza se insertan en el marco de las iniciativas y las medidas propuestas por parte del FMI y del BM[13] para aliviar la carga de la deuda de un conjunto de países catalogados como países pobres altamente endeudados (en inglés, heavily indebted poor countries) y que consisten en un conjunto de medidas que las autoridades del país aspirante a recibir ayuda deben poner en práctica para que esa ayuda tenga efecto. En síntesis, esas medidas siguen la misma filosofía de los programas de ajuste estructural ya descritas, en grandes líneas con leves retoques, como la exigencia de aumentar los gastos en salud y educación, tratando de dar un rostro más humano a dichos programas mediante la participación en su elaboración de las autoridades y representantes locales de las poblaciones de dichos países y tratando de hacerles responsables exclusivos de su situación y de la aplicación de dichas medidas. Es como tratar de detener una hemorragia con un par de tiritas y pedirle además al malherido que siga corriendo en la despiadada competición del libre mercado de la economía globalizada. En cualquier caso, la escasa financiación por parte del G7 o G8 de los fondos fiduciarios, destinados al objetivo de aliviar la carga de la deuda de los países muy endeudados, evidencia una vez más la poca disposición de los países ricos de cumplir con su parte del contrato[14].

A todo esto se añade que el importe de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), en términos de porcentaje del Producto Nacional Bruto (PNB) de los Estados de los países más ricos e industrializados, continúa estando muy por debajo de la cifra del 0,7% a la que se vienen comprometiendo desde hace ya tres décadas. Los últimos datos dados a conocer muestran un descenso de dicha ayuda en un 5% para 2006, situándose actualmente en el 0,3% para el conjunto de los países donantes. Además, en esta cuantía se incluyen anulaciones parciales de deuda que consisten fundamentalmente en operaciones meramente contables y que tienen como destinatarios a países como Nigeria o Irak, es decir, que obedecen más bien a intereses geoestratégicos de los países donantes. Así, por ejemplo, se calcula que en torno al 30% de la AOD europea consiste en este tipo de ayuda fraudulenta, dado que en la AOD sólo deberían incluirse las cantidades donadas en función de las necesidades reales de las poblaciones de los países receptores de dicha ayuda y no en función de los intereses de los gobiernos de los países donantes o de las empresas transnacionales [15]. A ello, cabe añadir que los países considerados "menos desarrollados" sólo reciben el 0,3% del flujo mundial de inversiones[16].

Medidas que deberían aplicarse: Auditorías de la deuda y un Banco del Sur.

Se requiere, en general, la elaboración y aplicación de medidas a escala nacional e internacional para, por un lado, movilizar los recursos técnicos, económicos y humanos necesarios en pro del modelo de desarrollo humano y sostenible y, por el otro, la protección y promoción de los derechos e intereses de los individuos y grupos más vulnerables y desfavorecidos. En particular, serían necesarias medidas encaminadas a abolir o anular y no sólo "aliviar" o "aligerar" la deuda externa de los países menos desarrollados. En este sentido, deberían llevarse a cabo, por ejemplo, auditorías para determinar el origen de dicha deuda, pues en gran parte es de naturaleza odiosa e ilegítima por ser fruto de decisiones y actos ilícitos y fraudulentos cometidos por gobernantes corruptos y altos cargos de instituciones internacionales, así como de empresas y bancos transnacionales, para su exclusivo beneficio [17]. Asimismo, debería anteponerse la satisfacción de las necesidades básicas o fundamentales de la población al reembolso de la deuda externa a la hora de asignar los recursos presupuestarios e incluso, si procede, alegar el estado de necesidad o de fuerza mayor debido a la escasez de dichos recursos para suspender el reembolso de la citada deuda.

Por otro lado, una alternativa sumamente interesante consiste en la creación de un Banco del Sur para los países del Tercer Mundo, de modo que éstos puedan colocar sus reservas de divisas en dicho Banco y no en bonos del Tesoro de EE.UU. Asimismo, dicho banco debe proteger a estos países contra los ataques especulativos por parte de capitales procedentes de los países ricos y ayudarles en sus problemas de liquidez, es decir, una especie de FMI del Sur. En este sentido, el Banco del Sur también tendría como objetivos, por ejemplo, romper la dependencia y subordinación de los países periféricos respecto del mercado financiero internacional y canalizar las inversiones, el ahorro interno y en general todos sus recursos en función de su propio desarrollo y de las necesidades reales de su población, en particular de los más vulnerables. Se trataría obviamente de un banco público alternativo al Banco Mundial y al FMI y estaría financiado principalmente por aportaciones de los Estados miembros, a las que podrían añadirse ingresos fiscales obtenidos mediante impuestos internacionales. Los destinatarios de los créditos y donaciones del Banco del Sur deben ser prioritariamente instituciones o empresas públicas prestatarias de servicios públicos y, en todo caso, debe evitarse que dicho Banco se utilice para administrar o reembolsar el servicio de la deuda externa. Por útlimo, destacar la importancia de que dicho Banco esté bajo control popular y democrático, al igual que las auditorías de la deuda externa, por lo que los parlamentos, si son verdaderamente representativos del conjunto de los ciudadanos y no sólo de las élites locales y sus partidos, deben jugar un papel relevante[18].

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NOTAS:

1. ®Véase Deuda odiosa o deuda nula, de Hugo Ruiz Díaz Balbuena, en (http://www.cadtm.org/), así como el libro colectivo Le Droit internacional, instrument de lutte ?, ed. CADTM y Syllepse, Paris 2005.
   
    
2. ®Véase Raisons et déraisons de la dette. Le point de vue du Sud en Alternatives Sud, Vol. IX (2002), núm. 2 3, ed. Centre Tricontinental (Louvain-La-Neuve, Belgique) y L"Harmattan (Paris). Asimismo, La finance contre les peuples. La bourse ou la vie, de Eric Toussaint, ed. CETIM, CADTM y Syllepse, Paris, Genève y Liège 2004, pp. 171 252).
   
    
3. ®Según el Banco Mundial, el proteccionismo de los países industrializados cuesta unos 100.000 millones de dólares a los países pobres, lo que equivale al doble de lo que reciben en concepto de asistencia al desarrollo (dato recogido en Diálogo social y gobernanza en la era del "Estado mínimo", de F. Graña, ed. Cinterfor/OIT, Montevideo 2005, pág. 36).
   
    
4. ®Entre 2000 y 2006, las reservas de divisas del conjunto de los países "en desarrollo" casi se triplicaron, pasando de 973 a 2.679 miles de millones de dólares (véase Banco del Sur, marco internacional y alternativas, de Eric Toussaint, conferencia expuesta en el IX encuentro internacional de economistas, Cuba, febrero de 2007).
   
    
5. ®Véase el informe anual del año 2006 del Banco Mundial titulado Global Development Finance, pág. 139, así como el del año 2005, pág. 56 (datos recogidos en la conferencia de Eric Toussaint, citada en la nota anterior).
   
    
6. ®Esta denominación se atribuye al economista John Williamson, un defensor a ultranza de la ideología "neoliberal". Este autor, perteneciente al Instituto de Finanzas con sede en Washington, un think thank financiado principalmente por los grandes bancos comerciales del mundo, comenzó a utilizar dicha denominación a partir de los años 1989 1990 (véase Objectifs du millénaire pour le développement et gouvernance mondiale, de Patrick Bond, en "Alternatives Sud", volume 13 2006/1, ed. Centre Tricontinental (Lovain-la-Neuve) y Syllepse (Paris) 2006, pág. 132.
   
    
7. ®Véase Los obstáculos al desarrollo y la mundialización, de Nicolás Angulo Sánchez, en "Firgoa" (http://firgoa.usc.es/drupal/taxonomy/term/347). Asimismo, en el núm. 8 de "Red de Economía Crítica" (http://www.economiacritica.net/), 15 de enero de 2007.
   
    
8. ®Véase Banque mundial réclame « bonne gouvernance », de Nicolas Guilhot, en « Manière de voir » (publicación bimensual de « Le Monde Diplomatique »), núm. 72, diciembre de 2003 enero de 2004, págs. 62 65.
   
    
9. ®El Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) comenzó a negociarse en setiembre de 1995 y estaba previsto culminarlo para una reunión ministerial de la OCDE en 1998, pero no llegó a culminarse el proceso debido, entre otras cosas, al rechazo del Gobierno francés al proyecto y sobre todo a su divulgación a través Internet, generándose una reacción hostil a dicho acuerdo a escala mundial sin precedentes. Entre los puntos más contestados, aparte de la liberalización a ultranza de las inversiones internacionales, se podría mencionar la pretensión de que los países firmantes trataran en pie de igualdad a los inversores y a las empresas extranjeras (transnacionales, principalmente) respecto de las nacionales, la de permitir a los inversores y empresas extranjeros hacer valer sus derechos ante tribunales internacionales especiales, la de no obligar a las citadas empresas a contratar mano de obra del lugar o la de que pudieran adquirir de manera ilimitada empresas públicas privatizadas (véase Noam CHOMSKY: El beneficio es lo que cuenta. Neoliberalismo y orden global, ed Crítica, Barcelona 2002, pp. 165 174).
   
    
10. ®La Organización Mundial del Comercio (OMC) inició sus actividades el 1 de enero de 1995, en virtud de uno de los Acuerdos del Acta Final de la Ronda Uruguay, firmada en Marrakech en abril de 1994, para suceder al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT en inglés) como órgano encargado de velar por que el comercio internacional se ajuste estrictamente a los cánones de la ortodoxia liberal de mercado, tal y como lo exigen los Estados de los países más industrializados, las empresas transnacionales y la banca privada (véase Martin Khor: L"OMC, fer de lance des transnationales, en "Le Monde Diplomatique", mayo de 1997, p. 10).
    
     
11. ®Véase Susan GEORGE: Remettre l"OMC à sa place, ed. Attac Mille et une nuits, Paris 2001, pp. 20 21.
    
     
12. ®Estas cifras figuran en el comunicado presentado por el CETIM (Centro Europa Tercer Mundo) con motivo del cuarto período de sesiones 2007 del Consejo de Derechos Humanos, titulado La deuda externa de los países en desarrollo (véase: http://www.cetim.ch/es/interventions_details.php?iid=276).
    
     
13. ®Dicha iniciativa se presentó por primera vez en la cumbre de los G7 celebrada en Lyon en 1996 y se reforzó en la cumbre de Colonia, celebrada en septiembre de 1999. Se trata de una iniciativa exclusivamente en favor de los países pobres cuya carga de la deuda sea tan elevada que resulte insostenible (insoportable) a fin de que resulte sostenible (soportable), es decir la deuda y su carga no desaparecen sino que se difieren y perpetúan en el tiempo.
    
     
14. ®Véase el informe presentado por el Sr. Fantu CHERU a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en enero de 2001 para la 57 sesión dedicada a los derechos económicos, sociales y culturales titulado La iniciativa en favor de los países pobres muy endeudados: Evaluación de las estrategias para la lucha contra la pobreza desde el punto de vista de los derechos humanos.
    
     
15. ®Estas cifras figuran en el comunicado de prensa emitido en Paris (Dépêche AFP), el 3 de abril de 2007, por parte de varias agrupaciones de ONGs (véase: http://www.cadtm.org/article.php3?id_article=2558).
    
     
16. ®Diálogo social y gobernanza en la era del "Estado mínimo", op. cit., pág. 36.
    
     
17. ®Véase ¡Investiguemos la deuda!. Manual para realizar auditorías de la deuda del tercer mundo, de AAJ, ATTAC (Uruguay), CADTM, CETIM, COTMEC, Auditoria Cidada da Divida (Brasil), Emaús Internacional, EURODAD, Jubileo Sur, South Centre, ed. CETIM y CADTM, Ginebra y Lieja 2006.
    
     
18. ®Este conjunto de propuestas figuran en Banco del Sur, marco internacional y alternativas, de Eric Toussaint, op. cit.