Editorial 2015 y más
La octava meta: un objetivo pendiente
Temática: Cooperacion y Financiación para el Desarrollo.
Autoría: Bissio, Roberto
Año de Publicación: 2010
El autor hace un repaso histórico de cómo el octavo objetivo quedó finalmente reducido a "fomentar una alianza mundial para el desarrollo" y está acompañado de cinco metas: Atender las necesidades especiales de los países menos desarrollados, los países sin litoral y los pequeños estados insulares; continuar desarrollando un sistema comercial y financiero abierto, basado en reglas establecidas, predecible y no discriminatorio; lidiar en forma integral con la deuda de los países en vías de desarrollo; en cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar en los países en desarrollo acceso a los medicamentos esenciales y a precios asequibles; y en cooperación con el sector privado, hacer más accesible los beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente las de información y comunicaciones [1].
Las "metas del milenio" iban a ser siete. Igual que las maravillas de la antigüedad, los pecados capitales o los enanitos de Blancanieves. La octava meta tuvo una gestación complicada, un parto con fórceps y una vida con pocos logros.
Inmediatamente después del final de la Guerra Fría, durante los primeros años de la década de los noventa las Naciones Unidas actualizaron su agenda social y de desarrollo con una serie de conferencias mundiales de alto nivel, como la Cumbre de la Infancia (Nueva York, 1990), la Cumbre de la Tierra (Rio de Janeiro, 1992), la de Derechos Humanos (Viena, 1993), de Población y Desarrollo (El Cairo, 1994), hasta que finalmente la Cumbre Social (Copenhague, 1995) y la Conferencia Mundial de la Mujer ese mismo año en Beijing, establecieron como objetivos solemnes de la comunidad internacional la erradicación de la pobreza y la igualdad de género.
La Cumbre Social no estableció fechas para acabar con la miseria ni tampoco trazó una línea universal de pobreza. Ambas definiciones quedaron a cargo de cada país, pero todos los miembros de Naciones Unidas asumieron la obligación de reportar cada año sobre sus esfuerzos al respecto. Al mismo tiempo, en un intento porque la división Norte-Sur no se volviera la brecha fundamental del mundo, una vez superada la división Este-Oeste, la conferencia estableció como metas de la comunidad internacional la "integración social" y el pleno empleo. Bajo el amplio paraguas de la integración social caben temas como el de los trabajadores migrantes, las personas con discapacidad y los narcodependientes, entre otros, que afectan al Norte industrializado y al Sur subdesarrollado, mientras que el tema del empleo importaba (y sigue importando) en particular en los países más desarrollados. No fue gran sorpresa que el diplomático chileno Juan Somavía pasara de presidir esta Cumbre a dirigir la Organización Internacional del Trabajo.
La red internacional Social Watch fue creada para reportar año a año sobre los logros y retrocesos de los gobiernos en el cumplimiento de estos compromisos y ya en su primer informe, en 1996, el capítulo europeo registraba que en los 12 países que en ese entonces eran miembros de la Unión Europea había 18 millones de desempleados y más de 52 millones de personas (15% de la población) vivían en la pobreza (definida por la UE como aquellos que reciben menos de la mitad del ingreso promedio nacional)[2].
Al año siguiente, el capítulo alemán de Social Watch, entonces presidido por Ruth Brand, viuda del ex canciller Willy Brand, reportó que "el gobierno alemán se niega a reconocer que hay pobreza en la República Federal", si bien ésta alcanzaría al 9% de la población, según la norma europea. El informe alemán de Social Watch, aprobado por más de 50 organizaciones no gubernamentales, agregaba que "para adaptarse a los criterios de Maastricht con miras a la Unión Monetaria (de la que resultó la creación del euro) se redujo la seguridad social y se ensanchó la distancia entre pobres y ricos en el país".
Además, "el gobierno alemán, junto con el del Reino Unido, fueron instrumentales en impedir que se implementara un Cuarto Programa de la Unión Europea contra la pobreza, y otro para las personas mayores. El programa de acción para las mujeres fue reducido a la mitad. Varias ciudades alemanas han dictado ordenanzas prohibiendo la mendicidad. El desempleo supera al 10%, y hay alrededor de un millón de personas sin hogar"[3].
En momentos en que todavía estaba viva la esperanza en el "dividendo de la paz", o sea la redistribución hacia programas sociales de la reducción de gastos militares que resultaría del fin de la Guerra Fría, la agenda social refrendada por el consenso internacional en Naciones Unidas servía de bandera, no sólo a los países más pobres sino también a las organizaciones sociales en los países ricos.
Mientras tanto, el Comité de Ayuda al Desarrollo (conocido como DAC por sus siglas en inglés) de la OCDE[4] trabajaba en su propia actualización de la agenda de la ayuda oficial y en Mayo de 1996 publicó un "libro Blanco"[5] sobre el futuro de la cooperación en el que se afirma que "quienes son responsables por los dineros públicos deben rendir cuentas de su utilización efectiva". De allí se deduciría la obligación de "establecer claramente qué resultados esperamos" y para ello "hay que seleccionar, teniendo en cuenta los muchos objetivos acordados en foros internacionales, un número limitado de indicadores de éxito por el cual nuestros esfuerzos serán juzgados". Se proponía en ese documento como "metas ambiciosas pero realizables" cinco objetivos de desarrollo social[6], más un objetivo ambiental[7] y un objetivo, el primero, denominado de "bienestar económico" que proponía "la reducción a la mitad de la proporción de personas viviendo en pobreza extrema en 2015".
Este primer objetivo no estaba tomado de ninguna conferencia internacional. No había consenso sobre sustituir el concepto relativo de pobreza (dependiente del contexto social) por un concepto absoluto y universal de "pobreza extrema", exclusivamente económico. Y menos aun sobre la línea de pobreza definida por el Banco Mundial como ingresos por debajo de un dólar diario.
En su "libro blanco" la OCDE reconoce que "esta meta sólo cubre una parte del camino hacia el objetivo de erradicación de la pobreza identificado en Copenhague, pero se busca dar a este objetivo un foco concreto y alcanzable". Como beneficio secundario, los miembros de la OCDE lograban que bajo esta definición del Banco Mundial prácticamente no existiera pobreza en sus países, y por lo tanto tampoco tendrían la enfadosa obligación de reportar sobre sus políticas sociales domésticas ante organismos internacionales.
En junio de 2000, al reunirse la Asamblea General de las Naciones Unidas en sesión especial en Ginebra para analizar la aplicación de las resoluciones de la Cumbre Social, al cumplirse cinco años de ésta, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Secretario General de Naciones Unidas lanzaron un documento común, firmado por sus máximas autoridades, en el que bajo el título de "Un Mundo Mejor para Todos"[8] se retomaban los siete objetivos del "Libro blanco".
En un capítulo final sobre "lo que se requerirá para alcanzar los objetivos", se recomienda a los países en desarrollo la democracia, el buen gobierno y "reducir sus tasas arancelarias y otras barreras al comercio y simplificar sus sistemas para facilitar la corriente de importaciones, exportaciones y fondos. Además, para que se los considere lugares propicios para los negocios deben mantener controlados la inflación y los tipos de interés y de cambio".
Como este paquete de medidas se parecía demasiado a las preconizadas por el Consenso de Washington, las organizaciones no gubernamentales de inmediato convocaron a una conferencia de prensa, rebautizaron al documento "Bretton Woods for All"[9] (jugando con su título en inglés de "Better World for All") y lo tiraron al basurero ante las cámaras. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, fue duramente criticado por haber puesto a la organización universal al servicio de las políticas de un pequeño grupo de sus miembros (la OCDE) y de dos organizaciones como el Banco y el Fondo que si bien son formalmente parte de la "familia" de Naciones Unidas, están controladas por sus principales accionistas, que son justamente los miembros de la OCDE[10].
El debate sobre el "Mundo Mejor" dominó las discusiones de la ONU en Ginebra más que los puntos de la agenda. La reacción de las ONG y la decepción más callada pero no menos real de los gobiernos de los países en desarrollo fue tal que el informe, que se había anunciado como de periodicidad anual, nunca volvió a publicarse. En respuesta pública a quienes lo habían criticado, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, argumentó que "el informe no es un documento de política, sino un compendio de metas y objetivos deseables" y que aun estando de acuerdo sobre éstos "bien podemos seguir teniendo diferencias (entre las organizaciones firmantes) sobre cómo lograrlos". El secretario general de la ONU agregó que "en restrospectiva, lamento que no hicimos un argumento más fuerte y explícito sobre la contribución necesaria del conjunto de la comunidad internacional para lograr estas metas"[11].
Pocos meses después, en la Declaración del Milenio[12], que adoptaron en setiembre del 2000, los Jefes de Estado y de Gobierno del mundo señalaron que "además de las responsabilidades que todos tenemos respecto de nuestras sociedades, nos incumbe la responsabilidad colectiva de respetar y defender los principios de la dignidad humana, la igualdad y la equidad en el plano mundial"[13]. Además, añadieron que " No escatimaremos esfuerzos para liberar a nuestros semejantes, hombres, mujeres y niños, de las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema y liberar a toda la raza humana de la miseria"[14].
La Declaración del Milenio explicita varios objetivos, incluyendo el de "reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de habitantes del planeta cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por día"[15], pero no menciona por ningún lugar una lista abreviada. Un año después, en su informe a la Asamblea General sobre la implementación de la Declaración del Milenio[16], Kofi Annan incluye en un anexo su propuesta de Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que repite los siete incluidos en el "Mundo Mejor" y agrega un octavo objetivo, denominado "desarrollar una asociación global para el desarrollo", donde la reiteración de la palabra "desarrollo" parece destinada a corregir el error de unos meses atrás de no explicitar las responsabilidades de los países ricos.
En esta formulación, el octavo objetivo, incluía el desarrollo de "un sistema comercial y financiero abierto, basado en reglas, predecible y no discriminatorio", "atender a las necesidades de los países menos adelantados", de los estados insulares y de los países sin costas, tratar "de manera comprehensiva los problemas de deuda de los países en desarrollo, con medidas nacionales e internacionales para que ésta sea sustentable en el largo plazo".
Este informe está fechado el 6 de septiembre de 2001. Tres días antes de los ataques a las torres gemelas en Nueva York que cambiarían el mundo. Cuando se llegó a la Cumbre sobre Finanzas al Desarrollo, en Monterrey, México en marzo de 2002, la participación del presidente George Bush en la misma, además de ser un gesto hacia su amigo Vicente Fox, colega como presidente y como ranchero, parecía indicar la búsqueda por parte de Estados Unidos de un clima de colaboración internacional como respuesta al terrorismo. Pocas semanas antes se había iniciado en Doha, la capital de Qatar, una nueva ronda de negociaciones comerciales, bautizada como "Ronda del Desarrollo" que debería dar cumplimiento a la primera sub-meta del Objetivo Ocho, al menos en su parte comercial, ya que no tanto en la financiera.
Sin embargo, el Consenso de Monterrey no apoya explícitamente a los ODM y con un texto tortuoso se refiere en varias oportunidades a "las metas de desarrollo convenidas internacionalmente, incluso las fijadas en la Declaración del Milenio"[17]. Se quería evitar, con esta formulación, que la agenda de desarrollo laboriosamente negociada durante una década se viera reducida a un puñado de indicadores que no requerirían mayor esfuerzo. La reducción a la mitad entre 1990 y 2015 de la proporción de gente por debajo de un dólar diario, en efecto, sólo requería para cumplirse globalmente que China continuara creciendo, dados los grandes avances contra la pobreza ya registrados en el gran país asiático durante la década de los noventa.
En cambio, el Consenso de Monterrey menciona la necesidad de elevar la Ayuda Oficial al Desarrollo al 0,7% del producto interno bruto de los países donantes, un objetivo no mencionado explícitamente en el Objetivo Ocho propuesto por Kofi Annan. El documento acordado en Monterrey sí habla de la necesidad de "una nueva alianza entre los países desarrollados y en desarrollo". Este pacto se describe de la siguiente manera: "Nos comprometemos a adoptar políticas racionales, promover una buena gestión pública en todos los niveles y respetar el estado de derecho. También nos comprometemos a movilizar nuestros recursos internos, atraer corrientes financieras internacionales, fomentar el comercio internacional como motor del desarrollo, incrementar la cooperación financiera y técnica internacional en pro del desarrollo, promover una financiación sostenible de la deuda, adoptar medidas para el alivio de la deuda externa y aumentar la coherencia y cohesión de los sistemas monetarios, financieros y comerciales internacionales"[18].
En las mesas redondas entre jefes de Estado y autoridades de organizaciones internacionales que se realizaron en Monterrey se habló mucho de los "objetivos del milenio" (que en ese entonces se escribían con minúscula), pero no había gran precisión sobre qué se estaba hablando. Así, el director general de la Organización Mundial de Comercio, Mike Moore, enfatizó en su discurso que sería posible "alcanzar todos los siete objetivos de desarrollo del milenio" (subrayado del autor) gracias por supuesto a las ventajas que se derivarían de una rápida conclusión de la Ronda de Doha.
Hubo que esperar a la Cumbre de Desarrollo Sustentable realizada en setiembre de 2002 para que la expresión "Objetivos de Desarrollo del Milenio" apareciera en un documento oficialmente aprobado por la Asamblea General de la ONU, y ello ni siquiera ocurrió en la Declaración de Johannesburgo sobre Desarrollo Sustentable, sino en el párrafo 30 de su Plan de Implementación anexo[19].
El octavo objetivo quedó finalmente reducido a "fomentar una alianza mundial para el desarrollo" y está acompañado de cinco metas: Atender las necesidades especiales de los países menos desarrollados, los países sin litoral y los pequeños estados insulares; continuar desarrollando un sistema comercial y financiero abierto, basado en reglas establecidas, predecible y no discriminatorio; lidiar en forma integral con la deuda de los países en vías de desarrollo; en cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar en los países en desarrollo acceso a los medicamentos esenciales y a precios asequibles; y en cooperación con el sector privado, hacer más accesible los beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente las de información y comunicaciones. Olvidada quedó la demanda de asegurar la coherencia y cohesión de los sistemas monetarios, financieros y comerciales internacionales. Una lástima, ya que si esto se hubiera atendido en 2002, no sólo se hubieran beneficiado los países pobres, sino que se hubiera prevenido la crisis financiera y económica que a partir de 2008 asoló también a las economías más poderosas del planeta.
Por otra parte, mientras que los otros siete objetivos especifican fechas para su logro (en general 2015, pero en algunos casos 2010 e incluso 2005), el Objetivo Ocho, que debería hacer posible los demás, no se plantea ningún plazo. Nada en el texto dice que el Objetivo Ocho viene antes, aunque los motivos para que sea así son obvios. Y si no hay plazo previsto, por supuesto ningún país puede ser acusado de estar rezagado en sus obligaciones hacia los más pobres, aunque los gobiernos de los países menos desarrollados sí son a menudo señalados con el dedo por no haber logrado cumplir con los restantes siete objetivos.
En vísperas de la realización, en septiembre de 2010, de una nueva cumbre de evaluación de los ODM, las Naciones Unidas publicó el informe "La alianza mundial para el desarrollo, en una coyuntura crítica", elaborado por el grupo de tareas que estudia el desfase en la implementación de los objetivos del milenio.
El análisis es devastador: "La entrega de la asistencia oficial para el desarrollo es cada vez más lenta. Los compromisos asumidos en Gleneagles, de duplicar la asistencia a África para 2010, no se cumplirán. La Ronda de Doha de negociaciones comerciales multilaterales sigue estancada. Ha aumentado la carga de la deuda y se multiplica el número de países en desarrollo que corren grandes riesgos de verse agobiados por la deuda o ya la están padeciendo. Además, el aumento de los precios está dificultando el acceso a los medicamentos, al tiempo que se han reducido las inversiones en tecnología"[20].
Pero en vez de utilizar estos informes contundentes para revisar lo actuado y, como querían las agencias de Naciones Unidas "acelerar" los esfuerzos hacia los ODM, la Cumbre Mundial de septiembre de 2010 culminó sin ninguna nueva medida dirigida a paliar la enorme brecha en el cumplimiento del Objetivo Ocho.
Hace ya casi una década diversos estudios habían estimado en cien mil millones de dólares adicionales por año el costo adicional requerido para cumplir las metas del milenio. Esa cifra, que en aquella época parecía elevada, pues implicaba duplicar la ayuda, hoy resulta pequeña al lado de los billones de dólares movilizados para rescatar al sistema financiero y estimular las economías.
Es más, como ha demostrado el informe Social Watch de 2009, la inversión social y los programas anti-pobreza son mejores como estímulo económico que la reducción de impuestos a los ya privilegiados o la subvención a la gran industria financiera. Mientras que los bancos han utilizado la ayuda para recuperar sus activos y no para estimular el crédito, y las familias de altos ingresos ante la incertidumbre de tiempos críticos tienden a ahorrar cualquier ingreso adicional, los pobres gastan todo el dinero que reciben" y así estimulan la economía. No porque tengan mayor responsabilidad o mejor comprensión de su papel en el sistema global, sino simplemente porque no tienen alternativa.
Así, lo éticamente imperioso es también económicamente sano. La Asociación Global para el Desarrollo sigue siendo una idea imprescindible. Pero es necesario redefinirla con precisión y dotarla de bases más sólidas. De lo contrario, no sólo el objetivo ocho será tan ilusorio como la Octava Maravilla, sino que tampoco será posible ninguna de las otras siete metas mínimas para asegurar la dignidad humana.
NOTAS:
Inmediatamente después del final de la Guerra Fría, durante los primeros años de la década de los noventa las Naciones Unidas actualizaron su agenda social y de desarrollo con una serie de conferencias mundiales de alto nivel, como la Cumbre de la Infancia (Nueva York, 1990), la Cumbre de la Tierra (Rio de Janeiro, 1992), la de Derechos Humanos (Viena, 1993), de Población y Desarrollo (El Cairo, 1994), hasta que finalmente la Cumbre Social (Copenhague, 1995) y la Conferencia Mundial de la Mujer ese mismo año en Beijing, establecieron como objetivos solemnes de la comunidad internacional la erradicación de la pobreza y la igualdad de género.
La Cumbre Social no estableció fechas para acabar con la miseria ni tampoco trazó una línea universal de pobreza. Ambas definiciones quedaron a cargo de cada país, pero todos los miembros de Naciones Unidas asumieron la obligación de reportar cada año sobre sus esfuerzos al respecto. Al mismo tiempo, en un intento porque la división Norte-Sur no se volviera la brecha fundamental del mundo, una vez superada la división Este-Oeste, la conferencia estableció como metas de la comunidad internacional la "integración social" y el pleno empleo. Bajo el amplio paraguas de la integración social caben temas como el de los trabajadores migrantes, las personas con discapacidad y los narcodependientes, entre otros, que afectan al Norte industrializado y al Sur subdesarrollado, mientras que el tema del empleo importaba (y sigue importando) en particular en los países más desarrollados. No fue gran sorpresa que el diplomático chileno Juan Somavía pasara de presidir esta Cumbre a dirigir la Organización Internacional del Trabajo.
La red internacional Social Watch fue creada para reportar año a año sobre los logros y retrocesos de los gobiernos en el cumplimiento de estos compromisos y ya en su primer informe, en 1996, el capítulo europeo registraba que en los 12 países que en ese entonces eran miembros de la Unión Europea había 18 millones de desempleados y más de 52 millones de personas (15% de la población) vivían en la pobreza (definida por la UE como aquellos que reciben menos de la mitad del ingreso promedio nacional)[2].
Al año siguiente, el capítulo alemán de Social Watch, entonces presidido por Ruth Brand, viuda del ex canciller Willy Brand, reportó que "el gobierno alemán se niega a reconocer que hay pobreza en la República Federal", si bien ésta alcanzaría al 9% de la población, según la norma europea. El informe alemán de Social Watch, aprobado por más de 50 organizaciones no gubernamentales, agregaba que "para adaptarse a los criterios de Maastricht con miras a la Unión Monetaria (de la que resultó la creación del euro) se redujo la seguridad social y se ensanchó la distancia entre pobres y ricos en el país".
Además, "el gobierno alemán, junto con el del Reino Unido, fueron instrumentales en impedir que se implementara un Cuarto Programa de la Unión Europea contra la pobreza, y otro para las personas mayores. El programa de acción para las mujeres fue reducido a la mitad. Varias ciudades alemanas han dictado ordenanzas prohibiendo la mendicidad. El desempleo supera al 10%, y hay alrededor de un millón de personas sin hogar"[3].
En momentos en que todavía estaba viva la esperanza en el "dividendo de la paz", o sea la redistribución hacia programas sociales de la reducción de gastos militares que resultaría del fin de la Guerra Fría, la agenda social refrendada por el consenso internacional en Naciones Unidas servía de bandera, no sólo a los países más pobres sino también a las organizaciones sociales en los países ricos.
Mientras tanto, el Comité de Ayuda al Desarrollo (conocido como DAC por sus siglas en inglés) de la OCDE[4] trabajaba en su propia actualización de la agenda de la ayuda oficial y en Mayo de 1996 publicó un "libro Blanco"[5] sobre el futuro de la cooperación en el que se afirma que "quienes son responsables por los dineros públicos deben rendir cuentas de su utilización efectiva". De allí se deduciría la obligación de "establecer claramente qué resultados esperamos" y para ello "hay que seleccionar, teniendo en cuenta los muchos objetivos acordados en foros internacionales, un número limitado de indicadores de éxito por el cual nuestros esfuerzos serán juzgados". Se proponía en ese documento como "metas ambiciosas pero realizables" cinco objetivos de desarrollo social[6], más un objetivo ambiental[7] y un objetivo, el primero, denominado de "bienestar económico" que proponía "la reducción a la mitad de la proporción de personas viviendo en pobreza extrema en 2015".
Este primer objetivo no estaba tomado de ninguna conferencia internacional. No había consenso sobre sustituir el concepto relativo de pobreza (dependiente del contexto social) por un concepto absoluto y universal de "pobreza extrema", exclusivamente económico. Y menos aun sobre la línea de pobreza definida por el Banco Mundial como ingresos por debajo de un dólar diario.
En su "libro blanco" la OCDE reconoce que "esta meta sólo cubre una parte del camino hacia el objetivo de erradicación de la pobreza identificado en Copenhague, pero se busca dar a este objetivo un foco concreto y alcanzable". Como beneficio secundario, los miembros de la OCDE lograban que bajo esta definición del Banco Mundial prácticamente no existiera pobreza en sus países, y por lo tanto tampoco tendrían la enfadosa obligación de reportar sobre sus políticas sociales domésticas ante organismos internacionales.
En junio de 2000, al reunirse la Asamblea General de las Naciones Unidas en sesión especial en Ginebra para analizar la aplicación de las resoluciones de la Cumbre Social, al cumplirse cinco años de ésta, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Secretario General de Naciones Unidas lanzaron un documento común, firmado por sus máximas autoridades, en el que bajo el título de "Un Mundo Mejor para Todos"[8] se retomaban los siete objetivos del "Libro blanco".
En un capítulo final sobre "lo que se requerirá para alcanzar los objetivos", se recomienda a los países en desarrollo la democracia, el buen gobierno y "reducir sus tasas arancelarias y otras barreras al comercio y simplificar sus sistemas para facilitar la corriente de importaciones, exportaciones y fondos. Además, para que se los considere lugares propicios para los negocios deben mantener controlados la inflación y los tipos de interés y de cambio".
Como este paquete de medidas se parecía demasiado a las preconizadas por el Consenso de Washington, las organizaciones no gubernamentales de inmediato convocaron a una conferencia de prensa, rebautizaron al documento "Bretton Woods for All"[9] (jugando con su título en inglés de "Better World for All") y lo tiraron al basurero ante las cámaras. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, fue duramente criticado por haber puesto a la organización universal al servicio de las políticas de un pequeño grupo de sus miembros (la OCDE) y de dos organizaciones como el Banco y el Fondo que si bien son formalmente parte de la "familia" de Naciones Unidas, están controladas por sus principales accionistas, que son justamente los miembros de la OCDE[10].
El debate sobre el "Mundo Mejor" dominó las discusiones de la ONU en Ginebra más que los puntos de la agenda. La reacción de las ONG y la decepción más callada pero no menos real de los gobiernos de los países en desarrollo fue tal que el informe, que se había anunciado como de periodicidad anual, nunca volvió a publicarse. En respuesta pública a quienes lo habían criticado, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, argumentó que "el informe no es un documento de política, sino un compendio de metas y objetivos deseables" y que aun estando de acuerdo sobre éstos "bien podemos seguir teniendo diferencias (entre las organizaciones firmantes) sobre cómo lograrlos". El secretario general de la ONU agregó que "en restrospectiva, lamento que no hicimos un argumento más fuerte y explícito sobre la contribución necesaria del conjunto de la comunidad internacional para lograr estas metas"[11].
Pocos meses después, en la Declaración del Milenio[12], que adoptaron en setiembre del 2000, los Jefes de Estado y de Gobierno del mundo señalaron que "además de las responsabilidades que todos tenemos respecto de nuestras sociedades, nos incumbe la responsabilidad colectiva de respetar y defender los principios de la dignidad humana, la igualdad y la equidad en el plano mundial"[13]. Además, añadieron que " No escatimaremos esfuerzos para liberar a nuestros semejantes, hombres, mujeres y niños, de las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema y liberar a toda la raza humana de la miseria"[14].
La Declaración del Milenio explicita varios objetivos, incluyendo el de "reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de habitantes del planeta cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por día"[15], pero no menciona por ningún lugar una lista abreviada. Un año después, en su informe a la Asamblea General sobre la implementación de la Declaración del Milenio[16], Kofi Annan incluye en un anexo su propuesta de Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que repite los siete incluidos en el "Mundo Mejor" y agrega un octavo objetivo, denominado "desarrollar una asociación global para el desarrollo", donde la reiteración de la palabra "desarrollo" parece destinada a corregir el error de unos meses atrás de no explicitar las responsabilidades de los países ricos.
En esta formulación, el octavo objetivo, incluía el desarrollo de "un sistema comercial y financiero abierto, basado en reglas, predecible y no discriminatorio", "atender a las necesidades de los países menos adelantados", de los estados insulares y de los países sin costas, tratar "de manera comprehensiva los problemas de deuda de los países en desarrollo, con medidas nacionales e internacionales para que ésta sea sustentable en el largo plazo".
Este informe está fechado el 6 de septiembre de 2001. Tres días antes de los ataques a las torres gemelas en Nueva York que cambiarían el mundo. Cuando se llegó a la Cumbre sobre Finanzas al Desarrollo, en Monterrey, México en marzo de 2002, la participación del presidente George Bush en la misma, además de ser un gesto hacia su amigo Vicente Fox, colega como presidente y como ranchero, parecía indicar la búsqueda por parte de Estados Unidos de un clima de colaboración internacional como respuesta al terrorismo. Pocas semanas antes se había iniciado en Doha, la capital de Qatar, una nueva ronda de negociaciones comerciales, bautizada como "Ronda del Desarrollo" que debería dar cumplimiento a la primera sub-meta del Objetivo Ocho, al menos en su parte comercial, ya que no tanto en la financiera.
Sin embargo, el Consenso de Monterrey no apoya explícitamente a los ODM y con un texto tortuoso se refiere en varias oportunidades a "las metas de desarrollo convenidas internacionalmente, incluso las fijadas en la Declaración del Milenio"[17]. Se quería evitar, con esta formulación, que la agenda de desarrollo laboriosamente negociada durante una década se viera reducida a un puñado de indicadores que no requerirían mayor esfuerzo. La reducción a la mitad entre 1990 y 2015 de la proporción de gente por debajo de un dólar diario, en efecto, sólo requería para cumplirse globalmente que China continuara creciendo, dados los grandes avances contra la pobreza ya registrados en el gran país asiático durante la década de los noventa.
En cambio, el Consenso de Monterrey menciona la necesidad de elevar la Ayuda Oficial al Desarrollo al 0,7% del producto interno bruto de los países donantes, un objetivo no mencionado explícitamente en el Objetivo Ocho propuesto por Kofi Annan. El documento acordado en Monterrey sí habla de la necesidad de "una nueva alianza entre los países desarrollados y en desarrollo". Este pacto se describe de la siguiente manera: "Nos comprometemos a adoptar políticas racionales, promover una buena gestión pública en todos los niveles y respetar el estado de derecho. También nos comprometemos a movilizar nuestros recursos internos, atraer corrientes financieras internacionales, fomentar el comercio internacional como motor del desarrollo, incrementar la cooperación financiera y técnica internacional en pro del desarrollo, promover una financiación sostenible de la deuda, adoptar medidas para el alivio de la deuda externa y aumentar la coherencia y cohesión de los sistemas monetarios, financieros y comerciales internacionales"[18].
En las mesas redondas entre jefes de Estado y autoridades de organizaciones internacionales que se realizaron en Monterrey se habló mucho de los "objetivos del milenio" (que en ese entonces se escribían con minúscula), pero no había gran precisión sobre qué se estaba hablando. Así, el director general de la Organización Mundial de Comercio, Mike Moore, enfatizó en su discurso que sería posible "alcanzar todos los siete objetivos de desarrollo del milenio" (subrayado del autor) gracias por supuesto a las ventajas que se derivarían de una rápida conclusión de la Ronda de Doha.
Hubo que esperar a la Cumbre de Desarrollo Sustentable realizada en setiembre de 2002 para que la expresión "Objetivos de Desarrollo del Milenio" apareciera en un documento oficialmente aprobado por la Asamblea General de la ONU, y ello ni siquiera ocurrió en la Declaración de Johannesburgo sobre Desarrollo Sustentable, sino en el párrafo 30 de su Plan de Implementación anexo[19].
El octavo objetivo quedó finalmente reducido a "fomentar una alianza mundial para el desarrollo" y está acompañado de cinco metas: Atender las necesidades especiales de los países menos desarrollados, los países sin litoral y los pequeños estados insulares; continuar desarrollando un sistema comercial y financiero abierto, basado en reglas establecidas, predecible y no discriminatorio; lidiar en forma integral con la deuda de los países en vías de desarrollo; en cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar en los países en desarrollo acceso a los medicamentos esenciales y a precios asequibles; y en cooperación con el sector privado, hacer más accesible los beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente las de información y comunicaciones. Olvidada quedó la demanda de asegurar la coherencia y cohesión de los sistemas monetarios, financieros y comerciales internacionales. Una lástima, ya que si esto se hubiera atendido en 2002, no sólo se hubieran beneficiado los países pobres, sino que se hubiera prevenido la crisis financiera y económica que a partir de 2008 asoló también a las economías más poderosas del planeta.
Por otra parte, mientras que los otros siete objetivos especifican fechas para su logro (en general 2015, pero en algunos casos 2010 e incluso 2005), el Objetivo Ocho, que debería hacer posible los demás, no se plantea ningún plazo. Nada en el texto dice que el Objetivo Ocho viene antes, aunque los motivos para que sea así son obvios. Y si no hay plazo previsto, por supuesto ningún país puede ser acusado de estar rezagado en sus obligaciones hacia los más pobres, aunque los gobiernos de los países menos desarrollados sí son a menudo señalados con el dedo por no haber logrado cumplir con los restantes siete objetivos.
En vísperas de la realización, en septiembre de 2010, de una nueva cumbre de evaluación de los ODM, las Naciones Unidas publicó el informe "La alianza mundial para el desarrollo, en una coyuntura crítica", elaborado por el grupo de tareas que estudia el desfase en la implementación de los objetivos del milenio.
El análisis es devastador: "La entrega de la asistencia oficial para el desarrollo es cada vez más lenta. Los compromisos asumidos en Gleneagles, de duplicar la asistencia a África para 2010, no se cumplirán. La Ronda de Doha de negociaciones comerciales multilaterales sigue estancada. Ha aumentado la carga de la deuda y se multiplica el número de países en desarrollo que corren grandes riesgos de verse agobiados por la deuda o ya la están padeciendo. Además, el aumento de los precios está dificultando el acceso a los medicamentos, al tiempo que se han reducido las inversiones en tecnología"[20].
Pero en vez de utilizar estos informes contundentes para revisar lo actuado y, como querían las agencias de Naciones Unidas "acelerar" los esfuerzos hacia los ODM, la Cumbre Mundial de septiembre de 2010 culminó sin ninguna nueva medida dirigida a paliar la enorme brecha en el cumplimiento del Objetivo Ocho.
Hace ya casi una década diversos estudios habían estimado en cien mil millones de dólares adicionales por año el costo adicional requerido para cumplir las metas del milenio. Esa cifra, que en aquella época parecía elevada, pues implicaba duplicar la ayuda, hoy resulta pequeña al lado de los billones de dólares movilizados para rescatar al sistema financiero y estimular las economías.
Es más, como ha demostrado el informe Social Watch de 2009, la inversión social y los programas anti-pobreza son mejores como estímulo económico que la reducción de impuestos a los ya privilegiados o la subvención a la gran industria financiera. Mientras que los bancos han utilizado la ayuda para recuperar sus activos y no para estimular el crédito, y las familias de altos ingresos ante la incertidumbre de tiempos críticos tienden a ahorrar cualquier ingreso adicional, los pobres gastan todo el dinero que reciben" y así estimulan la economía. No porque tengan mayor responsabilidad o mejor comprensión de su papel en el sistema global, sino simplemente porque no tienen alternativa.
Así, lo éticamente imperioso es también económicamente sano. La Asociación Global para el Desarrollo sigue siendo una idea imprescindible. Pero es necesario redefinirla con precisión y dotarla de bases más sólidas. De lo contrario, no sólo el objetivo ocho será tan ilusorio como la Octava Maravilla, sino que tampoco será posible ninguna de las otras siete metas mínimas para asegurar la dignidad humana.
NOTAS:
- ®Roberto Bissio es coordinador de la red internacional Social Watch.
- ®Lubbin, Greetje, "Unión Europea: Desempleo y Pobreza" en Social Watch, Informe 1996, ITeM, Montevideo 1996, disponible en http://www.socialwatch.org/es/node/11331
- ®Brand, Ruth, "La Pobreza no Existe", en Social Watch, Informe 1997, ITeM, Montevideo 1997, disponible en http://www.socialwatch.org/sites/default/files/pdf/es/alemania1997_esp.pdf.
- ®Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el selecto "club" de países industrializados, con sede en París.
- ®OECD"s Development Assistance Committee (DAC), "Shaping the 21st Century: the Contribution of Development Co-operation", París, Mayo 1996.
Disponible en http://www.oecd.org/dataoecd/23/35/2508761.pdf.
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Financiación para el Desarrollo, Cooperación.