Anuario 2008. "EL DERECHO A NO SER POBRE"

Como cada año presentamos nuestro anuario para evaluar la situación de la lucha contra la desigualdad, el progreso en la erradicación de la pobreza y el logro de la equidad de género. La conclusión es clara, al ritmo actual no se cumplirán los ODM. Incorporamos a nuestro anuario la información de Social Watch, los índices de Capacidades Sociales Básicas y los de Equidad de Género. Estas tablas estadísticas recogen la situación social de 176 países, de los que sólo 21 presentan avances notorios en sus indicadores de capacidades básicas (enseñanza primaria, mortalidad infantil, asistencia sanitaria en el parto) frente a los 77 países –la mayoría de ellos africanos- que retroceden en el acceso a estos bienes esenciales. El índice de Equidad de Género nos muestra que más de la mitad de las mujeres del planeta vive en países que no han avanzado en la consecución de la igualdad entre los dos sexos.

A estas tablas de indicadores se une el examen de tendencias de cumplimiento de los ODM realizado por el equipo de Economistas sin Fronteras que muestra gráficamente que no se alcanzará lo planteado en la Cumbre del Milenio a no ser que se renueven los compromisos y se cambie la orientación actual.

Siendo el 2008 en año donde se ha conmemorado el 60 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, para la Plataforma 2015 y más es precisamente el enfoque desde los derechos el único camino para superar la crisis actual. Este informe plantea que la generalización de políticas que promueven la liberalización económica y la desregulación ha recortado los derechos económicos y sociales de las personas en todo el mundo.

"El derecho a no ser pobre" cuenta con diferentes artículos destinados a poner los Derechos en el centro del debate para alcanzar el desarrollo. En definitiva el anuario recopila la información sobre el estado actual de la desigualdad mundial, su dimensión y sus causas; información rigurosa examinada desde una visión comprometida con la idea de que erradicar la pobreza no se logra tan sólo con inversiones y crecimiento económico, sino que nos obliga a construir y defender políticas públicas de igualdad, de redistribución, de participación democrática, de cohesión social, de sostenibilidad ambiental y de paz que garanticen los derechos de toda persona.


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