Antonio García: La Justicia Universal en la Lucha contra la Impunidad en Guatemala

Mesa IV: Estrategias desde la Sociedad Civil de defensa de los Derechos Humanos y de Lucha contra la Impunidad

Antonio García es Abogado de Comisiones Obreras . Trabaja en la Unión de Madrid del Sindicato. Ha pasado por distintas asesorías del Sindicato, en los sectores del metal, hostelería y comercio entre otros y en la actualidad se ocupa de aspectos penales de la siniestralidad laboral, llevando numerosas causas penales sobre esta lacra social. Ha vivido tres años en América Latina, en Ecuador y Brasil, y participa en los encuentros de la Asociación Latinoamerica de Abogados Laboralistas. Ha publicado trabajos como "Diccionario Jurídico Laboral" y "Los delitos contra la vida y la salud de los trabajadores".

En 1997 viajó a Guatemala para asistir como observador internacional al juicio por la masacre de Xamán, participando así en las relaciones entre la Fundación Paz y Solidaridad de Comisiones Obreras y diversas asociaciones y entidades de derechos humanos de Guatemala, principalmente la Fundación Rigoberta Menchú Tum. En el año 1999 presentó, junto con Rigoberta Menchú y otros abogados, la denuncia ante la Audiencia Nacional que dieron lugar a las diligencias previas 331/99 y desde entonces ha participado en todos los avatares judiciales de la causa. Elaboró, junto a otros compañeros/as, el recurso de amparo que fue estimado por el Tribunal Constitucional que declaró la aplicación del principio de justicia universal para el llamado "caso Guatemala". En 2006 participó en la comisión rogatoria de la Audiencia Nacional que, encabezada por el Juez Pedraz viajó a Guatemala para interrogar a los denunciados, lo que fue impedido por las autoridades guatemaltecas.

Representa a más del 90 % de las acusaciones personadas en el llamado "caso Guatemala", entre ellas CONAVIGUA y FAMDEGUA. Ha colaborado en la revista "Quitando el agua al pez" juntos autores.

Ideas principales de la ponencia

“Se ha pasado de un halo de impunidad absoluta en el año 2009 a un señalamiento internacional, a una orden de detención de busca y captura por acciones ilegales, genocidas y delitos contra la humanidad”, así resume Antonio García el balance de la aplicación de la Jurisdicción Internacional con el "Caso Guatemala".

La admisión a trámite de este caso no sólo fue significativa por ver a la Jurisdicción Española ejerciendo Jurisdicción Universal, sino que además lo fue "por el relato de los hechos, por su calificación jurídica como de Genocidio, y por las órdenes de entablar el procedimiento y practicar las diligencias para esclarecer los hechos". Incluso las víctimas han sido traídas a España teniendo por primera vez acceso a declarar ante un juez por el daño sufrido.

Actualmente se están presentando ampliaciones de la querella, se están admitiendo a trámite más delitos, hay más datos, más órdenes de búsqueda y captura. Por eso "a día de hoy el ingente material probatorio que existe en la Audiencia Nacional reside y custodia un arsenal probatorio que facilitaría mañana mismo la celebración de un juicio contra todas estas personas y una garanatía de condena al 99%".

La clave de este caso ha sido la complementareidad jurídica: "debemos de ser conscientes en cómo coordinar los esfuerzos para salir adelante, vamos a ser complementarios porque es lo lógico, lo razonable, lo de sentido común. Que se vayan dando pasos hacia una justicia reparadora."