La cruda realidad de los impuestos

Antecedentes históricos.

Poco antes del final de la Segunda Guerra Mundial los economistas John Maynard Keynes, del Reino Unido, y Harry Dexter White, de Estados Unidos, esbozaron la arquitectura financiera mundial que habría de surgir de las cenizas del conflicto. Su trabajo condujo a los acuerdos de Bretton Woods en julio de 1944 y a la creación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Keynes y White estaban especialmente preocupados por la fuga de capitales en Europa: la riqueza extraída de esos países desestabilizaría aun más a los países europeos devastados y, posiblemente, los inclinaría hacia el bloque soviético. Ambos sabían bien lo difícil que sería controlar las corrientes de capital entre las fronteras nacionales y abordaron el problema con otra propuesta: la transparencia. Querían que los gobiernos de los países receptores de la fuga de capitales (como Estados Unidos) compartieran la información automáticamente con los gobiernos europeos (y de otros países) que la sufrían, para que los países remitentes pudieran "ver" la riqueza que sus ciudadanos habían enviado al exterior. Esto permitiría a los países débiles gravar el ingreso de sus ciudadanos de manera acorde y eliminaría también uno de los grandes incentivos a la fuga de capitales. El secreto permite a los ciudadanos adinerados y a las empresas retirar su riqueza fuera del alcance de los gravámenes y evadir sus responsabilidades ante las sociedades democráticas de donde deriva su riqueza.

La comunidad financiera de Estados Unidos presionó con fuerza contra la transparencia y en el Convenio Constitutivo del FMI las propuestas de Keynes y White resultaron aguadas. La cooperación internacional entre países ya no se "requería" sino que solamente se "permitía". El impacto de esta presión trascendió Europa y, desde entonces, sólo ha tenido consecuencias catastróficas para las personas de todo el mundo, tanto en países ricos como pobres.

Hoy son muy pocos los países que cuentan con los beneficios de tratados de intercambio de información, y el escaso número que sí intercambia información lo hace sólo "a pedido". Como John Christensen y David Spencer de Tax Justice Network argumentaran recientemente en el diario Financial Times: "En otras palabras, uno debe saber lo que está buscando antes de pedirlo. Esto es escandalosamente insuficiente. Necesitamos que el intercambio de la información fiscal sea automático entre todas las jurisdicciones, y todos los países en desarrollo deben estar incluidos."

La magnitud de lo que se ha desatado es cada vez más evidente. El Banco Mundial informa que entre 1 y 1,6 billones de dólares de dinero ilícito cruzan las fronteras cada año, de los cuales la mitad (entre 500 mil millones y 800 mil millones de dólares) proviene de las economías en desarrollo y en transición. Eso, en comparación con apenas 100 mil millones de dólares de ayuda extranjera que proporcionan por año todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a los países más pobres del mundo. El secreto bancario y los bajos (o nulos) impuestos son los incentivos centrales que fomentan las corrientes ilícitas de capital. La transparencia internacional en las corrientes financieras transfronterizas es, claramente, uno de los problemas internacionales más importantes de nuestra época. Es asombroso que la comunidad del desarrollo internacional haya prestado tan escasa atención a estos temas por tanto tiempo.

Si se levantara el secreto y el capital fuera gravado adecuadamente se transformarían las economías y las finanzas públicas de los países en desarrollo (y de los ricos), y se avanzaría enormemente en impedir que las elites se enriquezcan a costa de los ciudadanos comunes y corrientes.

El camino a Doha.

En la actualidad no existen tratados u organismos internacionales multilaterales que permitan a los países en desarrollo saber qué ingresos generan los valores que mantienen sus residentes en el exterior en lugares como Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Luxemburgo, Singapur u otros, y que les ayuden a recuperar los impuestos debidos sobre esos ingresos.

La Conferencia de Doha del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2008 (no debe confundirse con las negociaciones de Doha para lograr un acuerdo internacional de comercio, auspiciadas por la Organización Mundial de Comercio) tiene el potencial de sentar las bases para corregir lo que se les impidió a Keynes y White, especialmente el intercambio automático de información fiscal y de otra índole entre los países sobre una base internacional multilateral.

Esto no es para nada imposible; un plan de este tenor ya existe a nivel regional dentro de Europa: los países dentro del plan de la UE realizan un intercambio automático de información entre sí, relativo a los ingresos de los residentes de cada país, lo que permite el pago debido de los impuestos.

Sin embargo, el plan de la UE contiene lagunas. Aunque algunas se están enmendando, una de las mayores brechas es que los europeos que decidan ocultar su dinero para evadir impuestos todavía pueden depositarlo en otra parte: en Singapur, por ejemplo. La solución exige que este plan se aplique sobre una base internacional y, especialmente, que incluya a los países en desarrollo.

Asimismo, hace falta más transparencia en otros aspectos importantes. Aproximadamente el 60% del comercio mundial consiste en transferencias internas dentro de las propias empresas multinacionales, y los precios a los que se registran esas transferencias internas son manipulados por las empresas para minimizar sus responsabilidades fiscales.

Raymond Baker, una autoridad mundial sobre los flujos financieros ilícitos y autor del innovador libro Capitalism’s Achilles Heel (El talón de Aquiles del capitalismo), calcula que la manipulación de los precios y la fijación abusiva de precios de transferencia (término por el que se conoce a estas prácticas) cuesta entre 500 mil millones y 750 mil millones de dólares al año. Enfrentarse a este problema es una tarea compleja y exige la cooperación internacional. Uno de los métodos más sencillos sería que las multinacionales emitieran informes por país.

Los informes nacionales son necesarios, ya que en la actualidad las disposiciones internacionales y las normas contables no exigen a las multinacionales que discriminen y publiquen sus pagos, ganancias e impuestos para cada jurisdicción en que operan. En cambio, se les permite reunir la información de varios países en un solo informe agregado para reflejar, digamos, una región ("África", por ejemplo). Eso hace imposible que fuentes ajenas a las empresas –ya sean individuos deseosos de que sus gobernantes rindan cuentas por los pagos secretos que reciben de las multinacionales o autoridades fiscales nacionales que quieren saber si se están evadiendo impuestos– determinen los datos para cada país. Necesitamos reglas que obliguen a las multinacionales a publicar esa información automáticamente.

Los preparativos para Doha.

Ninguna medida individual puede eliminar los problemas asociados con las fallas del régimen fiscal internacional, y ningún país podrá lograr cambios significativos por sí solo. La cooperación internacional entre los países es la clave.

La OCDE, a fines de la década de 1990, intentó seriamente construir una coalición de países desarrollados que actuara en conjunto para exigir la transparencia de la banca internacional. No obstante, luego de varios éxitos iniciales, las gestiones fracasaron, en parte porque Estados Unidos se retiró de la iniciativa tras la elección de 2000 que llevó a George W. Bush a la presidencia.

Además, un problema insoluble para la OCDE es su calidad de institución regional –un denominado club de hombres ricos– que carece de legitimidad para fijar normas internacionales aplicables a todos los países. Sin embargo, existe una organización con la legitimidad para representar a la comunidad internacional: la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La reunión de Doha que la ONU habrá de celebrar este año es la oportunidad perfecta para que asuma su lugar.

La ONU ya sentó bases sólidas para abordar el tema de los impuestos en Doha con el Informe 2001 del Panel de Alto Nivel sobre Financiación para el Desarrollo (también conocido como el Informe Zedillo, por su presidente, Ernesto Zedillo, ex presidente de México). Ese informe solicitó que la información fiscal se compartiera sobre una base multilateral y que los países recibieran ayuda técnica en administración fiscal y en cómo compartir la información fiscal para permitir gravar la fuga de capitales.

Como los intereses financieros una vez más presionaron contra el cambio, la iniciativa se estancó; luego, en 2002, la ONU convocó a una reunión de jefes de Estado en Monterrey, México, para discutir los planes para financiar el desarrollo de los países pobres. El resultante Consenso de Monterrey avanzó en el tema, y hoy sirve como documento base para muchos asuntos, incluso la política fiscal para el desarrollo.

En la posterior Cumbre Mundial de 2005 la ONU resolvió "apoyar los esfuerzos para reducir la fuga de capitales y [apoyar] las medidas para limitar la transferencia ilícita de fondos". Luego, en diciembre de 2007, la Asamblea General de la ONU resolvió celebrar la Conferencia Internacional de Seguimiento a la Implementación del Consenso de Monterrey sobre la Financiación para el Desarrollo", el título oficial de la reunión de Doha este año.

Los impuestos, el próximo gran tema.

Los impuestos, bajo el tema "La movilización de los recursos financieros nacionales para el desarrollo", constituyen uno de los seis capítulos de la conferencia de Doha. Pero los impuestos, y el tema estrechamente relacionado de las transferencias financieras internacionales, son tan importantes que deben estar en el centro de las discusiones y los resultados de Doha.

Recién ahora la gente comienza a vislumbrar la magnitud de los recursos financieros que se extraen de algunos de los países más pobres del mundo. Una asombrosa investigación de la Universidad de Massachussets (en Amherst), que analiza la fuga de capitales de 40 países africanos, calcula que:

La fuga real de capitales a lo largo de los últimos 35 años ascendió aproximadamente a 420.000 millones de dólares (de 2004) para el total de los 40 países. Incluidos los intereses calculados sobre las ganancias, la fuga de capitales acumulada representaba aproximadamente 607.000 millones de dólares a fines de 2004.

Prácticamente todo el dinero que sale de África como fuga de capitales se queda en el exterior. Compárese esa cifra con el total de la deuda externa de esos países, que en 2004 ascendía a 227.000 millones de dólares. Los países africanos endeudados fueron obligados a realizar dolorosos ajustes económicos y dedicar sus escasas reservas internacionales al pago del servicio de la deuda mientras, al mismo tiempo, experimentaban enormes fugas de capital privado hacia los centros financieros occidentales. Esos activos privados superan el pasivo externo del continente, lo que paradójicamente convierte a África Subsahariana en una "acreedora neta" del resto del mundo.

Existe una diferencia absolutamente crucial entre los activos y los pasivos: los activos externos privados pertenecen a elites cerradas y opulentas, mientras es el pueblo, a través de sus gobiernos, el que corre con los costos de las deudas externas públicas. Peor aún, estas fugas de capitales fluyen casi exclusivamente hacia las jurisdicciones del mundo con secreto bancario. Esto no sólo estimula la evasión fiscal, lo que priva a los países africanos de capitales de inversión y de miles de millones de dólares en ingresos fiscales perdidos que se deben sustituir con la ayuda externa, sino que alienta y fomenta todo tipo de actividades nefastas, como la corrupción. A quienes preocupan la deuda africana y los temas de gobernanza, este es el lado oculto de la moneda. Este tipo de investigaciones debe ser un llamado de atención.

Entre las jurisdicciones con secreto bancario no sólo se encuentran los tradicionales paraísos fiscales de antaño como las Islas Caimán, Jersey y Suiza, sino también los mayores centros financieros del planeta, especialmente Nueva York y Londres. En mayo de 2008 Reuters informó que el ex presidente de Liberia, Charles Taylor, cuyas fuerzas recurrían habitualmente a la mutilación y a la violación como armas de guerra, había acopiado grandes cantidades de dinero en un banco estadounidense, que al parecer había aceptado alegremente su dinero sin hacer preguntas. Esta es una práctica habitual.

Sin embargo, no todos en Estados Unidos están conformes con esto. Los senadores estadounidenses Barack Obama, Carl Levin y Norm Coleman presentaron un proyecto de ley en mayo de 2008 que limita el secreto ban- cario en ese país. Como señaló Levin:

Cada año, los estados permiten que las personas formen casi dos millones de empresas y sociedades de responsabilidad limitada (SRL) en este país sin saber –ni preguntar– quiénes son los beneficiarios detrás de esas empresas. Ahora mismo, una persona que forma una empresa o una SRL en Estados Unidos brinda menos información al Estado que la requerida para abrir una cuenta bancaria u obtener la licencia de conducir. Los delincuentes explotan esta debilidad de las prácticas estatales de constitución de empresas. Forman nuevas compañías y SRL estadounidenses y utilizan estas entidades para cometer delitos de terrorismo, narcotráfico, lavado de dinero, evasión fiscal, fraude financiero y corrupción ( ) las autoridades que aplican la ley en Estados Unidos, con demasiada frecuencia, han debido permanecer en silencio cuando sus colegas de otros países les piden información acerca de a quién pertenece una corporación estadounidense que delinque en sus jurisdicciones. La realidad es que Estados Unidos es tan malo como cualquier jurisdicción offshore en lo que respecta a las respuestas que da a esas peticiones de información.

Gran parte del dinero que fluye hacia Estados Unidos proviene, por supuesto, de países en desarrollo.

El Reino Unido ejerce un efecto similar, aunque utiliza mecanismos levemente distintos. Prefiere utilizar sus Dependencias de la Corona extraterritoriales (como Jersey o Guernsey) y sus Territorios de Ultramar (como Caimán o Bermuda) como tentáculos de los principales mercados financieros londinenses, empleándolos para recoger dinero de todo el mundo. Tanto Estados Unidos como el Reino Unido manejan grandes déficits fiscales y comerciales. Al ocultar los ingresos financieros tras el secreto bancario y no gravarlos (ni compartir los ingresos con los países víctimas) ayudan a atraer más capitales del exterior que financien esos déficits. Los esfuerzos del Reino Unido y Estados Unidos por mostrarse como generosos contribuyentes de ayuda externa –mientras aceptan cantidades mucho mayores de dinero mal habido en forma clandestina–, parecen un tanto cínicos.

No sólo cuánto se recauda: también cómo.

La magnitud de los flujos financieros que salen de los países en desarrollo ayuda a explicar por qué los impuestos son tan cruciales para esos países. Pero existe otra dimensión, que puede ser igualmente importante. Los impuestos, y especialmente los impuestos directos (frente a los indirectos como el IVA o los aranceles sobre las importaciones), son un elemento muy poderoso para mejorar la gobernanza.

Esta es otra disciplina emergente en el campo del desarrollo internacional. El libro de reciente publicación Taxation and State-Building in Developing Countries: Capacity and Consent (La tributación y la construcción del Estado en los países en desarrollo: capacidad y consentimiento), editado por Deborah Bräutigam, Odd-Helge Fjeldstad y Mick Moore, explica cómo los impuestos:

son la nueva frontera para aquellos interesados en la construcción del Estado en los países en desarrollo. La importancia política de la tributación se extiende más allá de la recaudación de ingresos ( ) la tributación puede desempeñar el papel "central" en la construcción y el sustento del poder de los Estados, y en darle forma a sus lazos con la sociedad. El papel de la tributación como constructora del Estado se puede ver en dos ámbitos principales: la creación de un contrato social basado en la negociación en torno a los impuestos, y el estímulo constructor de las instituciones que proporciona el imperativo de los ingresos. El avance en el primero puede fomentar la democracia representativa. El avance en el segundo fortalece la capacidad del Estado. Ambos tienen el potencial para reforzar la legitimidad del Estado y realzar la rendición de cuentas entre el Estado y sus ciudadanos.

Ya no podemos concentrarnos con tanta fuerza en la ayuda sin incorporar los impuestos en el corazón del debate. La ayuda proporciona beneficios, pero quizá su mayor inconveniente sea que los gobiernos y otros receptores deban rendirle cuentas a los donantes (y depender de ellos) y no a la ciudadanía. La tributación es distinta: los impuestos son la fuente de financiación para el desarrollo más responsable y sostenible: hace que los Estados rindan cuentas a sus ciudadanos, no a los donantes. Mitiga la dependencia de la ayuda externa. Como señala la autoridad recaudadora de impuestos de Kenia, "Pague sus impuestos y libere a su país". Quienes conocen la historia de Europa y Estados Unidos, y la famosa consigna "ningún impuesto sin representación", lo saben hace tiempo. Por algún motivo, su pertinencia recién ahora está comenzando a filtrarse al campo del desarrollo. Como explicó en un reciente trabajo Deborah Bräutigam [1]:

Las discusiones sobre las posibles contribuciones de la tributación a la construcción del Estado están en gran medida ausentes de las inquietudes prácticas de la comunidad de la ayuda externa, que tiende a concentrarse en aumentar la ayuda (o reducir el gasto) en lugar de recaudar ingresos. El papel de la tributación como constructora del Estado debe ser un tema mucho más central para quienes estén interesados en el problema de los Estados frágiles, los gobiernos débiles y la falta de democracia en el mundo en desarrollo ( ) un elevado nivel de ayuda puede crear incentivos para los donantes y los gobiernos que dificultan la construcción de un Estado más capaz y receptivo.

Los participantes y observadores de la conferencia de Doha corren el riesgo de dedicarle demasiado tiempo a cuánto dinero recaudan los impuestos y no el suficiente a cómo se recauda ese ingreso. Se debe investigar mucho más acerca del impacto de los problemas fiscales internacionales, los paraísos fiscales y las lagunas en los sistemas fiscales de los países en desarrollo y la forma en que recaudan sus ingresos.

El Comité sobre Asuntos Fiscales de la ONU.

El Reino Unido y Estados Unidos, con algunos de los otros paraísos fiscales del mundo, han liderado la lucha contra una mayor transparencia. La ONU –y específicamente el Comité sobre Asuntos Fiscales de la ONU [2] – es uno de los foros poco conocidos donde se libra esta lucha. El Comité es un actor principal en los insumos para la conferencia de Doha, y está compuesto por representantes de países desarrollados y en desarrollo. Lamentablemente, demasiados de los representantes de los "países en desarrollo", así como de los países ricos, provienen de paraísos fiscales, entre ellos Barbados, Bahamas, Suiza, Reino Unido e Irlanda. Mientras los paraísos fiscales de países en desarrollo, como Barbados o Caimán, tienen interés en preservar sus ingresos, la comparación del tamaño de su población (45.000 habitantes en el caso de Caimán, por ejemplo) frente a las poblaciones afectadas por los paraísos fiscales (más de 600 millones en el caso de África) debe ser la base para decidir cuáles son nuestras prioridades ante los paraísos fiscales.

La sociedad civil necesita con urgencia informarse sobre este comité y sus actividades, y el contexto en el cual está inmerso, y trabajar con tesón para asegurar que su voz se escuche. Hasta ahora la sociedad civil ha estado prácticamente ausente, permitiendo que poderosos intereses dirijan y distorsionen la discusión.

Urgente: hace falta un código de conducta.

La ONU y la reunión de Doha en particular pueden ayudar a fomentar el progreso en varias áreas fundamentales, con el potencial de hacer al menos tanto bien como toda la ayuda externa combinada. Todas estas áreas necesitan el fuerte respaldo de la sociedad civil internacional.

Un campo que será de suma importancia es la idea de un Código de Conducta de la ONU referido a los impuestos. En noviembre de 2006 el Comité de Asuntos Fiscales de la ONU dio el primer paso al votar por la aprobación del principio de que se debe redactar un Código de Conducta para la cooperación y el control de la fuga de capitales y la evasión fiscal internacional (que es, por definición, ilegal) y la elusión impositiva (que técnicamente es legal pero, por definición, va contra los deseos de los parlamentos electos). El Comité solicitó al experto tributario estadounidense Michael McIntyre que trabajara en este asunto. Nunca antes se había hecho algo así.

Para que tenga un impacto máximo, el Código de Conducta deberá ser adoptado por la Asamblea General de la ONU. Pero primero se necesitan una serie de medidas: pasos técnicos dentro del sistema de la ONU, donde los poderosos intereses de los paraísos fiscales intentarán desvirtuar los resultados para acercarlos a sus propios fines. La sociedad civil debe estar atenta en el seguimiento del avance del Código y debe protestar con fuerza cuando las cosas no salgan bien. La reunión de Doha será importante en este sentido. Todo está sucediendo con rapidez, y el momento de actuar y tomar partido es ahora.

No bastará con que la Asamblea General adopte el Código de Conducta. Una vez adoptado, deberá ser promovido vigorosamente por los gobiernos signatarios y también por los actores privados y los miembros de la sociedad civil.

En ocasiones los códigos de conducta son calificados de "leyes blandas", porque no proporcionan métodos expresos de aplicación obligatoria. Ambicionan, pero no son operativos. Buscan movilizar a la opinión pública (o al menos la opinión de los actores relevantes) y funcionan a través de la persuasión, no la fuerza legal. Por años los países trataron a la evasión fiscal internacional y la elusión de impuestos abusiva con un descuido benévolo. Ahora empezamos a ver indicios de que la opinión mundial rápidamente se inclina en favor de apoyar las medidas contra los embusteros fiscales y quienes los ayudan. Como señala Mike McIntyre: "Un código de conducta puede ayudar a crear un clima de opinión donde los embusteros fiscales no puedan presentarse como refugiados de gobiernos opresivos sino que, en cambio, sean vistos como lo que son: personas egoístas, concentradas en sí mismas, que socavan el buen gobierno y contribuyen a mantener a dos tercios del mundo atrapados en la pobreza."

Otras áreas fundamentales.

Hay otras áreas fundamentales que necesitan tratamiento urgente. En septiembre de 2007, Tax Justice Network presentó 18 recomendaciones al Comité de Asuntos Fiscales de la ONU, incluidas las siguientes:

• Solicitar al FMI que incluya en sus Informes sobre el Cumplimiento de Normas y Códigos si una jurisdicción que sea un centro financiero proporciona la debida información a sus socios extranjeros e investiga temas como el secreto bancario en asuntos fiscales y el intercambio efectivo de información.
  
• Estimar si la fuga de capitales (y la evasión fiscal resultante) deben ser consideradas como actos de corrupción según la Convención de la ONU contra la Corrupción, así como todas las partes involucradas, como los evasores fiscales, los intermediarios que facilitan la evasión fiscal y los centros financieros que manejan y reciben los fondos evasores de impuestos.
  
• Considerar la fuga de capitales y la evasión fiscal como lavado de dinero según las convenciones e instituciones relevantes, como el Grupo de Acción Financiera del FMI.
  
• El FMI, el Banco Mundial y la OCDE deben actuar en conjunto con los centros financieros para ayudar a los países en desarrollo a luchar contra la fuga de capitales y la pérdida de ingresos tributarios.

Todas estas medidas habrán de abordarse no sólo antes y durante el proceso de Doha, sino incluso mucho después. La reforma financiera internacional llevará muchos años.

El ánimo está cambiando.

Hasta ahora, el cambio estuvo bloqueado: los intereses han sido muy poderosos y la sociedad civil prácticamente ha estado dormida en cuanto al sistema tributario internacional. No obstante, el sentimiento mundial está cambiando. Un motivo es que ahora existen grupos de la sociedad civil –especialmente Tax Justice Network y Global Financial Integrity– que pueden proporcionar análisis y consejos de alto nivel para ayudar a otros a involucrarse.

Asimismo, y en contraste con la mayoría de los temas en la agenda del "desarrollo", el daño que provocan los paraísos fiscales y las prácticas tributarias internacionales abusivas no sólo se siente en el mundo en desarrollo: también en los países más ricos. Por este motivo, la acción política une a un grupo diverso de personas con intereses en común.

Los hechos acontecidos en los mercados financieros también alientan al cambio. El proceso de desregulación financiera que comenzó en los años 70 brindó el oxígeno que las jurisdicciones con secreto bancario y las prácticas tributarias abusivas necesitan para florecer y reproducirse en toda la arquitectura financiera del planeta. La crisis crediticia que comenzó en 2007 destruyó la confianza en el poder de los mercados para regularse a sí mismos y puso a la desregulación en reversa, abriendo un período en que la cooperación internacional está siendo promovida a un alto nivel. Como dijo Lawrence Summers, ex Secretario del Tesoro de Estados Unidos, en mayo de 2008:

Ha habido una carrera para ver quién tributa menos ingresos empresariales, a medida que los países reducen sus impuestos para seducir a las empresas a emitir más deuda e invertir en sus jurisdicciones. Estrechamente relacionado está el problema de los paraísos fiscales, que buscan tentar a los ciudadanos acaudalados con la promesa de que pueden evitar por completo pagar impuestos sobre gran parte de sus fortunas. Es posible que sea inevitable que la globalización lleve a ciertos aumentos de la desigualdad; no es necesario que también comprometa la posibilidad de la tributación progresiva. Estados Unidos debe asumir el liderazgo en la promoción de la cooperación mundial en el ámbito de la tributación internacional.

Stop Tax Haven Abuse (Que cese el abuso de los paraísos fiscales) el proyecto presentado recientemente por el candidato a la Casa Blanca, Barack Obama, con un senador demócrata y otro republicano, en el contexto de un frenesí de investigaciones periodísticas sobre las actividades de evasión fiscal de empresas de defensa privadas, está cambiando abruptamente el sentimiento político en Estados Unidos.

Europa, a pesar de excepciones como Austria, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido y Suiza, será un socio más o menos dispuesto. Las revelaciones de un informante remunerado sobre cuentas secretas de numerosos europeos adinerados en Liechtenstein ayudaron a alentar una nueva voluntad política para enfrentar el problema de los paraísos fiscales y el abuso fiscal.

En el Reino Unido y en los Países Bajos, algunos artículos de prensa están generando debates parlamentarios sobre si las sociedades democráticas deben aceptar la elusión fiscal de los grandes comercios minoristas o las empresas bananeras u otros, o si la norma británica del "domicilio", que permite a los más ricos de esa sociedad eludir gran parte de sus impuestos, puede tolerarse. Los sindicatos británicos están comenzando a defender con energía la inclusión de la justicia fiscal en su orden del día. Un grupo de trabajo liderado por Noruega, con el apoyo de la sociedad civil, comienza a dedicarse a la fuga de capitales y la evasión fiscal. Tax Justice Network y Global Financial Integrity Program (con sede en Washington) emprendieron un proyecto de investigación de varios años, financiado por la Fundación Ford, que por primera vez expondrá adecuadamente y describirá el pleno alcance de la infraestructura mundial de las jurisdicciones con secreto bancario.

Muchos de los paraísos fiscales del mundo, particularmente los que están vinculados al Reino Unido, surgieron o despegaron como parte del proceso de descolonización, a medida que el imperio de ultramar británico se desmoronaba tras la Segunda Guerra Mundial y el Reino Unido buscaba la forma de tapar los agujeros. Llegó el momento de comenzar a desechar esas antiguallas.

La sociedad civil, sobre todo en Europa, comienza por fin a prestar atención al poder pernicioso y poderoso que ejercen los paraísos fiscales en el desarrollo. El proceso de Doha debe ser un instrumento para expandir ese despertar.

Otras lecturas.

• Tax Justice Network: <www.taxjustice.net>.
  
• Blog de Tax Justice: <www.taxjustice.blogspot.com>.
  
• Tax Justice Focus, primer trimestre de 2008, The Doha Edition: <www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/TJF_4-1_Doha.pdf>.
  
• El sitio web de Financiación para el Desarrollo de la ONU: <www.un.org/esa/ffd/>.
  
• Un análisis fiscal general: <www.taxresearch.org.uk/Blog/>.

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NOTAS:

1. ® "Taxation and Governance in Africa", disponible en: <www.aei.org/publications/pubID.27798/pub_detail.asp>.
   
2. ® "El título completo es Comité de Expertos sobre la Cooperación Internacional en Asuntos Fiscales.