Fiscalidad y derechos humanos: una relación ignorada

Para ello, la Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos (OHCHR, por sus siglas en inglés) ha realizado una consulta a los gobiernos nacionales que conforman Naciones Unidas (NNUU) para evaluar si el régimen fiscal permite al Estado recaudar suficientes recursos para garantizar la realización de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), y cuáles son los obstáculos, a escala nacional o internacional, que impiden aumentar la base fiscal. [...]

[...] La justificación de la consulta se explica porque "la política fiscal es relevante en la consideración de las cuestiones de derechos humanos y la extrema pobreza. Los bajos niveles de ingresos fiscales nacionales, en particular, podrían ser un obstáculo importante para el cumplimiento de la obligación del Estado de garantizar el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales. Una evaluación basada en derechos humanos de la política fiscal es especialmente necesaria debido al impacto de la crisis financiera global que se inició en 2008 y a sus repercusiones
en curso en el disfrute de los derechos humanos en todo el mundo" (OHCHR, 2013).
En efecto, la protección de los derechos humanos requiere la disponibilidad de recursos públicos para financiar las instituciones y servicios básicos que son condición necesaria para garantizar los derechos humanos. Sin embargo, en muchos países el acceso a estos ingresos públicos, sobre todo a los fiscales, es la mayor barrera para que el Estado desempeñe este rol. Adicionalmente, no se trata solo de la cuantía en concepto de ingresos fiscales, sino del tipo de impuesto aplicado desde la óptica de derechos humanos; ciertos gravámenes al consumo tienen un impacto proporcionalmente mayor en las personas más pobres, reduciendo su poder adquisitivo y, por tanto, su capacidad para satisfacer sus DESC.