ComunicadosEn el mundo de las organizaciones de cooperación para el desarrollo no han sorprendido las informaciones aparecidas relacionadas primero con ANESVAD y después con la FUNDACIÓN INTERVIDA. Si cometieron o no los delitos por los que están siendo investigadas compete resolverlo a la acción judicial que a buen seguro lo hará. Es curioso, sin embargo, que presuntas conductas delictivas puedan ensombrecer el trabajo de todo un sector. En los casos de las dos organizaciones mencionadas, el sector había mostrado su preocupación en reiteradas ocasiones por sus formas de dirigirse a la opinión pública transmitiendo una imagen cargada de sensiblería e “instrumentalización” de la pobreza en el mundo. Además utilizando, en el caso de INTERVIDA, el mecanismo más cuestionado por las ONGD progresistas en la captación de fondos: los apadrinamientos individuales, niño a niño. Pero maticemos: el mecanismo de apadrinamiento tiene riesgos pero no es perverso en sí mismo, y puede ser utilizado adecuadamente, es el mensaje con que se difunde y acompaña el que incurre en engaños y simplismos éticamente muy reprochable.
Hace ya casi 15 años que las ONGD se reunieron para “auto regularse” como sector y compartir una determinada visión, conscientes de que trabajan con material sensible y fácilmente manipulable por personas irresponsables. En el Código de Conducta que suscriben todas las organizaciones que pertenecen a la Coordinadora (CONGDE) (http://www.congde.org/codigo.htm) se establecen descripciones y consensos básicos sobre qué se entiende por ONGD y qué no, dónde y cómo se ha de trabajar y de qué forma se deben relacionar entre sí y con la opinión pública así como las obligaciones de ser transparentes en sus fines, su gestión y rendición de cuentas. Atendiendo a la enorme diversidad ideológica que las ONGD muestran, el propio colectivo ha contribuido y mostrado su interés en el uso de diferentes herramientas de evaluación, para ser más eficaces y eficientes en su trabajo, para mejorar la calidad y el impacto de sus actuaciones, para aplicar dichos principios en sus propias organizaciones. Ninguna de las dos organizaciones que llevan ya semanas en titulares suscriben dicho Código de Conducta ni pertenecen a la CONGDE.
El lunes pasado El País, afirmaba en su titular que una auditoria desvela irregularidades en la presentación y el seguimiento de los proyectos, en 70 ONG citando como fuente los informes publicados por la Fundación Lealtad y cuestionando un volumen significativo de fondos-550 millones de euros- que estas ONG manejan. Pero más allá de lo inexacto de la información el daño está hecho y con él se contribuye a generalizar más inquietud. La Fundación Lealtad, desde el ámbito privado, pretende contribuir a afianzar la confianza en el sector de las ONG mediante el análisis y posterior publicación de 44 criterios que, desde su particular concepción, consideran principios de buenas prácticas y que según información publicada sirven de modelo en Estados Unidos (¿). En definitiva, el análisis que proviene de Lealtad es una colaboración externa a la que las ONGD voluntariamente han accedido, o no, compartiendo la totalidad de sus criterios o sólo parte de ellos. No siendo auditorias formales ni evaluaciones sobre la realización o eficacia de los proyectos, comprenden una serie de presupuestos para establecer si la ONG en cuestión comparte la visión estratégica de la gestión de recursos y del “buen gobierno” de la Fundación. Dicho de otra forma, el hecho de que algunos de esos 44 criterios no hayan sido cumplidos en su totalidad no es, ni pretende serlo, prueba de irregularidades (como afirma la información de El País y como niega el comunicado posterior de la Fundación), sino que existen prácticas y formas de organizar la actividad que siendo completamente legales y demostradamente eficaces pueden no ser las que promociona la Fundación Lealtad. En fin, la Fundación Lealtad trabaja, en todo caso, desde su visión que no es, obviamente, la única, pues va más allá de los criterios legales objetivos proporcionando otros que, adecuados o no, son subjetivos.
De hecho, la realidad asociativa es mucho más amplia y compleja que la que se resume en estos 44 principios de transparencia y gestión o cualesquiera otros aplicables. Las ONGD suponen una visión determinada y compartida de las causas de la pobreza, de la injusticia y la desigualdad, de propuestas destinadas a cambiar esa realidad. Las ONGD españolas además, no trabajamos solas, llevamos años buscando la forma más adecuada de aliarnos y cooperar con otras organizaciones, tanto aquí en España y en Europa como en los países del Sur, para también tener una voz común que nos identifique ante la sociedad; nos movilizamos para reclamar justicia internacional y el derecho al desarrollo de los países empobrecidos, al tiempo que denunciamos las actuales estructuras que privilegian a algunos países del norte en el concierto comercial, económico y político mundial. Estos son realmente los principales retos y preocupaciones de muchas ONGD.
Queremos intentar explicar aquí algo sustancial que no conviene obviar u ocultar. Los casos que se están investigando se refieren a dinero privado, no a proyectos de financiación pública, y cabe resaltar que uno de los principios que la Fundación Lealtad prima como un buen criterio -a fin de cuentas es una fundación constituida por empresas- la obtención de recursos privados sobre recursos públicos. Los fondos públicos destinados por las administraciones públicas españolas, especialmente por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, a través de las ONGD tienen mecanismos de control rigurosos y exhaustivos. Prácticamente todo proyecto financiado públicamente conlleva una auditoría externa, una evaluación externa, una evaluación interna, una evaluación por parte de la institución pública, una auditoría que la institución encarga a consultoras privadas, una evaluación y control por parte de los técnicos de la institución y un contraste posterior de todo ello con los interventores de cada institución, y se hace, nadie tenga la menor duda, gasto a gasto, inversión a inversión, factura a factura, resultado a resultado, con visitas al terreno, entrevistas con las organizaciones locales, charlas con los beneficiarios, con mediciones y cuantificaciones. Si esto se aplicara a todos los fondos públicos seguramente habría menos Marbellas y menos ladrillos. En todo caso no estaría mal que se pudiera algún día aplicar al capital privado incluyendo a las empresas de comunicación, bancos, inmobiliarias, etc.
Las ONG seguiremos mejorando nuestros sistemas de responsabilidad social, calidad y adecuación finalista de nuestras acciones, también la transparencia en la gestión. Porque necesitamos el apoyo de la sociedad, porque nuestra opinión debe contar como legítima expresión ciudadana para responsables políticos, líderes de opinión y medios de comunicación social. En cuanto a la ciudadanía en general y a las personas que nos apoyan, podemos sugerir lo que otras veces hemos propuesto: que se asocieny participen en primer lugar, que su tiempo (como voluntarios, militantes, colaboradores) es tan valioso como su dinero, que consuman responsablemente, que reclamen el 0,7%, la cancelación de la deuda, la necesidad de frenar el cambio climático y cuantas medidas sean precisas para lograr cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Que tengan en cuenta también su visión política ylas propuestas de trabajo que se derivan de ella. Que valoren positivamente si trabajan en red con otros movimientos y organizaciones, si pertenecen a la CONGDE o a las Coordinadoras Autonómicas de ONGD, y por lo tanto suscriben el Código de Conducta. Y si lo hacen así, podrán comprobar que su esfuerzo y sus aportaciones contribuyen a un mundo mejor, desde una exquisita transparencia y buena gestión. Que se animen a ir allí, al sur, a ver esos proyectos y sus resultados, en lugar de sólo ver cómo aquí, en el norte, mensajes demasiado simplistas levantan suspicacias y enredos.
Pablo José Martínez Osés
Coordinador de la Plataforma 2015 y más