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Algo más que solidaridad para resolver la crisis de los alimentos

Publicado el 4 de junio de 2008
Ya lo veníamos diciendo con claridad: "Las empresas dedicadas al negocio de la energía siguen declarando beneficios multimillonarios cuando gestionan bienes y recursos que son de todos y todas. Ante la escasez de recursos no se detiene el derroche, más bien ahora "resolvieron??? con los "agrocombustibles???. Ya tienen nuevas fuentes energéticas que explotar y vender. Los gobiernos asienten y consienten. Mientras tanto esta nueva explotación ya subió los precios de los alimentos básicos de millones de personas (cereales como trigo, soja o maíz) y supone un empujón más al modelo de industria intensiva en agua, tierras y químicos que destruye nuestros mares y bosques. El mismo que tantos beneficios ofreció para unos pocos, expulsa a los pequeños productores, a los que dependen de la producción local, artesanal y orgánica.

El anterior es un párrafo del manifiesto que el pasado 21 de octubre leyeron el Gran Wyoming y Beatriz Montañez firmado por los más de mil colectivos sociales que conformamos la Alianza Española contra la Pobreza y que llevamos tres años consecutivos manifestándonos para reclamar serias transformaciones políticas que orienten sin ambigüedades las acciones de los gobiernos y las instituciones intergubernamentales a la erradicación de la exclusión y la pobreza mundial.

La crisis de los precios de los productos alimentarios ancla sus raíces en más de dos décadas de políticas internacionales de doble rasero, que han socavado las capacidades de los países del Sur de alimentar a sus poblaciones en beneficio de las grandes compañías transnacionales dedicadas al “agri-bussines”. Ellas son las que ahora se frotan las manos con la escalada de precios. Los pequeños productores agrícolas y ganaderos han visto como no podían competir con los productos de grandes marcas que copaban sus mercados con productos envasados y manufacturados por compañías del Norte, aunque sus materias primas hubieran sido previamente obtenidas del Sur. Los gobiernos del Sur se han visto obligados a eliminar todas las políticas agrícolas y ganaderas destinadas a proteger a sus pequeños productores por las directrices impuestas por las instituciones internacionales. Aún hoy se insiste en que la liberalización comercial es la mejor llave para salir de la crisis. Pretender “aprovechar” la gran repercusión de esta crisis para finalizar las negociaciones de la Ronda de Doha será un intento de consolidar y de fijar un conjunto de políticas liberalizadoras que están en la raíz de los problemas causados y de las que ya sabemos qué se puede esperar.

Por contra, los representantes de los gobiernos y de las instituciones internacionales presentes en la Conferencia de Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria Mundial que se celebra estos días en Roma deberían liderar un ejercicio de autocrítica sin paliativos. Por no haber sido capaces aún de garantizar el Derecho a la Alimentación a todas las personas del Planeta. Un derecho recogido en la Declaración Universal –que no podía celebrar de peor manera su 60ª aniversario- y que establece que los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir con el derecho de todas las personas a acceder a la alimentación necesaria para su desarrollo completo. Y a la autocrítica debían seguirle algunas medidas políticas claras y novedosas, por cuanto modifican el actual panorama mundial en materia de políticas agrícolas y de la alimentación.

Medidas que revirtieran la creciente concentración de riqueza proveniente de la industria alimentaria en cada vez menos manos. Sólo cinco transnacionales controlan el 80% del mercado mundial de alimentos básicos. Medidas que promovieran efectivamente el derecho de los países a proteger a sus pequeños productores, políticas económicas internacionales que fomentaran las producciones locales, orgánicas y respetuosas con el medio ambiente así como los circuitos cortos de comercialización. En definitiva los responsables de los gobiernos y las instituciones reunidos en Roma deben asegurar una respuesta coherente, que evite nuevas crisis en el futuro. Resolviendo los múltiples factores que han causado la crisis, los más importantes la oferta restringida por el mercado, el aumento de la demanda en países como China e India –demanda que deberá crecer aún más si tuviéramos éxito en la lucha contra la pobreza-, el aumento de los precios del petróleo, los agrocombustibles, la especulación financiera, las restricciones a las exportaciones de los países del Sur y lo que es más importante la poca relevancia estratégica que se ha dado en las últimas décadas a la agricultura orientada a la satisfacción de las necesidades humanas.

En la actual situación de emergencia mundial por la crisis de los precios de los alimentos, bienvenidos sean todos los compromisos de gobiernos e instituciones –siempre y cuando lleven una cifra garantizada atada al compromiso- para paliar la situación de hambruna que sufren más de 850 millones de personas. Ojalá puedan contribuir a reducir las 9.000 muertes diarias de niños y niñas por causa de la desnutrición. Para lo que seguro no van a servir es para atacar de raíz las causas de la misma hambruna, que no han cambiado desde hace años, aunque ahora estén agravadas por la vuelta de tuerca que supone la escalada de precios de los alimentos.

Hemos entrado ya en la cuenta atrás para la consecución de los ODM, y esta crisis pone a prueba la capacidad de la comunidad internacional para mantener estos compromisos de desarrollo. Aunque hasta ahora los comentarios sobre los efectos de esta crisis se han centrado en el primero de los ODM - reducción de la pobreza y el hambre-, hay que subrayar el impacto que esta crisis puede llegar a tener también en el resto de los Objetivos, concretamente en aquellos que buscan garantizar acceso a la sanidad, educación y sustento, ya que existe una estrecha vinculación todos ellos.

El Encuentro de Alto Nivel convocado por el Secretario General de la ONU para el 25 de septiembre en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, que cuenta ya con el apoyo de treinta países en todo el mundo, será una nueva prueba de fuego para ver el alcance real de estos compromisos. Los millones de personas, que viven en la extrema pobreza, no pueden esperar más, y los colectivos sociales seguiremos exigiendo un cambio de rumbo.

Alianza Española contra la Pobreza

La Alianza Española contra la Pobreza aglutina a más de 1000 entidades en todo el territorio español (organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, etc.) cuyo objetivo es hacer un llamamiento a la ciudadanía para que se movilice y presione hasta lograr medidas concretas contra la pobreza mundial.