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Manifiesto: Encuentro Objetivos del Milenio y Coherencia de Políticas

Madrid, 5 al 7 de mayo de 2010
Publicado el 20 de mayo de 2010
Del 5 al 7 de mayo de 2010, se celebró en Madrid el Encuentro "Objetivos del Milenio y Coherencia de Políticas", organizado por la Coordinadora Estatal de ONGD para el Desarrollo (CONGDE), con el objetivo de analizar los avances y retrocesos en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de cara a la reunión de estados que Naciones Unidas convoca para evaluar dichos progresos del 20 al 22 de septiembre en Nueva York. El ecuentro dio como resultado el Manifiesto que reproducimos a continuación.

1. Contexto


2010 es un año clave para la erradicación de la pobreza. Se cumplen diez años del compromiso que 189 Jefes de Estado y de Gobierno asumieron en forma de 8 objetivos de desarrollo. Unos objetivos dirigidos a erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades y a garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Y un octavo objetivo que apela a la responsabilidad de los países enriquecidos y todos sus actores –gobiernos, sociedad civil, sector privado-, en el logro de las metas anteriores y les compromete a fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

A pesar de que los ODM han tenido un enorme impacto en la comunidad internacional en términos de movilización política hacia la lucha contra la pobreza, y por ello continúan siendo un marco de mínimos apropiado, no fueron formulados desde la perspectiva de los derechos humanos, la igualdad de género o el desarrollo sostenible. Como consecuencia, no abordan de una forma adecuada las injusticias estructurales y sistémicas que continúan apartando a muchas personas de los beneficios derivados del avance de los ODM, ni recogen las obligaciones internacionales que tienen los Estados en materia de derechos humanos.

Los balances del progreso a cinco años de terminar el plazo de cumplimiento, fijado en 2015, no son muy alentadores. Por primera vez en la historia, el número de personas en extrema pobreza ha superado los 1.000 millones, de las que aproximadamente el 70% son mujeres y niñas. El contexto de crisis actual, de múltiples dimensiones -económica, financiera, alimentaria, energética y ambiental-, que está evidenciando tanto los límites del actual modelo económico como las deficiencias en la gobernabilidad global, ha agravado, aún más, la situación de las personas más pobres, frenando y revertiendo muchos de los avances conseguidos hasta la fecha.

En septiembre, Naciones Unidas convocará a los Jefes de Estado y de Gobierno del mundo a la Cumbre de revisión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Los compromisos que de ahí se deriven serán claves para el futuro de millones de personas en todo el mundo. La Unión Europea (UE), como primer donante mundial, tiene el deber de liderar una movilización mundial que resulte en un plan para la reactivación de los ODM. Un plan que incluya compromisos reales, ampliados y con plazos concretos que aseguren el cumplimiento de las metas recogidas en la Declaración del Milenio en 2015.

Porque los compromisos de los gobiernos europeos en la lucha contra la pobreza deben ser cumplidos ahora más que nunca.

2. Coherencia de Políticas para el Desarrollo (CPD): un paso ineludible


Las políticas de la UE tienen un impacto en la capacidad de los países empobrecidos para conseguir los ODM. No sólo son políticas que no contribuyen a la erradicación de la pobreza, sino que su incoherencia con los objetivos del desarrollo impide el impacto positivo de la ayuda.

El logro de los ODM sólo se conseguirá si aseguramos que todas las políticas formuladas por la UE y sus estados miembros concuerdan con los objetivos de desarrollo y no los socavan; objetivos a los que tanto los países miembro como la UE se han comprometido. Para ello, es necesario:

1. Garantizar que el desarrollo sostenible, la igualdad de género y los derechos humanos, objetivos fundamentales de la cooperación para el desarrollo europea, sean la base de toda política de la UE que afecte a la población de los países empobrecidos; con especial atención a las políticas comerciales, agropecuarias, migratorias, financieras, ambientales y de seguridad.

2. Asegurar que la toma de decisiones vinculada a la definición de las políticas de la UE y de sus Estados miembros sea más transparente y participativa desde etapas iniciales, incorporando la participación de todos los actores tanto en la UE como en los países empobrecidos, incluyendo a los parlamentos y a la sociedad civil. Esta participación es especialmente relevante en los procesos de negociación de acuerdos comerciales y de partenariado que actualmente la UE está impulsando en distintas regiones.

3. Poner en marcha estructuras institucionales adecuadas que tengan el mandato y la capacidad para impulsar y asegurar la coherencia de políticas tanto de la UE como de sus Estados miembros, estableciendo mecanismos que permitan dar seguimiento a los avances. Así mismo, el proceso hacia la CDP debe tener en cuenta los resultados de las evaluaciones sobre el impacto de las políticas europeas en el ámbito social y económico de los países en desarrollo.

4. Asegurar que el plan de trabajo sobre CDP para el período 2010-2013 se desarrolla orientado a conseguir los ODM, estableciendo mecanismos que permitan la evaluación del impacto de las políticas que sean relevantes en el avance hacia la consecución de los ODM.

El propio Tratado de Lisboa establece que la lucha contra la pobreza, además de un objetivo esencial de la política europea de cooperación al desarrollo, debe ser uno de los principios rectores de la acción exterior en su conjunto y que la Unión ha de tener en cuenta los objetivos de la cooperación para el desarrollo al aplicar las políticas que puedan afectar a los países empobrecidos.

3. Financiación para el Desarrollo


Más ayuda:

En los últimos años se observa una tendencia preocupante de disminución de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) europea, que pasó de suponer el 0,51% de la Renta Nacional Bruta (RNB) en 2006 a, conjuntamente, un escaso 0,42% en 2009.

Esta situación ha de revertirse, y para ello, la UE y sus Estados miembros deben:

a. Cumplir, individualmente, el compromiso político y financiero del Consenso Europeo sobre Desarrollo de destinar al menos el 0.7% de la RNB a AOD en 2015 en el caso de los EU-15 y el 0.33% para los EU-12; y de forma colectiva alcanzar el 0.7% en 2015. Aquellos Estados miembros que se comprometieron a destinar el 0,7% antes de 2015 o a alcanzar un porcentaje mayor al 0,7% deben reafirmar tales compromisos.

b. Establecer calendarios legalmente vinculantes para sus Estados miembros que muestren claramente cómo los gobiernos y la propia Comisión Europea contribuirán anualmente al cumplimiento de sus compromisos. Esta medida deberá reforzarse con el establecimiento de mecanismos más efectivos de rendición de cuentas en el marco de la UE, que complementen a los existentes en el plano nacional; mecanismos como la puesta en marcha de revisiones del avance tipo “peer-review” que obliguen a los gobiernos a señalar las medidas que están impulsando para el logro de sus compromisos, y cuyos resultados sean debatidos anualmente en el Parlamento Europeo, involucrando a representantes del Consejo y de la Comisión, así como que se establezcan espacios para la participación de la sociedad civil.

c. Impulsar medidas efectivas para obtener recursos adicionales y nuevas fuentes de financiación para el desarrollo humano, ya que los efectos de la crisis socioambiental (incluido el cambio climático), de la crisis energética y alimentaria y de la propia crisis económica y financiera han supuesto nuevos desafíos que no fueron previstos en la Declaración del Milenio. Para ello deberá:

1. Introducir nuevas fuentes de financiación para el desarrollo, adicionales a la AOD. La Unión Europea debe, como mínimo, adoptar un impuesto sobre transacciones de divisas de la zona euro, así como incidir en la agenda internacional para que se establezca un impuesto global sobre transacciones financieras.

2. Ofrecer herramientas a los países empobrecidos –y dotarnos en los países enriquecidos también de ellas- para una movilización eficiente de recursos domésticos, a través de la adopción de medidas claras para el combate a los paraísos fiscales y la evasión fiscal, incluyendo la protagonizada por las empresas multinacionales garantizando que éstas rindan cuentas sobre sus ingresos en los países donde operan.

3. Cancelar la deuda bilateral de los países menos adelantados sin que eso suponga una reducción de los fondos a través de la AOD bilateral no reembolsable vía programas y proyectos. Además, la UE deberá promover en el ámbito internacional la realización de auditorías sobre la legalidad y la legitimidad de las deudas externas, con la finalidad de cancelar inmediatamente aquellas que fueron contraídas por gobiernos corruptos o sirvieron para permitir la violación de derechos humanos y ambientales de los pueblos endeudados. Asimismo, se deberá establecer un compromiso calendarizado para adoptar mecanismos eficaces, participativos y transparentes para buscar una solución a la sostenibilidad de la deuda, de manera que ésta esté supeditada a que sea compatible con la inversión social necesaria para alcanzar los ODM.

Y mejor ayuda:

También es necesario realizar progresos en la calidad de la ayuda, de manera que la suma de esfuerzos realmente multiplique los resultados. La UE se ha comprometido con la Declaración de Paris, con la Agenda de Accra para la Acción, con el Código de Conducta para la Complementariedad y la División del Trabajo, así como con una serie de metas adicionales destinadas a profundizar los acuerdos de Paris. Las evaluaciones que se realizaron en el año 2008, en Accra y en Doha, sobre los avances en la implementación de la Agenda de París sobre eficacia de la ayuda, mostraron un avance demasiado lento en el cumplimiento de los compromisos. Para revertir esta situación, la UE debe:

1. Impulsar medidas para la eliminación total de la ayuda ligada –incluyendo ayuda alimentaria y asistencia técnica- tanto en el conjunto de los 27 países europeos como en la ayuda gestionada por la Comisión Europea.

2. Lograr la previsibilidad en los desembolsos de la ayuda y en los compromisos plurianuales y mejorar la transparencia de la información sobre su uso, especialmente cuando ésta se canaliza a través de organismos multilaterales, en línea con iniciativas como "Publish What You Fund". [1]

3. Impulsar un compromiso europeo para dejar de computar las cancelaciones de deuda como AOD y, de manera general, asegurar que las cifras de la ayuda que destinan los Estados miembros y la propia UE a los países en desarrollo no incluyan componentes que no estén estrictamente vinculados con la lucha contra la pobreza.

4. Cambiar la naturaleza de la condicionalidad, eliminando aquella basada en acuerdos comerciales, en medidas de control migratorio y/o en exigencias de aplicación de políticas de ajuste macroeconómico y reducción del gasto público que puedan afectar a la inversión social necesaria, acotándola exclusivamente a la consecución de resultados acordados con los países socios, y a avances progresivos en materia de gobernabilidad y respeto a los derechos humanos.

5. Avanzar activamente en el cumplimiento del Código de Conducta sobre Complementariedad y División del Trabajo en el ámbito de la política de desarrollo, especialmente en lo que se refiere a armonización de actores tanto a nivel de la UE como en cada uno de los Estados miembros, y cumplir las metas acordadas en Accra en materia de uso de los sistemas nacionales de los países socios.

6. Garantizar que la sociedad civil, las comunidades y los parlamentos, tanto de países del Sur como del Norte, participan y ejercen su labor de control a los gobiernos, dotándoles de espacios formales e informales y recursos económicos y materiales, incluyendo la construcción de capacidades en enfoque de género, en todos los procesos de diseño, implantación y evaluación de las políticas nacionales y de desarrollo

7. Incorporar en la reflexión sobre la eficacia de la ayuda los aportes y recomendaciones de la sociedad civil, como actor relevante en los procesos de desarrollo, tal y como fue reconocido en el Programa de Acción de Accra.

8. Profundizar en los cambios institucionales que permitan afianzar la calidad, coherencia, eficacia del sistema de ayuda y su relevancia en el seno de la acción de la UE y de sus Estados miembro.

4. Género y derechos humanos como enfoques prioritarios


Las mujeres continúan siendo la mayoría entre los más pobres y vulnerables, experimentando discriminación en todas las esferas de la vida política, económica y social, lo que supone que millones de personas ven violados cada día sus derechos humanos más básicos. Reducir esta realidad a un único ODM resulta insuficiente para hacer frente a esta situación; la igualdad de género debe ser enfocada de forma transversal en todos los ODM y éstos como un vehículo para la aplicación de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y de la Plataforma de Acción de Beijing.

Igualmente, la formulación de las metas e indicadores para medir el avance de los ODM no tiene en cuenta de manera explícita la obligación de los Estados de no discriminar y de garantizar niveles mínimos esenciales de derechos a los grupos excluidos y marginados. La falta de indicadores y metas que visibilicen el desigual acceso a derechos de estos grupos crea el peligro real de que la concentración de esfuerzos en los indicadores macro de los ODM deje de lado a multitud de personas pertenecientes, entre otras, a minorías étnicas o con discapacidad.

Las necesidades específicas de tales grupos deben ser tenidas en cuenta en las políticas y programas de desarrollo y los ODM deben ser revisados desde los compromisos jurídicamente vinculantes derivados del marco internacional de derechos humanos, así como establecer indicadores de avance desagregados por edad, sexo, grupo étnico y discapacidad, de manera que se garantice que los esfuerzos de desarrollo benefician a todas las personas por igual. Las mismas consideraciones deben estar presentes a través de procesos democráticos y participativos de definición y aplicación de políticas públicas, con el fin de que éstas sean un instrumento efectivo para reducir la inequidad.

Asimismo, los Estados deben crear o fortalecer los mecanismos nacionales para la rendición de cuentas en relación con el respeto, protección y disfrute de los derechos humanos en sus esfuerzos por la consecución de los ODM, incluyendo el acceso a un recurso efectivo en el caso de violaciones de los derechos humanos.

La adopción de medidas específicas que garanticen la coherencia de las políticas (especialmente las ambientales, de seguridad, comerciales y de inmigración) con los principios derivados de los derechos humanos, la igualdad de género y la sostenibilidad ambiental es fundamental para alcanzar los logros propuestos.

Exigencias hacia 2015. Demandas de la sociedad civil


En definitiva, la UE y sus países miembros deben:

  • Adoptar un plan de reactivación de los ODM en el Consejo Europeo de junio. El plan debe ser concreto, con compromisos claros y legalmente vinculantes que incluyan mecanismos para su seguimiento. Como primer donante mundial, la UE debe influir en la posición de otros países para que adopten un compromiso similar en la Cumbre de Naciones Unidas de septiembre.
  • Asegurar que toda política financiera, comercial, medioambiental, agropecuaria y de seguridad de la UE y sus Estados miembros es coherente con sus compromisos de desarrollo. El desarrollo sostenible y los derechos humanos son principios que deben prevalecer en la formulación e implementación de las políticas europeas por encima de otros intereses.
  • Reconocer la interdependencia entre los ODM y abordar su cumplimiento de manera conjunta.
  • Cumplir y ampliar los compromisos asumidos como signatarios de distintos marcos para la acción en materia de desarrollo como son el Consenso Europeo sobre Desarrollo, la Declaración de París, la Agenda de Acción de Accra, la Plataforma de Acción de Beijing y la Agenda de El Cairo, así como las demandas que en materia de cambio climático se derivaron de la Cumbre de Copenhague. Agendas y marcos para la acción que sin duda contribuyen al cumplimiento y amplían las metas de la Declaración del Milenio.
  • Reconocer que los ODM no pueden ser alcanzados sin el establecimiento de una alianza fuerte y significativa de la UE y sus estados miembros con las organizaciones de la sociedad civil tanto del norte como del sur, entre otros actores.
  • Cumplir las obligaciones que derivan del marco internacional normativo de derechos humanos, y adoptar medidas específicas que implementen tanto el enfoque de derechos humanos como el de género en la programación para el desarrollo, garantizando que las personas más vulnerables y marginadas protagonizan los avances del desarrollo humano.
  • Aumentar tanto la cantidad como la calidad de la ayuda de la UE y los esfuerzos para implementar la agenda de financiación para el desarrollo. Los compromisos internacionales (0.7%) deben ser cumplidos, pero no serán suficientes para hacer frente a nuevos desafíos globales como el cambio climático, la crisis energética y alimentaria o los efectos de la crisis financiera. Para ello, la UE debe canalizar recursos adicionales que sean predecibles y que no contabilicen como AOD.
  • Asegurar que las obligaciones legales establecidas por el Tratado de Lisboa con respecto a la cooperación para el desarrollo y el objetivo de erradicación de la pobreza se reflejan en los arreglos institucionales entre el Servicio Europeo de Acción Exterior y la Comisión Europea derivados de la entrada en vigor del Tratado y que los mismos son respetados en las políticas europeas.

La crisis económica y financiera no puede servir de excusa para incumplir los compromisos y establecer nuevas medidas. Según el Eurobarómetro de 2009, nueve de cada diez europeos y europeas creen que el desarrollo es importante y la gran mayoría está a favor de cumplir e intensificar la ayuda al desarrollo [2]ya comprometida.

Los recursos destinados por los gobiernos en 2008 a rescatar entidades financieras fueron veinte veces superiores a los destinados a la lucha contra la pobreza en los últimos 50 años. Si los países enriquecidos son capaces de adoptar medidas tan contundentes para salvar a los bancos, no pueden evadir su obligación de asumir compromisos concretos y legalmente vinculantes que hagan posible el cumplimiento de la agenda de mínimos que plantea la Declaración del Milenio. No hay excusas para no alcanzar los ODM, máxime cuando, por primera vez en la historia, contamos con los recursos para erradicar la pobreza.

Notas

[1] Campaña internacional para la trasparencia de la ayuda.

[2] Eurobarómetro 2009.