ComunicadosCómo desmantelar la política de cooperación o las primeras decisiones del Gobierno en cooperación internacional
La vieja idea de obtener prestigio en el exterior a base de exportaciones de recursos y marcas, fuertemente revitalizada por el nuevo gobierno con la "Marca España", puede significar una amenaza a la gobernanza global y al multilateralismo democrático por el apuestan países comprometidos con la agenda internacional y con los países del Sur como respuesta a los problemas globales.
Ante esta nueva situación las organizaciones sociales de la cooperación deberán combinar sus más que razonables preocupaciones por un nuevo marco de financiación y por mantener un buen nivel de interlocución, pero sin olvidar que ambas cosas no se las concede ningún gobierno de turno, sino que son consecuencia de una legitimidad construida en la capacidad de articulación y movilización social de la ciudadanía. El diálogo y la participación entre la Administración y las organizaciones de la sociedad civil, incluido el marco de financiación adecuado, es un compromiso internacional recogido tanto en las recomendaciones de la última evaluación del CAD como en las que se derivan de la Agenda de Eficacia.
PACI 2012; primer documento de cooperación aprobado sin apoyos
De esta forma, y rompiendo el consenso sobre política de cooperación que ha caracterizado la última década, este mes de junio ha sido aprobado en el Congreso en Plan Anual de Cooperación Internacional 2012 (PACI 2012) contando sólo con los votos favorables del Partido Popular.
La Plataforma 2015 y más considera que este PACI no es transparente en la definición básica de sus líneas de actuación y de los criterios con los van a tomarse decisiones estratégicas y fundamentales para el presente y el futuro de la cooperación española. El PACI 2012 es un documento de baja calidad técnica y escasa claridad política que rompe con el consenso social y político mantenido para el fortalecimiento de esta política pública desde años anteriores.
Además resulta alarmante que el PACI 2012 haya sido aprobado sin contener la información presupuestaria elemental y básica para constituir un documento de planificación, útil para planificar, ejecutar y posteriormente evaluar. Al contrario, el PACI 2012 apenas incorpora más información que la conocida por los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2012, con lo que resulta muy difícil poder realizar valoración alguna respecto de las actuaciones previstas (o realizadas, porque ya llevamos cuatro meses de ejecución de este PACI). A este respecto como mínimo deberían solicitarse los cuadros de distribución habituales (por agentes e instrumentos, por financiadores y modalidades de ayuda, sectores y geográficas).
La ausencia de datos económicos en el PACI 2012 es más grave aún si tenemos en cuenta que es el primer plan de la política de cooperación del actual gobierno, en un año caracterizado por un espectacular y desproporcionado recorte presupuestario de los fondos de Ayuda Oficial al Desarrollo. La Plataforma 2015 y más denuncia que el recorte de la AOD no está justificado por la lucha contra el déficit o por el ajuste fiscal, puesto que mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) sufre el mayor descenso relativo de fondos en los PGE de 2012 -un 54,4%- la media del recorte para todos los ministerios se sitúa en el 16,9%. Si observamos los recortes acumulados en el periodo 2009-2012, la media del recorte para toda la Administración General del Estado se sitúa en el 30% mientras que el MAEC vuelve a ser el más perjudicado con el 67% de descenso. Con este descenso España se aleja en los últimos tres años de las tendencias del resto de donantes del CAD que, aún con un leve descenso general, reflejan voluntad política y esfuerzo
Relación con las ONGD
El nivel de interlocución y relación con las ONGD es este nuevo espacio de gobierno viene determinado por el papel ejecutor de dicha política pública que se quiere dar a las organizaciones de la sociedad civil.
El primer golpe fue la comunicación de la AECID en abril por la que dejaba sin efecto la relación aprobada correspondiente a la convocatoria de convenios del 14 de junio 2011. Esto ha significado echar por tierra los esfuerzos y recursos invertidos por muchas ONGD en la identificación y formulación de estos convenios y está teniendo unas consecuencias desastrosas para muchas ONGD españolas, sus organizaciones socias y contrapartes en países del Sur, y principalmente en las comunidades, familias y personas empobrecidas por las políticas globales de liberalización de mercados y concentración de la riqueza.
Recientemente la AECID ha publicado la convocatoria de subvenciones para las ONGD, con la que de un plumazo pretende acabar con años de una asociación estratégica basada en la participación activa de las ONGD en la política pública, tanto en su diseño como en su ejecución y seguimiento. La convocatoria no sólo obvia el trabajo realizado el año pasado por las ONGD calificadas en la elaboración de propuestas de trabajo de defensa de unos derechos que no suelen ser prioritarios para los gobiernos de los países en vía de desarrollo, como es el sector de los Derechos Sexuales y Reproductivos y de los Derechos Ambientales-, sino que además se publica con un crédito de 400.000 euros propios, constituyendo poco menos que una provocación –y una importante herida que se abre a la permanencia de sus estructuras de trabajo- a un sector que el año pasado distribuyó más de 220 millones de euros de la AECID.
Con este segundo golpe el Gobierno parece dispuesto a acabar con un marco de financiación basado en herramientas plurianuales que se puso en marcha en el año 2006 y cuya última modificación de su Orden de Bases se hizo apenas hace unos meses, en octubre de 2011 y fue valorada como uno de los avances de la última legislatura. Pero sobre todo, lo que se desprende de los últimos pasos y declaraciones del Gobierno en materia de Ayuda Oficial al Desarrollo es su intención de supeditar esta política a unos intereses económicos ajenos a la mejora de las condiciones de vida de las mayorías del Sur, y de someter, reduciéndola a un rol instrumental, a la sociedad civil organizada en torno a la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la desigualdad, la erradicación de la pobreza y la promoción de modelos alternativos de gobernanza global.