En defensa del sistema de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia
MANIFIESTA:
1.- Que Estatuto de Autonomía para Andalucía establece entre sus objetivos básicos "la especial atención a las personas en situación de dependencia." En su articulo 24 establece el "derecho de las personas con discapacidad y en situación de dependencia a acceder, en los términos que establezca la ley, a las ayudas, prestaciones y servicios de calidad necesarios para su desarrollo personal y social". Y en su artículo 37 establece como principio rector de las políticas públicas "la especial protección de las personas en situación de dependencia que les permita disfrutar de una digna calidad de vida."
2.- Que la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (LAPAD) estableció un nuevo derecho universal para toda la ciudadanía, derecho que da cobertura a más de 196.000 personas en Andalucía a través de servicios de atención o de prestaciones económicas generando una mejora irrenunciable de la calidad de vida de las personas más vulnerables y de sus familias. La cobertura actual del SAAD afecta principalmente a personas mayores de 80 años, en su mayoría mujeres. Este sistema de protección, que se puso en marcha hace algo más de tres años y que aunque tiene pendiente la puesta en marcha del nivel de protección más leve, ya da cobertura a más personas que el sistema de pensiones no contributivas.
3.- Que la Comunidad Autónoma de Andalucía ha efectuado uno de los esfuerzos mas importantes de todas la Comunidades Autónomas para poner en marcha el SAAD, lo que supone que ocupa el tercer puesto en el grado de implantación (beneficiarios en relación a la población de la Comunidad autónoma) y es el mas alto de las Comunidades Autónomas mas pobladas y también de las mas extensas, dejando por detrás a otras como la Comunidad de Madrid, la cuarta peor, o la Comunidad Valenciana teniendo solo detrás a Canarias.
4.- Que el SAAD ha demostrado ser rentable social y económicamente, el gasto generado por este sector está en torno al 0,56% del PIB, mientras que los retornos fiscales suponen mas del 20% del gasto, y el impacto económico del SAAD ha aportado en 2010 al crecimiento global en España mas de 0,15 puntos positivos, moderando la recesión de la economía española, mientras que su impacto sobre el déficit es escaso, no llegando al 0,5%.
5.- Que la financiación dirigida a cubrir este nuevo derecho que estableció la Ley 39/2006 supone una apuesta por la cohesión social y por la mejora de la calidad de vida de las personas, pero también es un impulso a las políticas de igualdad entre hombres y mujeres, ya que la implantación de un Sistema de Servicios facilita el acceso a la vida laboral a las mujeres que tradicionalmente han venido siendo las cuidadoras en el ámbito familiar sin ningún tipo de reconocimiento, ni oportunidades para desarrollase profesionalmente, haciendo una carrera profesional, y acceder a todos los derechos que eso implica.
6.- Que en plena crisis, este sector, ha sido capaz de generar actividad económica y crear empleo en todo el territorio andaluz, actualmente el sector mantiene más de 480.000 empleos directos en España y 78.000 en Andalucía. Empleos que mayoritariamente son femeninos y empresarialmente formulados, las más de las veces, como empresas socialmente responsables de economía social.
7.- Que el incipiente desarrollo del SAAD se ha visto truncado por la reforma unilateral que Gobierno del Partido Popular ha hecho de la Ley 39/2006, de 14 de Diciembre. Reforma que modifica pilares básicos del SAAD como los siguientes: el primero el derecho subjetivo y universal de los usuarios al dejar de garantizarlo con la financiación del Nivel Mínimo Garantizado; en segundo lugar reduce los niveles de la calidad de la protección por la disminución del tiempo de atención, la incompatibilidad de los servicios, el retraso de la atención al grado moderado, el plazo de dos años para hacer efectiva la prestación económica para el cuidado en el entorno familiar; en tercer lugar el incremento del copago hasta del 90% del coste que pasa a ser considerada como una vía mas de financiación quebrando el espíritu de la Ley original, y que liga el derecho a la capacidad económica de los usuarios; y por último la reforma vuelve a dejar al criterio de las Comunidades Autónomas la definición de los contenidos de la atención y los servicios que financiará, generando diferencias de atención en función de la Comunidad Autónoma.
8.- Que los recortes presupuestarios tanto del nivel acordado como la rebaja del nivel mínimo garantizado que suponen 1300M€ para 2012, y el aplazamiento de la puesta en marcha, la disminución de tiempo de atención y la incompatibilidad de servicios del SAAD impuesta por la Reforma del RDL 20/2012 supone la pérdida de calidad de los servicios, en general, así como un gran deterioro del derecho, para las personas dependientes, en general, y de forma especial para las personas con grado moderado a las que la Ley les reconoce el derecho y que tendrán que esperar cuatro años para tener prestaciones. El aplazamiento afecta de forma especial a personas con discapacidad más jóvenes que tienen niveles de dependencia mas moderados.
DECLARAN
1.- Es una obligación del Gobierno de España propiciar un amplio acuerdo social y político, equivalente al que dio origen a la creación del SAAD, para hacer las reformas que pudiera necesitar el Sistema, ya que esa es la mejor forma de garantizar el derecho y la pervivencia del SAAD.
2.- Exigimos al Gobierno de España que reponga el derecho subjetivo y universal y Mantenga el Sistema Público para la promoción de la Autonomía personal y atención a la dependencia (SAAD) en los términos en que el Parlamento de España, con el 95,4% de apoyo, aprobó la Ley 39/2006 y que configuraba un sistema de prestaciones y servicios de responsabilidad pública con un alto nivel de calidad basado en la prestación preferente de servicios, para lo que plantea el desarrollo de una red pública de servicios con centros públicos y privados concertados.
3.- Es necesario tutelar y garantizar el acceso de todas las personas al derecho a los servicios con independencia de su capacidad económica personal, o del lugar de residencia, para lo que será necesario garantizar la financiación pública suficiente para desarrollar y mantener el Sistema y la red de Servicios, en ningún caso el copago puede considerarse como una vía de financiación del Sistema que pueda actuar como limitación para el acceso a los servicios o prestaciones es decir al derecho. En este sentido, también, es urgente abordar como objetivo a corto plazo el reducir las listas de espera.
4.- Es necesario garantizar la sostenibilidad y la suficiencia financiera del Sistema como un Servicio social de interés general, por ello exigimos que se reponga la financiación, al menos al nivel del año 2010. Para el futuro creemos que se deben buscar, por la vía del consenso, fórmulas que puedan resolver el actual desequilibrio existente entre la financiación que reciben las prestaciones económicas y las prestaciones de servicios, de forma que la financiación Estatal de los servicios se acerque a su coste real equilibrando al 50% las aportaciones de la administración Central y de las Comunidades Autónomas, con independencia del tipo de prestación.
5.- Hay que apostar por la calidad del sistema y de los servicios, para lo que es necesario reponer la prevalencia de los servicios sobre las prestaciones económicas, incluso la prestación vinculada, los tiempos de atención a los usuarios y la compatibilidad de los servicios de proximidad, junto a esto hay que seguir impulsando la mejora de los centros y la profesionalización de las personas trabajadoras, así mismo es necesario seguir mejorando la agilización en la gestión de los fondos evitando los retrasos en los pagos a las concesionarias, ya que todo esto repercute en la calidad de la atención y del empleo.
6.- Es necesario un desarrollo homogéneo en todo el país para que el derecho pueda ser ejercido en igualdad de condiciones con independencia de la Comunidad Autónoma de residencia para lo que es necesario corregir la arbitrariedad que la reforma del SAAD deja de nuevo a las Comunidades Autónomas para definir el contenido de las prestaciones, por ello es urgente establecer y definir una cartera común de prestaciones de cada servicio del catálogo.
7.- Creemos que hay que evitar retrocesos y recortes en la implantación del SAAD en Andalucía por su efecto sobre las personas mas vulnerables y sus familias, muy especialmente sobre las mujeres por que les afecta desde tres aspectos, primero por ser las principales usuarias, segundo por ser la mano de obra prioritaria del SAAD, y por la disponibilidad de tiempo que supone la implantación del Sistema al cubrir las labores tradicionales de cuidados que ejercen las mujeres. Por todo ello creemos que esta es una importante política de igualdad que hay que fomentar.
8.- Apostar por el mantenimiento y el desarrollo del SAAD significa crecimiento económico, creación de empleo y cohesión social y territorial. Es decir significa apostar por una economía ligada a las personas y para las personas.
Integran la Plataforma Andaluza:
Comisiones Obreras de Andalucía-CCOO-A
Unión General de Trabajadores-UGT-A
Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía (CEPES-A)
Confederación de Asociaciones Vecinales de Andalucía (CAVA)
Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa (AL-ÁNDALUS)
Federación de Consumidores en Acción de Andalucía (FACUA)
Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE
Comité de entidades Representantes de Personas con discapacidad (CERMI-Andalucía)
Federación Andaluza de Asociaciones de la Prensa
Asociación de Progresistas de Andalucía
Mujeres Progresistas de Andalucía
ATTAC-Andalucía
Plataforma 2015 y más
Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Educación Pública (CODAPA)
Unión Federal de Policía
Sindicato Unificado de la Policía
Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC)
Unión de Guardias Civiles de Andalucía
Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía- ADSP
Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática
Coordinadora Girasol
Forum Política Feminista de Andalucía
Coordinadora Andaluza de Organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (CAONGD)