Señor Rajoy, sus políticas nos empobrecen

 

Señor Rajoy, nos gustaría recordarle que la generación de riqueza a costa del empobrecimiento de millones de personas es un problema sistémico. Apoyar, facilitar o promover políticas que fomentan la generación de esa riqueza que empobrece nos hace dudar de la veracidad de sus discursos en los foros internacionales. También muchas de sus decisiones políticas, como los recortes en políticas sociales y de manera nunca antes conocida en la política de cooperación -esa política de la que habló con orgullo en la ONU al tiempo que es prácticamente desmantelada-, o su falta de voluntad en promover una verdadera justicia fiscal, no sólo no contribuyen a la erradicación de la pobreza, sino que en gran medida contribuyen al aumento de las desigualdades, y no sólo en los países más “pobres”, sino también en el Estado que usted gobierna.

 

Alega usted que los recortes en las políticas sociales, en las políticas de cooperación, en las políticas de igualdad entre géneros, la austeridad impuesta en nuestros derechos económicos, sociales y culturales que está dejando en el umbral de la pobreza a miles de ciudadanas y ciudadanos, se deben supuestamente a que no hay dinero para cumplir a las exigencias europeas de poner un límite a nuestro déficit fiscal.

 

Sin embargo, según datos de expertos en la Hacienda Pública, el Estado español pierde 90.000 millones de euros al año debido al fraude fiscal, realizado en un 72% por grandes empresas y fortunas. El Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa afirma que 33 de las 35 empresas que forman el Ibex 35 tienen fondos en paraísos fiscales.

 

Su gobierno tiene mucha tarea por delante en este sentido, algo que ha de unirse a una firme apuesta de nuestro Estado por un marco de justicia fiscal global y el impulso de otras formas internacionales de recaudación, como el Impuesto a las Transacciones Financieras. Según los cálculos de la propia UE, si se aplicara este impuesto, España podría recaudar hasta 5.000 millones de euros, mientras que  Europa alcanzaría los 35.000 millones, que podrían ser destinados a políticas sociales que garanticen los derechos de las personas.