Miles de organizaciones demandamos al gobierno políticas que no fomenten la pobreza y la desigualdad

 

Estimado Señor Mariano Rajoy:

 

La pobreza es cada vez más extrema, intensa y crónica. Las desigualdades, causa y consecuencia a la vez de la crisis global y compleja que vivimos, aumentan debido, entre otras cosas, a una fiscalidad injusta y unas políticas de austeridad devastadoras que incluso ponen en tela de juicio la universalidad de los servicios públicos y, en algunos casos, de los derechos de las personas. Mientras, el coste de bienes y servicios básicos como alimentos, energía y medicamentos aumentan sin freno; el acceso a la educación, sanidad y servicios sociales públicos se dificulta; se desmantela la política de cooperación y el mercado laboral ofrece cada vez menos oportunidades y en condiciones más precarias, especialmente para las mujeres  – cuya tasa de paro asciende al 27,06% y la población joven, con un 56,14% de desempleo.

 

Los recortes que se están aplicando nos llevan a un progresivo y creciente empobrecimiento de las personas; la situación que vivimos se deteriora enormemente llevándonos a un proceso de polarización social acelerado. Ante todo ello ¡debemos reaccionar! La pobreza, el proceso de empobrecimiento, son evitables y pueden detenerse, aquí y en cualquier lugar del mundo.

 

Existen soluciones reales y factibles que le planteamos a modo de decálogo y exigimos que se cumplan:

 

 

Urgen políticas sociales y económicas destinadas al bienestar colectivo, que frenen los procesos de empobrecimiento y las desigualdades. Es urgente un cambio de rumbo en las decisiones del  gobierno que cuente con una amplia participación de especialistas y de agentes sociales organizados. Las políticas públicas sociales, entre ellas la ayuda al desarrollo, son un elemento fundamental para que se haga un reparto justo de la riqueza. El abordaje de estas políticas, además, deber ser realizado con una dimensión de género puesto que las mujeres son quienes se encuentran en peor situación económica y social.

 

Exigimos políticas públicas que garanticen derechos fundamentales. Las políticas sociales no son lujos o concesiones sino instrumentos esenciales para garantizar los derechos humanos, para reducir las desigualdades y para asegurar una vida digna para todas las personas.

 

 

El aumento insostenible de la deuda pública se debe a años de inmorales rescates bancarios y políticas fiscales injustas. Esto ha llevado a que la actual deuda del Estado español alcance casi el 100% de Producto Interior Bruto. Con la excusa del pago de los intereses de la deuda y el cumplimiento del déficit se están aplicando políticas de recortes y un aumento de los impuestos indirectos que penalizan a quienes menos tienen y acentúan las desigualdades. Una situación especialmente preocupante en el caso de las mujeres puesto que los recortes les afectan doblemente al eliminar servicios de cuidado de personas y empleos feminizados. Por todo ello, la deuda del Estado español debe auditarse para determinar su legitimidad; en el caso de los países empobrecidos, debe cancelarse.

 

 

Es necesario desarrollar con urgencia políticas de activación del empleo y programas formativos que posibiliten el acceso al mundo laboral y que faciliten el acceso al trabajo en igualdad de oportunidades y trato para todas las personas trabajadoras. Además, debe garantizarse un empleo digno en sus condiciones laborales y salariales; esto implica que se revierta la reforma laboral y se potencie la negociación colectiva.

 

 

Una de las soluciones a la crisis que estamos viviendo pasa por apostar por la lucha contra la evasión, el fraude y la elusión fiscal. Una apuesta que es mucho más efectiva que los recortes o las medidas fiscales regresivas. Es imprescindible una fiscalidad progresiva, redistributiva y justa, que persiga a quienes defraudan desde las grandes empresas y grandes fortunas; una acción efectiva contra la impunidad y la opacidad de los paraísos fiscales; y una beligerancia firme contra las desproporcionadas diferencias salariales.

 

 

Es urgente reforzar la confianza en el sistema político, ampliar los mecanismos de participación ciudadana y garantizar el acceso de la ciudadanía a la información de instituciones y organismos públicos. Es necesaria una transparencia real en todas las instancias y en todos los niveles de gobierno.

 

 

No podemos generar riqueza empobreciendo o generando más desigualdades aquí ni en otros países a través de políticas comerciales injustas, deslocalización o de inversiones socialmente irresponsables. Exigimos una coherencia en las políticas, dentro y fuera de España.

 

 

Los Derechos Humanos no son un lujo, SON DERECHOS y, como tal, son universales. Las políticas tienen que cumplir con los principios democráticos, asumiendo que las demandas y necesidades de la ciudadanía  deben ser tenidas en cuenta de manera prioritaria  para garantizar la estabilidad vital de cada una de las personas que formamos parte de un mundo globalizado y sin fronteras. Están en riesgo de retroceso numerosos derechos como la  educación pública, la sanidad, la igualdad, la autonomía personal, la vivienda, etc. Están en riesgo los derechos laborales, económicos y sociales.

 

 

Son necesarias medidas que ayuden a frenar la especulación financiera, en particular aquellas que especulan con la vida de las personas. Es urgente implementar un impuesto a las transacciones financieras que  recaiga sobre los operadores financieros; principalmente sobre las operaciones más especulativas, como son los derivados y compraventa de acciones y bonos. Los Presupuestos Generales del Estado para 2014 deben incorporar el ITF de forma inmediata de manera que su recaudación sea destinada a las políticas sociales, a la cooperación al desarrollo y a la protección del medio ambiente

 

Las soluciones para acabar con la pobreza habrán de tener en cuenta la perspectiva de género porque las situaciones de pobreza castigan más duramente a las mujeres. De no ser así se estará excluyendo y discriminando a la mitad de la población y agrandando las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres.

 

 

Es necesario un reparto justo de las riquezas y que este reparto se visibilice en políticas como la Sanidad, Pensiones, Educación, Cooperación, Servicios Sociales, Igualdad, Dependencia, entre otras. Es de imperiosa necesidad cambio de rumbo: nos encontramos en un contexto de obscena desigualdad y las políticas sociales públicas deben estar al servicio de su mitigación. La lucha por la erradicación de las causas estructurales de la pobreza, la reducción de la desigualdad y la redistribución de la riqueza son ahora más necesarias que nunca.

 

Sabemos que para construir una sociedad más justa y cohesionada, estas medidas deben ir acompañadas de la ineludible responsabilidad individual y colectiva, común, de todas y cada una de las personas. Es necesario rehacer los vínculos dañados por décadas de individualismo, austericidio y fortalecer las redes de protección, formales e informales, en base al compromiso y la solidaridad cotidiana. Como sociedad, hemos de practicar la cooperación y educar a las generaciones futuras de ciudadanos y ciudadanas en valores que les hagan libres, críticos y orientados a la búsqueda del bien común.

 

Pero, Sr. Rajoy, también sabemos que sin políticas sociales justas y el presupuesto necesario para que luchen firmemente y de manera real contra la pobreza y las desigualdades en todo el mundo, no podrá llevarse a cabo el cambio de rumbo que urge tomar. Tal como  ha suscrito en acuerdos y tratados internacionales, es su deber promover políticas coherentes que no permitan el enriquecimiento de la minoría a costa del empobrecimiento de la mayoría. Cumpla con sus compromisos y  ¡No recorte derechos, recorte el fraude!

 

Le agradecemos de antemano su atención y reiteramos nuestra disposición para profundizar sobre estas propuestas que le hacemos como ciudadanía. Confiamos que el decálogo que le hacemos llegar contribuya a la construcción de políticas basadas en la justicia social y en la defensa de los derechos humanos. 

 

Atentamente,