Valoramos, junto con un amplio número de organizaciones, el segundo borrador del Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos

El establecimiento de mecanismos de control y normas vinculantes para el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales ha sido objeto de numerosos debates, tanto desde la perspectiva estatal como a escala internacional, en las cuatro últimas décadas. En el caso del Estado español, a raíz de la elaboración del Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, que es el resultado de la aplicación a nivel estatal de los Principios Rectores aprobados por Naciones Unidas en 2011, vuelven a situarse en el centro de la discusión jurídica y política cuestiones centrales como: la asimetría entre el Derecho Corporativo Global y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; la instauración de mecanismos eficaces para el seguimiento y evaluación de los impactos generados por las grandes corporaciones; la necesidad de propuestas alternativas concretas para controlar las prácticas de las compañías multinacionales. Junto a ellas, más aún en un contexto de crisis global caracterizado por la ampliación de los negocios empresariales a nuevos sectores y mercados para mantener sus tasas de ganancia, aparecen otros elementos fundamentales para el debate, como son las obligaciones extraterritoriales que se derivan de los actos u omisiones de los Estados que generan impactos fuera de sus límites territoriales y la extensión de la responsabilidad de las empresas transnacionales a sus filiales, proveedores y subcontratas.