Las organizaciones sociales proponen a la Asamblea General de la ONU una agenda sin ambigüedades

Precisamente el carácter regional tanto del proceso como del informe explica en gran parte por qué la temática y el tono de las conclusiones evitan el lenguaje plagado de eufemismos y ambigüedades, tan habitual en los documentos de conclusiones de procesos participados por las denominadas redes globales de ONGs. Por el contrario, le preeminencia de redes regionales formadas mayoritariamente por organizaciones de base y movimientos sociales, han acordado fácilmente estructurar el informe mediante cuatro grandes objetivos generales en los que convergen –y a menudo reiteran y solapan– las prioridades y demandas expresadas desde la perspectiva regional. Constituyen en sí mismas toda una declaración de intenciones en el sentido de que las consultas regionales han coincidido en considerar la construcción de la nueva agenda de desarrollo Post-2015 como una oportunidad para movilizar y promover cambios fundamentales. Así las transformaciones radicales que son precisas para superar las barreras y obstáculos que impiden el desarrollo sostenible han de orientarse simultáneamente a los cuatro objetivos en los que convergen las perspectivas regionales:

a) Reequilibrar las relaciones de poder a favor de la justicia.

b)  Cumplir con los Derechos Humanos y superar la exclusión.

c) Garantizar la distribución equitativa y el uso seguro de los recursos naturales.

d) Establecer gobernanza participativa, rendición de cuentas y transparencia. 

De esta forma, las más de tres horas de diálogo entre las organizaciones y movimientos sociales y los representantes de las Naciones Unidas pusieron sobre el tapete que la principal preocupación compartida por la sociedad civil es la lucha contra las desigualdades: la redistribución del ingreso exige políticas que distribuyan los recursos y las riquezas. Una preocupación que se agrava al observar cómo aumenta la brecha entre el poder que tienen las compañías transnacionales y la cada vez más numerosa ciudadanía que está luchando por defender su derecho a la tierra y a los recursos naturales. Entre todas las propuestas expresadas como prioridades, emerge como asunto principal la necesidad de transformar el modelo económico que profundiza las desigualdades, sobreexplota los recursos comunes, y persiste en mantener estructuras de privilegio y de discriminación. “Que nadie piense que podemos luchar contra la pobreza y contra la exclusión únicamente con políticas sociales”, se afirmó, sino que la agenda debe enfrentar las causas estructurales económicas de las desigualdades. 

En este sentido se han puesto de manifiesto la existencia de numerosas experiencias puestas ya en marcha por las organizaciones sociales que constituyen alternativas reales y prácticas al paradigma económico mundial aún predominante. Existen un conjunto de tópicos generalizados que deben ser criticados y superados en las discusiones sobre la configuración de la nueva agenda: i) Promoción indiscriminada de la liberalización comercial y financiera; ii) crecimiento económico basado en las exportaciones y la inversión extranjera; iii) desregulación y privatización como principios directores de políticas; y iv) reducción progresiva del rol del Estado. Como alternativas a estas imposiciones políticas se celebran la existencia de innumerables experiencias locales basadas en trabajo asociado, la generación de emancipación de mujeres, preservando derechos de poblaciones indígenas…, en América Latina los cambios en las políticas de promoción de estos esfuerzos económicos han sido debidos fundamentalmente al empuje y el empeño de los movimientos sociales, de las organizaciones de trabajadores, de mujeres, etc. Tal vez sea prudente observar la evolución del continente teniendo en cuenta que en los próximos días, acudirán a la Asamblea General algunos presidentes que hace un tiempo cumplieron penas de cárcel por su lucha por la justicia. En el mismo sentido, en la India por ejemplo, se trata de aprobar un plan nacional de lucha contra el hambre centrado en el apoyo de las producciones locales y los circuitos cortos de comercialización, pero se encuentran con el inconveniente de que en virtud de los acuerdos internacionales de liberalización este tipo de políticas son potencialmente ilegales. ¿Cómo van entonces ha promoverse (permitirse) cambios fundamentales en los patrones de producción, comercialización y consumo, que según todos los informes y declaraciones son imprescindibles para reunir desarrollo sostenible y lucha efectiva contra la pobreza, el hambre y la desigualdad? También desde Europa se observa con preocupación el incremento de la pobreza relativa y de la desigualdad, no sólo por causa de la crisis financiera sino también por las políticas con que se están respondiendo. La austeridad no es la solución, que más bien debería orientarse a la regulación del sistema financiero para salvar a la gente.

En definitiva y tal como también recoge el informe realizado por la Relatora especial para la pobreza extrema y los derechos humanos, han de poder examinarse los impactos y efectos en derechos humanos, tanto de las acciones como de las omisiones, tanto de los gobiernos como de las compañías transnacionales. Esto es lo que significa que los Derechos Humanos sean tomados como principios guía de la nueva agenda. Y este acuerdo sobre tomar los DDHH como principios guía de la nueva agenda de desarrollo es al que se debe convocar al más amplio espectro de actores que deseen promover una agenda global de desarrollo. Las constantes apelaciones a las alianzas público privadas deben ser clarificadas desde el inicio de su mismo promoción. De no hacerse así, deben tenerse en cuenta los efectos que la constitución y el llamado a alianzas público privadas sin más pueden tener sobre la propia agenda en construcción, particularmente teniendo en cuenta el desequilibrio de poder con que se relacionan gobiernos y transnacionales y la ambigüedad con que se maneja el concepto de interés general. Este tipo de alianzas requieren esfuerzos notables de rendición de cuentas respecto de sus propósitos, analizando entre otras cuestiones el debilitamiento que supone en términos democráticos priorizar relaciones entre actores que no representan  intereses generales  (ni rinden cuentas a la ciudadanía). Tanto desde Europa, como desde América del Norte, como desde las redes de organizaciones árabes y de oriente próximo y desde África consideran que las alianzas globales para el desarrollo a las que apelan los diferentes informes emitidos y publicados a lo largo del proceso, deben definir con claridad las diferentes responsabilidades de los diversos actores. 

Dicho de otra forma, en el centro de la nueva agenda debe situarse la coherencia de políticas con el desarrollo, de forma que se acuerden mecanismos para responder al desequilibrio existente en el sistema comercial y financiero. El conjunto de políticas para el desarrollo, especialmente las políticas económicas y macroeconómicas, comerciales, financieras y fiscales pueden comportarse como promotoras de los objetivos y desafíos comunes de desarrollo, o todo lo contrario.