La igualdad entre mujeres y hombres, por Mariano Rajoy

Si se dirige la mirada a las políticas e instituciones de igualdad nacionales, diferentes han sido las voces de activistas y académicas que vienen denunciando la reducción de los fondos disponibles para llevar a cabo los compromisos nacionales con la igualdad de género. De acuerdo con la Plataforma Impacto de Género Ya, los presupuestos del Estado 2013 destinan un 24% menos a políticas de igualdad, casi el triple de la media de los ministerios que se sitúa en el 8,9%. Estos recortes han venido acompañados, además, por una pérdida de centralidad de los contenidos de género en el organigrama del Gobierno. Como señala la experta en igualdad de género, Ana Lydia Fernández-Layos, se ha eliminado el Ministerio de Igualdad y el Instituto de la Mujer ya no depende de un ministerio sino de una Dirección General y del Consejo de Participación de la Mujeres.

 

Por otra parte, son numerosas las medidas del Gobierno popular que están teniendo un impacto sobre los derechos de las mujeres y están contribuyendo a reproducir la desigualdad estructural de género. Reflejo de ello son el anteproyecto de Ley que modificará la actual normativa sobre el aborto, el desmantelamiento de la Ley de Atención a la Dependencia, los recortes en sanidad y educación pública así como la reducción de fondos destinados a la lucha contra la violencia de género. En efecto, el anteproyecto de Ley sobre el aborto supone –con medidas más restrictivas que la ley de 1985- una vuelta atrás de más de treinta años. Los recortes a la Ley de Atención a la Dependencia, por su parte, imponen que la familia se haga cargo de los cuidados recayendo este trabajo en mayor medida, dado los roles tradicionales, en las mujeres. Similar impacto en la carga laboral femenina tienen también los recortes en sanidad y educación pública que generan un aumento del trabajo de cuidados al reducirse el personal sanitario, aumentar las listas de espera o al sustituirse los comedores escolares por tareas familiares, por ejemplo. Además, con los recortes en sanidad, varias Comunidades Autónomas han eliminado ya la detección sanitaria de la violencia de género.

 

En este punto, ¿cuál es el compromiso del Gobierno con la igualdad entre hombres y mujeres? ¿Se refleja tal vez en su acción exterior? ¿Acaso en su política de cooperación? La acción exterior del actual Gobierno se encuentra, en la actualidad, ampliamente vinculada a la iniciativa “Marca España” y la promoción de la internacionalización de la empresa española. Esta política iguala la promoción de los intereses empresariales españoles con el impulso de los intereses del Estado español e identifica la internacionalización con la salida de la crisis. Ahora bien, no existe ninguna referencia a la necesidad de que esta internacionalización venga acompañada por el respeto de los Derechos Humanos y, más concretamente, los derechos de las mujeres. No hay que olvidar a este respecto, como denuncian diferentes organizaciones de la sociedad civil, que la internacionalización de las empresas españolas se apoya en la vulneración de los derechos laborales, específicamente de las mujeres, en algunos sectores específicos como el textil, altamente feminizado.

 

Por otra parte, aunque la promoción de los derechos de las mujeres y de la igualdad de género constituye una de las ocho orientaciones del IV Plan Director de la Cooperación Española (2013-2016), no está claro en qué se traducirá esto ante la política general del Gobierno popular en materia de género y la pérdida de centralidad de la igualdad de género en el organigrama de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Pero no sólo eso, sino que resulta imposible conocer los fondos públicos que la Cooperación Española destina actualmente a sectores críticos de género como la salud sexual y reproductiva o el apoyo a las organizaciones e instituciones de igualdad. Más allá del sustancial recorte de la ayuda oficial al desarrollo –hoy por hoy, el 0,15% del PIB- que nos sitúa en cifras de principios de los ochenta y muy lejos del reclamado 0,7%, no existen datos públicos desde 2011 relativos a estos sectores. Este hecho refleja la absoluta falta de transparencia y la total falta de respeto a la ciudadanía que viene caracterizando al actual Gobierno español desde su entrada en el poder a finales de 2011.