¿Por qué nos importa la Agenda Post-2015 de Desarrollo?

Muchas de las propuestas políticas que nos llegarán en los distintos programas electorales dependen no sólo de la voluntad de los gobiernos que sean finalmente electos, sino del margen político que los acuerdos globales concedan a los países para realizar sus propuestas. Pensemos por ejemplo en que deseamos que el gobierno amplíe notablemente los ingresos fiscales por la vía del aumento de los impuestos a las mayores fortunas y a la especulación de capital, así como refuerce la lucha contra el fraude y los movimientos ilícitos de capital. ¿No se argumenta que sólo será posible si existiera un acuerdo sobre fiscalidad internacional y sobre control de los flujos de capital a escala global?
 

O pensemos que deseamos que el empleo abandone la tendencia a la precarización que viene profundizándose desde hace décadas. Seguro que no sólo deseamos que se cree empleo, mucho empleo en nuestro país, sino que dicho empleo sirva realmente como sustento de las familias y permita un acceso real a la satisfacción y disfrute de los derechos. Que sirva de sustento y sea compatible con la crianza de los hijos y con el cuidado de nuestros mayores. ¿No sería más fácil si existiera un tribunal internacional donde denunciar a las empresas que violan derechos laborales, o imponen prácticas de semiesclavitud, como los salarios que no alcanzan para salir de la pobreza?
 

En nuestro país los programas electorales estarán llenos de propuestas y compromisos para revitalizar los denominados procesos de emancipación juvenil, para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda y al empleo. No es difícil imaginar que deseamos que existan programas de acceso a la vivienda, a precios asequibles y en condiciones dignas de habitabilidad. ¿No ayudaría si existiera un acuerdo jurídico que permitiera a las administraciones garantizar el derecho a la vivienda como existen para garantizar los derechos mercantiles, la denominada seguridad jurídica para las inversiones?
 

Desde hace años la conciencia ecológica de la ciudadanía no ha parado de aumentar, y cada día demandan útiles menos contaminantes, mecanismos que faciliten el reciclaje, y hábitos alimenticios más saludables no sólo para el organismo sino también para nuestros ecosistemas. Los partidos políticos lo saben y cada vez con más frecuencia introducen propuestas ambientales en sus programas. Es fácil pensar que deseamos que los productos que llegan a nuestra mesa no estén condenando al planeta a la desertificación, a la pérdida de biodiversidad, al agotamiento de los recursos naturales, o al incremento de la temperatura de la Tierra. ¿No debería exigirse un acuerdo global que premie a aquellos gobiernos que fomenten la producción ecológica, la comercialización de proximidad y la reducción de emisiones nocivas, al tiempo que castigue a quienes insistan en el actual modelo de explotación irracional?
 

Pensemos también que deseamos que la mitad de la población de nuestro país (o del planeta), las mujeres, disfrutan de los derechos que tienen como personas en igualdad de condiciones, que no cobran salarios inferiores ni tienen obstáculos a causa de su condición femenina para ocupar puestos de responsabilidad, que no están predestinadas ni condenadas a hacerse cargo de los cuidados en exclusividad. ¿No sería más sencillo avanzar en materia de igualdad generando mecanismos globales que penalicen las discriminaciones y obliguen a instaurar políticas concretas para cambiar siglos de patriarcado social, cultural y económico?
 

Podríamos poner muchos más ejemplos, relacionados con alimentación, nutrición, vacunación y educación de niños y niñas, con el control de armamento, con la lucha contra la corrupción política y la impunidad empresarial. Ejemplos relacionados con el pago de la deuda externa adquirida de forma ilegítima, con la generación de suficiente espacio fiscal para garantizar inversiones en educación, sanidad, protección social, vivienda y atención especial a poblaciones más vulnerables. Ejemplos que hablan de alternativas económicas, de empresarios pequeños y medianos y autónomos, de su acceso al crédito y a la comercialización. Podríamos hablar de cómo hacer más rentable la actividad productiva que la especulativa, cómo lograr que las rentas de capital tributen tanto o más que las rentas del trabajo. Todas esas cuestiones de carácter político no se agotan en la voluntad ni en la determinación con que los gobiernos quieran acometerlas. Todas ellas tienen una dimensión global caracterizada por normas acordadas entre gobiernos y actores económicos, que configuran el actual compendio de normas internacionales que a todos nos importan porque a todos nos afectan. Normas que regulan y establecen las condiciones en las que pueden hacerse negocios y en las que no se pueden. La Agenda Internacional de Desarrollo no es una agenda de solidaridad Norte-Sur, al contrario, será un acuerdo global que afectará para bien o para mal a las condiciones de vida del Planeta y todos sus habitantes.
 

No estamos diciendo que los gobiernos nacionales dependan completamente de esos acuerdos y normas globales. Tan sólo que éstas tienen la capacidad de estrechar o ensanchar el margen de actuación de aquellos. Por eso es tan importante que los gobiernos realicen sus promesas electorales incluyendo en ellas cuáles serán sus posturas en cada una de las cuestiones en la arena política internacional. Por eso es necesario que el electorado examinemos y tengamos en cuenta cuáles son las instituciones que cada partido considera como aliadas internacionales a la hora de explicar sus políticas, y a la hora de establecer paralelismos y referencias con lo que sucede en otros países.
 

Pero hay otra dimensión a tener muy presente. Nuestros representantes legítimos en las negociaciones internacionales son nuestros gobiernos y, como es razonable, cada gobierno negocia reproduciendo lo que considera como prioritario y accesorio en su labor de gobierno en el ámbito doméstico. De quien en el ámbito nacional recorta derechos sociales, reduce la progresividad impositiva, desprecia la importancia de la corrupción, estrecha por decreto las libertades civiles en materia de expresión y manifestación, afronta la problemática migratoria como un problema de orden público y desmantela la política de cooperación para el desarrollo internacional, de quien entiende así su propia labor de gobierno ya sabemos qué podemos esperar a la hora de representar(nos) en los debates y en las negociaciones internacionales. Los gobiernos que no diseñen e implementen sus políticas desde un enfoque basado en los derechos de las personas, difícilmente contribuirán a que la nueva Agenda Post-2015 constituya un acuerdo global con capacidad para hacer algo mejor la vida de todos, especialmente la de las personas más vulnerables. Da igual que vivan en nuestro país o en Sierra Leona.
 

En 2015 hay elecciones y hay negociaciones. No olvidemos que ambas nos importan.
 

Pablo J. Martínez Osés es el coordinador de la Plataforma 2015 y más.