Sacar la cooperación del (des)control de los mercados financieros

España comenzó a realizar lo que se entiende por cooperación financiera reembolsable en 2010. Imitaba así a otras agencias de cooperación europeas que ya venían invirtiendo dinero del presupuesto público en intermediarios financieros, fondos de inversión y similares, que captan capitales para el desarrollo de países pobres, tal y como ellos entienden que se desarrollan dichos países. Agricultura, tecnología, energía, minería y telecomunicaciones son, entre otros, los sectores preferidos. Las estrategias hablan de apoyo a las PYMES de los países pobres y de generación de empleos, en definitiva, de fortalecimiento del tejido empresarial y del sector privado local en esos países.

La pseudo-teoría que soporta esta práctica es bastante simple: los gobiernos dan dinero público a estos fondos de inversión que, como tales, se comprometen a devolverlo en función de cómo les vayan a ellos sus inversiones, claro. Este dinero público serviría como prestigio para el fondo de inversión que atraería a inversores privados con lo que el dinero para el desarrollo se multiplicaría, implicando así al capital privado: el presupuesto público apalanca (“leverage” era el término anglosajón de moda) fondos privados. Estos fondos de inversión harían su negocio prestando a PYMES de los países pobres, que no tienen fácil acceso al crédito (los “pobres”). Con ese dinero el sector empresarial emprendería la senda del beneficio, del empleo y del crecimiento. De esto, qué duda cabe, se beneficiaría todo el pobre país. Y todos contentos.

Para ello el Gobierno de Zapatero aprovechó en 2010 la reforma del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), reforma que había sido exigida durante décadas por las organizaciones sociales y muchas de cuyas prácticas habían sido denunciadas incluso por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE por su excesiva vinculación a intereses comerciales y exportadores alejados y a menudo contrarios a los principios y valores que rigen las políticas de cooperación. Nació el FONPRODE, y con él el soporte legal para destinar dinero de la cooperación pública (Ayuda Oficial al Desarrollo) a la participación en fondos de inversión. Además, el carácter reembolsable de estas inversiones, permitiría incrementar la AOD española sin incurrir en mayor déficit, lo que a partir de mayo de 2010, con las políticas de austeridad, se convirtió en mandato divino y principio rector para la administración de las cuentas públicas. De nuevo todos contentos.
 

Organizaciones sociales y centros de estudios venían advirtiendo de que este tipo de operaciones debían hacerse con el mayor de los escrúpulos, tal y como corresponde a la ejecución de cualquier presupuesto público, para lo que se pusieron alertas y se propusieron condiciones: no invertir en fondos que se escabullan de pagar impuestos en los países pobres mediante ingeniería financiera o tributación en paraísos fiscales; realizar evaluaciones independientes de los previsibles impactos ambientales de las inversiones; asegurar que las empresas son “tejido empresarial local”; garantizar que los beneficiarios o clientes de los fondos respetan y promueven los derechos laborales proporcionando trabajo digno a sus empleados; facilitar el máximo de transparencia en la tramitación de los expedientes y en el seguimiento de las inversiones.

Una música bonita que, sin embargo, no conseguía incorporar una letra apropiada: para la OCDE casi nada es un paraíso fiscal; los riesgos ambientales y sociales los calculan los mismos gobiernos con interés en la cartera de inversión; hoy día es difícil saber qué empresa es local y qué empresa internacional (por lo de la globalización); el trabajo digno y los derechos claro, pero dependiendo de cómo esté el mercado de trabajo allí que es lo que lo regula; y sobre transparencia, vale, pero en cuestiones de inversión financiera a veces no conviene ser muy transparente porque hay mucha competencia. Este tipo de respuestas servían de complemento a la teoría para que las operaciones no se vieran tan condicionadas hasta el punto de impedir realizar las inversiones.

Hace un tiempo han comenzado a aparecer informes sobre los resultados de estas operaciones financieras vinculadas al desarrollo. Algunos evidencian que la mitad de las empresas beneficiarias están radicadas en países de la OCDE o en paraísos fiscales. Otros advierten del creciente negocio en el acaparamiento de tierras para extender monocultivos y agroindustria exportadora, con escasos beneficios y evidentes perjuicios para las poblaciones locales. También hay quienes advierten de que, en realidad, estas innovadoras prácticas financieras vinculadas a la cooperación sirven para que los donantes se ayuden a sí mismos, o al conjunto de intereses económicos y comerciales transnacionalizados, pero no a las poblaciones locales tal y como dicen pretender.
 

La Fundación Mundubat, GRAIN, la revista Soberanía Alimentaria y la Plataforma 2015 y más acaban de hacer público un informe devastador sobre una gran empresa que opera en la República Democrática del Congo, aunque en realidad su dueño fuera una joven estrella de los mercados financieros de alto riesgo hasta que la arruinó enriqueciéndose con ello. La “rescatan” con fondos públicos del Reino Unido, Francia y España a través de un fondo de inversión cuya gestora tributa en Islas Mauricio. Se trata de la mayor empresa del país dedicada a la producción de aceite de palma africana, que llega a la mitad de los productos de nuestros supermercados: alimentos, cosméticos y combustibles para los vehículos. La investigación pone de manifiesto los impactos producto de estas inversiones, en acaparamiento de tierras, en destrucción de tejido productivo campesino diversificado, sostenible y destinado a los mercados locales, a cambio de semiesclavitud denominado empleo a cambio de un dólar diario.

Lamentablemente, estamos muy acostumbrados a que los oscuros mercados financieros no se paren en matices de este tipo cuando de maximizar ganancias se trata. Los gobiernos además, llevan años rehuyendo tomar medidas regulatorias sobre dichos mercados a pesar de su responsabilidad directa en la crisis financiera global, impidiendo que podamos hablar de gobernabilidad financiera. Pero constatar cómo los mismos gobiernos construyen narrativas y aprueban legislaciones para allanarles el camino puede empezar a parecer demasiado. Incluso los fondos destinados a la cooperación son puestos en manos de los mismos operadores financieros. Sólo nos queda esperar que se acabe la impunidad, la opacidad y la falta de responsabilidad. Por lo pronto no estaría de más que se exijan responsabilidades al fondo de inversión. Si no, antes o después tendrán que responder por esto. Sus promotores, sus gestores y sus encubridores.

El informe La Diosa Desnuda. De cómo las empresas acaparadoras de tierras son rescatadas por fondos de cooperación al desarrollo se presentará el 18 de junio en Madrid, a las 18.30h, en el CentroCentro Cibeles de Cultura y Ciudadanía. Para más información e inscripciones: www.2015ymas.org