Los derechos de niños y niñas ni cubiertos ni protegidos

Podríamos pensar que tal y como expresa la Convención de los Derechos del Niño “todo niño y niña tiene derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social”.

La realidad es otra bien distinta. El informe anual de UNICEF sobre el Estado Mundial de la Infancia nos recuerda que cada día mueren 27mil niños y niñas menores de cinco años por causas prevenibles como el sarampión o la diarrea. No es casualidad que este año 2008 el tema central sea la supervivencia infantil. Y eso aún cuando uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, agenda internacional asumida por los jefes de estado y de gobierno, plantea la reducción de la mortalidad infantil en dos tercios antes del año 2015.

Sirvan de muestra países como Uganda, donde la mitad de la población infantil vive en la pobreza. En Nepal, miles de niñas son sometidas a casamientos forzosos, abusos sexuales, trata y prostitución. En el vecino Marruecos se calcula que hay 600 mil niños y niñas trabajadoras expuestos a todo tipo de violencia física y sexual. Algunos de ellos seguro ya forman parte de los cerca de 2000 niños y adolescentes inmigrantes que han llegado a nuestro país sin compañía de una persona adulta.

Los niños y niñas son los más pobres de los pobres. Incluso de los ricos.

En España, en un contexto de crecimiento económico continuado, las tasas de pobreza absoluta (entre el 2 y el 3% de la población) parecen haberse enquistado. Según los Datos del Panel de Hogares de la Unión Europea, nuestro país tiene la tasa de pobreza infantil más elevada de Europa. Uno de cada cuatro niños vive con rentas inferiores al umbral de pobreza. Como es lógico la posición que ocupa el responsable del menor en el mercado de trabajo determina sus ingresos y su grado de pobreza, en España más de dos tercios de la población infantil que vive en hogares en situación de paro permanece en umbrales de pobreza al menos cinco años.

Estos estudios europeos revelan que la pobreza infantil en España se ve agravada por un sistema de protección social insuficiente que apenas dedica el 5% de su gasto a las ayudas a la infancia y por hijo a cargo; las prestaciones familiares contribuyen mínimamente a las rentas de los hogares y su incidencia en la lucha contra la pobreza es escasa.

Es por tanto urgente cambiar el modelo de protección social a la infancia, y orientarlo a una mejora extensiva que reduzca la pobreza infantil y garantice los derechos de los niños y niñas, para que de veras todos puedan jugar en los parques.