Guerra contra los congoleños
El único punto de la agenda que comparten el gobierno congoleño y la llamada comunidad internacional es el mantenimiento de los contratos mediante los cuales firmas transnacionales de primer nivel se aseguran el suministro de coltan a precios muy bajos y por periodos prolongados. Es el resultado de acuerdos de libre comercio, de negociaciones alcanzadas con el gobierno presidido por Kabila. No es de extrañar que éste reciba apoyo diplomático explícito por parte de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y últimamente también China. En esa agenda compartida no caben las exigencias para detener el trabajo esclavo infantil puesto que los pequeños son idóneos para introducirse por las galerías excavadas precariamente para obtener el ansiado mineral. Tampoco cabe en la agenda establecer prioridades en materia de políticas sociales, ni para extender la red de escuelas en un país con un 30% de analfabetismo juvenil, ni para emprender políticas de seguridad alimentaria en un país con un 35% de la población viviendo en condiciones de malnutrición severa.
Sólo 3 de cada 10 congoleños tienen acceso a fuentes de agua potable, pero 6 de cada 10 tienen acceso a armamento ligero. Las exportaciones con las que la comunidad internacional compensa el expolio de sus minas se centra en el armamento ligero, cargado de munición, una herramienta moderna, ligera que destaca por su mortal precisión.
Son ya casi cinco millones de muertos por causa de la guerra en un país de poco más de 60 millones. Y la cuenta continúa. Doscientas cincuenta mil personas huyen hacia ninguna parte, tratando de alcanzar los precarios campos de refugiados construidos para situaciones provisionales que amenazan convertirse en definitivas. La Misión de Naciones Unidas para el Congo (MONUC) desplegó 17.000 efectivos en el país, incapaces de asegurar el control y de detener los atropellos contra la población civil, obligada a formar parte de uno u otro bando. La ONU sigue dependiendo de la voluntad de los países que forman su consejo de seguridad, sigue mostrando su incapacidad para establecer mecanismos viables de seguridad y buen gobierno. Los esfuerzos de su alto representante promoviendo un alto el fuego acordado con Nkunda, el líder del ejército rebelde no servirán de nada sin la determinación de los países ricos interesados en las minas del Congo.
¿Cuándo veremos ante un tribunal penal internacional a los responsables de este genocidio permanente? Por ejemplo a todos los presidentes de los consejos de administración que arrojan cada mes beneficios millonarios gracias al expolio de las materias primas minerales del tercer país más grande de África. O a los responsables políticos del Norte que miran para otro lado en lugar de denunciar y detener la exportación de armas. Mientras tanto los medios de comunicación dependientes de los mismos consejos de administración tratan de confundirnos hablando de hutus y tutsis, señalando a los congoleños como seres ciegos de odio tribal, cuando lo que están es desesperados por sobrevivir en condiciones de miseria, mientras observan cómo sus minerales escapan hacia nuestras vidas llenas de comodidad y abundancia.