Democracia que agoniza

El golpe de estado en Honduras lo ha realizado una oligarquía contra las leyes constitucionales, contra el diálogo político y los derechos ciudadanos. Esa oligarquía que reúne los poderes económicos, militares, políticos y religiosos. Probablemente pensaron que Zelaya se volvió loco, o que se dejó engatusar por promesas de negocios bolivarianos y decidieron quitarlo de en medio. Pensaron también que con el ruido mediático generado en los mercantilizados medios de comunicación de todo el mundo occidental, respecto de las ambiciones reelectoras de Zelaya sería suficiente para recabar el apoyo de la comunidad internacional del bien y la libertad.

Pero olvidaron que el delirio norteamericano del eje del bien y del mal se fundió con la salida de Bush, Cheeney y Rumsfield. Y olvidaron lo que hoy ya nadie desconoce. Que un puñado de familias ricachonas desde hace décadas, siguen sintiéndose los dueños de aquel paisito. Ahora convertidos en clase exportadora y beneficiarios directos de las imposiciones neoliberales de EEUU y la UE. Son la perfecta contraparte para las empresas multinacionales sedientas de negocios sin demasiadas preguntas. Pensaron que por violentar las leyes un día más, ellos que violan diariamente los derechos laborales diariamente, no pasaría nada.

La única salida para Honduras es una salida que profundice en su democracia. Será salida en falso si únicamente establece un calendario para formalizar elecciones, en las que los distintos sectores oligárquicos se disputarán los mejores contratos para los próximos cuatro años. Honduras aumentó sus tasas de pobreza, y disparó los índices de desigualdad interna en las dos últimas décadas. En aparente democracia y con cifras de crecimiento macroeconómico positivo. Los sectores populares más conscientes y organizados no son ni mucho menos “zelayistas”. Pero salieron en defensa de la constitucionalidad vigente, porque era la única esperanza de conseguir algún día las imprescindibles medidas distributivas de la renta, y de implantación de políticas sociales que permitieran detener el saqueo de unos pocos y el empobrecimiento de la mayoría.

No sólo hay que devolver a la legalidad constitucional la presidencia de Honduras. Harán falta muchos esfuerzos y solventar no pocas zancadillas para conseguir construir una democracia hondureña, donde los derechos de ciudadanía de todos tengan más valor que el poder de compra de unos pocos. Urge construir una alternativa política a los partidos que ocupan la mayoría de asientos en la asamblea. El golpe en Honduras ha sido consentido por la clase política. En buena lógica deberían recibir todos ellos una larga condena de inhabilitación para cualquier cargo público. Será poco probable. Ojalá al menos, que este golpe, contribuya a generar un frente político articulado, tal y como existen en países vecinos. Ya que la existencia y el significado de Palmerola en los años ochenta no permitió la construcción de una alternativa política entonces, tal vez este golpe sea el inicio de una nueva oportunidad.