Derecho a la alimentación en un mundo hambriento

Este derecho establece que los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir con el derecho de todas las personas a acceder a la alimentación necesaria para su desarrollo completo. Ante este texto no les queda a los poderosos gobernantes del G20 y compañía más que la autocrítica a la que deben seguirle algunas medidas políticas claras y novedosas, que modifiquen el actual panorama mundial en materia de políticas agrícolas y de la alimentación.

Medidas que revirtieran la creciente concentración de riqueza proveniente de la industria alimentaria en cada vez menos manos. Sólo cinco transnacionales controlan el 80% del mercado mundial de alimentos básicos. Medidas que promuevan efectivamente el derecho de los países a proteger a sus pequeños productores, políticas económicas internacionales que fomenten las producciones locales, orgánicas y respetuosas con el medio ambiente así como los circuitos cortos de comercialización. Una respuesta coherente, que evite nuevas crisis en el futuro. Resolviendo los múltiples factores que han causado esta crisis alimentaria, los más importantes la oferta restringida por el mercado, el aumento de los precios del petróleo, el aumento de demanda de los países más poblados con China o India, los agrocombustibles, la especulación financiera, las restricciones a las exportaciones de los países del Sur y lo que es más importante la poca relevancia estratégica que se ha dado en las últimas décadas a la agricultura orientada a la satisfacción de las necesidades humanas.

Esta crisis pone a prueba la capacidad de la comunidad internacional para mantener sus compromisos con el desarrollo. Aunque hasta ahora se han centrado más en resolver los problemas económicos de las grandes instituciones financieras que en sacar de la miseria a todas aquellas personas que carecen del alimento básico, fundamentalmente en aquellos países que no forman parte de la élite que decide el rumbo mundial.

El momento exige un cambio de políticas internacionales en materia de alimentación, que promueva el Derecho al Desarrollo de los pueblos, que empieza por el Derecho que los países tienen a proteger sus producciones y sus mercados alimentarios, mucho más respetuosos con el medio ambiente y con las necesidades alimentarias de las poblaciones locales.

Los millones de personas, que viven en la extrema pobreza, no pueden esperar más, y los colectivos sociales seguiremos exigiendo un cambio de rumbo.