El rigor frente a la desinformación

A veces los medios de comunicación parecen tener interés en desinformar, en arrojar sospechas de cualquier tipo sobre cualquiera que consideren un potencial enemigo. Esto sucede algunas veces con las ONGD. De tanto en tanto aparecen artículos con apariencia de informaciones cuyo único objetivo es la maledicencia, o la erosión sistemática del “enemigo político”. La semana pasada fue el ABC, que en su estrategia de acoso y derribo al gobierno, no dudó en sembrar las sospechas sobre la utilización partidaria de los fondos públicos de cooperación.

No trataremos de defender a nadie, que si lo considera necesario, responderá con sus propios argumentos. Tampoco aprovecharemos para devolver la pelota y utilizar de forma maniquea datos descontextualizados para sugerir que todos los partidos hacen lo mismo, porque no creemos en ese tipo de debate. Más bien, aprovecharemos la oportunidad que nos da siempre este programa para informar con cierto rigor a nuestros oyentes de cómo las ONG españolas acceden a los nuevos mecanismos de subvención de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), porque consideramos que es de su interés.

Estos nuevos mecanismos se denominan convenios de cooperación para el desarrollo, y llevan aproximadamente tres años en funcionamiento. Con sus luces y sus sombras como todo, fueron generados para responder a demandas razonables para cualquiera que quiera comprender cómo se trabaja en la ayuda al desarrollo. Las ONGD llevaban muchos años teniendo que adaptar sus relaciones con las organizaciones sociales de los países del Sur al formato de proyectos con una duración reducida a uno o dos años. A nadie se le escapa que promover procesos endógenos de desarrollo y transformación social de las condiciones de vida de las poblaciones empobrecidas, exige una mirada de largo plazo, que para poder ser planificada precisa de cierta predictibilidad financiera. Los convenios amplían ese horizonte a cuatro años en la mayoría de los casos lo que supone un avance importante. Por otro lado, los convenios suponen una nueva forma de relación entre la Administración Pública y las ONGD, reconociéndose mutuamente con capacidades y valores que de forma complementaria pueden coadyuvar mejor en la consecución de resultados en materia de desarrollo. Esta nueva relación no se basa en la confianza ni en el amiguismo político: las ONGD que desean obtener fondos de cooperación deben primero superar un proceso de calificación que les obliga a remitir información sistematizada, auditada y transparente a la AECID. Esto explica que actualmente sólo 41 ONGD estén calificadas, y que todas ellas estén ejecutando convenios de la AECID. Desde el punto de vista agregado también esto explica que se produzca mayor concentración de fondos en este grupo de ONGD.

Es igualmente cierto que los mecanismos de seguimiento y evaluación de estos fondos deben mejorar algunas de sus normativas y funcionamientos, no precisamente porque permitan su arbitrariedad o porque sean poco transparentes, sino porque los mecanismos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en la revisión y control de fondos públicos no siempre recoge las particulares complejidades que lleva consigo el trabajo en países con sistemas legislativos y económicos menos desarrollados, con diferentes divisas y métodos de seguimiento financiero. En este sentido existe una interlocución permanente entre las ONGD y la Administración en la búsqueda de modificaciones que aseguren al tiempo el máximo de transparencia y responsabilidad en la gestión de fondos públicos, con la mejor adaptación posible al uso para el que están destinados.

Es una obligación ética de cualquiera que disponga de fondos públicos, garantizar la transparencia y el buen uso. Tanto de sus adjudicaciones como de su posterior ejecución. Ojalá que no nos asuste informar con naturalidad y rigor de nuestra participación en las políticas públicas de cooperación a través de su financiación. Sólo así dejaremos en evidencia las maledicencias y arrinconaremos a los desinformadores.