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Fondos públicos para el sector privado

¿Se puede reducir la pobreza invirtiendo en empresas privadas?
Este estudio aborda la financiación pública al sector privado que invierte en el Sur, preguntándose ¿a quién beneficia?, ¿contribuye al desarrollo y a la reducción de la pobreza?

Desde hace décadas, los gobiernos donantes y las instituciones multilaterales conceden subvenciones y préstamos a empresas privadas que operan en países en desarrollo. Sin embargo, fue en los años noventa cuando este tipo de financiación se multiplicó drásticamente. En 2010, la inversión externa de las Instituciones Financieras Internacionales en el sector privado superó los 40.000 millones de dólares. Se espera que en 2015 la cantidad de dinero invertido en el sector privado supere los 100.000 millones de dólares, es decir, casi un tercio de la financiación pública externa a los países en desarrollo. Ante el estancamiento de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) mundial, algunas agencias de ayuda han sugerido que se aumente drásticamente la financiación pública para apoyar las inversiones del sector privado.

El uso de la AOD para invertir en el sector privado es un hecho controvertido para las organizaciones de la sociedad civil. Este informe analiza las tendencias y las operaciones más frecuentes realizadas con el sector financiero y empresarial por los países donantes, y establece conclusiones y recomendaciones para garantizar que estas ayudas sean un verdadero instrumento para luchar contra la pobreza en los países en desarrollo y no una excusa para garantizar inversiones del sector privado mientras se reducen los presupuestos de AOD.
 
Datos de la Investigación:
Principales temas de investigación:

  • Análisis de la evolución en los últimos 10 años de la financiación pública al sector privado que invierte en los países de renta baja, procedente de la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial, del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y de cinco Instituciones de Financiación al Desarrollo bilaterales (de Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, Noruega, España y Suecia). Análisis de la composición de las carteras de estas instituciones (países, sectores y empresas que más fondos reciben).
  • Evaluación de los instrumentos e intermediarios financieros utilizados. Riesgos que comportan su utilización a la hora de garantizar que esos fondos públicos tengan un impacto positivo en el desarrollo.
  • Evaluación de las pautas utilizadas por estas instituciones a la hora de seleccionar las inversiones o préstamos al sector privado, con el fin de garantizar que la financiación pública cumple los estándares de financiación responsable y contribuyen a un desarrollo equitativo y favorable a los más pobres.

Metodología de la investigación:

  • Trabajo de escritorio y análisis de los acuerdos de inversión y préstamos.
  • Entrevistas con personal de la OCDE, CE y de las Agencias Financieras de Desarrollo bilaterales.
  • Elaboración de un primer borrador, sometido a comentarios de expertos.
  • Redacción del documento final.
 
Contenido de la Investigación:
Resumen de la investigación:

El estudio se divide en cuatro secciones, un apartado de conclusiones y otro de recomendaciones para las IFD. En la primera, se analiza el aumento de la financiación pública al sector privado, observándose que mientras que las inversiones en infraestructuras promovidas por el sector privado se han incrementado drásticamente, la inversión en sectores sociales se ha reducido o estancado. Para garantizar que las instituciones de desarrollo que financian inversiones en el sector privado están generando el tipo de resultados de desarrollo deseados, el estudio propone y responde a las siguientes cuestiones:
  • ¿Están invirtiendo las Instituciones Financieras y agencias de Desarrollo en empresas privadas que no tienen acceso a la financiación de mercado (adicionalidad de la financiación)?
  • ¿Se están destinando los recursos públicos limitados exclusivamente a los sectores y empresas con mayor necesidad de crédito, es decir, los más importantes para los planes nacionales de desarrollo de los países socios?
  • ¿Están generando esas inversiones resultados de desarrollo y contribuyendo a la erradicación de la pobreza?
 
La parte 2 explora a quién benefician esas inversiones. Para ello, se analiza la distribución por sectores de las carteras de las instituciones seleccionadas: la CFI del Banco Mundial, el BEI y las IFD de Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Suecia y España, evidenciándose que, en el periodo evaluado, se había producido un fuerte incremento de los préstamos y las inversiones en el sector financiero. La investigación también reveló que, en la mayor parte de los casos, las Instituciones Financieras Internacionales financian empresas de gran tamaño de economías avanzadas que invierten en países pobres, lo que suscita dudas sobre si se están financiando realmente a las empresas que tienen mayores limitaciones crediticias y que tienen el potencial de producir resultados positivos en términos de un desarrollo sostenible, equitativo y a largo plazo.
 
La parte 3 se centra en los resultados de la financiación pública al sector privado empresarial, analizándose las prácticas de financiación responsable de las IFD e identificándose una serie de graves problemas. Comparando las políticas de inversión de las IFD con las directrices de la Carta de Financiación Responsable elaborada por Eurodad, se constatan numerosas lagunas en el enfoque utilizado por las Instituciones Financieras de Desarrollo, siendo particularmente preocupante que en la selección de proyectos no se tengan en cuenta los principios de la eficacia de la ayuda y erradicación de la pobreza; en concreto, se constata que no existe, en general, un enfoque armonizado a la hora de invertir y falta transparencia, como consecuencia de la canalización de las inversiones a través de intermediarios financieros opacos.
 
La parte 4 se centra en un concepto muy utilizado en la actualidad para justificar inversiones públicas en el sector privado, pero que resulta problemático y confuso: el "apalancamiento". Se argumenta que las inversiones públicas en el sector privado "apalancan" una financiación significativamente mayor para los proyectos de lo que las instituciones de desarrollo podrían conseguir actuando solas. Esta sección analiza el concepto de apalancamiento y la forma en que se aplica, concluyendo que las IFD deben definir con mucha más claridad qué significa el "apalancamiento", además de superar una serie de problemas graves, entre los que se incluyen la evaluación de la adicionalidad financiera; la pérdida de control sobre el proyecto por parte de las instituciones públicas cuando el apalancamiento es importante; o la utilización de recursos públicos para financiar al sector privado en detrimento de la financiación al sector público de los países en desarrollo.
 
El informe concluye con una serie de recomendaciones sobre la forma en que podría mejorarse la financiación pública de inversiones privadas en los países en desarrollo de manera que se garantizara que estas inversiones contribuyen a un desarrollo equitativo y sostenible.
 
Conclusiones y recomendaciones:

Las IFD pueden tener un importante papel en la financiación del desarrollo, proporcionando recursos financieros en aquellas áreas del mundo que no disponen de otro tipo de financiación. Asimismo, el sector privado puede ser una herramienta clave para erradicar la pobreza, si se dan las condiciones apropiadas. Sin embargo, la evidencia demuestra que las instituciones de financiación del desarrollo tienden a invertir en proyectos que les reporten beneficios financieros, en los que el impacto sobre el desarrollo se convierte, en el mejor de los casos, en un objetivo secundario. Esto es debido al complejo papel de las IFD, que se encuentran entre un banco de inversiones y un banco de desarrollo.
 
La tendencia observada en el último decenio de fuerte aumento de los flujos financieros públicos, incluidos los recursos de la AOD, al sector privado a través de IFD multilaterales y bilaterales se está viendo impulsada, en estos momentos de crisis económica en los países donantes, por la idea generalizada de que el impacto sobre el desarrollo y los rendimientos de la inversión vienen de la mano. Sin embargo, es necesario analizar previamente el impacto sobre el desarrollo de las inversiones de las IFD, algo que no se ha hecho hasta la actualidad.
 
Para poder considerar a las instituciones financieras de desarrollo, bilaterales y multilaterales, como verdaderos actores del desarrollo deberían poder demostrar que sus inversiones están destinadas exclusivamente a favorecer a las personas en situación de pobreza y lograr una mayor equidad, y que en ellas prima el impacto sobre el desarrollo por encima de los beneficios financieros. Asimismo, las IFD necesitan armonizar mejor sus esfuerzos, para asegurarse de que sus estrategias de inversión se alineen con los objetivos de desarrollo internacionales y con los principios de la eficacia de la ayuda. Actualmente, las IFD utilizan un enfoque fragmentado que, con frecuencia, no es consistente con esos principios.
 
Los casos de la CFI y el BEI demuestran que la financiación al desarrollo del sector privado no se está dirigiendo a las propias empresas de los países en desarrollo. Por otra parte, la preponderancia de las inversiones en el sector financiero de los países en desarrollo, sobre todo grandes bancos comerciales y fondos de capital privado, pone en duda su compromiso con la erradicación de la pobreza y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Además, el hecho de que la mayor parte de sus objetivos se base en el crecimiento económico en lugar de en un impacto sobre el desarrollo va en detrimento de su capacidad para actuar como auténticos actores del desarrollo. Por todo ello, es importante que las IFD reflexionen acerca de la búsqueda de beneficios y las prioridades de desarrollo, para asegurarse de que lo primero no dificulte lo segundo.
 
La dependencia cada vez mayor de los intermediarios financieros debe venir acompañada de una mayor transparencia, que garantice que se estén ejecutando programas que tienen un impacto real sobre el desarrollo. También debería realizarse una evaluación para determinar el tipo de intermediario financiero más adecuado para trabajar en el desarrollo. Las IFD, y la ayuda al sector privado en general, deben demostrar una adicionalidad financiera clara en el ámbito del desarrollo, además de cumplir con unas estrictas directrices de financiación responsable, como las recogidas en la Carta de Financiación Responsable de Eurodad.
 
Equipo de investigación:
 
Centros Colaboradores:
 
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Publicado el martes, 7 de febrero de 2012