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Manifiesto contra el Plan de Ajuste del Gobierno

Alianza Española contra la Pobreza
Publicado el 9 de junio de 2010
Las Plataforma 2015 y más, junto con el resto de ONG, sindicatos y el millar de organizacioes sociales que forman parte de la Alianza Española contra la Pobreza, firma este Manifiesto en el que se critica con dureza el plan de ajuste del gobierno y plantean nuevas vías más justas y solidarias para la salida de la crisis.

1. Las organizaciones de la Alianza Española contra la Pobreza denunciamos el plan de ajuste diseñado por el Gobierno y aprobado por el Congreso. Por su inviabilidad, por ceder a la presión de los mercados financieros y por asestar un duro golpe a pensionistas, empleados públicos, personas dependientes, paradas y a los millones de personas que viven en extrema pobreza en el mundo. Los recortes sociales anunciados por el Ejecutivo representan una quiebra en el discurso del Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha provocado un cambio de escenario político y social, que percibimos como permanente y no coyuntural, que puede provocar un conflicto social de largo alcance. La reducción del 5% de los salarios a los empleados públicos, la congelación de las pensiones contributivas a partir de 2011, el endurecimiento de las medidas en materia de dependencia; la eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial y de la prestación por nacimiento; la reducción de la Ayuda Oficial al Desarrollo y de la inversión pública estatal son propuestas injustas y estériles que exigen una respuesta global y contundente. Son injustas porque atacan al conjunto de los sectores más perjudicados y estériles porque no ayudan a la recuperación económica.

2. Las organizaciones sociales reafirman la importancia de las políticas públicas en materia de derechos sociales y de la calidad de los servicios públicos. Esto exige de la sociedad y especialmente de sus responsables políticos el reconocimiento y la valoración de los empleados públicos por la labor esencial que realizan en áreas tan esenciales como la sanidad, la educación, la seguridad ciudadana, la atención a la dependencia,... España aún está por debajo de la media europea en cuanto a porcentaje de gasto público y número de funcionarios. Alterar unilateralmente los acuerdos suscritos y reducir sus salarios es el peor mensaje que se pueda enviar.

3. Consideramos inaceptable el recorte de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) realizado. El gobierno incumple con ello el Pacto de Estado contra la Pobreza, suscrito también por todos los partidos políticos con representación parlamentaria, de alcanzar el 0,7% antes de 2012 y el compromiso europeo de destinar el 0’51% de su RNB en 2010 para AOD. Igualmente consideramos muy preocupante e irresponsable la dialéctica de enfrentar las necesidades domésticas con las de los países empobrecidos. El impacto de la crisis generada por el Norte Financiero está siendo mucho mayor en los países más vulnerables a los que no se puede recortar la ayuda. Igualmente irresponsable y oportunista consideramos la petición de reducir a la mitad la AOD del principal partido de la oposición, el Partido Popular, firmante así mismo del Pacto de Estado contra la Pobreza. Con ello ambos partidos demuestran que consideran las políticas de cooperación como un gasto público secundario y prescindible, en contra de lo que establece el consenso de la comunidad internacional.

4. La Alianza española contra la Pobreza recuerda al presidente Zapatero y al resto de partidos políticos, que todos ellos firmaron en diciembre de 2007 un Pacto de Estado con el compromiso firme de alcanzar el 0’7% de la RNB en 2012 destinado a AOD, algo improbable con el recorte realizado. Más improbable aún si consideramos el efecto "bola de nieve" que el anuncio del recorte tendrá en la cooperación descentralizada que se realiza desde ayuntamientos, diputaciones provinciales y gobiernos autonómicos. El Ayuntamiento de Madrid ha sido el primero en adherirse a un discurso, que al enfrentar necesidades domésticas con las de los países más empobrecidos, obvia la importancia que las políticas públicas de cooperación y solidaridad tienen, tanto por sus efectos y resultados sobre poblaciones con dificultades incomparables con las nuestras, como por la construcción en nuestro país de un tejido social activo y comprometido con las causas de la justicia social.

5. Consideramos que el combate eficaz a la crisis e inestabilidad de los mercados financieros debe realizarse desde instancias internacionales, particularmente desde la Unión Europea, en lugar de cargar con programas de ajuste las políticas nacionales. Las estrategias de refuerzo del Fondo Monetario Internacional con millones de dólares de los erarios públicos, así como el más reciente paquete de rescate del sistema financiero europeo con la creación de un fondo de 750.000 millones de euros no servirán de nada si no se establecen nuevas regulaciones y obligaciones impositivas al capital financiero. Los gobiernos soberanos deben evitar a toda costa la opacidad, la arbitrariedad y la gratuidad con la que actúan los inversores financieros ponga en jaque los derechos sociales y de ciudadanía de los países como el nuestro. Acabar con el "casino" financiero será la mejor medida para la estabilidad social y económica.

6. Las organizaciones firmantes conocemos y proponemos varias alternativas. Nuestras propuestas se basan en aumentar los ingresos a través de reformas fiscales sobre el sector financiero y sobre las rentas del capital. En cuanto a reducir partidas de gasto, puede hacerse sobre partidas que no afectan a las políticas sociales ni a las de inversión productiva. En definitiva, el rescate del sector financiero no puede hacerse mediante el abandono de los trabajadores y el modelo social europeo.

7. Las organizaciones sociales consideramos que es preciso retomar la iniciativa a favor de la agenda internacional de desarrollo con equidad y justicia, y demandamos al gobierno que enfrente a los mercados financieros mediante propuestas concretas que establezcan impuestos a las transacciones financieras y obtengan recursos adicionales a los ya comprometidos para las estrategias de desarrollo; sobre la prohibición de los Paraísos Fiscales y sobre la regulación de la transparencia democrática para los mercados financieros. Enviar un mensaje de reducción de la ayuda en lugar de continuar con la agenda para la obtención de recursos adicionales supone emprender un camino equivocado.

8. La erradicación de la pobreza en el mundo exige controlar la especulación financiera y realizar inversión en desarrollo humano. Resaltamos la importancia de la Cumbre de Naciones Unidas que se celebrará en septiembre en la que se revisan los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), el mayor compromiso mundial para conseguir reducir a la mitad la pobreza en 2015. En este sentido, las organizaciones sociales continuarán exigiendo al gobierno español, y más en este semestre que preside la UE, un plan de reactivación y un esfuerzo extra para avanzar en el cumplimiento de los ODM antes de 2015, pero el paquete de ajuste hace dudar del impulso que España pueda llevar a la Cumbre de las Naciones Unidas.

9. En el ámbito español de las políticas de cooperación, recordamos que, con más motivo en tiempos de austeridad, es perfectamente posible avanzar con claridad sobre la hoja de ruta que supone el Pacto de Estado contra la Pobreza. Más allá de las dificultades de alcanzar objetivos cuantitativos con el ajuste aprobado, el Pacto contiene varias decenas de medidas referidas a la calidad de la ayuda, a la independencia de la misma de intereses comerciales o geoestratégicos, a la cancelación y/o sostenibilidad de la deuda externa, a la promoción del tejido social y la Educación para el Desarrollo. El Gobierno tiene la imperiosa obligación política de presentar un plan con medidas concretas sobre estos particulares, especialmente en lo que tiene que ver con la reforma del sistema de ayuda, muy tímidamente iniciada, y que deberá incorporar profesionales de diferentes disciplinas en posiciones relevantes tal y como exigen las políticas de cooperación al desarrollo.

10. La Alianza Española contra la Pobreza insiste en que la crisis no puede ser una excusa para que nuestro gobierno incumpla su deber con los más empobrecidos que, recordemos, no han sido quienes han generado la crisis.

Hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que participe en las diferentes movilizaciones que se convoquen por parte de las organizaciones firmantes de este manifiesto.

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