En todos los informes elaborados y en todos los debates que se están celebrando en torno a las políticas globales de desarrollo en el marco de la 68 Asamblea General de la ONU parece haber algunos puntos comunes, que bien pueden servir para abordar seriamente los principales desafíos a los que la nueva agenda de desarrollo y sostenibilidad deben responder. Se afirma continuamente que la nueva agenda de desarrollo debe ser, superando así las debilidades más aceptadas de los Objetivos del Milenio, integral y holística, que abarque todo: el sur, pero también el norte.
 

El carácter integral de la nueva agenda tiene varias interpretaciones, hay quien considera que se refiere a la necesidad de abordar todos los aspectos referidos al desarrollo, concebido como un complejo multidimensional, que por lo tanto exige que la nueva hoja de ruta defina estrategias y mecanismos para no dejar fuera de la agenda ninguna de dichas dimensiones esenciales. Así suele afirmarse que una agenda de desarrollo sostenible debe incorporar las cuatro dimensiones que se le reconocen a dicho concepto: la económica, la social, la ambiental y la relativa a la gobernabilidad de los asuntos públicos y globales. Sin embargo el término holístico quiere apuntar más allá, considerando que dichos asuntos globales son algo más, una realidad comprensible y tratable, más allá y distinta de la suma de las dimensiones que la componen. Se subraya la necesidad de abordar asuntos como la gestión compartida y colectiva de bienes públicos globales desde una visión que supere las miradas nacionales e incluso regionales de los asuntos. Hay quien lo expresa de otra forma: la nueva agenda de desarrollo no puede ser una agenda sólo para los países empobrecidos o con menores niveles de desarrollo relativo, al contrario, debe establecer con claridad metas y objetivos para todos los países, tanto si son considerados del Norte o del Sur, sean receptores, donantes o ambas cosas en el sistema internacional de ayuda al desarrollo.

 

El Sur también está en Europa
Para los europeos, particularmente para la ciudadanía del sur de Europa, esta cuestión es muy relevante y no debería pasar desapercibida. Países como España –que son aún considerados países donantes en el sistema de ayuda de la OCDE a pesar del vertiginoso descenso del presupuesto de ayuda oficial y de la nueva orientación de las prioridades hacia el fomento de la internacionalización de la empresa–, tienen innegables desafíos que abordar sobre su propio modelo de desarrollo tal y como indican las escandalosas cifras de desempleo, el espectacular crecimiento de la pobreza y la desigualdad, o la insostenibilidad de los patrones de consumo y contaminación que presenta. No debería bastar con anunciar algunos compromisos –más o menos retóricos- en materia de política de ayuda.

Las propuestas de las organizaciones sociales europeas
Las organizaciones sociales europeas lo tienen claro. Como resultado de un amplio proceso de consulta realizado durante los últimos meses se han presentado algunas conclusiones claras, tanto en el informe presentado a Ban Ki-Moon, Secretario General de la ONU, a través del Servicio de Enlace para las Organizaciones No Gubernamentales (UN-NGSL) como en las sesiones que el Consejo Económico y Social (ECOSOC) está teniendo de forma paralela a la asamblea de jefes de Estado y de Gobierno. Para la ciudadanía europea reclama que la nueva agenda aborde los efectos negativos que la política de austeridad está teniendo en los derechos humanos y en las políticas sociales en muchos países. No parece de recibo defender como prioridad y objetivo la universalización del servicio de salud en las políticas de cooperación con otros países y al tiempo limitar el acceso de los inmigrantes a dicho servicio en el propio país. Los derechos humanos son universales e indivisibles y no debiera ser tan barato prescindir de cumplir las obligaciones que los tratados y protocolos confieren a los Estados al respecto. “¡La austeridad no es la solución!”, clama la ciudadanía europea que, según el informe, no puede comprender cómo es posible que los gobiernos elegidos para defender los intereses comunes no impidan la elusión y la evasión fiscal que está sistemáticamente permitiendo trasladar recursos de las arcas públicas a manos de unos pocos privilegiados por dichas prácticas.

El gran tema: la regulación financiera global
En Alemania por ejemplo, hace poco se ha conocido que la gran empresa de software SAP ha evitado pagar más de 100 millones de dólares declarando sus beneficios en Irlanda. Otras grandes compañías dedican muchos esfuerzos para trazar estrategias y prácticas de elusión fiscal. El resultado es que los países acaban compitiendo en materia de fiscalidad, pero es una carrera hacia “abajo”, que ya está poniendo en serios problemas a muchos países para poder hacer frente a sus obligaciones en materia de derechos humanos. En realidad nadie entiende cómo es posible que aún no estén en la nueva agenda cuestiones como la profunda reforma de la regulación fiscal internacional, con la generación de impuestos al capital financiero, con la vigilancia y el efectivo cumplimiento de leyes de transparencia y la creación de registros públicos de propietarios así como la prohibición y persecución de los paraísos fiscales.

¿Será que los gobiernos no pueden realizar tales acciones para las que, por cierto, fueron inventados? ¿Será que los gobiernos, aún los más democráticamente elegidos, no pueden ya representar los intereses de quienes les eligieron? No es un debate retórico ni menor. Una de las discusiones centrales que laten en este proceso de construcción de la nueva agenda es cuál es el papel que se le va a otorgar (y a exigir) a los Estados.

 

Los gobiernos firman, el sector privado decide
Esta gran preocupación ha aumentado a medida que han ido publicándose los distintos informes que dan lugar a la discusión sobre el futuro de la agenda de desarrollo tras el 2015, esa mítica fecha que se impusieron los gobiernos para acabar con la pobreza. En todos estos informes parece advertirse –en mayor o menor medida– una significativa euforia sobre las alianzas globales para el desarrollo entre diferentes actores de distinta naturaleza. Esta euforia resulta tan engañosa como peligrosa por diferentes motivos, tal y como se señala en un breve documento, publicado estos días por el Grupo de Reflexión de la Sociedad Civil sobre perspectivas globales. El documento denuncia que el sector privado dispone de poder suficiente como para establecer las agendas a los gobiernos, puesto que dicho sector es quien está en condiciones de permitir –o impedir– que se tomen determinadas medidas políticas.
 

La imagen de Bill y Melinda Gates en la sesión de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas, como “fundamentales” interlocutores y actores de desarrollo, nos da una idea de quién y qué se mueve alrededor de la agenda.