Confirmadas movilizaciones en más de 20 ciudades para pedir la retirada de la Ley de Seguridad Ciudadana

La #Ley Mordaza cuenta con el rechazo de la ciudadanía, juristas, los partidos políticos y sindicatos, incluidos algunos de la policía. Desde la presentación del primer borrador de la ley, hace ya casi un año, el Proyecto de Ley sobre Seguridad Ciudadana generó el rechazo de múltiples actores sociales, ciudadanos y el de órganos consultivos como el del Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial y la Agencia de Protección de Datos. Según una encuesta realizada por Metroscopia para la ONG Avaaz.org, en la que se ha preguntado a 600 personas, concluye que el 82% de los consultados cree que el texto debería ser modificado (un 42%) o directamente retirado (40%). Solo el 7% considera que la futura norma debería quedarse tal y como está. Incluso entre los que se definen como votantes del Partido Popular, son mayoría (un 46%) los que responden que el texto debe cambiarse antes de que la ley sea promulgada. Un 86% de los encuestados sostiene que una legislación de ese calado debería contar con el apoyo de todos los partidos. 

Las principales razones por las que denunciamos esta ley están claras. Esta ley "es un ataque directo a derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución como la libertad de reunión o libertad de expresión, restringiendo su libre ejercicio con la aplicación de multas desproporcionadas que van desde los 101 euros hasta los 600 mil". 

Ley creada contra las protestas sociales

El proyecto de ley de Protección de la Seguridad Ciudadana viene de la mano de la Reforma del Código Penal, dos medidas actualmente en trámite y cuya aplicación supondrá graves restricciones al derecho de reunión y expresión en España. El objetivo de este paquete de reformas no es “garantizar la seguridad ciudadana”, tal y como afirma el gobierno, sino desincentivar y reprimir el libre ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación frente a la creciente ola de movilizaciones ciudadanas críticas con la gestión de la crisis en la que nos encontramos inmersos desde 2008.

Estos proyectos de reforma son innecesarios. Pese a que el Gobierno hace referencia a una demanda creciente por parte de la ciudadanía española para garantizar su seguridad, el hecho es que la seguridad ciudadana no es uno de los principales problemas que preocupa a la ciudadanía según reflejan las encuestas de los organismos públicos (Centro de Investigaciones Sociológicas). Esta justificación tampoco se sostiene en términos cuantitativos por un aumento de la violencia u otro tipo de elemento delictual durante el ejercicio del derecho de reunión en España, pues de las más de 87.000 manifestaciones celebradas en España en los dos últimos años, se han producido incidencias en menos del 1% de las mismas, todo ello según datos del propio Ministerio del Interior. Según declaró el propio ministro una de sus intervenciones en  el pleno del Congreso “Sólo en el 0,08 de las manifestaciones, los cuerpos de seguridad han tenido que hacer uso de la fuerza”.

Multas

La reforma de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana conlleva un incremento altísimo de las infracciones relacionadas con la libertad de reunión pacífica y de asociación así como la libertad de expresión.  15 de las 46 infracciones propuestas en la reforma afectan directamente a esta área, lo que denota el interés particular del Gobierno por regular, mediante multas, estos derechos: 

Preocupación internacional por los derechos en España

El Gobierno español está haciendo caso omiso a las observaciones de organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos de la ONU o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y continúa con la tramitación de esta ley contraria a las obligaciones internacionales contraídas por el estado Español en materia de derechos humanos y sin llevar a cabo ninguna modificación acorde a  sus recomendaciones. 

Para más escándalo, el grupo Popular ha presentado una autoenmienda a la ley con la que quiere legalizar  las expulsiones de inmigrantes en la frontera, lo que supone una clara violación de la Constitución, el Derecho comunitario y de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, especialmente en lo que se refiere al ejercicio del derecho al asilo y protección subsidiaria, la prohibición de expulsiones colectivas, el principio de no devolución y los derechos de protección del menor. La entrega a Marruecos de ciudadanos extranjeros por la vía de hecho, sin audiencia, sin identificación, sin resolución individualizada, impide el ejercicio de derechos reconocidos internacionalmente. Además de conllevar el riesgo cierto de incremento de la violencia en la Frontera Sur, supone dinamitar uno de los pilares del Estado de Derecho: el sometimiento de la Administración a la ley y la posibilidad de control judicial de su actuación.