España, campeona del mundo en fútbol, ¿y en la defensa de los derechos humanos?

Asistimos, gracias a la fuerza mediática del fútbol, a la visibilización de una de las habituales incoherencias que suponen anteponer intereses de política exterior (y cada vez más de política doméstica) a la defensa de los derechos humanos y de los intereses globales de desarrollo.

Precisamente, en el momento en el que surge esta noticia, la "Plataforma 2015 y más" se encuentra ultimando una investigación sobre la coherencia del conjunto de políticas que trata de llamar la atención sobre la necesidad de desarrollar una acción coherente con el desarrollo por parte del conjunto de las políticas y acciones de los diferentes países en el cumplimiento con los compromisos internacionales y nacionales en materia de desarrollo y derechos humanos. Como evidencia, la investigación realizada por Natalia Millán y Guillermo Santander (investigadores del Instituto Complutense de Estudios Internacionales), señala que la actuación del Gobierno español respecto a Guinea Ecuatorial es uno de los casos más evidentes de incoherencia entre la práctica política y el discurso oficial que aboga por la defensa de los derechos humanos y la coherencia de políticas con el desarrollo.

Como apuntan los autores de la investigación, Guinea Ecuatorial ocupa en la actualidad el puesto 161 (de un total de 167) a partir de un ranking desarrollado por  The Economist Intelligence Unit basado en un indicador que pretende determinar el rango de democracia de los países. El país ha sido señalado por diversas organizaciones como Human Rights Watch o Aministía Internacional por poseer un régimen dictatorial que vulnera de manera sistemática los derechos humanos: malos tratos, tortura, muertes bajo custodia, juicios sin garantías, detenciones arbitrarias y reclusión en régimen de incomunicación. Es el propio relator especial de la ONU quien apunta que la tortura es una práctica sistemática en los centros de detención de Guinea Ecuatorial.

A través de las relaciones diplomáticas y económicas, los diversos Gobiernos españoles han mostrado su apoyo al régimen del Presidente Obiang. En este sentido, el actual Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, García Margallo ha declarado que: " Guinea Ecuatorial y España son países amigos y hermanos, unidos por la historia y por sus aspiraciones de mantener vivas sus relaciones de amistad y buena colaboración ". Por todo ello, las relaciones de los sucesivos gobiernos españoles con la dictadura de Teodoro Obiang parecen ser un ejemplo ilustrativo de cómo se han priorizado intereses de agenda “dura”, principalmente de tipo comercial y energético (es el cuarto destino de la exportación española hacia el África Subsahariana y un socio energético estratégico para España), sobre toda consideración relativa a los derechos humanos y la promoción de la democracia.

La cuestión de la vulneración de los derechos humanos ha sido tradicionalmente omitida en las declaraciones públicas del Gobierno español y en sus relaciones con el régimen de Obiang. Así, tanto las manifestaciones como las actividades de diferentes ámbitos del gobierno español (desde Comercio hasta Exteriores) se orientan a potenciar las posibilidades de las empresas españolas en la zona  sin mencionar la problemática de los derechos humanos en el país. Esta postura ha sido denunciada en diversas ocasiones por la oposición guineana, cuyo único representante en el Parlamento del país declaró que "la posición española respecto a Guinea Ecuatorial se ha caracterizado en los últimos años de muchísima ambigüedad (…) Por desgracia, la comunidad internacional en general muestra muy poco apoyo ?por no decir ninguno? a los que luchamos por la democracia en Guinea Ecuatorial".

En suma, el caso de Guinea Ecuatorial ilustra una posición incoherente del gobierno español, donde los diversos ministerios, principalmente Economía y Comercio ?con sus diversas denominaciones y ubicaciones? y Asuntos Exteriores y Cooperación, han desarrollado sus agendas con un mismo objetivo: la promoción de los intereses económicos de España y de sus empresas sin atender a la problemática fundamental del país, como es la violación sistemática de los derechos humanos. Se trata, además, de una visión compartida por los diferentes gobiernos lo que ilustra la indiscutible prioridad que se le ha otorgado a los objetivos económicos sobre cualquier otra consideración de desarrollo.