Una serie de irregularidades dentro del Fondo Monetario Internacional (FMI) están agravando la crisis que tiene esta organización de cara a los Estados que la financian y que dependen de su financiamiento. Pero hasta ahora no se ven avances con respecto a un cambio real dentro del FMI.

El 26 de enero de 2008 tiene una connotación especial para los países miembros del proyecto de integración conocido como Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA): ese día se fundó una institución financiera de nuevo tipo destinada a beneficiar a los países en desarrollo, o sea, se firmó el Acta Fundacional del Banco del ALBA. Poco antes, el domingo 9 de diciembre de 2007, se había suscrito el Acta Fundacional del Banco del Sur, en Buenos Aires, Argentina.

Tanto la creación del Banco del ALBA como la del Banco del Sur, constituyen pasos importantes para el desarrollo económico y social de los países de la región y más que eso, son instrumentos de financiamientos de los países miembros del ALBA para eliminar las dependencias generadas por el endeudamiento externo y abolir las condiciones impuestas por los organismos internacionales.

Una dura crítica a la reunión del G20 celebrada en noviembre del 2008 en Washington Dc (Estados Unidos) hecha por Damien Millet y Éric Toussaint

Índice:
I. El Foro de la Sociedad Civil.
II. Estructura de la presente declaración
Parte 1. Contexto global
III. Contexto global
Parte 2. Cuestiones especificas por subtema
IV. Coherencia para un desarrollo económico sustentable en la creación de políticas, incluyendo la contribución de los enfoques regionales (Subtema 1)
V. Comercio y desarrollo y las nuevas realidades en la geografía de la economía mundial (Subtema 2)
VI. Entorno mejorado y favorable para reforzar la capacidad productiva, el comercio y las inversiones; movilización de recursos y conocimiento para el desarrollo (Subtema 3)
VII. El papel de la UNCTAD en el desarrollo y su eficacia institucional (Subtema 4)

Los organizadores del Foro Internacional de los Pueblos contra el Banco Mundial y el FMI, que se celebró en Batam, Indonesia, del 15 al 17 de setiembre, denunciaron las políticas y prácticas del Banco Mundial y el FMI como contrarias al desarrollo.

"Consideramos al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional (FMI) responsables de políticas y acciones que intensifican la pobreza y la deprivación, la violación de derechos humanos básicos, la restricción de libertades políticas y civiles básicas, el menoscabo de la soberanía nacional y la gobernanza democrática, y la subversión del derecho al desarrollo", declararon los organizadores del Foro Internacional de los Pueblos contra el Banco Mundial y el FMI.

Encuesta presentada en el Tercer Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda realizado del 2 al 4 de septiembre de 2008 en Accra (Ghana), sobre la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo, documento que presenta una hoja de ruta práctica y orientada a la acción con unos objetivos específicos que han de cumplirse para el 2010. Además de centrarse principalmente en la monitorización, la Declaración de París hace hincapié también en la importancia de efectuar una evaluación conjunta transnacional independiente para comprender mejor cómo contribuye a la consecución de los objetivos de desarrollo el incremento de la eficacia de la ayuda.

El documento hace de manera teórica, histórica y política una comparación sobre las concepciones y respuestas que sobre el desarrollo han generado algunos de los pobladores de Zaragoza, Veracruz y las políticas y programas de desarrollo que el gobierno mexicano instrumenta bajo la línea y los préstamos del BID.

La arquitectura de las finanzas de la UE para el desarrollo necesita renovarse, en razón de los cambios generados por la crisis global. La sociedad civil plantea sus preocupaciones acerca de la ambigüedad fundamental con respecto al estado de instituciones públicas como el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que claramente no es un banco de desarrollo regional aunque pretende financiar el desarrollo a través de operaciones de inversiones accesibles. Existe el riesgo de que el debate para repensar la ayuda europea y el rol más amplio de la financiación para el desarrollo pueda verse influido por los enfoques de las corporaciones.

La Convención de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) no condena a ningún país por ser pobre o porque muchos de sus ciudadanos y ciudadanas lo sean, pero sí reclama la "realización progresiva" de estos derechos "al máximo de sus recursos disponibles y sin discriminación". Así, toda regresión o reducción en la prestación de servicios públicos esenciales sin una plena justificación es una clara violación de los derechos humanos contra la cual ahora las víctimas tendrán la posibilidad de recurrir ante un mecanismo internacional. La idea es tener un Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) que sí permita denunciar a los Estados que tratan a la pobreza como un asunto económico y no una violación de los derechos humanos.

Este documento de Social Watch muestra cómo diversas organizaciones intentan enfocar el problema de la pobreza desde una perspectiva diferente a la de Estados y organismos financieros, para dar con un camino para solucionar este flagelo.

El artículo versa sobre la globalización y el efecto que ésta ha tenido en el empleo, criticándose el hecho que si bien a nivel macro hay una mejora en la calidad de vida existen muchas personas desempleadas y se violan derechos laborales.

En el presente informe provisional se ponen de relieve algunos de los problemas que actualmente obstaculizan el ejercicio del derecho a una alimentación adecuada y se exponen las prioridades del mandato del nuevo Relator Especial sobre el derecho a la alimentación. El Relator Especial procurará prestar la misma atención al establecimiento de un clima internacional que permita a los Estados elaborar estrategias para el cumplimiento del derecho a la alimentación y a la elaboración de esas estrategias a nivel nacional. Durante el primer año de su mandato, el Relator Especial se propone abordar la dimensión internacional del mandato mediante el examen a fondo de cuatro cuestiones: el futuro de la ayuda alimentaria; los efectos del comercio de productos agrícolas básicos sobre el derecho a la alimentación; las consecuencias de la protección de los derechos de propiedad intelectual en la agricultura; y las repercusiones de las actividades del sector agroindustrial en el derecho a la alimentación. El Relator Especial estudiará estas cuestiones en su misión a la Organización Mundial del Comercio y en diversas consultas. En cuanto a las estrategias nacionales que los Estados deberían aplicar para respetar, proteger y garantizar el ejercicio del derecho a la alimentación, el Relator Especial pasará revista a los instrumentos institucionales que podrían contribuir mejor a este objetivo y prestará especial atención a los derechos humanos relacionados con el uso de la tierra y los derechos humanos de la mujer

Texto de Jean Ziegler con motivo del foro "¿Qué agricultura para qué alimentación?" donde expone la postura irresponsable y criminal de Estados, políticos y organismos internacionales al no considerar que el hambre es una de las más graves violaciones a los derechos humanos de las personas.

En los últimos años estamos asistiendo a importantes avances tanto teóricos como normativos e institucionales para poder luchar efectivamente contra la impunidad en situaciones de transición, un fenómeno que en América Latina supone un serio obstáculo para los derechos humanos, la paz, la democratización y la consolidación del Estado de Derecho. Estos avances ponen de relieve la extrema importancia que revisten los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación como elementos clave para poner fin a la impunidad, como ha señalado insistentemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La progresiva instauración del principio de jurisdicción universal, junto con la reciente puesta en marcha de la Corte Penal Internacional, también pueden suponer un avance en la lucha contra la impunidad crónica que ha asolado a la mayor parte de los países de América Latina.

En estas Notas de la Organización Internacional para las Migraciones relativas a la relación migración-medio ambiente se presentan una serie de escenarios y situaciones sobre cómo los profundos cambios climáticos están creando una nueva categoría de migrantes: los ambientales, más propensos a ser discriminados que los económicos.

Los derechos humanos en América Latina se rigen en líneas generales por una serie de principios y normas, en las cuales prima el hecho que los derechos humanos no son simplemente políticos, sino también económicos y sociales, estándares que no se pueden ignorar cuando se diseñan políticas de desarrollo y sociales.