Editorial 2015 y más

Social Watch, una red de 400 organizaciones de la sociedad civil en más de 60 países, pide a los gobiernos de los países desarrollados que se comprometan a encontrar una solución justa para el actual impasse en las negociaciones del clima adhiriendo al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas consagrado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCC), la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el Programa 21, y la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Artículo relativo a la relación medio ambiente-políticas de desarrollo, y de cómo los intentos por hacer del medio ambiente una política de Estado chocan con los intereses de los gobiernos, que tienen dificultades para compatibilizar la protección del medio ambiente con la reducción de la pobreza.

El artículo se refiere a las incongruencias de las políticas relativas a desarrollo que aplican los países que prestan ayuda y los países supuestamente ayudados, lo que en realidad es más bien una caridad que una verdadera ayuda, y que muchas veces se presta para abusos, sobre todo cuando se trata de denunciar a países en vias de desarrollo ante la OMC, por ejemplo.

Se plantea en este artículo si existe en realidad ética en las ONG, y de existir un código, si éste se cumple, considerando cómo afecta a los países donde se supone que se va a ayudar la proliferación de ONGs españolas.

Las causas y consecuencias del impacto sobre el cambio climático y la sobreexplotación de fuentes tradicionales de energía están minando las posibilidades de reducción de la pobreza en los países en desarrollo y deben adoptarse compromisos más activos en este ámbito en relación con los ODM.

Los países más pobres no podrán alcanzar en el año 2015 los ODM si los países ricos no ponen en práctica las políticas necesarias para alcanzar un sistema mundial de comercio abierto, regulado, previsible y no discriminatorio.

El año 2011 es importante para el desarrollo sostenible, se prepara la revisión de la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible de Río de Janeiro en 1992 (Río + 20), al tiempo que las negociaciones sobre el Clima avanzan después de la vuelta al multilateralismo de Cancún y esperando que en Durban podamos sentar las bases del post Kioto.

La relación recursos-explotación tomando el punto de vista del desarrollo sustentable está llegando a un punto crítico, porque la mayor parte de los recursos se están agotando por la sobreexplotación y a causa de la degradación medioambiental, lo obviamente tiene efectos negativos en la calidad de vida de las personas.

Desde el comienzo de su andadura, la Plataforma 2015 y más ha concebido la comunicación como una estrategia para el desarrollo. La participación en redes como la Alianza Española contra la Pobreza, la colaboración con el Instituto Internacional de Periodismo Preventivo y de Análisis Internacional (IIPPAI), o la presencia activa en distintos seminarios y foros de debate, ha abierto una línea de trabajo que afianza el papel de la comunicación como un elemento clave para promover la movilización ciudadana por una globalización alternativa.

Breve análisis de las modificaciones en el marco normativo de la Ley de Extranjeria en España, en relación con la elaboración de proyectos migratorios.

¿Se puede luchar contra las causas de la pobreza sin cambiar radicalmente los cimientos de las políticas públicas y el sistema económico global? Pensamos que la lucha por la justicia global implica, sin duda, resistir y desmantelar las políticas comerciales de la Unión Europea, actualmente vestidas de la estrategia comercial y de inversiones "Europa Global: Competir en el mundo", y que se expresan a través de varias negociaciones paralelas de Tratados de Libre Comercio de la UE con medio mundo así como políticas tan escandalosas como la "cooperación reforzada para facilitar a los exportadores europeos el acceso a los mercados" o la estrategia integrada para garantizar a la industria europea el acceso a las materias primas en el Sur Global.

El artículo expone el debate que existe entre la necesidad de una empresa de generar beneficios v/s la responsabilidad social que le cabe.

Artículo que defiende la jurisdicción universal como un medio de obtener justicia en casos en los que los tribunales internos se niegan a funcionar, y al Tribunal Penal Internacional (TPI) sobre todo dentro del marco de la ilegal guerra contra el terrorismo.

Aunque la herencia de la crisis financiera actual sea sombría, habrá otro legado: las ideas cruciales sobre derechos humanos ya no podrán ser descartadas. La crisis presenta una oportunidad histórica - y una responsabilidad generacional - para repensar la toma de decisiones en la política económica. Un enfoque basado en los derechos humanos exige una reforma de las estructuras de gobernanza para asegurar que toda la política económica se lleve adelante de acuerdo con el contenido legal del régimen de derechos humanos. Esto asegurará la participación en todos los niveles, sometiendo las decisiones al escrutinio público, la transparencia y la rendición de cuentas a cada paso.

Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes instamos al Gobierno de España a impulsar, junto a otros gobiernos europeos, la adopción de medidas alternativas contra los ajustes fiscales, como la aprobación y puesta en marcha inmediata de un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), junto con un marco regulatorio que ponga coto a los paraísos fiscales.